Los gamonales en armas (o el fascismo criollo)

Héctor Mondragón

ZNET

Es imposible entender el fenómeno de la “parapólítica” que durante los últimos meses ha salido a la luz pública en Colombia, si no se le analiza como una evolución de las más profundas estructuras de poder de la sociedad colombiana.

Las raíces del poder paramilitar se hunden en el régimen de los gamonales característico de las diversas regiones del país y que imperó desde la disolución del ejercito libertador tras la derrota de la revolución de los artesanos en 1854. Los gamonales lograron entonces la victoria gracias a las armas provenientes de Estados Unidos, Inglaterra, Francia y Prusia. A partir de allí se convirtieron en “señores de guerra” y el país vivió sucesivas guerras civiles en las cuales sus tropas partidistas conservadoras y liberales dominaron los entonces estados federales y se enfrentaron unas con las otras.

El triunfo de los gamonales no solamente tuvo como consecuencia consolidar sus poderes locales y la propiedad de sus haciendas, sino que principalmente significó la imposición de una era de “libre comercio” internacional, que retrasó cincuenta años el surgimiento de la industria nacional, era en la cual no solamente se impuso la doctrina de los economistas liberales ingleses, sino que el país quedó regido por el Tratado de Comercio y Navegación, firmado en 1846 con Estados Unidos por el gobierno del gamonal de gamonales, el gran terrateniente Tomás Cipriano de Mosquera, que no solamente abrió las puertas del libre comercio, sino que supeditó la soberanía del país al megaproyecto del Canal de Panamá y condujo finalmente a que Colombia perdiera a Panamá en 1903.

Mal podrá considerarse entonces al gamonalismo y su régimen como un fenómeno meramente local. Por el contrario, el gamonalismo ha estado entroncado con la economía mundial y el poder internacional. El gamonal es en primer lugar un gran propietario de tierra, calidad que en su origen dependió de la corona española que adjudicó tierras y minas de oro primero a los conquistadores y luego bajo la dinastía borbónica a traficantes de esclavos y otros comerciantes que recibieron las minas y haciendas de los jesuitas, expulsados del imperio por entonces. La riqueza dependiente del gobernante de turno, la articulación al poder económico y político internacional y el entrelazamiento entre el poder local y la gran propiedad territorial, han conformado entonces la esencia del gamonalismo desde sus orígenes hasta hoy.

Lo que pudo haber sido y lo que fue

El proceso de industrialización del país desde comienzos del siglo XX pudo significar la decadencia del gamonalismo. La economía capitalista, centralización del estado, la refundación de un ejército nacional y la mentalidad moderna debían haber debilitado progresivamente hasta extinguir el gamonalismo, pero no fue así.

El gamonalismo se sostuvo a pesar de la industrialización y limitó al extremo la modernización de Colombia. Aunque los movimientos campesinos e indígenas se expandieron y lograron conquistas entre 1914 y 1946, lo cierto está en que los gamonales lograron mantener sus latifundios y finalmente consolidarlos mediante la violencia de 1946 a 1958. La base territorial del poder local de los gamonales se mantuvo y por lo mismo ese poder, de manera que como había ocurrido bajo las dinastías coloniales y luego tras cada guerra civil, el mayor cambio fue el ascenso de algunos nuevos gamonales y la caída en desgracia de algunos antiguos, es decir un recambio entre las mismas castas políticas, como resultado de la violencia o de las elecciones o de la conjunción de ambos.

Una parte importante de la industria surgió como resultado de la protección estatal a los dineros acumulados por terratenientes exportadores y comerciantes importadores, es decir a la conversión en capitales industriales del dinero de los gamonales, ya que una extensa base artesanal para la industrialización había sido liquidada por el “libre comercio” y el territorio para la transformación de los campesinos en granjeros prósperos había sido limitado por el latifundio.

Otra parte de la inversión de capital provino de inversiones extranjeras en forma de enclaves petroleros, mineros o bananeros, que lejos de cuestionar el poder de los gamonales lo estimularon y consideraron como la garantía de sus concesiones y ganancias. El gamonalismo fue el agente político y de policía más eficaz para el capital extranjero.

El Senado y la Cámara de Representantes eran elegidos bajo el predominio del poder departamental de los gamonales. Así se aseguraba que las leyes no pusieran en peligro el poder local de los gamonales ni sus latifundios y aun en pleno auge de las luchas campesinas, indígenas y obreras, en 1936, la ley agraria que buscó limitar al latifundio, contenía también las normas para aplazar indefinidamente ese proceso y finalmente esperar a que llegaran como llegaron, días más favorables para los gamonales.

El ejército fue refundado en 1907 por los autotitulados generales, de las banderías conservadoras que vencieron en la “Guerra de los Mil Días” (1899-1902), verdaderos señores de la guerra triunfantes. El propio general Reyes, presidente de entonces había sido un comerciante de exportación de quina, colonizador de la Amazonia, diseñador de megaproyectos, promotor de inversiones extranjeras, casado con una hija de latifundistas, que en la quiebra comercial se convirtió en general conservador y en gran terrateniente. El Ejercito pudo desde entonces ser controlado cercanamente por los gamonales y sus intereses “civilistas”.

Aunque las guerras civiles cesaron transitoriamente, los gamonales no dejaron de tener sus propias fuerzas armadas, en primer lugar los “celadores” de sus haciendas que seguían teniendo atribuciones territoriales de policía para controlar, reprimir y castigar en las haciendas a campesinos, indígenas y jornaleros. Policías locales y departamentales completaban el cuadro.

La Violencia de 1946 en adelante significó el cierre de las esperanzas democratizadoras. El asesinato de principal líder popular de la historia de Colombia, Jorge Eliécer Gaitán, el 9 de abril de 1948, resumió la decisión del gamonalismo tradicional de mantener a sangre y fuego el statu quo. Dos millones de personas fueron desplazadas forzadamente, doscientos mil asesinadas, los campesinos desplazados o asesinados perdieron 350 mil fincas. Lo que ahora se denomina como “paramilitares” se conocía entonces como “pájaros”, tropas ilegales asesinas que al amparo de la policía del régimen y de su propio ejército, asolaban campos y poblaciones. Para los políticos tener acceso a bandas armadas significó una fuente de poder, en tanto que nuevas fortunas se cocinaron al lado de La Violencia, que permitió controlar los comercios locales y el contrabando internacional de café y licores.

La “paz” posterior a 1958 se hizo a costa de la más original maniobra antidemocrática, decretada mediante plebiscito: los partidos liberal y conservador se repartieron milimétricamente y por mitad todos los cargos públicos y se turnaron en la presidencia de la República por mandato Constitucional. No se hubiera podido diseñar mejor artificio para el ejercicio civilizado de la dominación de los gamonales.

Todo el esfuerzo modernizador de economistas y políticos como Carlos Lleras Restrepo con toda la maraña de instituciones estatales modernizadoras, chocaron como contra una muralla con el reino constitucional de los gamonales, que bajo la asesoría de la Misión Militar de Estados Unidos, consideraron un peligro las pequeñas zonas donde se habían establecido guerrilleros que firmaron la paz en 1958. Como evocando el destino inevitable decidieron que si no se extirpaba semejantes “repúblicas independientes” se convertiría en “focos guerrilleros”. En 1964 atacaron Marquetalia y otras colonizaciones de campesinos ex guerrilleros y los reconvirtieron en guerrilleros.

Otra vez en armas

Provocados los focos guerrilleros y medida que se extendían, los gamonales tenían el pretexto para volver a las armas. La Sociedad de Agricultores de Colombia en nombre de los grandes propietarios rurales había solicitado desde 1963 al gobierno, autorización para organizar “Autodefensas” que los protegieran de las guerrillas. La respuesta llegó tras el ataque a Marquetalia con el decreto 3398 de 1965 que ordenaba crear las “juntas de autodefensa”, norma que se convirtió en ley 48 de 1968. Según un manual militar, cada batallón del ejército debía organizar una de estas juntas, integrándola con las personas notables del lugar, léase los gamonales latifundistas y los capataces de las transnacionales.

Las juntas de autodefensa estaban pues diseñadas para ser el correaje entre el poder local, las empresas extranjeras y el ejército.

Un “nuevo” elemento lo constituyó desde mediados de los años 70, el ingreso de la mafia en las juntas de autodefensa. El gobierno de Misael Pastrana y los dos partidos tradicionales acababan de sepultar el tímido intento de reforma agraria iniciado por Lleras. La colonización se predicó desde el estado como remedio recetado a los campesinos sin tierra y en las tierras lejanas, sin vías de comunicación ni servicios, los campesinos comenzaron a refugiarse en los cultivos ilegales, primero de marihuana y luego de coca. La colonización, de solución contra la reforma agraria se convirtió en el problema: los campesinos allí tenían dinero y ganaban poder, se organizaban y hacían marchas y paros. La guerra se ensañó contra las regiones de colonización, donde bajo el pretexto de la guerra contra las drogas, los gamonales aplastaban la resistencia campesina, se aliaban con los capos de la mafia y controlaban el narcotráfico. Fue el modelo de Puerto Boyacá, Puerto Berrío, Puerto Triunfo y buena parte del sur del Magdalena medio, que se extendió por el país. A la vez que terminaba la repartición constitucional liberal-conservadora, se imponía la guerra en el campo.

¿Era realmente la conjunción de la mafia y los gamonales algo totalmente nuevo? Durante La Violencia de 1946-58 las mafias de contrabandistas, especialmente de café, estuvieron entrelazadas con los grupos armados y convirtieron su dinero en dominio político después de la “paz”. De hecho la tradicional actividad de los gamonales apoderándose de dineros públicos, de la inversión social y los contratos de comisiones por las compras y concesiones del estado, fue siempre una actividad criminal que puso a los políticos tradicionales en calidad de mafia lista a relacionarse con otras actividades mafiosas. La explotación y comercialización ilegal de las esmeraldas fue una actividad que se ligó a la política de las regiones mineras que terminaron gobernadas por los padrinos esmeralderos convertidos en gamonales con tropas propias, a veces legitimadas como empresas de seguridad o juntas de autodefensa. Cuando se discutía la ley de regalías, los esmeralderos lograron que se les fijara apenas una simbólica, tras la declaración clara de que ellos eran en estado en las regiones mineras y ya tenían que gastar bastante en ello.

La junta de autodefensa de Bogotá fue un ejemplo de presencia de la mafia esmeraldera que se codeaba con terratenientes y transnacionales y desde luego con oficiales de la policía y militares. Algunos de los jefes de tropa de los esmeralderos, se convirtieron en narcotraficantes, caso de Gonzalo Rodríguez Gacha y estos cada vez más adinerados mafiosos se convirtieron en los personajes centrales de muchas juntas de autodefensa y llegaron a financiar el entrenamiento de las “Autodefensas” como un ejército, pagando a connotados mercenarios ingleses (como Peter McAllesee), surafricanos e israelíes (como Yair Klein). Estos mercenarios habían sido (en Malasia o Angola) y después siguieron siendo (en Sierra Leona o el Congo) estrellas de las transnacionales en las guerras de otros países. Los Señores de la Guerra entrenados por ellos se sostienen en varios lugares del mundo con el oro, el petróleo y los diamantes, pero también, como en Colombia, con el narcotráfico y otros negocios ilegales, como el robo de combustible de los oleoductos del estado, el robo de los fondos de solidaridad para la salud de los pobres, los contratos para vivienda popular y cualquier fondo público al que el sistema electoral aprisionado les pueda dar “democrático” acceso.

El carácter internacional de la asociación de los Señores de la Guerra con la mafia se extiende también a los ejemplos internacionales de asociación del latifundio, el gamonalismo político y la mafia; Italia ha sido un ejemplo de semejante asociación. Por ejemplo la mafia calabresa denominada ‘ndrangheta, conjuga cuatro aspectos:

I. Expropiación mafiosa: Coacción armada para que los pequeños propietarios vendan tierras en zonas que se van a valorizar.

II. Apropiación de los subsidios de la comunidad europea, en especial los entregados a los productores de oliva y aceite de oliva.

III. Apropiación de áreas para cultivos ilegales o de los cultivos ilegales.

IV. Influencia política para legalizar la apropiación de subsidios y de tierras y preservar sus negocios urbanos.

No por casualidad los paramilitares del departamento colombiano de Córdoba resultaron ligados a la ‘ndrangheta como sus proveedores de cocaína para el mercado italiano y español.

La paz democrática ahogada

Frente a las demandas crecientes de apertura democrática, el surgimiento de nuevas fuerzas políticas y los acuerdos de paz que permitían estos procesos, la consolidación de los Señores de Guerra, región por región, resultó el remedio efectivo de los gamonales contra cualquier cambio estructural. Cualquier movimiento a favor de la reforma agraria era aplastado.

Los procesos de descentralización desatados desde 1986 lograron la democratización en ciertos municipios y regiones, pero las tropas de los gamonales se encargaron en la mayoría de los casos de ahogar las transformaciones locales. En estas condiciones la descentralización se fue convirtiendo cada vez más en una fuente de poder de los gamonales y los recursos locales en una fuente de las arcas de los Señores de Guerra. Los sectores sociales democratizadores no pudieron prevalecer contra el gamonalismo ni en las administraciones municipales ni en las departamentales y fueron avasallados por la fuerza del clientelismo y del paramilitarismo.

Pero hay que reconocer que en algo los Señores de Guerra han accedido a la modernidad: su maquinaria de muerte ha servido al capital para destruir los derechos laborales de los trabajadores, mediante la destrucción de sus sindicatos y el asesinato de miles de sus dirigentes y activistas consecuentes.

El sello moderno del paramilitarismo consiste en su carácter antiobrero neofascista que ha logrado aplastar los derechos de los trabajadores colombianos y servir a los apetitos de transnacionales, como ha quedado demostrado en el caso de Chuiquita Brands y seguramente quedará demostrado en el caso de otras. El hecho de que la Chuiquita sea la misma United Fruit, autora intelectual de la masacre de los obreros huelguistas el 6 de diciembre de 1928, muestra la continuidad entre los esbirros armados y sus amos del gran capital extranjero. Si la Anglo Gold o cualquier otra empresa “surafricana” está detrás de los Señores de Guerra en el Congo, los mercenarios anglo-surafricanos han entrenado a los gamonales en armas en Colombia. La proliferación internacional de Señores de la Guerra es enteramente funcional para el neoliberalismo que requiere a la vez desmantelar cualquier intervención social del estado y fortalecer la capacidad de coacción de violencia para reprimir las movilizaciones popular y para imponer el saqueo de los recursos.

El triunfo de las tropas de asalto

El paramilitarismo ha sido usado como tropa de asalto fascista contra los sindicatos y contra la oposición política y social. Una vez instaurado el reino del terror, la victoria electoral de los fascistas era un hecho y se consolidó con la elección de Alvaro Uribe Vélez, quien como gobernador de Antioquia se había ganado la confianza de los gamonales en armas y aprovechó como ninguno la impopularidad de las tácticas de las guerrillas.

Al momento de la victoria de Uribe, como ahora sale a la luz, los jefes políticos tradicionales habían llegado a acuerdos programáticos con los paramilitares de sus regiones, que les garantizaba su elección como senadores, representantes, gobernadores, diputados o alcaldes, dejando establecida la repartición de los presupuestos locales entre los paramilitares y sus clientelas y definida la lucha por la refundación fascista del país. Los políticos que se quedaban fuera de estos acuerdos eran marginados y si se rebelaban eran secuestrados o simplemente asesinados. Dado que los Señores de Guera tomaban fuerza propia y terminaban como gamonales o rectores de los gamonales, hubo connotados latifundistas o comenrciantes que se convirtieron en jefes paramilitares para dirigir ellos mismos sus tropas y eliminar la deslealtad de sus carniceros.

Los partidos uribistas están llenos de parapolíticos, que en el Congreso votaron la llamada “Ley de Justicia y Paz” que reguló el acuerdo entre paramilitares y gobierno. Hoy en Colombia por virtud de las leyes que han aprobado, la pena de cárcel que puede recibir un paramilitar por cortar en pedazos a centenares de personas es la misma que puede recibir un campesino por sembrar una semilla patentada por Monsanto.

El para-congreso ha aprobado y sigue aprobando leyes que tratan de legalizar sus despojos. Por ejemplo la de prescripción, ley 731 de 2002 que redujo a la mitad los plazos para que una persona despojada de su propiedad pueda reclamarla. Han aprobado una reforma laboral que han despojado a los trabajadores de derechos y dinero y a la vez, leyes que exoneran de impuestos a las plantaciones de palma aceitera y caña de azúcar y a las explotaciones forestales. Ahora se pretende aprobar un Estatuto Rural que legaliza escrituras fabricadas en las notarías, subordina a los planes de “desarrollo” la titulación de tierras a los indígenas o afrocolombianos y permite adjudicar extensiones ilimitadas de selva a grandes empresas que siembren palma de aceite para producir agro-diésel. El presidente de la República ha llegado recientemente a pedir a los para-congresistas que voten rápido las leyes que faltan antes de que los pongan presos.

Si el para-congreso funciona, la para-administración no cesa. Por ejemplo se ha intentado imponer a las comunidades afrocolombianas el arriendo de sus territorios colectivos a las empresas de palma aceitera que ya los han invadido por la fuerza de los paramilitares.

La guerra entre señores

Una característica esencial del triunfo de los Señores de Guerra está en que provoca la guerra entre ellos. Cual asaltantes de banco que se comportan con toda solidaridad durante el atraco, salen después a matarse entre sí a la hora de repartirse el botín.

Una de las razones por las cuales en Colombia los fascistas no han logrado establecer un régimen fascista ha sido el estallido de las contradicciones entre los jefes de las “Autodefensas”. Bogotá estaba a punto de caer bajo el control de los paramilitares, que habían copado todas las actividades mafiosas, controlado el narcotráfico al por menor, la prostitución, el robo. Habían penetrado empresas de seguridad privadas, controlado las ventas ambulantes y cualquier actividad callejera. Controlaban los suburbios como Ciudad Bolívar. Faltaba el golpe final.

Pero la guerra en el Meta y en Bogotá, entre el Bloque Centauros de Carlos Castaño y las Autodefensas del Casanare de Martín Llanos, salvó a Bogotá. Más porque derrotados los del Casanare, del Bloque Centauros se escindieron los Héroes de los Llanos que no dudaron en asesinar en las goteras de Bogotá a los jefes políticos de los Centauros y luego en su propio territorio a su jefe militar.

No han sido estas las únicas guerras entre paramilitares. En el Magdalena Carlos Castaño se enfrentó contra Hernán Giraldo, caído en desgracia por asesinar un agente de la DEA, con la que castaño siempre se llevó bien a pesar de sus negocios. Jorge 40, de una familia de gamonales de Valledupar, emergió como ficha de Castaño contra Giraldo, para luego asumir el mismo la jefatura de sus tropas y dirigirlas contra los Gnecco, gamonales también y competidores de los Araujo por el dominio de la región. Luego Jorge 40 se lanzó a conquistar Sucre y Bolívar en desmedro de los jefes paras locales.

Castaño en Medellín enfrentó al Bloque Nutibara encabezado por el narcotraficante Don Berna, contra el Bloque Metro, que fue aplastado. En Córdoba, Mancuso instauró su propia rosca en los cargos locales y desalojó a la gente de confianza de Castaño. El lugarteniente de Mancuso, el Comandante Andrés salió por su parte a hacerle la competencia y quiso ser candidato a la Cámara de representantes por cuenta de los gamonales competidores de Mancuso, pero terminó asesinado. En Urabá El Alemán y Vicente Castaño disputan cada uno por su lado el poder a Mancuso. La lista de las guerras entre paras no para. No solamente produce muertos en sus filas y cambios en el control de los negocios, la política y las tierras de regiones enteras, sino que resulta en mutuas delaciones y destapes que han avivado los escándalos de la parapolítica, pues cada bando no duda en hacer saber los pecados de sus competidores para eliminar a un futuro adversario electoral.

Aunque la guerra entre sus propios partidarios es la amenaza más grande que conspira contra Uribe, es muy difícil que pueda detenerla. Los Señores de Guerra no tienen un interés general. Los une su odio al movimiento popular, pero una vez se hacen fuertes no pueden resistir la necesidad de expandir sus feudos a costa de los de sus compinches. Carlos Castaño al fundar las Autodefensas Unidas de Colombia aspiraba a que fueran un ejército disciplinado del régimen del capital transnacional, y en ese empeño tenía todo el apoyo de los empresarios y la aristocracia. Pero la mona aunque se vista de seda mona se queda, sus propios intereses y los de los demás paras no podían dejar de chocar. Cualquier para quiere ser el jefe único pero ninguno puede tolerar que otro lo sea.

El programa parapolítico y la resistencia civil

La carta que le queda por jugar al uribismo es el cumplimiento del programa interno e internacional de Bush. Aprobar (antes de que los tomen presos) el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos TLC y sus leyes complementarias y servir de cuña contra los procesos populares en Ecuador, Venezuela, Bolivia y otros países de América latina. Contra estos objetivos existe la resistencia popular que se ha expresado en movilizaciones como la del 15 de mayo de 2006, la consulta popular que realizaron los indígenas contra el TLC, la unidad de todas las organizaciones campesinas, indígenas, afrocolombianas contra el TLC y el Estatuto Rural; las marchas de los maestros, las luchas de los obreros petroleros y el fortalecimiento del Polo Democrático Alternativo como partido de oposición.

La resistencia civil logró en 2003 derrotar en referendo la reforma constitucional de Uribe. La resistencia civil ha detenido el proyecto de imponer una constitución fascista que instaure las detenciones y allanamientos sin orden judicial. Sin embargo la resistencia civil no ha logrado detener la cooptación de los gobiernos locales por los gamonales en armas ni logra aun derrotar el TLC ni la lamentable política internacional de Uribe. Pero la resistencia civil es la única esperanza de que Colombia rompa la hegemonía de los gamonales y sus amos transnacionales y tome el rumbo que está tomando la mayoría de América latina. Sólo la resistencia civil puede impedir que la guerra siga siendo una fábrica de Señores de Guerra.

Por el momento Uribe cuenta en su favor con el auge económico cíclico, llevado al extremo por el lavado de los narcodólares de los paramilitares. Pero una vez el ciclo económico dé la vuelta y la fuerza especulativa del auge se convierta en crisis aguda, el uribismo puede desplomarse, por la movilización popular. La reforma agraria será un elemento esencial del cambio porque quitará la base del poder de los gamonales y creará las condiciones económicas para ampliar y consolidar el mercado interno que el TLC quiere demoler. La gran falla de la Constitución de 1991, que quiso combinar la democracia con el neoliberalismo y el latifundio, debe subsanarse.

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