El final de una era

Las revelaciones sobre la influencia política de los paramilitares confirman la ilegitimidad del Gobierno de Uribe

Mario Amorós

Mundo Obrero

En los últimos meses la sociedad colombiana asiste al resquebrajamiento del régimen que desde hace casi medio siglo impide la democratización del país: la alianza entre la oligarquía y los grupos paramilitares. La reelección hace un año del presidente Álvaro Uribe parecía augurar la perpetuación de una política de terror que cuenta con el aval explícito de Washington y la Unión Europea, pero las revelaciones recientes han dado la razón a la izquierda y al movimiento de derechos humanos, que durante décadas han denunciado la complicidad del ejército y los paras en el exterminio de las organizaciones populares. Frente a la crisis del régimen oligárquico, emerge la alternativa del Polo Democrático para la reconstrucción de un país saqueado por las multinacionales y violentado por el terrorismo de Estado con absoluta impunidad.

En febrero, Uribe no tuvo más remedio que reemplazar a la titular del Ministerio de Relaciones Exteriores, María Consuelo Araújo, por los escandalosos vínculos de su familia con el paramilitarismo y la Corte Suprema de Justicia ordenó la captura de tres parlamentarios afines al presidente, acusados de pertenecer a estos escuadrones y que se encuentran prófugos. Asimismo, las investigaciones judiciales y las declaraciones de los paramilitares procesados confirman que Uribe, su vicepresidente Pacho Santos, sus ministros y la ya depuesta canciller recaudaron dinero del narcotráfico y utilizaron a los paramilitares en las pasadas elecciones presidenciales, según denuncian los promotores de la Campaña Internacional Colombia 2007. Los paramilitares, una suerte de Estado dentro del Estado, cuentan con una financiación millonaria producto del narcotráfico y de las ingentes sumas que muchas empresas transnacionales norteamericanas y europeas les entregan para que asesinen a dirigentes políticos y sindicales y a líderes populares.

En una entrevista concedida a la Agencia de Prensa Rural, Eduardo Carreño, miembro del Colectivo de Abogados “José Alvear Restrepo” (integrante del Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado), señaló: “Lo que aquí se ha denominado como ‘parapolítica’ es un término que no presenta la realidad de los procesos; nosotros hablamos de terrorismo de Estado, hablamos del paramilitarismo como política de Estado, y lo que se ha venido demostrando en diferentes procesos es la vinculación de los políticos con el paramilitarismo”. Carreño recordó que Salvatore Mancuso, uno de los más sanguinarios jefes de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), afirmó en 2002 que “el 35% del Congreso Nacional es nuestro”. El objetivo último de esta alianza es garantizar una impunidad absoluta a los miles de paramilitares, que son la punta de lanza del combate del Estado contra las dos guerrillas: el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y, sobre todo, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

Las revelaciones que han sacudido Colombia tienen repercusión continental, ya que el Gobierno de Bogotá es el principal aliado de Estados Unidos en una Sudamérica que reconquista la esperanza tras la estela de Venezuela, Bolivia y ahora también Ecuador. El embajador saliente de Estados Unidos, William Wodd, dejó muy clara la posición de Washington a mediados de marzo: “La ‘parapolítica’ es la cura, no es la enfermedad; la cura es difícil, la enfermedad era la corrupción que existía antes del gobierno de Uribe”. Precisamente, el 26 de marzo el diario estadounidense Los Angeles Times citó informaciones de la CIA que confirman que el jefe del ejército colombiano, el general Mario Montoya, colaboró “extensamente” con los paramilitares.

Colombia fue uno de los primeros países de América Latina donde Estados Unidos impuso la estrategia de guerra contrainsurgente tras el impactante triunfo de la Revolución Cubana. En febrero de 1962, visitó el país un equipo del Centro de Guerra Especial de Fort Bragga (Carolina del Norte), cuyo director de investigaciones, el general Yarborough, redactó un suplemento secreto al informe en el que expresó: “Debe crearse ahora mismo un equipo en el país acordado para seleccionar el personal civil y militar con miras a un entrenamiento clandestino en operaciones de represión, por si se necesitara después. Esto debe hacerse con miras a desarrollar una estructura cívico militar que se explote en la eventualidad de que el sistema de seguridad interna de Colombia se deteriore más. Esta estructura se usará para presionar los cambios que sabemos que se van a necesitar para poner en acción funciones de contra-agentes y contra-propaganda y, en la medida que sea necesario, impulsar sabotajes y/o actividades terroristas paramilitares contra los conocidos partidarios del comunismo. Los Estados Unidos deben apoyar esto”. En 1964, en la “Operación Marquetalia”, el ejército empleó a 16.000 hombres en una “guerra sucia” contra los grupos campesinos que se resistían a la expulsión de sus tierras en el sur de Tolima y que fue el detonante de la constitución de las FARC.

En las últimas cuatro décadas Colombia ha asistido a un desarrollo creciente de organizaciones obreras, campesinas, estudiantiles, indígenas, políticas, religiosas, de derechos humanos y humanitarias que buscan respuestas alternativas a la crisis del país y son principalmente movimientos sociales y políticos de carácter pacífico, pero han sido masacrados por la alianza de los distintos gobiernos, las Fuerzas Armadas y los paramilitares.

La mejor oportunidad para la paz se dio en los años 80 a partir de la Elección Popular de Alcaldes, fruto de un proceso de diálogo entre la insurgencia y el Ejecutivo de Belisario Betancourt, que abrió un escenario de participación social y política que hasta entonces nunca había permitido la maquinaria oligárquica, con la irrupción pública de la Unión Patriótica, impulsada principalmente por el Partido Comunista Colombiano (PCC). Pero cuando la Unión Patriótica empezó a encarnar las esperanzas de justicia y democracia del pueblo, la respuesta de la oligarquía fue el exterminio de cinco mil militantes y de dos candidatos presidenciales (Jaime Pardo Leal y Bernardo Jaramillo, ambos comunistas), en un genocidio que ya empieza a reconocerse internacionalmente.

Precisamente, centenares de personas de todos los continentes han apoyado una campaña para defender el derecho a la vida y a la acción política de los militantes del Polo Democrático y Alternativo (PDA), la coalición amplia de la izquierda que en las elecciones presidenciales de mayo de 2006 alcanzó un histórico 22% con el profesor Carlos Gaviria como candidato. Uribe calificó de “terroristas de civil” e “instigadores de la violencia” a algunos de los principales dirigentes del PDA, incluido su secretario general, y acusó a su presidente, Gaviria, de simpatizar con los grupos guerrilleros, lo que significó situarles en el punto de mira de los paras.

De hecho, dos días después, un grupo paramilitar denominado Nueva Generación Águilas Negras envió a varias organizaciones sociales, sindicales, universitarias y a medios de comunicación alternativos un texto que rezaba: “Nos identificamos con la política de seguridad del presidente Álvaro Uribe, estamos con él hasta la victoria final sobre los comunistas disfrazados y los camuflados de civil que siguen sirviendo a la insurgencia de las FARC…”. 48 horas después fue asesinada en su domicilio de Apartadó (departamento de Antioquia) Carmen Cecilia Santana (28 años, madre de tres hijos), compañera de Hernán Correa, vicepresidente primero de la Central Única de Trabajadores (CUT), uno de los grandes pilares del PDA.

La realidad actual del país es lacerante: de cada diez sindicalistas asesinados en el mundo, nueve son colombianos; existen tres millones y medio de personas desplazadas dentro de las fronteras nacionales a causa de la guerra civil encubierta y decenas de miles de refugiados en el exterior; el desempleo asciende al 24%; más de la mitad de la población vive en condiciones de pobreza y una ominosa impunidad protege a los responsables de los miles y miles de casos de violaciones de los derechos humanos.

Frente a esta dramática situación, frente al escándalo que amenaza los cimientos de uno de los regímenes oligárquicos más sólidos y despiadados de América Latina, el director del semanario Voz (órgano de expresión del PCC), Carlos Lozano, declaró recientemente: “La responsabilidad política de la crisis la tiene Uribe y es inviable el régimen corrupto e ilegítimo. La única salida realista es la solución democrática y popular de la crisis, que pasa por un acuerdo nacional amplio pero sin Uribe y sin los uribistas. No puede haber acuerdos para la verdad con Uribe. Eso equivale a darle una tabla de salvación y una absurda concesión. La corrupción demostrada hasta la saciedad del Gobierno actual no puede continuar dirigiendo los destinos del país. La solución la debe dar el pueblo con su movilización y lucha. Es la soberanía popular la que sacará al tirano de la Casa de Nariño. La alternativa es un nuevo Gobierno que reconstruya la institucionalidad y cree las bases de un nuevo país en las condiciones de la paz con democracia y justicia social”.

 

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