América Latina: Integración o subordinación

Hedelberto López Blanch

Rebelión

América Latina esta pasando por momentos de grandes definiciones los cuales van desde lo que apoyan una integración región con mayoritaria participación del Estado en las decisiones sociales y económicas, hasta los que apuestan por políticas neoliberales y de privatizaciones en busca de un hipotético desarrollo, vía que ha fracasado en el subcontinente en los últimos 20 años pero que aún no ha muerto.

Un grupo se mueve hacia una integración latinoamericana más efectiva a favor de aliviar las grandes necesidades que han padecido sus pueblos durante años; otros apoyan la profundización del libre comercio y la neoliberalización teniendo como eje principal a Estados Unidos, y otros se hallan en una línea divisoria e inclinan sus naves según sople el viento.

En 1994 Estados Unidos y Canadá firmaron con México el Tratado de Libre Comercio para América del Norte (TLCAN) y un año más tarde Washington propuso la creación del Area de Libre Comercio para las Américas que tras grandes tropiezos quedó prácticamente sepultado en la IV Cumbre de las Américas celebrada en noviembre de 2005 en Mar del Plata, Argentina.

Antes, en septiembre de 2004, Argentina y Brasil, los principales integrantes del Mercado Común del Sur (MERCOSUR) habían insistido en lo peligroso que sería la firma de convenios de libre comercio con Estados Unidos sin haber logrado una verdadera integración regional que les permitiera discutir en bloque los asuntos económicos.

Venezuela, que con su entrada al MERCOSUR reforzó a ese bloque, venía denunciado en numerosos foros los peligros que representaba el ALCA y la comparó con una nueva forma de colonización, al adueñarse las grandes empresas estadounidenses, con enormes capitales, de las fábricas, los servicios y hasta de las soberanías de esas naciones.

Ante la debacle del ALCA, Estados Unidos encaminó sus fuerzas a concretar Tratados de Libre Comercio (TLC) bilaterales o con pequeños grupos, y así lo ha hecho con Chile, Colombia, Peru, Centroamérica y República Dominicana.

Por su parte, a finales de abril de 2005, surge la Alternativa Bolivariana para las Américas (ALBA), impulsada por los gobiernos de Venezuela y Cuba, que se ha ido ampliando por la región y ya alcanza a Bolivia, Nicaragua, Antigua y Barbuda, Dominica, San Vicente y Las Granadinas, además de numerosos convenios energéticos y sociales entre países Sudamericanos.

Inmediatamente surgió PETROCARIBE, como una institución para la integración energética, política, económica y social de las naciones del área, y mediante el cual las pequeñas naciones reciben petróleo procedente de Venezuela, a bajo costo, con créditos blandos y a largos plazos.

República Dominicana, Granada, Jamaica, Surinam, Antigua y Barbuda, San Cristóbal y Nieves, Santa Lucía, Belice, Bahamas, San Vicente y Granadinas, Guyana, Dominica, Cuba y Venezuela, rubricaron la petrolera regional.

Lo mismo ocurrió con PETROSUR, integrado por los miembros del Mercado Común del Sur y que proyectan construir un el Gran Gasoducto del Sur de más de 8 000 kilómetros, que partirá desde la costa atlántica venezolana y beneficiará a Brasil, Paraguay, Uruguay y Argentina.

Otro que entrará pronto en función es el Transguajiro, que permitirá en sus primeros cinco años transportar poco más de cuatro millones de metros cúbicos diarios de gas desde la Guajira colombiana hacia la ciudad venezolana de Maracaibo. Este convenio fue acordado por los presidentes de Venezuela y Colombia, Hugo Chávez y Alvaro Uribe, ante la presencia del mandatario panameño Martín Torrijos.

Con el adelanto de la gestión integracionista que promueve el ALBA con convenios y apoyo al desarrollo social y económico como son la Operación Milagro que ha devuelto la visión a cientos de miles de pobres en más de 20 países del área, auspiciada por Cuba y Venezuela, o la formación gratuita de decenas de miles de médicos latinoamericanos, Estados Unidos ha tratado de detener esos avances con proyectos que estaban paralizados.

En un furtivo recorrido por cinco países latinoamericanos, el presidente George W. Bush acordó con Brasil producir a gran escala etanol (alcohol extraído del maíz, cebada, caña de azúcar y otros alimentos) para utilizarlos como combustible. El Salvador, República Dominicana y Paraguay también estuvieron de acuerdo en llevar adelante esa producción.

Tras el encuentro de Bush con el presidente mexicano Felipe Calderón, resurgió el denominado Plan Puebla Panamá (PPP) que por presiones de Estados Unidos se había iniciado en 2001 por el anterior mandatario azteca, Vicente Fox.

En la ciudad mexicana de Campeche se realizó el pasado 9 de abril a una urgente cumbre extraordinaria para reactivar el PPP, a la que concurrieron el país anfitrión, Belice, Costa Rica, Panamá Guatemala, Honduras, Nicaragua y Colombia.

El plan, bajo la fachada de llevar el desarrollo a la empobrecida zona que abarca 9 estados mexicanos, así como Honduras, Guatemala, Costa Rica, Nicaragua y El Salvador va dirigido a que las grandes empresas transnacionales estadounidenses con sus grandes capitales, se hagan del control de los recursos naturales de la región y se provean de mano de obra barata para su accionar.

Esas empresas y los magnates nacionales, que cuentan con grande prerrogativas otorgadas por los Tratados de Libre Comercio, podrán adueñarse de enormes extensiones de terreno para los proyectos de supermodernas carreteras, redes telefónicas, cables coaxiales, ferrocarriles y producciones

Agrícolas extensas en detrimento de los millones de pobres que habitan esas zonas. Eso y mucho más conllevaría el Plan Puebla Panamá.

En esta ofensiva y contraofensiva, acaba de surgir el pasado 17 de abril la Unión Suramericana de Naciones (UNASUR) durante la I Cumbre Energética de la región, efectuada en la isla venezolana de Margarita.

Con la participación de 12 naciones, allí se tomaron decisiones concretas como la creación del Tratado Energético Suramericano, dirigido a garantizarle a la región energía, petróleo, gas y combustibles alternativos para más de 100 años.

También se acordó impulsar la obtención de electricidad mediante energía hidráulica o eólica en aras de tener seguridad energética para este siglo y más allá.

En resumen, mientras varios países latinoamericanos apuestan por llevar adelante una verdadera integración regional en beneficio de sus pueblos, Estados Unidos insiste en mantener el control económico y político sobre la región.

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