Balas que pican más cerca de Uribe

Más “parapolítica” en Colombia

Por Matías Mongan | Desde la Redacción de APM

Un ex jefe paramilitar acusó al Vicepresidente y al Ministro de Defensa de tener lazos con las AUC. Un escándalo sobre espionaje, amenaza con deteriorar más la imagen de Uribe, justo cuando se esta definiendo el futuro del TLC con Estados Unidos.

Desde que salió a la luz a fines del año pasado, el escándalo de la parapolitítica se convirtió en una especie de “avalancha” que amenaza con arrasar no sólo al gobierno de Álvaro Uribe, sino a todo el sistema político que impera en Colombia. Casi todos los días se conocen nuevos implicados en la causa judicial que lleva adelante la Corte Suprema, que investiga los nexos de reconocidos políticos con grupos paramilitares: más precisamente con las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). Estos sucesos no sólo provocaron una severa crisis en el gobierno colombiano, sino que también llevaron a que se deteriore notoriamente la imagen del Presidente Álvaro Uribe en los Estados Unidos, justo en momentos que el Congreso de ese país debate acerca del futuro del Tratado de Libre Comercio (TLC) firmado por ambas naciones.

Hace sólo unos días Corte Suprema dictó orden de captura contra cinco congresistas, quienes se encuentran acusados del delito de “concierto para delinquir”. Los políticos que ya se encuentran en prisión, debido a su compromiso para promover grupos armados al margen de la ley, son los siguientes: el senador Miguel de la Espriella, Juan Manuel López, Reginaldo Montes, William Montes y el representante a la Cámara, José de los Santos Negret.

Para el Presidente de la Sala Penal del Alto Tribunal, Alfredo Gómez, en el marco de la investigación se logró establecer que “no existieron coacciones, ni presiones de parte de los paramilitares, como lo aseguraron en sus indagatorias, sino que(los congresistas) actuaron por voluntad propia”.

Con esta declaración, el funcionario quiere dejar en claro que los políticos que firmaron el Pacto de Ralito en el 2001 con los jerarcas de las AUC en realidad buscaban “un provecho político”. Además que “la asistencia de esas personas a esa reunión fue libre, espontánea y consciente, y con ello promocionaron a grupos armados al margen de la ley”.

Entre los nuevos detenidos en el marco del escándalo de la parapolítica, sólo Juan Manuel López no milita en los partidos políticos de la coalición que respalda al Presidente Uribe. Además de esto hay que remarcar que ya se encuentran en prisión debido a los nexos parapoliticos ocho congresistas, que también son aliados del Primer mandatario colombiano.

Paralelamente a estas aprehensiones, la Fiscalia de la Nación ordenó la detención de personalidades como el ex senador Rodrigo Burgos de La Espriella, Luis Carlos Ordosgoitia y Eleonora Pineda. En declaraciones ante un Fiscal en el marco de los juicios por la ley de justicia y Paz, el martes pasado el ex paramilititar Salvatore Mancuso señaló que tanto la ex congresista Pineda, como Miguel De La Espriella, durante mucho tiempo: “Fueron nuestros aliados”, aunque no hayan formado parte de las estructuras paramilitares”.

Asimismo el ex “para”, que está acusado de una centena de crímenes de lesa humanidad, denunció que en varias ocasiones se reunió con el actual Vicepresidente Colombiano, Francisco Santos. Según Mancuso, en una de esas ocasiones Santos les propuso a los jerarcas de las AUC la posibilidad de crear un frente militar en Bogota para así contrarrestar la influencia militar de la guerrilla (las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-FARC-) en la región.

Además de esta grave denuncia, Mancuso lanzó otra bomba, reconoció que en 1997 se reunió con el Ministro de Defensa del gobierno de Uribe, Juan Manuel Santos. De acuerdo al ex jerarca de las AUC, el primo del Vicepresidente buscó que los paramilitares se comprometan a firmar una carta conjunta por medio de la cual se comprometían a un cese al fuego, siempre en cuando renunciara el Presidente de por ese entonces, Ernesto Samper.

Para finalizar su declaración ante la justicia, Mancuso se autoproclamó como una “prueba fehaciente” del paramilitarismo existente en Colombia, el cual gracias a la desatención del gobierno central se tornó en una verdadera política de Estado.

Tal como se desprende de las declaraciones de los funcionarios que investigan la parapolítica, esta predica paramilitar basada en la violencia fue aprovechada conscientemente por distintos políticos que la utilizaron en pos de sus beneficios personales. Esta era una verdad a voces en Colombia, desde hace mucho tiempo se sabía que los “paras” ostentaban un férreo control sobre muchos poblados en el interior del país. Pero lo que sorprende es que tengan nexos tan cercanos con ayudantes directos del Presidente Uribe, quien de acuerdo a varios analistas lo único que logro con su política militarista -que presuntamente buscaba la eliminación física de la guerrilla- fue terminar fortaleciendo el poder de los paras, quienes se expandieron como un cáncer por toda la sociedad colombiana.

Obviamente que las respuestas a los dichos de Mancuso no se hicieron esperar, el propio Primer mandatario Colombiano salió a respaldar a sus hombres de confianza: “Yo tengo toda la confianza en la contextura moral del vicepresidente de la República (Francisco Santos), en su probidad, y en la de mis compañeros de gobierno. Él (Santos) en varias ocasiones le ha contado al país las reuniones que tuvo en el pasado (con paramilitares) en su condición de periodista”, señaló.

Asimismo agregó que a pesar que consideraba infundadas las denuncias realizadas por Salvatore Mancuso, había que ser muy cuidadoso con este tema, para que de esta manera el proceso de paz llevado adelante por su gobierno siga adelante: ” Lo tenemos que defender. Siempre es mejor tenerlos desmovilizados, que tenerlos armados “.

Justamente sobre este tema hace pocos días estalló un nuevo escándalo en Colombia, el mismo surgió luego que la revista Semana publicara unas escuchas telefónicas que evidenciaban como los paramilitares continúan delinquiendo a pesar de estar recluidos en la cárcel de máxima seguridad Itagui.

En el documento presentado por Semana aparece la voz de un hombre que se presenta con el alias de “El Flaco” -sería del entorno cercano a Salvatore Mancuso- quien ordenó a sus secuaces comprar y vender grandes cargamentos de cocaína. Otra de las llamadas difundidas refleja como el paramilitar “Goyo” ordena a hombres en libertad desenterrar los fusiles que no entregaron al momento de desmovilizarse, para así continuar con el cobro de las “vacunas” (sobornos).

El gobierno se mostró sorprendido por esta revelación periodística, luego de realizar una breve investigación, el Ministro de Defensa tuvo que dar una rueda de prensa para así intentar aclarar algo sobre este nuevo hecho que afecta la imagen del presidente Álvaro Uribe en momentos que se está definiendo el futuro de la financiamiento económico y militar que Estados Unidos le brinda a Colombia.

A pesar que no dio ningún nombre específico, Juan Manuel Santos reconoció ante la opinión pública que las escuchas telefónicas que se venían llevando a cabo hace mas de dos años eran realizadas por personal de la Dirección de Inteligencia de la Policía Nacional (DIPOL). Entre las personas que fueron grabados en las cintas “encontradas” aparecen funcionarios del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), jefes de las Autodefensas, miembros del gobierno y de la oposición.

Como consecuencia de las llamadas interceptadas, el gobierno pidió el retiro del Jefe de la DIPOL, Guillermo Chávez. A su vez también se vio forzado a presentar su dimisión el Comandante en Jefe de la Policía, el General Jorge Castro. En su cargo asumió el General Oscar Naranjo, por su parte esta entrada obliga a la salida inminente de 10 militares que superan a Naranjo en antigüedad y mando.

Mas allá de esta purga en la policía, lo sectores de la oposición le demandaron al gobierno de Uribe una inmediata investigación sobre estas actividades de espionaje clandestino. El ex candidato a la presidencia del partido liberal, remarcó que este nuevo escándalo al menos deja un saldo positivo: “Se comprueba que las denuncias de interceptación no son producto de la imaginación de la oposición, sino que son parte de una orden. Ahora, lo que está pendiente de esclarecer es quién impartió esa orden y qué pretendía”.

Sumado a este hecho, hay que recordar que luego del debate sobre el paramilitarismo en Antioquia (realizado por el senador Gustavo Petro) el Presidente Álvaro Uribe en una conferencia de prensa enfatizó que tenía en su poder unas pruebas de inteligencia militar en donde aparecían detalladas las actividades que los principales exponentes de la oposición estaban llevando a cabo en Estados Unidos para así intentar “boicotear” el Tratado de Libre Comercio.

Luego de estas palabras, lo primero que se viene a la mente son las siguientes preguntas: ¿Como es posible que un gobierno que invierte casi el 5 por ciento del producto bruto Interno del país en presupuesto militar, tenga que enterarse a través de los medios de comunicación que durante más de dos años el departamento de inteligencia de la Policía realizo actividades de espionaje?

Tomando en cuenta los dichos del mismo Álvaro Uribe luego del debate realizado por Gustavo Petro, se puede decir que el gobierno no sabía nada a cerca de esta situación.

Por ahora estos interrogantes no tienen respuesta, sólo el tiempo nos permitirá saber si algún día podrán salir a la luz todas estas verdades.

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