Colombia: 2.515

   

 

Claudia Korol

Pueblos


2.515. ¿Un número? Tras ese número, hay -o hubo-, 2.515 personas, 2.515 sueños, 2.515 batallas. Todas asesinadas en los últimos 21 años, por defender los derechos de los trabajadores y trabajadoras en Colombia. 2.515 sindicalistas muertos por el poder represivo del Estado, por un sistema que para sobrevivir, aniquila a quienes lo desafían. 2.515 hombres y mujeres que en el contexto de una guerra, pretendieron desarrollar la resistencia civil, el trabajo sindical, convencidos/as de que nada -ni siquiera la guerra interna- justifica el feroz avasallamiento de las conquistas obreras.

2.515. La cifra no es un número inventado. Son vidas mutiladas. En el libro editado por la Escuela Nacional Sindical (ENS) de Colombia, 2.515 o esa siniestra facilidad para olvidar, se publica la investigación realizada por Guillermo Correa Montoya, del Área de Defensa de Derechos Humanos y Laborales de la ENS. Este estudio da cuenta detallada, y analiza las características de 21 años de asesinatos sistemáticos y selectivos realizados contra sindicalistas en Colombia.

Esta situación es también denunciada en el Informe anual sobre violaciones de los derechos sindicales, publicado por la Confederación Sindical Internacional, en el que -reseñando el año 2006- se concluye que “Colombia siguió siendo el lugar más peligroso del mundo para las actividades sindicales, con 78 asesinatos, la mayoría de los cuales fueron llevados a cabo con toda impunidad por escuadrones de la muerte paramilitares, vinculados con funcionarios gubernamentales, o actuando en nombre de empleadores”. Llaman la atención en ese informe sobre la impunidad de estos crímenes, denunciando que “con relación a los 1.165 asesinatos documentados entre 1994 y 2006, solamente se juzgó a 56 personas, y nada más que 14 fueron condenadas”.

Quienes han trabajado sistemáticamente en la investigación del terrorismo de Estado en diferentes países de América Latina, saben que la impunidad es tan grave como la represión, ya que prolonga sus efectos sobre las víctimas y sus familiares, creando un imaginario de imposibilidad de justicia, de impotencia frente a las políticas de muerte protegidas por los mecanismos jurídicos y legales vigentes, que naturaliza la violencia y realimenta sus mecanismos en diferentes niveles de la sociedad.

Ser sindicalista en Colombia es un grave riesgo que puede significar la pérdida de la vida, pero que significa también vivir bajo estado de permanentes amenazas, o sufriendo prisiones, torturas/as, sufrimiento cotidiano. Es decir: 2.515 es una cifra que se multiplica varias veces, si agregamos los presos y presas políticas, las personas que viven con custodia permanente, las familias de los asesinados/as, desaparecidos/as, presos/as políticos (miles de presos y presas políticos llenan las cárceles en todas las provincias).

La Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos de Colombia (ASFADDES) denuncia, por ejemplo, que el dirigente sindical Ender Rolando Contreras García, coordinador de la oficina de control interno de la Empresa de Energía Eléctrica de Arauca (Enelar), fiscal del sindicato de trabajadores de la misma entidad y vicepresidente del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos, seccional Arauca, se encuentra detenido desde el 3 de mayo del año 2006 en la cárcel de el Barne en COMBITA (Boyacá), acusado falsamente de los delitos de extorsión, concierto para delinquir y rebelión. Antes de ser encarcelado, Ender había denunciado ante la Vicepresidencia de la República, la Procuraduría General de la Nación, la Dirección de Anticorrupción, la Contraloría General de la República, la Fiscalía General de la Nación, el Ministerio del Interior y el Ministerio de la Protección Social, una serie de irregularidades que afectaban notoriamente a las directivas de Enelar. Las denuncias generaron persecución laboral en su contra, y posteriormente un montaje judicial que motivó su captura. La detención de Ender Contreras, dice el informe de ASFADDES, es otro más de los miles de casos de colombianos detenidos arbitrariamente y encarcelados en aplicación de la “seguridad democrática”, a quienes se les viola el debido proceso y principios universales como el de legalidad, la presunción de inocencia, la investigación imparcial, el derecho de defensa y el juicio justo.

Las denuncias de este tipo se multiplican en Colombia. El Secretario de Derechos Humanos de la CUT señala las “continuas amenazas a las que estamos siendo sometidos por parte del paramilitarismo, hoy autodenominado “Las Águilas Negras Unidas de Colombia””… especificando el caso de Rodolfo Vecino, miembro de la Junta Directiva Nacional de la USO (Unión Sindical Obrera), quien ha sido amenazado de muerte dos veces en este año, después de desplazarse desde Cartagena, donde fue amenazada su familia, y sufrió un atentado su esposa. La persecución a líderes de la USO ha tomado fuertes dimensiones dada la batalla que se está desarrollando en contra de la privatización del petróleo. (Vecino es trabajador de ECOPETROL).

Vivir con miedo. Vivir con inseguridad. Vivir en permanente zozobra. Y al mismo tiempo, seguir viviendo, y no renunciar a la pelea por una vida digna. La batalla del movimiento popular en Colombia tiene contornos realmente heroicos.

La investigación minuciosa realizada por Guillermo Correa Montoya, desmiente algunos mitos, como los que consideran que el asesinato de sindicalistas es un efecto secundario de la violencia armada en el país. El análisis de los casos demuestra que “no se trata de una violencia difusa e indiscriminada. Por el contrario, la ocurrencia de homicidios contra sindicalistas está directamente vinculada a la existencia y el desarrollo de conflictos laborales, en medio de los cuales la violencia funge como eficaz reguladora. La reconstrucción histórica elaborada por la ENS demuestra que tal violencia no es simplemente la consecuencia pretendidamente lógica de la existencia de un conflicto armado interno, que afecta de manera generalizada a la población colombiana, sino que representa un conjunto de acciones deliberadas, estratégicas y sistemáticas, orientado a debilitar y desterrar el ejercicio de la reivindicación sindical y defensa de los derechos laborales” (Presentación del libro realizada por el Observatorio de derechos humanos y derecho humanitario. Coordinación Colombia – Europa – Estados Unidos / Bogotá, septiembre de 2007).

Esto queda reforzado por otros informes que demuestran que la mayor parte de las violaciones a los derechos humanos de los trabajadores sindicalizados en el país se producen como consecuencia directa del ejercicio de la actividad sindical, durante o después de los conflictos laborales, en medio de las medidas de fuerza o de acciones dirigidas a la creación de un sindicato.

Las implicancias inmediatas de estos asesinatos es el achicamiento de las prácticas sindicales, lo que hoy preocupa especialmente al movimiento obrero organizado en las tres centrales sindicales nacionales, que en su conjunto reúnen a 831.000 trabajadores y trabajadoras afiliados, lo que representa una tasa de sindicalización de alrededor del 4,5% de los 18 millones de trabajadores/as que constituyen la población ocupada y subocupada (sobre un total de 20 millones de población económicamente activa). Estos datos del año 2005 publicados en el boletín Nº 8 realizado por el Observatorio de derechos del trabajo de la ENS, expresan las dificultades para realizar concretamente prácticas sindicales y sociales, que surgen no sólo del temor y del terror, sino también de las intensas campañas realizadas desde el gobierno a través de los medios masivos de comunicación, dirigidas a criminalizar al movimiento obrero, así como a todo movimiento de la sociedad civil que resista sus políticas.

Otro factor que frena la sindicalización son las condiciones impuestas por el gobierno a las centrales de trabajadores, que establecen, por ejemplo, que sólo pueden estar sindicalizados quienes tengan contratos de trabajo. Con la extensión de la precarización laboral, grandes franjas de la población quedan fuera de estas posibilidades. También el gobierno ha rechazado el planteo realizado de la CUT en el sentido de que se admita la afiliación de los pensionados y pensionadas.

Estas imposiciones son parte fundamental de las reformas estructurales que se vienen realizando en Colombia para institucionalizar el orden neoliberal, y para que este país sirva como plataforma político militar en la estrategia norteamericana de dominación del continente, que tiene como un ariete fundamental el Plan Colombia. Estas reformas -que en lo fundamental han resultado de las recomendaciones de organismos como el FMI, el Banco Mundial o la Organización Mundial de Comercio- van apuntando a dar legalidad a las propuestas contenidas en el Consenso de Washington, como la desregulación económica, la “disciplina fiscal”, las políticas monetaristas, las privatizaciones, el ajuste contra la población, los tratados de libre comercio, cambios que significan reforzar la dominación de los grupos económicos trasnacionales dentro del bloque de poder, y debilitar hasta donde se pueda al movimiento popular.

2.515 es una cifra inmensa, si la pensamos en términos de historias de vida, historias de muertes, familias con ausencias, madres sin hijos, hijos e hijas sin padres. Sin embargo, no es tal vez ésta la cifra más significativa. En este contexto, lo que es oportuno reflexionar, es sobre ese pequeño/gigantesco 4,5% de los trabajadores y trabajadoras que mantienen su compromiso sindical; que junto a otros tantos campesinos, indígenas, estudiantes, militantes de derechos humanos, no renuncian a seguir dando batalla por una vida digna.

En estos días en que visité Medellín, para participar en la celebración del 25 aniversario de la Escuela Nacional Sindical, me quedé con muchas impresiones imborrables en la retina, en la piel, en los sentidos. La principal es la de las miradas firmes de hombres y mujeres que continúan la batalla, que enarbolan los sueños, que no se cansan de luchar. Ellas y ellos están buscando caminos para construir la paz en Colombia. Pero, aseguran, la paz tendrá que ser con dignidad, con justicia, con libertad, con autodeterminación. La paz tendrá que hacerse con trabajo, con educación, con salud, con derechos humanos, con capacidad para construir una Nación independiente, sin militarismo, sin las tropas norteamericanas paseando por sus territorios, sin dineros del Plan Colombia alimentando guerras y comprando conciencias.

La paz –dicen- tendrá que ser fruto de todas las resistencias que riegan y fertilizan la tierra; y será la puerta para que este pueblo fortalezca los esfuerzos de integración y los aires de cambio que recorren América Latina.

Batallar por la paz en Colombia es imprescindible si pensamos vivir en un continente que construya su Segunda Independencia. Levantar el clamor para que se terminen las persecuciones al movimiento popular; para que el dinero norteamericano y europeo no siga financiando la guerra, para la libertad de los presos y presas políticas, para poner fin a la impunidad, no es sólo una misión acorde con los esfuerzos de una América Latina que quiere ser libre. Es una necesidad, porque el gobierno de Álvaro Uribe, y sus políticas de guerra -inscriptas en la lógica imperialista norteamericana-, hoy son una amenaza concreta para nuestros pueblos y para el mundo entero.


Este texto recoge una ponencia de la autora presentada en la celebración del 25 aniversario de la Escuela Nacional Sindical de Colombia el pasado mes de septiembre


 

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