Claves para entender la marcha del 4 de febrero

 Simone Bruno
Alai-amlatina
La marcha del 4 de Febrero ha sido, como se podía imaginar, un éxito contundente en cuanto a participación.

Los reportes hablan de 1 millón de personas solo en Bogotá.

La gente ha marchado en más de 50 ciudades colombianas y otras 130 en todo el mundo. La atmósfera ha sido muy tranquila y por la calle han desfilado personas de todos los extractos sociales, desde los ricos de los barrios bien hasta los habitantes de las áreas más degradadas. Indudablemente un evento histórico, a tal punto que se la considera como una de las más grandes marchas de la historia del país. No se ha verificado ningún problema de orden público. La consigna de la marcha era: “No más FARC, no más secuestro”, pero mucha gente desfilaba también con pancartas en contra de los otros actores armados y en favor del acuerdo humanitario.

Uno pocas centenares de personas han acompañado a los familiares de los secuestrados que han decidido no marchar y organizar una liturgia en la Iglesia del Voto Nacional.

Ha sido un día de fiesta cívica inusual en Colombia, que se ha unido por la paz. Este insólito evento, por realizarse en un país que generalmente no se expresa masivamente en las calles, no obstante ser uno de los más conflictivos del planeta, puede tener por lo menos 3 claves de lectura: el rechazo, la manipulación y la expropiación del dolor.

El rechazo

Ya son 6 las generaciones de colombianos que han nacido y se han criado en el contexto de la guerra y han tenido que acostumbrarse a magnicidios, violencia, desapariciones, desplazamiento y secuestro. La falta de un “post-conflicto” por 60 años ha hecho que los colombianos no hayan podido “vomitar sus muertos”, como lo sugirió el premio Nobel José Saramago en un reciente viaje al país, o sea no hayan podido analizarse, en una situación pacificada, para aprender de sus errores y no volver a repetirlos. Un conflicto tan largo tiene pocas referencias en los tiempos modernos como para poder comparar y analizar los efectos sociales sobre la población.

Pero un conflicto tan largo demuestra también, que existe, en las clases dominantes, una incapacidad, cuando no una falta de voluntad, para poner fin al conflicto. Cosa que contrasta fuertemente con las ganas y la ilusión de vivir en un “país normal” de la mayoría de la población. Esto es posible porque Colombia es un país quebrado: por una parte las ciudades volcadas hacia la modernidad, el lujo, y hacia modelos económicos globalizados, y por otra parte, el campo, las áreas rurales, atrasadas y ahogadas en la guerra y la violencia.

Unos de los pocos hechos que lleva el conflicto a las clases medio altas de las ciudades es el secuestro. Los actores armados trasladan físicamente a políticos y a gente común en medio de la selva y de la guerra, creando un cordón umbilical que une las dos partes de esta Colombia rota por la violencia.

En este escenario, la marcha del 4 de febrero, organizada por un grupo de la red Facebook, es una novedad, una de las pocas ocasiones en las cuales la población sale a la calle en forma masiva.

Los colombianos han interiorizado la impotencia y el dolor por su país, y se esfuerzan por borrar el conflicto de su mente.

Por esto, la fuerte reacción frente a las inhumanas condiciones de los rehenes en manos de las FARC es positiva y podría marcar un despertar de la sociedad. Es un raro momento de espontáneo y genuino rechazo a la violencia que vive el país.

Pero es un rechazo a un conflicto que la gente no conoce. La mayoría de los colombianos ignora las formas, los números de la violencia de su país y la naturaleza de los actores en armas. No existe una sociedad civil organizada y consciente que haga un llamado a una multitudinaria marcha de rechazo, existen poderes fuertes que aprovechan este espontáneo sentimiento para encaminarlo hacia sus intereses.

La manipulación

El presidente Uribe llegó al poder en el 2002 después de 4 años de un infructuosos e interminable proceso de paz. Un proceso nacido con gran expectativa, transformado en un engaño y enterrado indudablemente como consecuencia de los hechos del 11/9/2001. Las elites colombianas se convencieron que, en el nuevo escenario internacional, era posible derrotar militarmente a la guerrilla, evitando un ajuste social que inevitablemente hubiera conllevado un acuerdo de paz con el grupo guerrillero.

Uribe niega la existencia de un conflicto, trasforma a los actores armados de políticos a simples terroristas, y hace de la opción armada la única solución.

Construye un discurso político en donde todo tiene sentido y se justifica en cuanto existe un enemigo terrorista que se tiene que aniquilar, a continuación vienen los planes militares, las batallas se intensifican y la victoria final parece siempre cuestión de días.

Sin embargo, esta postura no permite soluciones negociadas y no prevé terceras posiciones. Existen solo uribistas o guerrilleros. Pero, sin un enemigo, el beligerante presidente podría retirase junto con su gobierno; sin un conflicto, el ejército colombiano tendría que renunciar a las enormes cantidades de ayudas de los EE.UU. que asciende al 6.5% del PIB y a su poder casi ilimitado sobre la población civil. La realidad es que la paz no la quiere nadie en el gobierno y en las elites colombianas. Mientras que hay guerra hay negocio.

Uribe se transforma en el bien absoluto contrapuesto a la guerrilla que se vuelve simple terrorismo y encarnación del mal. El conflicto armado se banaliza y el paramilitarismo se tiende a justificar como un mal menor frente al horror de las FARC.

Para poder sustentar este discurso, el presidente hace una utilización masiva de los medios de comunicación complacientes. La mayoría de los colombianos que vive el día a día ni se entera de lo que está sucediendo fuera de las pantallas de la TV. La visión oficial del conflicto armado se vuelve la única realidad, la guerrilla y sus crímenes el único enemigo.

Klaudia Girón, profesora de Psicología de la Universidad Javeriana comenta: “De este escenario se desprende que a partir de esa imagen desfigurada del conflicto, se ha ido configurando un país cada vez más desinformado y aterrorizado[…] La mayoría de la gente ni sabe, ni quiere saber las atrocidades que comete el Estado o los paramilitares”.

Así que cuando los colombianos bajan a la calle a marchar, lo hacen en contra del único enemigo que conocen. Consecuentemente humillan a las víctimas de los otros actores y legitiman el proyecto beligerante del presidente.

Es claro que el Gobierno quiere aprovecharse de la jornada para afianzar su imagen como el principal referente anti-FARC en el país, y por esa vía abrirle paso a una eventual segunda reelección presidencial.

Expropiación del dolor

Cuando los organizadores se niegan marchar contra todas las violencias y deciden marchar solo contra las FARC, desconocen a las víctimas de los otros actores armados y las vuelven invisibles. Se reconoce la atrocidad que viven los más de 700 secuestrados en mano de las FARC, pero se suprime la realidad de un país destrozado por las violencias paramilitar y estatal; peor aun, estas se legitiman. Prueba de ello, es que los jefes paramilitares respaldaron, en un comunicado, la marcha del 4 de febrero.

En Colombia 120.000 personas, según cifras de la Comisión Nacional de Reconciliación y Reparación (CNRR), se han identificado como víctimas del paramilitarismo ante la Unidad de Justicia y Paz de la Fiscalía General de la Nación. Se piensa que los desaparecidos a manos de los paramilitares de las AUC (Autodefensas Unidas de Colombia) podrían llegar a 14.000. ¡Las AUC no tienen rehenes, llenan fosas comunes!

Con las AUC, el gobierno Uribe ha adelantado un proceso de paz muy cuestionado, en este marco, una sentencia de la Corte Suprema de Justicia ha declarado que no se puede aplicar el crimen de “sedición” a los integrantes de las AUC, porque no se levantaron en contra del Estado, sino a su favor.

Efectivamente, más de 60 congresistas y políticos uribista están involucrados en el escándalo conocido como la “parapolítica” y se los acusa de haber financiado y creado grupos paramilitares. Entre estos se encuentra el primo del Presidente, Mario Uribe.

Hablando solo del 2008, entre el 31 de diciembre y el 14 de enero, el Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado (MOVICE), reportó que presuntos paramilitares de ultraderecha han asesinado a 12 personas, han desaparecido a nueve, han obligado a 120 a desplazarse y han herido a otras tres.

“Pareciera que esas víctimas son inexistentes”, escribió Iván Cepeda Castro, presidente del MOVICE, en una carta al presidente Álvaro Uribe. “Ni los gremios empresariales, ni la Iglesia ni los alcaldes, ni los gobernadores, ni los grandes medios de comunicación convocan a marchas de rechazo ciudadano ante esos crímenes”, agregó, en referencia a la manifestación del 4 de febrero.

En la carta, Cepeda continúa: “¿Cuándo se pronunciará Usted sobre los crímenes contra la humanidad que siguen cometiendo los grupos paramilitares? ¿Cuándo hará una alocución solemne para condenar las desapariciones forzadas masivas que han llevado a miles de compatriotas a fosas comunes y cementerios clandestinos?”.

La marcha del 4 de febrero expropia a todas la victimas del conflicto de su dolor. No es casual que ninguna organización de víctimas, o de derechos humanos la haya apoyado.

– Simone Bruno es periodista italiano.

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Colombia es una víctima de la guerra psicológica mediática impuesta por el eje Washington-Bogotá

Fernando Arellano Ortiz

Bajo la conducción de Washington, el gobierno de Colombia viene implementando con mucho éxito tácticas de “terrorismo mediatizado” para lograr su estrategia de manipulación y control social en su lucha por satanizar a la guerrilla y a todos los sectores de oposición que propenden por una solución política del conflicto interno que va ya para medio siglo sin alternativa de solución a la vista.

Gracias a la complicidad de los grandes medios de comunicación colombianos de propiedad de los oligopolios y de los sectores de la más recalcitrante ultraderecha como son los canales privados de televisión RCN y Caracol, los diarios El Tiempo de Bogotá (del grupo neofranquista Planeta de España y de la familia Santos que está incrustada en el gobierno), El Colombiano de Medellín y El País de Cali, entre otros, el presidente Uribe ha logrado consolidar todo un aparato sistemático que, a través de operaciones psicológicas mediáticas, no solo ha conseguido demonizar a sus adversarios sino que políticamente le ha permitido el aprovechamiento social, político y militar en su afánde desprestigiar, insultar y condenar a las FARC, cerrando toda posibilidad de una aproximación, así sea para lograr un acuerdo humanitario que permita la liberación de decenas de secuestrados.

Uribe, con la asesoría y conducción del gobierno estadounidense, viene desarrollando al pie de la letra los elementos de la denominada, por los estrategas militares norteamericanos, como Guerra de Cuarta Generación, para describir la última fase de los conflictos en la era de la tecnología de las comunicaciones, que se puso en marcha tras los ataques del 11-S en Nueva York.

Con el apoyo decidido de los medios de comunicación colombianos, el gobierno de Uribe Vélez al estilo Joseph Goebbels, ha prefabricado una “realidad” en que los enemigos de Colombia son, en su orden, las FARC, el presidente Chávez de Venezuela, la senadora liberal Piedad Córdoba y el Polo Democrático Alternativo (PDA). Ello le está dando réditos políticos, pues un país mal informado comoColombia, cuya población en su gran mayoría (el 60%) está por debajo de los niveles de pobreza, limitada solo a la información oficial y parcializada, no tiene otra alternativa que ver a su Presidente como el “Mesías”, de ahí sus altísimos índices de popularidad.

Si bien ese efecto macabro que viene teniendo en la opinión colombiana la estrategia de manipulación y de efectos propagandísticos se debe en buena medida al desarrollo tecnológico e informático, la derecha y el establecimiento de este país por lo general han hecho uso del recurso del “enemigo” interno no solamente para descalificarlo y desconceptualizarlo sino para acusarlode todos los males. Si hoy son las FARC, Chávez, la senadora Córdoba y el PDA; ayer lo fueron el partido de izquierda Unión Patriótica a cuyos líderes exterminaron físicamente, y más atrás, el dirigente popular Jorge Eliécer Gaitán, a quien también lograron eliminar.
EL EJE WASHINGTON-BOGOTÁ

Es evidente que esta estrategia de imposición en Colombia del Pensamiento Único, como diría Ignacio Ramonet, responde a los intereses hegemónicos norteamericanos en estrecha conexión con losde la más recalcitrante ultraderecha que en este país andino representan el gobierno del presidente Álvaro Uribe Vélez, los terratenientes, los especuladores financieros, los grandes empresarios, lo más retardatario del bipartidismo tradicional, corrupto y deslegitimado, y los sectores emergentes vinculados al paramilitarismo, el narcotráfico y el contrabando.

Para el eje Washington-Bogotá, o mejor Bush-Uribe, la Estrategia Psicológica Mediática constituye el arma dominante de la guerra de cuarta generación, en su variante “contraterrorista”, para lo cual los medios de comunicación se han convertido en los nuevos ejércitos de conquista con el propósito fundamental de direccionar conductas y opiniones en la búsqueda de objetivos de control social, político o militar. Así como la religión católica sirvió de elemento ideológico en la conquista española de América Latina para disculpar y dar vía libre a todas las atrocidades y saqueos que cometieron los ibéricos en estos territorios, hoy los medios cumplen el mismo rol en beneficio del gran hegemón y sus áulicos y cipayos en los países tercermundistas.

En este contexto, los ejércitos militares, son sustituidos por especialistas en insurgencia y contrainsurgencia, y por expertos en comunicación y psicologíade masas. Los blancos ya no son físicos sino psicológicos y sociales. El objetivo ya no apunta a la destrucción de elementos materiales (bases militares, soldados, infraestructuras civiles, etc), sino al control del cerebro humano. Las grandes unidades militares (barcos, aviones, tanques, submarinos, etc) son sustituidas por un gran aparato mediático compuesto por las grandes redacciones y estudiosde radio y televisión. El objetivo estratégico ya no es el apoderamiento y control de áreas físicas, sino el dominio y control de la conducta social masiva.

En esta guerra psicológica el colombiano del común es víctima de los titulares sueltos, los cuales constituyen simples consignas propagandísticas. Se deja a un lado el análisis, no hay contexto y en contrate, se disparan titulares e imágenes con demoledora precisión que deforman los hechosde acuerdo con los intereses rentísticos de los dueños de los medios de comunicación.

Cuando en Colombia el gobierno y los medios de comunicación se refieren a las FARC buscan que los ciudadanos asocien en su mente consignas de miedo vinculadas con “terrorismo”, sin analizar los qué, los por qué y los para qué. De esta manera, Washington y su ejecutor, el gobierno de Uribe Vélez han logrado que los colombianos estén inmersos en la Guerra de Cuarta Generación.

EL GRAN VECINO

Simultáneamente, la Casa Blanca, el Pentágono, el Comando Sur, el Departamento de Estado, el Congreso norteamericano y agencias de cooperación estadounidenses, son presentados en los mass media colombianos como instancias políticas que contribuyen eficazmente al desarrollo sociopolítico y económicode este país suramericano. No hay semana que un funcionario o militar norteamericano deje de visitar Bogotá y su presencia constituye titular de primera plana en periódicos, telediarios y radionoticieros, puesto que para los “gurús” del periodismo colombiano, “Washington locuta, causa finita”.

Tanto la administración Uribe como la gran prensa buscan generar en el imaginario colectivo el convencimiento de que el gobierno estadounidense es pieza clave y determinante para buena parte de la solución de los problemas de Colombia. De esta manera, disimulan su verdadera política consistente en beneficiar a los inversionistas estadounidenses vía TLC para abrir las puertasde este país a los capitales golondrina, a la especulación financiera, el lavado de activos y a las exportaciones norteamericanas que terminarán por hundir el campo, a los agricultores y a los pequeños industriales colombianos.
La suerte de la derecha colombiana está íntimamente ligada a los intereses foráneos, particularmente a la del capital transnacional norteamericano, pues como diría el senador colombiano Jorge Enrique Robledo, “los madamases de Colombia lograron superar su suerte personal de la suerte de su nación, de forma que les va bien aunque a la inmensa mayoría de sus compatriotas les vaya mal, porque unieron sus intereses a los de las transnacionales extranjeras, las cuales, además, generan y coexisten con las más aberrantes corruptelas nativas”

Semblanza de un “contratista” occidental

José Steinsleger
La Jornada

Años después de su “exitosa” participación en el comando que en mayo de 1972 rescató en el aeropuerto de Lod a un grupo de rehenes secuestrados en un avión de Air France por un grupo palestino (26 muertos), el joven oficial Yair Klein solicitó la baja. Sin embargo, la vida pacífica no iba con él y se reintegró al ejército de Israel.

En la guerra del sur de Líbano, Klein encabezó una de las brigadas que apoyaron la matanza de refugiados palestinos en los campos de Sabra y Chatila, perpetrada por las milicias de la Falange Cristiana libanesa (1982). Al año siguiente pasó nuevamente a las filas de la reserva y organizó una empresa especializada en la “lucha contra el terrorismo”.

Klein registró la compañía en la lista de proveedores del Ministerio de Defensa. Su primer cliente, los falangistas libaneses, le representaron ganancias por 2 millones de dólares.

Simultáneamente, en Colombia, el ministro de Justicia, José Manuel Arias Carrizosa (ligado a la Asociación de los Productores de Plátano), buscaba medios “eficaces” para combatir a las guerrillas del Movimiento 19 de Abril, el Ejército de Liberación Nacional y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia.

Carrizosa llamó a su amigo Yitzhak Mariot Shoshani, directivo de la empresa Isrelex, suministradora de tecnología militar al ejército colombiano. Shoshani consultó su agenda de direcciones y así, en diciembre de 1987, Klein aterrizó en el país sudamericano en compañía de su traductor, el ex teniente de la reserva Ferry Meinyk.

Klein visitó a las autoridades en calidad de simple empresario “legal”. En febrero de 1988 ofreció al Departamento de Administración de Seguridad (DAS) cursos de entrenamiento de escoltas, equipos modernos de rescate y seguridad para “personas importantes”. No tuvo éxito.

El general Miguel Maza Márquez, jefe del DAS, declinó por escrito el ofrecimiento. “Esa clase de asesorías deben realizarse de gobierno a gobierno”, aclaró. En mayo de 1989 Maza Márquez salvó milagrosamente su vida de un atentado con dinamita. Para entonces las “clases” de Klein ya eran famosas entre los ganaderos y las empresas frutícolas de la región central del río Magdalena, directamente vinculadas a los grandes grupos de cultivo de Estados Unidos.

Las “milicias campesinas” formadas por Klein fueron la simiente de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), bandas paramilitares de extrema derecha que más tarde contaron con el apoyo entusiasta de un joven político graduado en Harvard en “gestión de conflictos”, Álvaro Uribe Vélez, actual presidente de Colombia y “pacificador del Urabá”, según los ganaderos.

En el primer grupo de los “pacificadores” entrenados por Klein figuraban temibles asesinos: los hermanos Fidel y Carlos Castaño, y Eduardo Rueda Rocha, uno de los sindicados en el asesinato del candidato presidencial Luis Carlos Galán (1989).

En Puerto Boyacá, Klein conoció al narcotraficante José Gonzalo Rodríguez Gacha, El mexicano, uno de los barones de la droga más violentos de Medellín. Rodríguez Gacha declaró que la técnica de tortura preferida, aprendida de los comandos israelíes, era el “método Moshe Dayan”: en el párpado del preso se inserta una pequeña astilla de sílex afilado y, antes de que el ojo se desangre, la víctima enloquece a causa del dolor.

Tras la muerte de Rodríguez Gacha, Klein se puso a las órdenes del famoso narcotraficante Pablo Escobar, jefe del cártel de Medellín. Pero con el asesinato de cuatro candidatos a la presidencia y el clamor internacional a raíz de una treintena de grandes masacres cometidas por narcos y paramilitares (1987-89), la embajada de Israel sugirió a Klein que abandonara el país.

En abril de 1989, después de haber dirigido un contrabando de armas desde Miami, Estados Unidos, el “contratista” dejó Colombia con 800 mil dólares en la libreta de ahorros. Regresó a Israel, y allí fue juzgado por un tribunal que lo condenó a un año de prisión y 13 mil 400 dólares de multa por exportación ilegal de armas a “grupos ilegales colombianos”.

Al salir de la prisión, Klein llamó a sus amigos sudafricanos y se fue a trabajar a Sierra Leona y en Liberia junto a los rebeldes de Johnny Korama y Charles Taylor, quienes ganaron fama mundial cortando las cabezas de los infelices que caían en sus manos. La situación cambió. Klein fue detenido y pasó 16 meses en una cárcel de Sierra Leona, al cabo de los cuales retornó a su patria.

Alfonso Valdivieso, ex embajador en Tel Aviv, asegura que no hubo manera de que el gobierno de Israel entregara a Klein a la justicia de Colombia, donde un tribunal de Manizales lo había sentenciado en 2001 a diez años de prisión por adiestrar a paramilitares y narcotraficantes. “Entre Israel y Colombia no hay tratado de extradición”, le dijeron.

El 27 de agosto de 2007, la Interpol detuvo a Klein en Moscú. El gobierno de Israel sostiene que su caso es un “asunto de la justicia”. No obstante, la extradición a Colombia puede obstaculizarse debido a que, por presiones de Israel, las autoridades rusas consideran la “avanzada edad” del acusado. Yair Klein tiene 65 años y goza de excelente salud.

Carta al presidente de Colombia

No solo hay secuestrados por las guerrillas, hay miles de desaparecidos, asesinados y desplazados por agentes estatales y grupos paramilitares 

Ivan Cepeda

El Espectador

Señor Presidente, en menos de dos semanas los grupos paramilitares —ahora mimetizados en la vaga definición de bandas emergentes— han asesinado a 12 personas, han desaparecido a nueve y han desplazado a otras 120. El 31 de diciembre de 2007, en el corregimiento de El Palmar, Nariño, asesinaron a cuatro adultos y un menor. El ex gobernador de ese departamento, Eduardo Zúñiga, atribuyó la masacre a paramilitares. Ese mismo día en Medellín, fue desaparecido el abogado Víctor Hugo Gallego, de la Corporación para la Paz y el Desarrollo Social, Corpades.

El abogado Gallego había formulado insistentes denuncias sobre la actuación paramilitar en Medellín. El 11 de enero de 2008, mientras se realizaba una fiesta familiar en el barrio ‘Once de noviembre’ de Santa Marta, varios hombres armados llegaron disparando, asesinaron a cinco personas e hirieron a tres más. Las víctimas eran líderes comunitarios. El 14 de enero, la Defensoría del Pueblo informó que un grupo paramilitar incursionó en Santa Mónica, Chocó, asesinó a dos personas, se llevó a otras ocho y desplazó a cerca de 120 habitantes de la población.

A estos graves hechos cabe agregar que recientemente en Bucaramanga han aparecido en lugares públicos mensajes amenazantes del grupo ‘Águilas Negras’. El alcalde de la ciudad desestimó las amenazas diciendo que estos grupos no tienen presencia allí. No obstante, en un informe de 2007, la Defensoría del Pueblo advertía que en el departamento de Santander se registra la existencia de tales agrupaciones. Esto significa que en cuatro departamentos del país y en menos de 15 días, los paramilitares han cometido dos masacres, varias desapariciones forzadas, y han provocado el desplazamiento forzado masivo luego de una incursión armada.

Pareciera que esas víctimas son inexistentes. De ellas no llegarán pruebas de supervivencia. Sus restos irán a parar a las fosas comunes o a los ríos. Ni los gremios empresariales ni la Iglesia ni los alcaldes ni los gobernadores ni los grandes medios de comunicación convocan a marchas de rechazo ciudadano ante esos crímenes. Tampoco reclaman que devuelvan con vida a los desaparecidos.

¿Qué se puede esperar de esos funcionarios e instituciones cuando la actitud del Gobierno Nacional está marcada por el silencio y la negación? En vez de condenar esas atrocidades, Usted, señor Presidente, se empeña en intentar convencer al país y al mundo de que los grupos paramilitares ya no existen en Colombia; una afirmación que desmienten irrefutablemente los hechos. ¿Cuándo se pronunciará Usted sobre los crímenes contra la humanidad que siguen cometiendo los grupos paramilitares? ¿Cuándo hará una alocución solemne para condenar las desapariciones forzadas masivas que han llevado a miles de compatriotas a fosas comunes y cementerios clandestinos? ¿Cuándo el Gobierno Nacional se pronunciará oficialmente contra el desplazamiento forzado practicado por los paramilitares que han arrebatado la tierra a millones de compatriotas?

Es cierto que el secuestro es una práctica criminal que la sociedad colombiana no debe tolerar bajo ningún concepto. Pero en Colombia no sólo existen cientos de secuestrados por las guerrillas. Hay miles de desaparecidos, asesinados y desplazados por agentes estatales y por los grupos paramilitares que, como Usted recordará, fueron auspiciados hace más de una década a través de las empresas de seguridad Convivir. Esa realidad no se desvanecerá con la tozuda insistencia del Gobierno en una concepción unidimensional del terrorismo.

Ivan Cepeda es abogado especialista en derechos humanos, director de la Fundación “Manuel Cepeda Vargas” y miembro del Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes del Estado.Jjunto con otros defensores/as de los derechos humanos, ha colaborado en la documentación de aproximadamente 40.000 casos de serias violaciones a los derechos humanos, cometidas en Colombia desde 1996.

fm_cepeda@yahoo.fr

Sarkozy reconoce logros en gestión humanitaria de Chávez

París, 27 de diciembre, PL, para RIA Novosti. El presidente francés, Nicolás Sarkozy, reconoció los logros alcanzados hasta hoy por su homólogo venezolano, Hugo Chávez, en su gestión humanitaria, la cual prevé sus primeros frutos con la liberación de tres prisioneros en poder de la insurgencia

En un comunicado dado a conocer la víspera por el Elíseo, el jefe de Estado agradeció los esfuerzos de Chávez y manifestó además su agrado por la actitud responsable asumida por el gobernante colombiano, Alvaro Uribe.

Chávez recibió ayer el consentimiento de Uribe para llevar a cabo un plan previo acuerdo con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) donde quedarán libres Clara Rojas, su hijo Emmanuel de tres años de edad y la ex congresista Consuelo González.

En la operación participarán delegados del gobierno de Venezuela y representantes de Cuba, Argentina, Francia, Ecuador, Bolivia y Brasil.

La nación gala estará representada por su embajador en Caracas, Hadelin de La Tour-du-Pin, según el texto del Elíseo.

Asimismo, Sarkozy expresó que Francia dará todo su apoyo en la solución de la misión y reiteró al jefe de las FARC, Manuel Marulanda, su solicitud de liberación al resto de los rehenes, en especial la franco-colombiana Ingrid Betancourt.

Las gestiones del presidente venezolano respecto al intercambio humanitario de prisioneros, en las cuales participaba también la senadora colombiana Piedad Córdoba, fueron canceladas por Uribe el pasado 21 de noviembre.

La semana pasada, las FARC enviaron un comunicado a Chávez donde expresaban su disposición a liberar a tres retenidos en un gesto de desagravio a él, a los familiares de los prisioneros y a Córdoba.

Colombia: 2.515

   

 

Claudia Korol

Pueblos


2.515. ¿Un número? Tras ese número, hay -o hubo-, 2.515 personas, 2.515 sueños, 2.515 batallas. Todas asesinadas en los últimos 21 años, por defender los derechos de los trabajadores y trabajadoras en Colombia. 2.515 sindicalistas muertos por el poder represivo del Estado, por un sistema que para sobrevivir, aniquila a quienes lo desafían. 2.515 hombres y mujeres que en el contexto de una guerra, pretendieron desarrollar la resistencia civil, el trabajo sindical, convencidos/as de que nada -ni siquiera la guerra interna- justifica el feroz avasallamiento de las conquistas obreras.

2.515. La cifra no es un número inventado. Son vidas mutiladas. En el libro editado por la Escuela Nacional Sindical (ENS) de Colombia, 2.515 o esa siniestra facilidad para olvidar, se publica la investigación realizada por Guillermo Correa Montoya, del Área de Defensa de Derechos Humanos y Laborales de la ENS. Este estudio da cuenta detallada, y analiza las características de 21 años de asesinatos sistemáticos y selectivos realizados contra sindicalistas en Colombia.

Esta situación es también denunciada en el Informe anual sobre violaciones de los derechos sindicales, publicado por la Confederación Sindical Internacional, en el que -reseñando el año 2006- se concluye que “Colombia siguió siendo el lugar más peligroso del mundo para las actividades sindicales, con 78 asesinatos, la mayoría de los cuales fueron llevados a cabo con toda impunidad por escuadrones de la muerte paramilitares, vinculados con funcionarios gubernamentales, o actuando en nombre de empleadores”. Llaman la atención en ese informe sobre la impunidad de estos crímenes, denunciando que “con relación a los 1.165 asesinatos documentados entre 1994 y 2006, solamente se juzgó a 56 personas, y nada más que 14 fueron condenadas”.

Quienes han trabajado sistemáticamente en la investigación del terrorismo de Estado en diferentes países de América Latina, saben que la impunidad es tan grave como la represión, ya que prolonga sus efectos sobre las víctimas y sus familiares, creando un imaginario de imposibilidad de justicia, de impotencia frente a las políticas de muerte protegidas por los mecanismos jurídicos y legales vigentes, que naturaliza la violencia y realimenta sus mecanismos en diferentes niveles de la sociedad.

Ser sindicalista en Colombia es un grave riesgo que puede significar la pérdida de la vida, pero que significa también vivir bajo estado de permanentes amenazas, o sufriendo prisiones, torturas/as, sufrimiento cotidiano. Es decir: 2.515 es una cifra que se multiplica varias veces, si agregamos los presos y presas políticas, las personas que viven con custodia permanente, las familias de los asesinados/as, desaparecidos/as, presos/as políticos (miles de presos y presas políticos llenan las cárceles en todas las provincias).

La Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos de Colombia (ASFADDES) denuncia, por ejemplo, que el dirigente sindical Ender Rolando Contreras García, coordinador de la oficina de control interno de la Empresa de Energía Eléctrica de Arauca (Enelar), fiscal del sindicato de trabajadores de la misma entidad y vicepresidente del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos, seccional Arauca, se encuentra detenido desde el 3 de mayo del año 2006 en la cárcel de el Barne en COMBITA (Boyacá), acusado falsamente de los delitos de extorsión, concierto para delinquir y rebelión. Antes de ser encarcelado, Ender había denunciado ante la Vicepresidencia de la República, la Procuraduría General de la Nación, la Dirección de Anticorrupción, la Contraloría General de la República, la Fiscalía General de la Nación, el Ministerio del Interior y el Ministerio de la Protección Social, una serie de irregularidades que afectaban notoriamente a las directivas de Enelar. Las denuncias generaron persecución laboral en su contra, y posteriormente un montaje judicial que motivó su captura. La detención de Ender Contreras, dice el informe de ASFADDES, es otro más de los miles de casos de colombianos detenidos arbitrariamente y encarcelados en aplicación de la “seguridad democrática”, a quienes se les viola el debido proceso y principios universales como el de legalidad, la presunción de inocencia, la investigación imparcial, el derecho de defensa y el juicio justo.

Las denuncias de este tipo se multiplican en Colombia. El Secretario de Derechos Humanos de la CUT señala las “continuas amenazas a las que estamos siendo sometidos por parte del paramilitarismo, hoy autodenominado “Las Águilas Negras Unidas de Colombia””… especificando el caso de Rodolfo Vecino, miembro de la Junta Directiva Nacional de la USO (Unión Sindical Obrera), quien ha sido amenazado de muerte dos veces en este año, después de desplazarse desde Cartagena, donde fue amenazada su familia, y sufrió un atentado su esposa. La persecución a líderes de la USO ha tomado fuertes dimensiones dada la batalla que se está desarrollando en contra de la privatización del petróleo. (Vecino es trabajador de ECOPETROL).

Vivir con miedo. Vivir con inseguridad. Vivir en permanente zozobra. Y al mismo tiempo, seguir viviendo, y no renunciar a la pelea por una vida digna. La batalla del movimiento popular en Colombia tiene contornos realmente heroicos.

La investigación minuciosa realizada por Guillermo Correa Montoya, desmiente algunos mitos, como los que consideran que el asesinato de sindicalistas es un efecto secundario de la violencia armada en el país. El análisis de los casos demuestra que “no se trata de una violencia difusa e indiscriminada. Por el contrario, la ocurrencia de homicidios contra sindicalistas está directamente vinculada a la existencia y el desarrollo de conflictos laborales, en medio de los cuales la violencia funge como eficaz reguladora. La reconstrucción histórica elaborada por la ENS demuestra que tal violencia no es simplemente la consecuencia pretendidamente lógica de la existencia de un conflicto armado interno, que afecta de manera generalizada a la población colombiana, sino que representa un conjunto de acciones deliberadas, estratégicas y sistemáticas, orientado a debilitar y desterrar el ejercicio de la reivindicación sindical y defensa de los derechos laborales” (Presentación del libro realizada por el Observatorio de derechos humanos y derecho humanitario. Coordinación Colombia – Europa – Estados Unidos / Bogotá, septiembre de 2007).

Esto queda reforzado por otros informes que demuestran que la mayor parte de las violaciones a los derechos humanos de los trabajadores sindicalizados en el país se producen como consecuencia directa del ejercicio de la actividad sindical, durante o después de los conflictos laborales, en medio de las medidas de fuerza o de acciones dirigidas a la creación de un sindicato.

Las implicancias inmediatas de estos asesinatos es el achicamiento de las prácticas sindicales, lo que hoy preocupa especialmente al movimiento obrero organizado en las tres centrales sindicales nacionales, que en su conjunto reúnen a 831.000 trabajadores y trabajadoras afiliados, lo que representa una tasa de sindicalización de alrededor del 4,5% de los 18 millones de trabajadores/as que constituyen la población ocupada y subocupada (sobre un total de 20 millones de población económicamente activa). Estos datos del año 2005 publicados en el boletín Nº 8 realizado por el Observatorio de derechos del trabajo de la ENS, expresan las dificultades para realizar concretamente prácticas sindicales y sociales, que surgen no sólo del temor y del terror, sino también de las intensas campañas realizadas desde el gobierno a través de los medios masivos de comunicación, dirigidas a criminalizar al movimiento obrero, así como a todo movimiento de la sociedad civil que resista sus políticas.

Otro factor que frena la sindicalización son las condiciones impuestas por el gobierno a las centrales de trabajadores, que establecen, por ejemplo, que sólo pueden estar sindicalizados quienes tengan contratos de trabajo. Con la extensión de la precarización laboral, grandes franjas de la población quedan fuera de estas posibilidades. También el gobierno ha rechazado el planteo realizado de la CUT en el sentido de que se admita la afiliación de los pensionados y pensionadas.

Estas imposiciones son parte fundamental de las reformas estructurales que se vienen realizando en Colombia para institucionalizar el orden neoliberal, y para que este país sirva como plataforma político militar en la estrategia norteamericana de dominación del continente, que tiene como un ariete fundamental el Plan Colombia. Estas reformas -que en lo fundamental han resultado de las recomendaciones de organismos como el FMI, el Banco Mundial o la Organización Mundial de Comercio- van apuntando a dar legalidad a las propuestas contenidas en el Consenso de Washington, como la desregulación económica, la “disciplina fiscal”, las políticas monetaristas, las privatizaciones, el ajuste contra la población, los tratados de libre comercio, cambios que significan reforzar la dominación de los grupos económicos trasnacionales dentro del bloque de poder, y debilitar hasta donde se pueda al movimiento popular.

2.515 es una cifra inmensa, si la pensamos en términos de historias de vida, historias de muertes, familias con ausencias, madres sin hijos, hijos e hijas sin padres. Sin embargo, no es tal vez ésta la cifra más significativa. En este contexto, lo que es oportuno reflexionar, es sobre ese pequeño/gigantesco 4,5% de los trabajadores y trabajadoras que mantienen su compromiso sindical; que junto a otros tantos campesinos, indígenas, estudiantes, militantes de derechos humanos, no renuncian a seguir dando batalla por una vida digna.

En estos días en que visité Medellín, para participar en la celebración del 25 aniversario de la Escuela Nacional Sindical, me quedé con muchas impresiones imborrables en la retina, en la piel, en los sentidos. La principal es la de las miradas firmes de hombres y mujeres que continúan la batalla, que enarbolan los sueños, que no se cansan de luchar. Ellas y ellos están buscando caminos para construir la paz en Colombia. Pero, aseguran, la paz tendrá que ser con dignidad, con justicia, con libertad, con autodeterminación. La paz tendrá que hacerse con trabajo, con educación, con salud, con derechos humanos, con capacidad para construir una Nación independiente, sin militarismo, sin las tropas norteamericanas paseando por sus territorios, sin dineros del Plan Colombia alimentando guerras y comprando conciencias.

La paz –dicen- tendrá que ser fruto de todas las resistencias que riegan y fertilizan la tierra; y será la puerta para que este pueblo fortalezca los esfuerzos de integración y los aires de cambio que recorren América Latina.

Batallar por la paz en Colombia es imprescindible si pensamos vivir en un continente que construya su Segunda Independencia. Levantar el clamor para que se terminen las persecuciones al movimiento popular; para que el dinero norteamericano y europeo no siga financiando la guerra, para la libertad de los presos y presas políticas, para poner fin a la impunidad, no es sólo una misión acorde con los esfuerzos de una América Latina que quiere ser libre. Es una necesidad, porque el gobierno de Álvaro Uribe, y sus políticas de guerra -inscriptas en la lógica imperialista norteamericana-, hoy son una amenaza concreta para nuestros pueblos y para el mundo entero.


Este texto recoge una ponencia de la autora presentada en la celebración del 25 aniversario de la Escuela Nacional Sindical de Colombia el pasado mes de septiembre


 

Nueva Base militar de EEUU en Colombia

Bush promueve un clima de inseguridad en la Región: ¿una instalación para reemplazar a la de Manta-Ecuador?

 

En el próximo mes de julio, en Lima-Perú, se celebrará otra de las famosas ‘Conferencias Hemisféricas’ sobre «Seguridad, Cooperación y Desarrollo» bajo la batuta de Estados Unidos de Norteamérica y su ministerio de Guerra, llamado Pentágono.

Esta Conferencia del Hemisferio Occidental ha despertado hondas inquietudes entre analistas políticos, periodistas y comunicadores sociales, sociólogos y politólogos de América Latina y, sobre todo, de Perú y Colombia, dos países previamente escogidos por Washington para trasladar la Base Militar que se estaciona actualmente en Manta-Ecuador, hasta uno de esos países.

El “Convenio” inconstitucional que adjudicó la Base de Manta a los militares estadounidenses no será renovado por el Presidente Rafael Correa, como lo anunció, acogiendo un pedido mayoritario de la opinión pública nacional, organizaciones populares y de DDHH.

En principio, el más opcionado fue Perú, pero debido a la seria oposición que comenzó a gestarse, el Pentágono, al parecer, se inclina por Colombia que, por intermedio de altos jefes militares y políticos, ya habría puesto a disposición de Estados Unidos un extenso territorio estratégico para que allí instale una nueva Base Militar más moderna y poderosa que la que existe en Manta.

Expertos consultados coinciden en aceptar que una Base en Colombia complementaría a las existentes y estaría en capacidad de controlar todas las operaciones -no sólo relacionadas con la insurgencia colombiana- sino con todo tipo de actividades políticas soberanas que se realicen en América Latina y en el Caribe.

Periodistas democráticos de Colombia, muchos vinculados a organismos defensores de derechos humanos, sostienen que personajes del Alto Mando de las Fuerzas Armadas de Colombia acogiendo la insistente petición del Pentágono ya habrían planteado la cuestión ante el ministerio de Defensa del presidente Álvaro Uribe Vélez.

Recordaron que Estados Unidos posee en Colombia, abierta y encubiertamente, tres bases militares:

1. La más grande de ellas está ubicada en el sitio Tres Esquinas en el Departamento de Caquetá.

2. Otra base militar estadounidense, aunque poco conocida, está en el sitio denominado Florencia, igualmente en el Departamento de Caquetá, en la Hacienda Larandia.

3. La tercera está situada en el Departamento de Meta, en la parte central de Colombia, en la ciudad de Villavicencio. En esta Base están acantonadas las unidades de aviación que combaten a las guerrillas de las FARC-EP y, también, la llamada «inteligencia técnica» del Pentágono.

Expertos y asesores militares norteamericanos residentes en Colombia que, aparentemente, sin motivo han comenzado a crecer en número y en equipos técnicos y armamento, ya en grupos o ya como conjunto militar asesor-operativo, presionan de manera constante a los mandos militares de las Fuerzas Armadas de Colombia interesadas en mantener y ampliar los famosos Plan Colombia y Plan Patriota, para que a su vez presionen al gobierno de Uribe, a fin de que ceda territorios para allí instalar una nueva base militar que reemplace a la de Manta.

América Latina se prepara para rechazar esa nueva ofensiva militar que Estados Unidos pretende montar en el hermano territorio colombiano con el objetivo neocolonizador de dominación total y absoluta y bajo el desgastado pretexto de la lucha contra el ‘narcotráfico’ y el ‘terrorismo internacional’.

Y en los mismísimos Estados Unidos, sectores antiguerreristas y democráticos cansados ya de sobrellevar guerras y víctimas, provocadas para restaurar una economía en crisis y para adueñarse de recursos energéticos a precio de gallina robada, levantan su voz de protesta contra esta nueva aventura militar intervencionista. Bush y el complejo militar industrial, insensibles, acercan la guerra a su territorio nacional.

¿Que la paz sea con nosotras y nosotros? Ojalá…!