¿El gobierno hace inteligencia sobre la oposición?

La contraofensiva de Uribe

Luego del desplante de Al Gore, el presidente Colombiano comenzó una campaña mediática, que bajo la excusa de defender los intereses de la nación, pretende arrinconar a los representantes de la oposición.

Para Álvaro Uribe, estos últimos días talvez hayan sidos los más difíciles desde que asumió la Presidencia de Colombia allá por el año 2002. En el plano interno, la causa que investiga los nexos de las organizaciones paramilitares con el poder político sigue adelante –que ya llevó a la cárcel a ocho congresistas de la bancada oficialista- y amenaza con salpicar al entorno cercano al Primer Mandatario.

Por su parte en el plano internacional, Uribe recibió un “duro cachetazo” cuando se enteró que el escándalo de la parapolítica comenzó a afectar su imagen hasta en Estados Unidos, momentos en que el Congreso de ese país se apronta para definir el futuro del Tratado de Libre Comercio (TLC) firmado con la nación colombiana.

Enfurecido ante los embates de la oposición, que lo acusan de tener estrechos vínculos con las organizaciones paramilitares -más precisamente con las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC)-, Uribe dio comienzo a una “contraofensiva” para así arrinconar a sus detractores.

En una rueda de prensa celebrada el pasado jueves en la Casa de Nariño, fiel a su costumbre el Primer Mandatario salió a atacar al senador del opositor Polo Democrático Alternativo(PDA), Gustavo Petro, debido a las acusaciones que este realizó en un plenario del Congreso, donde lo responsabilizó de la creación en Antioquia de varias Cooperativas de seguridad Rural (Convivir), las cuales fueron lideradas por personas que luego se convertirían en importantes jerarcas dentro de la estructura de las AUC: Salvatore Mancuso, Jorge Alfonso López, entre otros.

Furibundo porque el tema de la parapolítica llegó a Washington; una secuela de esto fue la negativa del ex Vicepresidente Estados Unidos, Al Gore, a asistir a una conferencia de la que también iba a participar Uribe; el Jefe de Estado en referencia al pasado de Petro remarcó que “eso de ser mediocre guerrillero y lúcido calumniador habla muy mal de la personalidad de la guerrilla”.

Asimismo señaló que las “calumnias” de la oposición comenzaron a provocar daños a los intereses del país en la comunidad internacional, según su opinión, a través del ataque a su persona, algunos intereses estarían buscando bloquear la ayuda militar y económica (el TLC) que el gobierno estadounidense le brinda a Colombia.

“Tengo pruebas de inteligencia militar y de Policía, de personas que dicen: Ya nos tiramos el Tratado en Estados Unidos, acusando al tal por cual de Uribe. Las coincidencias es que muchos de los críticos que han ido allá son adversarios aquí del TLC, pero no voy a hacer alusiones personales (…) Son congresistas (…) pregúntenle al doctor Peñate (…) Es que proceden muy evidentemente, no se cuidan tanto como creen cuidarse”, advirtió el Jefe de Estado colombiano.

A pesar que el director del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), Andres Peñate, rápidamente salió a desmentir que el gobierno estuviera realizando operaciones de inteligencia sobre las actividades que realizan los integrantes del PDA en Estados Unidos; varios representantes prominentes del escenario político colombiano salieron a repudiar los dichos de Álvaro Uribe.

Ante esto, el senador Jorge Robledo dijo: “Es una desfachatez que Uribe diga que la oposición está siendo seguida, infiltrada e intervenida por los cuerpos de seguridad. El Estado no puede poner fuerzas secretas, y muchas veces siniestras, para perseguir a quienes nos oponemos al régimen”.

Por su parte el líder del Partido Liberal, César Gaviria, afirmó que los dichos lo único que hacen es dejar traslucir “la manera como el presidente mira el Estado de Derecho que rige en Colombia”. Asimismo, el ex primer mandatario exigió a la Justicia que el hecho sea investigado por los distintos organismos de control.

Las preocupantes declaraciones de Álvaro Uribe no sólo conmocionaron a importantes sectores de la sociedad colombiana, sino que también produjeron repercusiones más allá de sus fronteras. Varios integrantes de alto nivel del Parlamento Europeo le mandaron una carta al mandatario latinoamericano para poder así expresarle su “asombro y preocupación” acerca del presunto “espionaje” que estarían sufriendo integrantes de los partidos políticos opuestos al TLC con Estados Unidos.

En uno de los párrafos más polémicos del escrito, los congresistas europeos reconocieron sentirse alarmados por algunas informaciones: “Según las cuales hace pocas semanas usted (Uribe) señaló públicamente a miembros de la oposición política como guerrilleros de civil, en un país en el que ese tipo de señalamientos han costado la vida a miles de colombianos y colombianas a lo largo de más de 40 años de conflicto armado”.

Para finalizar la misiva, que fue firmada entre otros por la Vicepresidenta del Parlamento, Luisa Morgantini, apeló a la buena voluntad del Mandatario colombiano para así garantizar el derecho de los ciudadanos de hacer política de manera democrática.

De acuerdo a varios analistas desde que comenzó el escándalo de la “parapolítica”, Álvaro Uribe ha venido utilizando un doble discurso para intentar así manejar la crisis surgida en el seno de su gobierno. Por un lado mientras en el exterior emplea un tono cauto y moderado, en el trajín de la política domestica fustiga fuertemente a sus detractores. Esto talvez pueda servirle para mantener el respaldo de ciertos sectores de la sociedad colombiana, pero también contribuye a incentivar el clima de violencia existente en el país.

En ese sentido, es que la actitud presidencial no contribuye en nada para intentar pacificar la difícil coyuntura que vive Colombia. A esto se suman las denuncias que existen acerca de la conformación de nuevos grupos paramilitares que ya están operando en el territorio colombiano. Una prueba de esto (y van…) es el reciente asesinato en Medellín de la líder comunitaria Judy Adriana Vergara.

Según el director de la Corporación para la Paz y el Desarrollo Social (Corpades), Luis Fernando Quijano, detrás de este hecho estarían paramilitares que operan en la zona y que también serían responsables de la muerte de otro dirigente en agosto de 2006.

El clima de violencia también alcanzó a los principales políticos relacionados con el escándalo de la “parapolítica”, como por ejemplo el senador Gustavo Petro. Este durante los últimos días denunció que uno de los jefes de seguridad de la empresa estadounidense Drummond, Julián Villate, en enero de este año se reunió con un grupo de sicarios para planificar su asesinato.

Asimismo el funcionario remarcó que tanto su madre, Clara Urrego, como sus hermanos, también han sido amenazados por medio de escritos anónimos y llamadas telefónicas.

Para finalizar, se puede concluir que la actitud “combativa” del Presidente Álvaro Uribe sólo contribuye a caldear aún más los ánimos en el escenario político colombiano. El hecho de que el mandatario apueste al discurso polarizador, en vez de apoyar tangiblemente la causa judicial que investiga los alcances de la “parapolítica, sólo contribuye a incrementar el poderío de las fuerzas paramilitares, las cuales tienen la posibilidad de mantener intacta su impunidad.

Un posible escenario, en esta situación es que los paramilitares aprovechen para intensificar los embates hacia aquellos sectores que pretenden denunciar los alcances de su poder “parapolítico”.

Nordeste Antioqueño: recursos naturales, derechos humanos y resistencia campesina

Informe especial de la Corporación Acción Humanitaria por la Convivencia y la Paz del Nordeste Antioqueño.

El Nordeste Antioqueño es una región del departamento de Antioquia, ubicada sobre la margen oriental de la cordillera central y al suroeste de la serranía de San Lucas. El Bajo Nordeste Antioqueño, que comprende los municipios de Remedios y Segovia, es una zona rica en producción minera y maderera, cuyo proceso de poblamiento por colonos tuvo origen a finales del siglo XVI, los cuales llegaron desde entonces, algunos a causa del conflicto que ha vivido el país, otros en busca de la riqueza minera. Más adelante, con la presencia de la Frontino Gold Mines, empresa estadounidense que llegó al municipio de Remedios en 1869, llegaron a la región algunos colonos provenientes del Bajo Cauca, Chocó, Córdoba, Sucre, Santander y Bolívar. Es así como surge una población asalariada de explotación artesanal minera y de pequeños propietarios de entables (lugares donde se extrae el oro).

Riquezas e intereses económicos en juego

El Nordeste Antioqueño cuenta con grandes extensiones de bosques naturales que albergan gran diversidad de especies silvestres, agua y una gran variedad de recursos que se han constituido por varias décadas como fuente económica de la población campesina de la región; la explotación artesanal del oro se ha convertido históricamente en la base económica de muchas familias, también ha sido el producto generador de muchos conflictos que le ha costado la vida o el desplazamiento a miles de campesinos.

Los intensos conflictos que se han desatado en la zona tienen su principal razón de ser en la lucha por el dominio de la explotación de estas riquezas por parte de agentes externos a los pobladores de la región (las grandes empresas nacionales y trasnacionales del oro), cuyos métodos se basan en el deterioro natural y la expropiación de tierras a campesinos, pues las minas del Nordeste Antioqueño producen un alto porcentaje del oro del país. A ello se suman las riquezas madereras, blanco de la explotación de los grandes empresarios y que se encuentran en su mayoría en zonas de reserva forestal.

A pesar de la enorme disponibilidad de recursos de la zona, no ha existido desde el gobierno una política clara que permita generar desarrollo equitativo para las poblaciones asentadas en la región. Por el contrario, quienes han llegado y gozado de los beneficios han sido los inversionistas extranjeros que desarrollan varias iniciativas de megaproyectos en la región, a través de la explotación mineral y forestal.

Hoy en día nuevas empresas hacen presencia en la zona como la Kedhada, filial de la Anglo Gold Ashanti Mines, segunda productora mundial de oro, a la cual el gobierno nacional le adjudicó 21.986 de hectáreas del territorio para el inicio de la prospección de minas de oro en el Nordeste Antioqueño, las cuales, además, en éstos momentos se encuentran en proceso de titulación, como si se trataran de terrenos baldíos, cuando en realidad están habitadas por comunidades que llevan varias décadas allí. Además, en la región se encuentran otras empresas nacionales como Mineros S.A. (antes llamada Mineros de Antioquia) las cuales se están beneficiando tanto del nuevo código minero como de la expropiación violenta de tierras. Por otro lado, la ejecución del proyecto energético-vial basado en la construcción del puente de Barrancabermeja-Yondo, que representa una plataforma de comunicación de Venezuela con el Pacifico y el resto de América Latina, también ha modificado las dinámicas sociales de la región.

Conflicto y derechos humanos

El Nordeste Antioqueño ha sido por décadas escenario de diversos sucesos de violencia que por su intensidad han dejado huella en esta zona y en sus comunidades, materializadas en masacres, bloqueos económicos, reinsersiones y desplazamientos forzados, señalamientos, intimidaciones, torturas, amenazas, pauperización de las condiciones de vida de los campesinos, entre otras formas de represión ejercida por las partes del conflicto armado, Ejército y paramilitares, principalmente. Con esto, se visibiliza así que con cada nuevo megaproyecto económico que llega a la región, aparecen nuevas manifestaciones de violencia.

Es evidente una ausencia total del Estado en temas cruciales para la comunidad, como obras públicas, salud, educación, crédito agrario y pecuario, administración de justicia, notariado y registro, en fin una ausencia civil institucional a la par de una militarización de la vida campesina.

Contrasta la riqueza en recursos naturales con la situación de pobreza y marginalidad de sus comunidades, las cuales carecen de los servicios básicos de agua potable y luz eléctrica, así como de la atención en salud y educación digna para sus hijos. La región está intercomunicada por caminos de herradura lo que dificulta el comercio (ya de por sí, restringido por el bloqueo), al encarecer los precios de los pocos productos que circulan en la región y dificultando la salida de los que se producen allí.

En educación, la zona carece de la infraestructura necesaria para atender las necesidades de los centenares de niños y niñas que la habita. Las escuelas suelen ser construidas con recursos de los mismos campesinos y los profesores, poco capacitados para la actividad, como bachilleres, a los que sin ninguna preparación pedagógica se les ofrece el cargo de docentes. Por otro lado, las condiciones de seguridad, tanto laboral como física, imposibilitan que se construya un verdadero proyecto educativo en la región.

Actualmente, no existe en todo el nordeste un centro de salud adecuado para atender las necesidades sanitarias de los habitantes de la región, que por sus características climáticas y la ausencia de medios sanitarios, expone a su población a todo tipo de enfermedades, principalmente de origen bacterial (amibiasis) o vírales, enfermedades que en otras condiciones podrían ser controladas, pero que dado el aislamiento de la región, agravado por el bloqueo económico y sanitario, en repetidas ocasiones se convierten en mortales.

En el nordeste se ha visto recrudecer el conflicto a partir de la implementación de estrategias de control que pretenden romper el tejido social, amedrentando a las comunidades, desarticulando así cualquier iniciativa campesina de organización en pro de la defensa y exigencia del respeto de los derechos humanos.

Muestra de ello ha sido la puesta en marcha por parte de las Brigadas V, XI y XIV del Ejército Nacional de operativos militares como la Operación Bolívar, implementada en el 2001 como estrategia en el marco del Plan Colombia, y la Operación Sol de Oriente III, realizada en el mes de junio de 2004 en las zonas rurales de los municipios de Yondó, Cantagallo, San Pablo y Remedios. Desde mediados del 2005 y hasta el mes de julio de 2006 el Ejército desarrolló operativos como el Centella y ahora, desde agosto 1 de 2006 ha venido efectuando la Operación Atenea (diosa de la sabiduría, la estrategia y la guerra justa) cuyo objetivo es la entrega de miles de hectáreas para la puesta en marcha de los megaproyectos viales, energéticos y de explotación de recursos.

Para hablar de la situación de los derechos humanos en el Nordeste Antioqueño se hace indispensable mencionar un antecedente importante que sin lugar a dudas generó la reconfiguración del conflicto en la región. El 12 de diciembre de 2005, 1922 hombres pertenecientes al Bloque Central Bolívar de las Autodefensas Unidas de Colombia, de los frentes Nordeste Antioqueño, Bajo Cauca y Magdalena Medio, se desmovilizaron en la vereda San Cristóbal, corregimiento de Santa Helena del municipio de Remedios. Sin embargo, hoy en día en el Nordeste Antioqueño se ha dado el resurgimiento de los grupos paramilitares hoy conocidos como las “Águilas Negras”, quienes actúan en asocio con la Fuerza Pública y se reinsertaron en las tropas del Ejército Nacional.

El campesinado del nordeste ha padecido en carne propia el recrudecimiento del conflicto, pues durante los últimos meses (entre septiembre de 2006 y abril de 2007), seis pobladores civiles han sido ejecutados por el Ejército Nacional, que generalmente van acompañados en sus filas por reconocidos paramilitares o reinsertados. Estos, cumpliendo con los requisitos de la reinserción, señalan al campesinado de ser auxiliar de la subversión. Luego, las unidades militares fingen un combate, ejecutan a los civiles, los visten con prendas militares y luego los presentan como “guerrilleros muertos en combate”. Casos como Sigifredo Castaño, Pablo Emilio Agudelo, Guillermo León Benítez, Heriberto Correa, William Sánchez y Carlos Mario García son ejemplos palpables de las ejecuciones extrajudiciales que han cometido contra la población campesina los batallones Calibío y Palagua, adscritos a la Brigada XIV del Ejército, con sede en Puerto Berrío, Antioquia.

En materia de DIH, el confinamiento, la implementación de bloqueos económicos, sanitarios y alimentarios, la no aplicación del principio de distinción y la utilización de civiles como escudos humanos son tácticas de guerra recurrentes realizadas por parte de las Fuerzas Militares, so pretexto de una lucha contrainsurgente cuyo único resultado es la violación de los derechos fundamentales del campesinado y su desplazamiento forzado, con el fin de beneficiar al gran capital extranjero y nacional, pues garantiza una rentable inversión al no tener campesinos que puedan entorpecer los procesos de adjudicación de tierras y repartición de regalías.

El refugio de Puerto Nuevo Ité

En este momento, y desde el pasado primero de abril, 400 personas se encuentran concentradas en un “campamento humanitario de refugio interno” ubicado en la vereda Puerto Nuevo Ité, como respuesta al cerco y a las presiones que la Fuerza Pública ha realizado en contra de la población civil campesina. El refugio surge como una alternativa del campesinado que lucha contra el desplazamiento forzado y el desarraigo ante las fuertes amenazas y el estado de zozobra ocasionado por los señalamientos de ser auxiliares de la subversión por parte de los miembros de la Brigada XIV del Ejército.

La población campesina refugiada en el campamento humanitario ha denunciado el acoso de soldados del Batallón Calibío del Ejército Nacional y de integrantes de la Sijín, quienes los días 10 y 11 de abril intentaron entrar al caserío pidiendo supuestamente verificar que todo estuviera bien. La presión se mantiene y los pobladores temen nuevas arremetidas.

Así mismo, desde los estamentos oficiales se ha generado una campaña de desinformación por medio de los siguientes hechos: un helicóptero de la gobernación de Antioquia arribó el 9 de abril a Puerto Nuevo Ité. En él venían la alcaldesa y el personero de Remedios y un asesor de la gobernación. Los funcionarios públicos visitaron el campamento humanitario y constataron la situación de los campesinos allí desplazados. A su regreso, el asesor de la gobernación manifestó la noche del 9 de abril en Caracol Radio de Medellín que la gente estaba refugiada por amenazas de la guerrilla y que se sentía desprotegida por la ausencia de las Autodefensas, en un nuevo intento por causar confusión en torno a la problemática de estas comunidades y desvirtuar la responsabilidad estatal en la violación a los derechos humanos.

Por otro lado, mediante comunicado público, el comando de la Decimacuarta Brigada ha afirmado que las ejecuciones extrajudiciales y las desapariciones ocurridas en la zona corresponden a “falsas denuncias” que distorsionan la realidad de los “resultados positivos obtenidos por las tropas” y se comprometen a investigar todas las muertes en combate y los posibles casos aislados para que toda irregularidad sea sancionada.

Al refugio llegó una comisión de verificación (del 12 al 15 abril) integrada por varias organizaciones sociales que constataron la situación del refugio, observando los graves problemas sanitarios que han generado enfermedades, la escasez de alimentos, el abandono de algunas veredas, además de las presiones del Ejército.

En medio de este panorama es que nosotros los campesinos del Nordeste Antioqueño hemos decidido resistir y trabajar por la búsqueda de un mejor futuro para nuestros hijos. Nos declaramos en pie de lucha por el derecho al territorio, la vida digna y el reconocimiento del campesino como actor social y político.

www.prensarural.org/spip/spip.php?article390

El largo brazo del narco-paramilitarismo colombiano

Hernando Calvo Ospina

Rebelión

“Imprudences ou connivences” -Imprudencias o connivencias- titula el articulo firmado por Laurence Mazure, en el mensual francés Le Monde Diplomatique, publicado en la edición de mayo.

Dice la periodista que el escándalo actual sobre la vinculación de altos responsables políticos colombianos con el paramilitarismo, todos relacionados con el presidente Álvaro Uribe Vélez, también ha sacado a relucir los posibles “apoyos internacionales de los que se han beneficiado los paramilitares. Incluyendo en Francia.”

En el articulo se dice que “Varias personalidades colombianas comprometidas” en la “parapolítica”, como el senador Miguel de la Espriella y Carlos Ordosgoitia, alto funcionario y director del Instituto Nacional de Concesiones, INCO, organismo de Estado, han señalado la presencia de “dos universitarios de la Sorbonne”, de origen argentino actuando como consejeros políticos de los jefes de las Autodefensas Unidas de Colombia, AUC, Carlos Castaño y Salvatore Mancuso durante una reunión ilegal y clandestina, en Railito, julio 2001.”

Continúa diciendo que según Espriella, “los dos universitarios propusieron la creación de un movimiento comunitario y político que, de cierta manera, defendiera las ideas de las Autodefensas y llevara a un proceso de paz. (1)” Por su parte, el director del INCO habría declarado dos días más tarde: “dos profesores de la Universidad de la Sorbonne, de cuyos nombres no me acuerdo, pero que ya algunos diputados habían visto en la Universidad Militar, tomaron la palabra (…) y expusieron su visión de lo que para ellos era el conflicto colombiano (…) y explicaron cómo el resto del mundo ve a Colombia. Después, ellos expusieron una estrategia cuya finalidad era convertir a las Autodefensas en “un actor político reconocido del conflicto interno” (…)”

El articulo dice que curiosamente el día anterior Ordosgoitia sí sabía el nombre de uno expositores, al haberlo mencionado durante una entrevista por Radio Caracol: Mario Sandoval, “relacionado con el Instituto de Altos Estudios de América Latina, IHEAL-Paris, con la Universidad de la Sorbonne, y la Universidad de Marne-la-Vallée.” (2)

Y aquí la periodista pasa a revelar que Sandoval también está vinculado a los “medios llamados de la “inteligencia económica””. Cuenta cómo “a finales de noviembre 2006 el sitio web de la embajada de Francia en Chile indicaba que Sandoval “universitario encargado de misión en la dirección de Inteligencia económica de la ACFCI [Asamblea de las Cámaras francesas de Comercio y de la Industria]”, fue parte de una “importante delegación” alrededor de la persona de Alain Juillet –sobrino de Pierre Juillet, ex consejero del presidente Jacques Chirac- gran patrón, próximo de los medios de la defensa, director de la Dirección General de la Seguridad Exterior, DGSE, en 2002, y nombrado recientemente por Nicolás Sarkozy como director de Inteligencia Económica en el gabinete del Primer Ministro.”

Dice la autora que en esa oportunidad se realizó un coloquio en el Museo Militar de Santiago, donde Sandoval era uno de los organizadores. En esa oportunidad la “sociedad civil colombiana” estaba “representada” por la “organización no gubernamental” Verdad Colombia. Esta organización, dice la periodista, es una “para-ONG”, que en su página web “retoma como suyos los discursos de propaganda del líder paramilitar Castaño en 1999-2000 (…)”.

Queda una pregunta flotando en el aire y necesaria a investigar: ¿quién, o qué institución del Estado francés, introdujo a este personaje en los medios académicos universitarios?

En una entrevista acordada al semanario bogotano El Espectador el 25 de febrero, el segundo “profesor” se destapó. Se trata del también argentino Juan Antonio Rubbini Melato: quien no tiene ninguna relación con la Sorbonne o el IHEAL, pero sí es “asesor político” de Castaño y Mancuso desde 1999. Según la redactora de LMD, los textos que publica en su blog llamado “Paz en Colombia”, demuestran “el desprecio total por la clase política colombiana en contraste con la exaltación fascinante de un proyecto donde “la visión de un [presidente] Uribe ligado a la institución política de las AUC está a punto de hacer un milagro”.”

No se precisa qué “milagro”. ¿Quizás el de ver realizado el paraestado, ese proyecto que viene en desarrollo desde hace más de dos décadas?.

A ese breve pero muy importante artículo se podrían añadir los datos siguientes.

Desde hace por lo menos diez años los propios paramilitares, en especial los presuntamente asesinados jefes narcoparamilitares Fidel y Carlos Castaño, venían anunciando que estaban siendo apoyados y asesorados por personajes de medios académicos en Europa, principalmente en España y Francia.

Ello nunca se ha tenido en cuenta para la más mínima investigación. Como tampoco a los gobiernos de Colombia y Francia les ha interesado investigar sobre las posibles propiedades que los Castaño poseen en Paris, “según fuentes policiales y los servicios de inteligencia”. (3) Según reconoce Carlos, a comienzos de los noventa su hermano “pagaba dos años de alquiler por una habitación en el hotel Ritz de la ciudad Luz”. (4) Uno de los hoteles más lujosos de Paris. Y es bueno recordar que en esas fechas Fidel participaba del aparato militar de Pablo Escobar, pero también era pieza clave de los servicios de seguridad colombianos en las masacres realizadas contra campesinos en las regiones de Urabá y del Magdalena Medio, por ser presuntos simpatizantes de las guerrillas.

Todo indica que desde ese tiempo se empiezan las cercanías de los paramilitares con ciertos intelectuales de derecha en Europa.

Ahora, aportando a lo informado por Le Monde Diplomatique, también se debe de decir que en los “pasillos” del Ministerio de Relaciones Exteriores de Francia se sabe que Sandoval, aparentemente experto en contrainsurgencia urbana, se ofreció ante la dirección de la guerrilla colombiana del Ejército de Liberación Nacional, ELN, como intermediario para que el gobierno francés recibiera a sus máximos dirigentes. ¿Era una trampa? ¿Una forma de buscar infiltrarla? No se olvide que ya en esos momentos Sandoval asesoraba a dos de los peores narcotraficantes, paramilitares y terroristas que ha tenido Colombia, Castaño y Mancuso.

Además sería muy importante averiguar quién o quienes, qué institución del estado involucró a este personaje en el mundo universitario francés.

Hernando Calvo Ospina es periodista y escritor colombiano residente en Francia. Colaborador de Le Monde Diplomatique.

1) El Tiempo, Bogotá, 26 de noviembre 2006.

2) La redacción de LMD contactó al director del IHEAL, quien sostuvo que Sandoval nunca ha sido profesor titular de esa Institución. Que tan sólo ha sido encargado de dictar cursos durante tiempos precisos.

3) La Dépêche Internationale des Drogues, N° 82. Observatorio Geopolítico de Drogas. París, agosto 1998.

4) Aranguren Molina, Mauricio, Mi confesión. Carlos Castaño revela sus secretos. Ed. Oveja Negra. Bogotá, 2001.

Verdades y falacias del ‘Libre Comercio’

El TLC recoloniza a Colombia: Acusación a Alvaro Uribe Vélez

Jorge Enrique Robledo

Argenpress

Es falsa -mentirosa, incluso, por parte de quienes no la esgrimen por ingenuidad- la teoría según la cual los países que más exportan son los que más se desarrollan, porque puede demostrarse que hay unos que aun cuando venden más que otros en el exterior, son más atrasados, en tanto los hay que exportan menos pero se hallan en un mayor avance. Las cifras son elocuentes. Si se compara la relación entre las exportaciones y el Producto Interno Bruto (PIB), que es como se miden estas cosas, se encuentra que en 2004 esta proporción era de 9,55 por ciento en Estados Unidos, de 11,84 por ciento en Japón, de 20,84 por ciento en Colombia, de 70,55 por ciento en Angola y de 84 por ciento en el Congo. Y a nadie se le ocurriría decir que Colombia posee un mayor desarrollo que Estados Unidos y Japón o que los países africanos citados son los más avanzados del grupo.

Acerca de convertir las exportaciones en el becerro de oro de la economía, así en el caso de Colombia pueda demostrarse que el “libre comercio” conduce es a mayores importaciones, caben otras consideraciones. ¿Para qué se exporta? Para generar actividad económica pero, en especial, para conseguir dólares, divisas, que permitan importar y contratar deuda externa. Y si las importaciones son de bienes de capital y de otras mercancías que no se producen en Colombia y son claves para su desarrollo, nadie objeta la ecuación. Pero si se exporta para importar lo que se produce, ¿no resulta mejor exportar menos y no hacerle un daño enorme a la economía nacional? Además, las importaciones de bienes suntuarios para satisfacer los gustos de unos cuantos, ¿sí justifican disminuir los salarios de los colombianos y regalar las materias primas mineras para poder exportar? ¿O es que van a negar los neoliberales que son el bajo precio de la mano de obra y de los bienes mineros las principales ventajas competitivas de las exportaciones nacionales? ¿Y cómo aceptar la tesis neoliberal de que es buen negocio exportar materias primas para importar bienes manufacturados, la misma concepción que durantes siglos les impusieron los imperios a las colonias que expoliaron?

En contraste con lo anterior, puede demostrarse que el auténtico progreso de países con condiciones de extensión y habitantes similares a las de Colombia descansa en el desarrollo y fortaleza de su mercado interno, es decir, en su capacidad para generar economía en torno a las compras y las ventas entre los colombianos, pues estas sustentan el 80 por ciento de la actividad del aparato económico, porcentaje incluso mayor en países como Estados Unidos y Japón. Y se cae de su peso que el principal propósito de los imperios al someter a otras naciones es apoderarse de sus mercados internos, lo que por esa misma razón estimula a sus pajes en Colombia a tirar cortinas de humo sobre su importancia, calificando el propio de “mercadito”.

En línea con las anteriores consideraciones también puede demostrarse que la principal fuente de inversión en los países no es la externa sino la interna, verdad que rebate la tesis neoliberal de que no importa lesionar las fuentes del ahorro nacional porque estas serán reemplazadas por inversión extranjera. Incluso, los propios flujos de Inversión Extranjera Directa (IED) que se mueven por el mundo, y que van y vienen principalmente entre países desarrollados, demuestran que país que no genere su propia dinámica de desarrollo ni siquiera es lo suficientemente atractivo para captar en forma notable a los inversionistas foráneos. En 2005, de los 900 mil millones de dólares de IED que se hizo en el mundo, el 69 por ciento fue a países desarrollados y apenas 68 mil millones a América Latina y el Caribe. Y en ese mismo año, el de mayor IED en Colombia en los últimos siete -y con una participación notable en la minería, en la cual invierten haya o no políticas neoliberales-, esta alcanzó alrededor del 5 por ciento del total de la inversión en el país, cifra que representa un porcentaje inferior al uno por ciento del total de la realizada en el mundo.

¿De lo anterior se deduce, entonces, que los países no deben exportar ni importar y que deben rechazar de plano toda inversión extranjera? Por supuesto que no. Ya se señaló que las relaciones económicas internacionales pueden ser provechosas y esa afirmación hace referencia, como es obvio, a vender y comprar y a invertir o recibir inversión, pero, eso sí, dependiendo de lo que le convenga al interés nacional y no al de los extranjeros, porque de saber instrumentar esas relaciones, entre otras cosas, depende si se logra el progreso o si este se anquilosa o retrocede. El detalle de cómo deben ser dichas relaciones supera el propósito de este texto, pero sí cabe dejar sentado que sus misterios ya fueron revelados precisamente por los países que han tenido éxito en el desarrollo del capitalismo, los cuales, en la conocida imagen del que patea la escalera por la que subió para que otros no puedan seguirlo, les imponen a sus satélites exactamente lo contrario de lo que ellos hicieron para construir su progreso, empezando por crear unos mercados internos enormes. Faltan a la verdad quienes, por ingenuos o por vivos, afirman que el “libre comercio” que se impone en el mundo fue la teoría y la práctica que usaron Estados Unidos, Francia y Japón, por ejemplo, para alcanzar la situación económica que hoy ostentan. Si algo debe repudiarse de los imperialistas de todos los tiempos y pelambres es una de las máximas que orientan sus relaciones internacionales: “Hagan lo que les digo, no lo que hago”. ¿Cómo no recordar las historias en las cuales, cuando no procedieron a sangre y fuego, los colonialistas españoles les entregaron a los aborígenes americanos espejitos a cambio de sus objetos de oro?

Poner las cosas en su sitio con respecto a la importancia que se le concede a construir la economía de un país como Colombia haciendo énfasis en la defensa y desarrollo del mercado interno y en la capacidad para generar ahorro nacional, y no en la falacia del desarrollo por la vía de las exportaciones, exige desnudar otro secreto bien guardado por los neoliberales. Es indiscutible que el avance de la economía en función principal de la fortaleza del mercado interno implica que hay que sacar de la miseria y la pobreza al mayor número de ciudadanos, porque de su capacidad de compra depende qué tanto puede crecer el aparato productivo y, con él, la propia riqueza de diferentes sectores de la burguesía. Por el contrario, el crecimiento económico basado en lo que se logre exportar tiene como uno de sus fines enriquecer a algunos, pero manteniendo en la pobreza y la miseria a porcentajes de poblaciones mayores que las “normales” en los países capitalistas avanzados. Porque quienes les compran a los exportadores no son sus compatriotas, sino los habitantes con mayores ingresos de las potencias o las pequeñas capas con capacidad de compra de los demás países subdesarrollados. La política de enriquecer a reventar a unos pocos en medio de la pobreza general, hasta el punto de poder equipararlos con los monopolistas de las naciones desarrolladas, como ocurre en el caso del mexicano Carlos Slim, no es nueva en América Latina, pero sí se profundiza con el neoliberalismo. ¿O no fueron las exportaciones de café de Colombia o las de estaño de Bolivia o las de cobre de Chile estrategias de desarrollo por exportaciones que no sacaron del atraso a los países, pero sí enriquecieron a un puñado?

Son esas concepciones reaccionarias las que en mucho explican por qué un funcionario de la ONU decía que los monopolistas latinoamericanos se parecen a sus pares de Estados Unidos y Europa, pero que, en cambio, la pobreza en estas tierras no se asemeja a la de los países desarrollados sino a la de los africanos, empezando porque en las metrópolis lo normal es que acose a un diez por ciento de la población, mientras que aquí lo corriente es que martirice a bastante más de la mitad. El secreto de tantas iniquidades latinoamericanas -que explican a la región como la de mayor desigualdad social del mundo y a Colombia como la undécima en la lista-, reside en una razón última que se ha agravado en los últimos tres lustros pero que se remonta a los inicios del siglo XX: los mandamases de estos países lograron separar su suerte personal de la suerte de sus naciones, de forma que les va bien aunque a la inmensa mayoría de sus compatriotas les vaya mal, porque unieron sus intereses a los de las trasnacionales extranjeras, las cuales, además, generan y coexisten con las más aberrantes de las corruptelas nativas. Si algo puede demostrarse en Colombia es que a todo lo largo del siglo XX nunca se ensayó un modelo económico que tuviera como fin elevar en serio la capacidad de compra de la población, concepción retardataria como la que más que los neoliberales pretenden llevar hasta el extremo.

El debate sobre el verdadero significado del “libre comercio” puede y debe librarse con el apoyo de la experiencia nacional y extranjera más reciente, pues esa política no es nueva, dado que viene aplicándose con consecuencias desastrosas desde hace años en América y el mundo. En el caso de Colombia, y de acuerdo con lo ya mencionado, ha sido la orientación de los cuatro últimos gobiernos, a partir de 1990 con el de César Gaviria Trujillo, período en el cual la economía nacional sufrió la peor crisis de su historia, con pérdidas irreparables para la industria y el agro y con el consecuente retroceso, también sin antecedentes, de todos los indicadores sociales. Y esa crisis tuvo como causas principales el gran aumento de las importaciones agrícolas e industriales -las cuales lesionaron la producción interna y generaron desempleo y pobreza-, las políticas de privatización que convirtieron en monopolios privados los monopolios públicos y que degeneraron en negocios lo que eran derechos ciudadanos, las medidas cambiarias y financieras que les otorgaron mayores garantías a los especuladores y la definitiva toma por parte del capital extranjero de áreas enteras de la economía en las que, o actuaba asociado con el Estado, o no estaba, o tenía presencias menores, tales como la minería, las finanzas, el comercio al por menor y toda el área de servicios públicos domiciliarios. Luego la decisión de suscribir el TLC con Estados Unidos, que tiene como propósito hacer irreversible y profundizar el “libre comercio”, ni siquiera cuenta a su favor con el subterfugio de poder alegar que traerá grandes beneficios para las gentes o que al menos tendrá consecuencias desconocidas, pues ya hay experiencia de sobra para anticipar lo que ocurrirá.

Y si la apertura -que fue la aplicación anticipada en Colombia de las políticas que se recogerían en la Ronda de Uruguay del GATT, las cuales le dieron vida a la Organización Mundial del Comercio (OMC)- causó los daños que causó, ¿cómo serán los que sobrevendrán con el TLC, si este puede definirse como un tratado OMC-plus, en el sentido de que con este tipo de acuerdos Estados Unidos confirma las normas de la OMC y define unas nuevas que no ha podido imponer en dicha organización?

Existen estudios de Planeación Nacional y del Banco de la República que explican, entre otras consecuencias negativas del TLC, que el porcentaje de crecimiento de las importaciones doblará el de las exportaciones, al igual que hay uno del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), del cual se hablará también, que anuncia las pérdidas que sufrirá Colombia en sus ventas a la Comunidad Andina (CAN), el principal mercado para sus bienes industriales de exportación. Además, nada permite concluir que se vaya a modificar la tendencia a tener unas exportaciones centradas en las materias primas, especialmente en las mineras, característica que refleja el corte colonial de la economía colombiana y que el neoliberalismo profundiza pero no crea, porque es obvio que para poder vender carbón, café o petróleo en el exterior no se requiere destruir los sectores agropecuarios o manufactureros que se perderán con el TLC o privatizar el sector público de la economía. Y es seguro que se fortalecerá también el control por parte de las trasnacionales de las exportaciones que pueda hacer Colombia, al igual que el de las principales empresas que se lucran de vender en el mercado interno.

Ningún colombiano se atrevería a proponer que Colombia compita en condiciones de absoluta igualdad con Estados Unidos, si no estuvieran detrás los inmensos poderes económicos que aúpan esa idea, así como la gran capacidad de engaño de los medios masivos de comunicación, los cuales se aprovechan de las ignorancias y los entusiasmos de las gentes, a las que, con el respaldo cínico de la tecnocracia neoliberal, les meten el cuento de que el problema de la competencia internacional no guarda relación con las condiciones de cada país, sino con la buena voluntad con la que las personas aboquen los negocios. Como una muestra de las tremendas desigualdades entre las partes, que convierten la competencia dentro del TLC en una ficción, sirve saber que el Producto Interno Bruto (PIB) de Estados Unidos es 129 veces mayor que el de Colombia, por lo que poner a los colombianos a competir con los gringos es tanto como enfrentar a una persona corriente con un gigante que mide tanto como un edificio de 54 pisos. Y también en tal aspecto el Tratado es peor que las normas de la OMC, porque estas, así sea con cláusulas mediocres que apenas si rozan el fondo del problema, establecen el trato especial y diferenciado entre los países, como una manera de reconocer las diferencias entre ellos. ¿Por qué si las concepciones democráticas exigen que las legislaciones internas de los países reconozcan y regulen las diferencias entre las partes -casos arrendador y arrendatario o empleado y empleador-, concediendo derechos distintos para medio proteger a los débiles, el TLC crea una igualdad mentirosa, que solo se atreven a alegar las mentalidades ventajistas para justificar el sometimiento de la parte débil por la fuerte?

El notable incremento de las exportaciones de México a Estados Unidos con el TLC suscrito por estos y Canadá (TLCAN), que pasaron de 52 mil millones de dólares a 160 mil millones entre 1990 y 2002, permite dos glosas que también prueban que ese no debe ser el camino de Colombia. La primera, que en la etapa del “libre comercio” el porcentaje de crecimiento de la economía mexicana fue el peor de toda su historia y que sus indicadores sociales son tan malos como los colombianos, y eso que tienen la válvula de escape de los millones de personas que, acosadas por el desempleo y el hambre, han tenido que emigrar a Estados Unidos. ¿Qué ocurrirá en ese país si el gobierno estadounidense decide no dejar entrar más mexicanos, ni siquiera por “el hueco” y a trabajar en condiciones miserables, cambio al que pueden conducir medidas como la infame muralla de concreto que se decidió construir en la frontera común? Y la segunda, que nadie puede soñar siquiera con que Colombia podrá exportarle a Estados Unidos en cantidades similares a las de México, por la simple e inmodificable razón de las distancias que separan a los unos de los otros.

También contiene una buena dosis de falsedad llamar al Tratado como de “Libre comercio”, porque este conduce al control de los monopolios y estos no generan ninguna libertad y porque sus disposiciones van bastante más allá de determinar en 6 capítulos las relaciones de importación y exportación de Estados Unidos y Colombia. Así, en otros 17 capítulos, el interés colombiano también se verá negativamente afectado por lo que se define en propiedad intelectual, inversiones, solución de controversias, sector financiero, telecomunicaciones, negocios transfronterizos y medio ambiente, entre otros aspectos. Y habrá un empeoramiento de las condiciones laborales del país, así este no haya quedado pactado, porque sus cláusulas empujan, en la práctica, en esa dirección, so pena de que Colombia pierda competitividad a la hora de exportar, de defenderse de las importaciones o de atraer inversionistas extranjeros.

Entre las manipulaciones sobre por qué Colombia debe firmar el TLC aparece como una de las principales el objetivo de mantener los menores aranceles que hoy pagan algunos empresarios colombianos que exportan a Estados Unidos, en razón de lo establecido por la Casa Blanca en Atpdea (Andean Trade Promotion and Drug Eradication Act)(1) Conocer, entonces, a cuánto equivalen los aranceles dejados de pagar por este mecanismo es una necesidad para pasar de la retórica neoliberal a la realidad de las cifras. De acuerdo con el empresario colombiano Emilio Sardi, la verdad de las cuentas del Atpdea es la siguiente:

“Se afirma con gran bombo que cerca de la mitad de nuestras exportaciones a EEUU están incluidas en Atpdea, pero se esconde que casi el 70 por ciento de ellas (unos 3.400 millones de dólares en 2005) serán de petróleo o sus derivados. Esas no se verán afectadas por la pérdida del Atpdea y se seguirán haciendo. La rebaja en aranceles que se obtiene en los otros productos tiene importancia para un par de sectores, pero no es grande para la economía nacional como un todo. De los 1.400 millones de dólares que se estima cubrirá el Atpdea que no son petróleo y sus derivados, las flores representarán aproximadamente la tercera parte. Su arancel es del orden del 6,5 por ciento, lo que representa una rebaja arancelaria de unos 30 millones de dólares. Sus exportadores no quisieran perderla, pues, como diría el filósofo de Palenque, es mejor ganar más que menos, pero no por eso van a dejar de venderlas. Las exportaciones de confecciones, que por la competencia china van cayendo, tienen aranceles del orden del 15 por ciento, pero nadie ha establecido cuál es el valor agregado verdadero que generan. No es presumible que el valor agregado de las operaciones de maquila llegue siquiera al 40 por ciento de lo exportado, que se estima en 500 millones de dólares. Luego la rebaja arancelaria real se ubicaría en máximo 30 millones de dólares. Y de ahí para abajo realmente ni vale la pena entrar en el detalle. De las 5.600 partidas arancelarias favorecidas, Colombia registra exportaciones apenas en 913, de las que sólo 18 exportan más de 10 millones de dólares, mientras 603 no pasan de exiguos 100.000 dólares. ¡Ni siquiera para diversificar nuestra oferta exportadora a EEUU han servido el Atpa o el Atpdea! Allá están interesados sólo en nuestros productos básicos. Es evidente que el ahorro arancelario por el Atpdea es realmente apenas del orden de unos 100 millones de dólares o, a lo sumo, 120 millones de dólares anuales. Si fuera cierto que el Atpdea es improrrogable, sería mucho más sensato buscar ayudar a los afectados con medidas como las que ha tomado el Gobierno para proteger a algunos sectores del agro contra la reevaluación que precipitarse a firmar un mal tratado, para obtener una rebaja arancelaria que no alcanza a ser el 0,1 por ciento de nuestro PIB” (Deslinde, septiembre de 2006).

Con respecto a las exportaciones de confecciones a Estados Unidos, de las que se habla tanto para defender que se mantengan a cualquier precio los aranceles otorgados por Atpdea, estas vienen disminuyendo, y seguramente van a caer más por causa de la muy dura competencia de los productores asiáticos, que actúan con salarios tan bajos que los hacen imbatibles. De acuerdo con Proexport, “las exportaciones de confecciones hacia Estados Unidos continúan cayendo. Pasaron de 195,9 millones de dólares entre enero y mayo de 2005 a 157,6 millones en 2006, una caída de 19,54 por ciento”, lo que, si no se empeoran las cosas, debe dar una ganancia por aranceles no pagados del orden de 56,7 millones de dólares a todo lo largo del año, cifra relativamente baja que en la práctica es menor si también se considera que una parte de esas ventas son exportaciones de algodón previamente importado de Estados Unidos (en 2005 dichas importaciones sumaron 116 millones de dólares).

Otra manera de mostrar que la preservación de lo obtenido por aranceles en Atpdea no tiene fuerza suficiente para justificar el TLC es conocer que ese mecanismo, que con ligeras modificaciones antes se llamaba Atpa (Andean Trade Preferente Act), se remonta a 1991, al comienzo de la apertura iniciada en el gobierno de César Gaviria Trujillo. Y luego de quince años de experiencia salta a la vista que esas rebajas arancelarias no producen un cambio de fondo en la capacidad exportadora del país y, mucho menos, en las condiciones de pobreza y miseria que avergüenzan a los colombianos ante el mundo. Para lo que sí ha servido el Atpdea es para embellecer las imposiciones estadounidenses y para ser utilizado como instrumento de extorsión a favor del TLC, al crear un grupito de ruidosos exportadores que, como gana con los menores aranceles y el Tratado, afirma que su caso es el de toda la nación, teoría que repite sin cesar -¡y sin demostrar!- la sumisa tecnocracia neoliberal. Se está así, entonces, ante el conocido caso de la carnada que oculta el anzuelo, con la diferencia de que con el Atpdea la carnada se la comen unos cuantos, en tanto el arpón se clava en la garganta del resto de los colombianos. ¿Quienes deciden en Colombia no se darían cuenta de que Estados Unidos creaba con el Atpdea una auténtica quinta columna a favor del “libre comercio” y de cualquier TLC que decidiera imponer? ¿Tampoco sabían que la Casa Blanca preparó el terreno para el TLC con Centroamérica (Cafta)(2) mediante el mismo truco de conceder temporalmente unos aranceles menores a través de diferentes mecanismos, como la ICC y CBERA, a pesar de que en el istmo ni siquiera existía el pretexto del narcotráfico?

Tampoco resiste análisis otro lugar común en defensa del TLC con Estados Unidos, necio como el que más, que dice que hay que firmarlo a toda costa por lo mucho que Colombia le compra y le vende a ese país. Cuando bien analizadas las cosas la primera conclusión que debiera sacarse de ese dato es que constituye otra prueba de la deformación que padece la economía nacional, pues lo razonable sería tener mayores relaciones con los países fronterizos, como sucede en la Unión Europea que, con todo y sus aspectos censurables, sí sirve para mostrar la importancia de fortalecer los vínculos con los vecinos. ¿No enseñan los libros de texto de economía capitalista que esta avanza mejor en aquellos mercados cuyos costos de transporte tienden a cero, que es lo que en condiciones ideales ocurre en las áreas urbanas o a nivel de países que comparten fronteras? De otra parte, desde que apareció el campesinado, una clase milenaria, se estableció que no deben ponerse todos los huevos en el mismo canasto, máxima aún más cierta en las economías nacionales que en la individuales, porque así se protegen mejor en las inevitables crisis que sacuden a unos u otros países y a unos u otros sectores, de donde nuevamente se ratifica la conveniencia de distinguir entre quienes hacen afirmaciones falsas porque ignoran y los que las expresan de manera maliciosa a sabiendas de qué se trata y cómo van ellos en el negocio.

No sobra, además, echarle números al tamaño del mercado estadounidense que se le abre a Colombia con el TLC, distinguiendo entre el potencial, teórico, y aquel al que efectivamente puede aspirarse de acuerdo con las realidades económicas de aquí y de allá y del resto del mundo, de manera que ni incautos ni astutos ganen indulgencias con las conocidas cuentas de la lechera. Porque del hecho cierto de ser “el mayor del mundo” (11,8 billones de dólares) no se deduce que sea tan grande como piensan algunos y menos que pueda conquistarse en una proporción suficiente para superar los problemas económicos y sociales de Colombia, que es de lo que se supone se trata la discusión sobre si el Tratado le conviene o no al país. Porque apenas el 8 por ciento del gasto estadounidense (1,48 billones de dólares) se destina a importaciones, dado que el resto se utiliza para adquirir bienes y servicios generados internamente. Además, 207 mil millones de dólares de importaciones son de combustibles, que se venden allí sin necesidad del TLC (Colombia vende el 1,8 por ciento). 580 mil millones de dólares se destinan a compras de vehículos y autopartes, bienes de capital y equipos, renglones de los que Colombia no vende un dólar ni lo venderá con el Tratado. Otros 200 mil millones de dólares se destinan a materias primas y elementos para la industria, y de ellos los colombianos aportan 130 millones de dólares, equivalente al 0,13 por ciento, suma que muy difícilmente podrá aumentar. Y de los algo más de 400 mil millones de dólares restantes, 370 mil millones son bienes de consumo, pero de ellos Colombia no vende nada de sus principales renglones, tales como farmacéuticos, electrodomésticos, juguetes, joyería, motocicletas, instrumentos musicales y equipos de fotografía, y tampoco hay razones para pensar que con el TLC esta situación cambiará de manera importante, porque ese mercado, como lo muestran las anteriores cifras, ya está en lo fundamental copado por los poderosos competidores del resto del mundo, los cuales incluso han capturado buena del mercado interno colombiano. ¿No es una bobería decir que porque Washington le va a eliminar a Colombia unos aranceles que en promedio son de apenas 2,7 por ciento, con eso va a cambiar la composición de las importaciones estadounidenses? ¿No es una evidente manipulación que como gran cosa se les ofrezca a los colombianos tomarse algo de las importaciones gringas de lácteos y tabaco, cuando ellas suman apenas 2.700 millones de dólares y hay que disputárselas con 28 países, y eso contando solo a los que más venden en Estados Unidos?(3)

Y es mentira, además, decir que si Colombia no firma el TLC con Estados Unidos dejará de vender en ese país o se aislará de la economía mundial. Porque lo cierto es que, exceptuando a México y Canadá, todos los principales exportadores a Estados Unidos no tienen TLC firmados con Washington. Y en lo que respecta a facilitar aún más las importaciones de bienes estadounidenses que sean benéficas para los colombianos, pues solo a un necio se le puede ocurrir que para ello se requiere de un tratado de “libre comercio”. Lo máximo, entonces, que le sucedería a Colombia sin el TLC, en sus relaciones de exportación al Imperio, sería, como ya se dijo, el aumento de los precios de venta de algunos productos que hoy se benefician con el Atpdea, cifra que, hay que reiterar, es mucho menos importante para la suerte del país de lo que afirman los neoliberales y que en todo caso es en mucho inferior a los nuevos y enormes costos que, como se verá, cobrará Estados Unidos por mantenerla. Al poner en su sitio el verdadero poder de las exportaciones para desarrollar un país, y dentro de eso los auténticos alcances del Atpdea, no es porque se niegue la conveniencia de exportar o porque se desprecie la suerte de las exportaciones que hoy se benefician con los menores aranceles a Estados Unidos, las cuales están en capacidad de competir sin esas ventajas o podrían beneficiarse, a costos infinitamente menores que los del TLC, de diversos tipos de respaldo por parte del Estado colombiano.

Si el TLC entra en vigencia no será una coyunda de menor cuantía y fácil remoción. Al convertirse en ley de la República sus 1.531 páginas (la Constitución tiene 108), dado su carácter de acuerdo internacional, adquirirá un nivel similar al de las normas constitucionales en el sentido de que nadie en Colombia, en ningún nivel u organismo del Estado, podrá aprobar algo que contradiga su texto. En el capítulo de propiedad intelectual Colombia se compromete, además, a adherir a otros 4 acuerdos internacionales que fortalecerán aún más el poder monopólico de las trasnacionales estadounidenses en estos tópicos, imposición más humillante porque en el TLC no se contempla que Estados Unidos adhiera a los tratados sobre asuntos laborales y medio ambiente de los que sí hace parte Colombia. Nada en el Tratado podrá modificarse, ni en una coma, sin la autorización de Washington, cambio que, si se logra, habrá que pagárselo con nuevas y onerosas concesiones en otro aspecto. Y su denuncia, como se llama la manera de terminarlo por decisión de cualquiera de las partes, deberá derrotar, como es obvio, las más duras presiones de la Casa Blanca.

Además, la aplicación del TLC, como ocurrió con la apertura, fortalecerá todavía más a los pocos colombianos que se lucran de sus relaciones privilegiadas con el Imperio, en tanto que aumentará el debilitamiento de quienes tienen su suerte personal atada a la de la nación, lo que agravará el círculo vicioso que ya se padece: mientras más domina Estados Unidos más se fortalecen sus correveidiles criollos y con ello más fácilmente pueden dominar las trasnacionales a Colombia. ¿Qué garantiza, por último, que, con el correr de los años, el Imperio no imponga otra tanda de condiciones aún más leoninas que las de hoy, una vez su dominación sea casi absoluta porque se hayan reducido a poco o a nada los sectores económicos colombianos que no sean extensión del capital extranjero?

Digno de todo repudio fue también el trámite que Alvaro Uribe le dio al TLC, dada su evidente lógica plutocrática y porque al final se pasó por la faja los propios puntos de vista de una parte fundamental de los sectores empresariales escogidos por él para darle un cierto viso democrático a su decisión de suscribirlo. En efecto, en nada tuvo en cuenta las reiteradas posiciones de rechazo de las centrales obreras y de todas las organizaciones campesinas, indígenas y estudiantiles del país, ni atendió al voto casi unánime y en contra del tratado de las consultas indígena, arrocera y de cultivos de tierra fría y desoyó por completo la posición de la Asociación Nacional por la Salvación Agropecuaria, agremiación que agrupa a fuerzas representativas del campesinado y el empresariado. E incluso al final, cuando llegó la hora de nona, Uribe les impuso su decisión a las principales agremiaciones de la Sociedad de Agricultores de Colombia (SAC), las mismas que durante el trámite había preferido como a las únicas dignas de tener en cuenta en el sector agropecuario.

Como se verá, el TLC, entre otros hechos graves, consolidará y hará irreversibles las pérdidas económicas de la apertura, ratificará que la salud, la educación, los servicios públicos domiciliarios, el medio ambiente y los alimentos sean vulgares negocios, le arrebatará a Colombia los principales instrumentos económicos que usaron las potencias capitalistas para desarrollarse, arruinará áreas estratégicas de la producción nacional industrial y agropecuaria, hará imposible que el país avance por los caminos de la ciencia y las tecnologías complejas, les entregará el control del ahorro nacional y de la biodiversidad a los extranjeros, le arrebatará al país los principales instrumentos que se requieren para orientar su economía y enfrentar las crisis cambiarias y financieras, definirá una justicia a la medida de las conveniencias de los negociantes estadounidenses, consolidará la toma de las principales empresas que sobrevivan por parte de los inversionistas extranjeros, generará una dependencia indeseable del comercio exterior colombiano con el de Estados Unidos, determinará una mayor pobreza y miseria de la nación, entrabará aún más la defensa y el progreso de la cultura nacional y convertirá a Colombia en una especie de colonia estadounidense, hechos todos que configuran el delito de traición a la patria que tipifica el Artículo 455 del Código Penal. Porque este es aplicable a quien “realice actos que tiendan” a someter a Colombia, “en todo o en parte al dominio extranjero, a afectar su naturaleza de Estado soberano”, pues es obvio que la independencia y la soberanía política se pierden en cualquier país en el que los extranjeros se tomen la parte principal de la economía. Y quedará en evidencia que Alvaro Uribe Vélez también violó el Artículo 457 del mismo Código, que establece la “Traición diplomática”, en la cual incurre quien en un acuerdo o relación con otro país “actúe en perjuicio de los intereses de la República”.

Notas:

1) Mediante esta ley casi todos los productos de los países andinos (exceptuando a Venezuela) pueden exportarse sin aranceles a Estados Unidos. Para Colombia las partidas arancelarias desgravadas son 5.687. El Atpdea es una decisión unilateral de Washington que termina el 31 de diciembre de 2006 y que se explicó como una compensación a estos países por sus luchas contra el narcotráfico. A Colombia solo se le otorgó una vez el Presidente Alvaro Uribe Vélez expidió el decreto 2085, que le amplió a las trasnacionales el monopolio de los medicamentos y los agroquímicos.

2) La oposición ciudadana ha impedido que el Congreso de Costa Rica ratifique dicho tratado.

3) 9 países le exportan a Estados unidos el 72 por ciento de los lácteos que importa y 19, el 65 por ciento del tabaco.

Uribe cuestionado en Estados Unidos

ANNCOL

No le podía haber ido peor a Uribe Vélez en su gira por USA. Cree que puede ‘apagar fuegos’ en los propios USA pero lo que recibió fue más que un desplante, una bofetada en la cara con los cuestionamientos de los líderes del Partido demócrata y las denuncias de diferentes organizaciones de DH y sindicales de USA. “Es esencial que el Gobierno de Colombia investigue y condene nexos entre paramilitares y autoridades colombianas, incluidas aquellas de alto nivel “. ” No se trata de solo palabras, reportes o crear unidades de la Fiscalía para investigar, sino de resultados y condenas. Progresos verdaderos “.

La gira del presidente Álvaro Uribe Vélez ha sido un completo fracaso. Ha tenido que soportar las denuncias de diferentes organizaciones por sus persistentes y consuetudinarias violaciones de los derechos humanos de los colombianos, en aplicación del Terrorismo de Estado diseñado en los centros de poder de Washington.

Muestra de ello es el enfrentamiento que –muy al estilo de Álvaro Uribe, quiere ‘pechar’ a todo el mundo- tuvo con manifestantes que denunciaban los crímenes cometidos por las fuerzas militares-narcoparamilitares del estado colombiano. Así como pronunciamientos de diferentes medios de prensa de USA y comunicados de las más diversas organizaciones defensoras de derechos humanos y sindicales en Estados Unidos.

Tampoco le fue bien en el encuentro con Nancy Pelosi, líder del Partido Demócrata, a pesar de la pretensión de Uribe Vélez de ganar su simpatía. La senadora Pelosi dijo entre otras cosas:

Nancy Pelosi _ 1: ” Felicito a quienes en Colombia han denunciado a los paramilitares y nexos con los los congresistas de la coalición uribista señalados de nexos con ‘paras’ ”

Nancy Pelosi _2 : ” El problema es que tenemos serias preguntas sobre Colombia y esperamos resolverlas con el presidente Uribe” , le dijo Pelosi a la prensa antes de entrar a la reunión.

Nancy Pelosi _3 : ” Es esencial que el Gobierno de Colombia investigue y condene nexos entre paramilitares y autoridades colombianas, incluidas aquellas de alto nivel “.

James McGovern_4: ” no se trata de solo palabras, reportes o crear unidades de la Fiscalía para investigar, sino de resultados y condenas. Progresos verdaderos “.

En resumen, la cosecha de Álvaro Uribe Vélez en esta gira, más que despejar dudas, es haber recibido directamente los cuestionamientos de importantes sectores de la sociedad estadounidense, incluídos líderes del Partido Demócrata. Es más, los manifestantes en el día de ayer le entonaban el estribillo de la canción de Radio Café Stéreo:

“Uribe, paraco, el pueblo está berraco”.

Reforma agraria y democracia

Juan Diego García

Argenpress

Cuando las revoluciones burguesas han distribuido la tierra entre los campesinos no solo se ha creado un mercado interno dinámico para el capitalismo nacional; también se ha puesto fin a formas primitivas de explotación, a sistemas arcaicos de retención de la mano de obra y sobre todo a relaciones de dominación política y social que sometían al campesinado al control de terratenientes, gamonales, comerciantes poco escrupulosos y curas de parroquia.

En América Latina estos procesos de modernización del agro solo han tenido éxito mediante revoluciones y no precisamente de la mano de la burguesía local. En la mayoría de los casos la burguesía criolla ni siquiera lo ha intentado y cuando alguna fracción progresista se lo propuso, a la reacción violenta de los propietarios tradicionales hubo que sumar la participación de las multinacionales gringas. Juntos, con el apoyo de las fuerzas armadas, grupos de mercenarios o directamente de los marines, se encargaron de frustrar tales propósitos renovadores.

La modernización del agro latinoamericano se ha realizado entonces sin un acento particular en el mercado interno, sin el objetivo de generar una capa de pequeños propietarios rurales dinámicos y emprendedores y sin preocuparse por dar fin a las formas primitivas de explotación y contratación de la mano de obra ni menos aún por superar las formas tradicionales de participación política y social del campesinado. Los avances del capitalismo en el campo han sido fruto básicamente de la modernización del latifundio y no de su abolición. El terrateniente es ahora un moderno empresario capitalista, la United Fruit Company se llama Chiquita Brand, en lugar del cura tradicional funciona la televisión y los matones de antes han sido reemplazados por paramilitares y mercenarios denominados “contratistas”. El aparcero de antaño es hoy un peón agrícola sin derechos, un paria en su propia tierra que vaga de un latifundio a otro en busca de empleo y el pequeño propietario es una figura condenada a desaparecer ante la avalancha de productos extranjeros con los cuales no puede competir.

La reforma agraria sigue siendo una necesidad de la misma manera que son tareas pendientes la reforma educativa y científica, la reforma política o la reforma urbana –para no mencionar sino las más urgentes- sin las cuales la modernidad de estos países no deja de ser un espejismo.

El capitalismo criollo no podía escoger otro camino para llegar al campo. Dada su naturaleza oligárquica y la debilidad tradicional de sus sectores progresistas lo extraño hubiese sido que las cosas ocurrieran de otra manera. Los reformadores burgueses nunca consiguieron vencer la estrecha alianza entre grandes comerciantes, propietarios rurales y empresas extranjeras. Ni ayer, ni hoy. No sorprende entonces que la exigencia por una reforma agria no encuentre eco y tan solo en Venezuela y Bolivia, donde las oligarquías tradicionales han perdido el gobierno, se adelanten programas ambiciosos de reforma de la propiedad territorial. Y no deja de ser paradójico que hoy como ayer se acuse de “comunistas” a los reformadores cuando en realidad éstas y otras son tareas históricas de la burguesía. Paradójico porque tanto en Venezuela como en Bolivia las reformas no son muy diferentes de la propuesta por Kennedy en la Alianza para el Progreso y resultan menos radicales que la reforma agraria impuesta por los estadounidenses al Japón tras la Segunda Guerra Mundial.

La cuestión agraria en Latinoamérica no solo no ha transcurrido por derroteros democráticos sino que ha sido acompañada con enormes dosis de violencia. Arrebatar la tierra a los indígenas fue política permanente durante la colonia, moderada a medias por las autoridades españolas o portuguesas que temían la total extinción de los aborígenes; fue aún mas cruel en las nacientes repúblicas y así se ha mantenido hasta la actualidad. Pero no solo sufren los indígenas; despojar a los campesinos pobres, blancos, negros o mestizos, también ha sido práctica común de suerte que el cuadro aterrador que proporciona la literatura latinoamericana al respecto nada tiene de mágico o fantástico. Es un pálido reflejo de siglos de opresión, saqueo y violencia.

Habida cuenta del proceso de aguda y desordenada urbanización de estos países cabe entonces interrogarse si a estas alturas sigue siendo necesaria una reforma agraria y si tienen sentido los esfuerzos de algunos gobiernos progresistas en este sentido. ¿Es pertinente una reforma agraria cuando la economía comercial moderna ya es la forma predominante? ¿Tiene sentido distribuir las tierras cuando el tractor domina en los campos? ¿Hay futuro para la pequeña y mediana propiedad cuando la hegemonía la ostenta la gran explotación capitalista?.

La respuesta es simple: si. La reforma agraria no solo es una necesidad social sino una medida saludable para la economía de los países latinoamericanos.

En unos casos, porque en muchas regiones a pesar del avance del capitalismo en el campo aún persisten el latifundio y el minifundio; porque al lado de millones de hectáreas desaprovechas o insuficientemente explotadas hay millones de familias sin tierras o con propiedades exiguas en un continente con elevados niveles de pobreza y miseria. No todo se puede producir en grandes explotaciones; buena parte de los alimentos resultan del trabajo intensivo de pequeñas y medianas propiedades rurales. No es ni social ni económicamente racional que mientras el ganado ocupa las mejores tierras estos países carezcan de alimentos básicos. Las vacas aquí no son sagradas como en India, pero poco les falta; de hecho su suerte es más valorada que la del campesinado pobre o la del indígena. Como si nada hubiese ocurrido en un siglo, en Latinoamérica aún es necesario distribuir tierras y crear una capa de pequeña burguesía rural y no precisamente colonizando las tierras públicas de la frontera agrícola sino afectando las tierras ociosas cercanas a los mercados de las grandes urbes.

Además, no es tan evidente que la “revolución verde” basada en la gran explotación con sus enormes gastos en energía, fungicidas, aguas, abonos químicos, escaso uso de mano de obra y un impacto sumamente negativo sobre el medio ambiente sea la fórmula salvadora y no un gran negocio que solo deja beneficios al gran capital nacional y extranjero.

En otros casos, se trata de detener la expansión cancerosa de las multinacionales madereras, mineras o de plantación que saquean las reservas forestales y de biodiversidad con la complicidad criminal de las mismas autoridades. La reforma agraria moderna tiene entonces un capítulo de defensa decidida del medio ambiente, de conservación ecológica y de ejercicio de soberanía. Por supuesto, también es necesario regular los procesos de colonización en marcha, provocados en casi todos los casos por el desalojo de los campesinos o el acaparamiento de las tierras disponibles por la gran propiedad.

La reforma agraria sigue siendo válida por los mismos motivos sociales de antes. Hay que llevar la democracia, el desarrollo social y los derechos civiles a los campesinos. Hay que romper definitivamente con los métodos primitivos y violentos que impiden a las masas rurales una participación efectiva en la vida política. En muchos países de Latinoamérica el estado es una realidad lejana y difusa y la autoridad real la ejercen los gamonales, las multinacionales, la gran empresa comercial y en algunos casos, las mafias del narcotráfico y el paramilitarismo. Esta situación solo preocupa a los gobiernos cuando el poder lo ejercen los mismos campesinos que desconocen la autoridad central y desarrollan sus formas propias de organización y gobierno (con mayor motivo cuando este poder local está vinculado a formas de resistencia armada que amenaza al sistema, como ocurre en Colombia). Reforma agraria no es solo distribuir tierra, créditos y asistencia técnica; también es un proceso social y político de emancipación y participación de las masas campesinas.

La reforma agraria es igualmente un acto de justicia con las comunidades indígenas y otras etnias que aún conservan tierras comunales pues el proceso de expropiación forzosa y violenta de tierras adquiere aquí tintes de racismo agudo y genocidio. Países como México y Guatemala, con importantes poblaciones indígenas son escenario de verdaderas guerras contra estas comunidades, siempre y en todo los casos con la finalidad de apropiarse de sus tierras. Contra los indígenas ya no solo actúa la aculturación y la perdida de identidad a que les somete la sociedad global y el abandono de las autoridades; a ello hay que agregar la violencia pura y dura de policías, soldados, bandas armadas de civiles y matones a sueldo. Inclusive un país como Colombia, con un porcentaje pequeño de etnias indígenas y de afrodescendientes, vive hoy una situación dramática de desalojo, expropiación y verdadero genocidio provocado por grupos armados al servicio de oscuros intereses nacionales y extranjeros interesados en la siembra de palma africana, petróleo, explotaciones mineras o sencillamente acaparamiento de tierras para ganadería extensiva y cultivos ilegales.

En este país, con casi cuatro millones de refugiados (alrededor del 10% de su población) una reforma agraria supondría también su retorno a las zonas rurales de las que han sido expulsados. Por el contrario, el gobierno de Uribe Vélez promueve una ley que legaliza esas expropiaciones otorgando titularidad a quien demuestre posesión en los últimos cinco años, es decir, los “narcos”, los “paras” y otros beneficiados por la violencia contra los campesinos. En las condiciones de este país, una reforma agraria tendría que empezar por la revisión minuciosa de los títulos de propiedad rural al menos durante el período que va desde la intentona de reforma agraria del presidente López Pumarejo en los años 30 hasta hoy. Habría muchas sorpresas.

Una vuelta de tuerca del “parapresidente”

Uribe quiere más Plan Colombia

APM

Un peligro para el futuro de América Latina. La decisión de Bogotá de esconder sus trapos sucios en el desván de Bush y del Pentágono.

En medio del escándalo de la `parapolítica` que ha salpicado a diversos líderes políticos en Colombia, el presidente colombiano pedirá el apoyo de Estados Unidos. Más TLC, más Plan Colombia. La `parapolítica` en Colombia ha causado mucha consternación en el país sudamericano y conmocionó los corredores del Legislativo estadounidense, tanto que el Congreso suspendió temporalmente parte de la ayuda militar de Estados Unidos aún pendiente del año fiscal 2006.

El presidente de Colombia, Álvaro Uribe viajará a ese país en busca del apoyo de George W. Bush. Según informaron fuentes diplomáticas el presidente colombiano realizará una visita a Washington la próxima semana en busca de apoyo a la segunda fase del Plan Colombia y la aprobación de un Tratado de Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos. Así analizó la cuestión el diario Corrientes Noticias, de Argentina.

El arribo de Uribe a la capital estadounidense será la noche del martes próximo y, entre el 2 y 4 de mayo, tiene previsto reunirse con funcionarios de alto rango del Gobierno del país del norte y con líderes del Congreso.

A su vez, Uribe se entrevistará con Bush, a quien notificará los “logros” de su gobierno en lo que se llama la “lucha contra el narcotráfico” y sobre la situación de los grupos armados existentes en el país sudamericanos.

Cabe destacar que la imagen política de Uribe por los escándalos de la “parapolítica”, repercutieron en la arena internacional, y su regreso a Washington se da pocos días después de sufrir el desplante del ex vicepresidente demócrata Al Gore, quien el viernes pasado se negó a compartir escenario con él en un foro ecológico.

A su vez, el ex presidente colombiano Andrés Pastrana denunció como clandestina una reunión en 2001 en la que decenas de políticos firmaron un pacto con los escuadrones paramilitares que establecía la “refundación” del Estado.

Pastrana dijo a la salida de una cita en la Corte Suprema de Justicia que su gobierno (1998-2002) no autorizó citas de congresistas con las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).

Pese a esta situación, Uribe –principal aliado de Washington en la región- buscará obtener la bendición de Bush para así continuar con sus políticas tanto económicas como militares.

En declaraciones a la prensa, la embajadora de Colombia en Estados Unidos, Carolina Barco, resaltó el avance en las conversaciones con integrantes del congreso estadounidense para lograr avanzar en temas como la aprobación del TLC y apoyos como el Plan Colombia.

Barco aclaró que el desplante del ex vice presidente Al Gore no es una posición oficial del Departamento de Estado y manifestó que tratará de persuadirlo para proporcionarle una mejor información que pueda evitar este tipo de inconvenientes.

Sin embargo, congresistas y funcionarios estadounidenses manifestaron el pasado fin de semana preocupación por el escándalo de la “parapolítica”, pero consideraron necesario continuar con la ayuda a Colombia aduciendo que no existen pruebas de vínculos entre el gobierno de Alvaro Uribe y esos grupos de extrema derecha.

Ante todo esto, para demostrar el apoyo de Washington a su principal aliado, Charles Shapiro, de la oficina para las Américas del Departamento de Estado, reiteró la postura del gobierno de Bush, que señala que es de interés para Estados Unidos ayudar a Colombia, principal destinatario de ayuda estadounidense en América Latina.

El gobierno estadounidense ha defendido la actitud de Bogotá en el escándalo de la ‘parapolítica’.

Mientras el Congreso estadounidense debate la extensión de la ayuda a su principal aliado regional y la aprobación del TLC que Bogotá y Washington negociaron el año pasado. La semana pasada, el senador Patrick Leahy resolvió poner en retención 55,2 millones de dólares liberados por el Departamento de Estado para las Fuerzas Armadas colombianas, ante preocupaciones “sobre derechos humanos” en el país.

Sin embargo, para la política exterior de Estados Unidos –sea de administración Demócrata o Republicana- Colombia y el Plan Colombia, pese al terrible escándalo de la “parapolítica” –con varios funcionarios uribistas presos o juzgados- es un factor estratégico para lograr la militarización de Sudamérica.

En ese sentido, es previsible que cuando la semana que viene se reúnan Bush y Uribe, el jefe de la Casa Blanca le otorgue nuevamente su bendición al sudamericano.

CIPAYOS

Si nuestros gobernantes actúan como cipayos, no es por coacción, sino por convicción: les gusta el sometimiento.

Altercom

Antonio Caballero*

 

Cuando sonó el himno de los Estados Unidos durante la visita del presidente George W. Bush a Bogotá, el presidente de Colombia Álvaro Uribe se puso la mano en el pecho. Dijo la prensa que “parecía uno más de la delegación americana”.

No es que lo parezca: es que lo es.

Y no sólo en los aspectos formales y simbólicos, como la postura corporal adoptada para escuchar un himno ajeno como si fuera propio, o la autorización dada sin rechistar a los guardaespaldas del visitante para que desarmaran a las tropas colombianas que se aprestaban a rendirle honores protocolarios (¿temían acaso un «falso positivo»?)

En todo, desde las disposiciones del protocolo hasta las decisiones de la defensa nacional, Álvaro Uribe se comporta como si fuera un funcionario del gobierno de los Estados Unidos, y no el Presidente de un país soberano.

En diplomacia: el apoyo irrestricto a la ilegal guerra de «defensa preventiva» de Bush contra Irak.

En la política interna, centrada toda ella en la guerra contra el narcotráfico decretada por los gobiernos norteamericanos: la fumigación de los cultivos de pancoger, de las zonas fronterizas de los países vecinos, de los parques naturales en teoría protegidos por la ley; la extradición de colombianos (bajo Uribe van 536: unos diez por semana) para que sean juzgados por jueces norteamericanos según las leyes norteamericanas por delitos que a veces no lo son en Colombia; y hasta la grotesca prohibición de la comercialización de productos legales extraídos de la hoja de coca, como las infusiones o las galletas. Y en las relaciones bilaterales, empezando por las del comercio.

En nada de eso manda Uribe; se limita a recibir y transmitir órdenes.

Claro está que no es Uribe el primer Presidente colombiano que se comporta ante los Estados Unidos como si fuera una alfombra: como un cipayo, para usar el nombre de los oficiales indios del Imperio Británico que servían de correa de transmisión entre la potencia colonial y sus propios compatriotas.

Lo han hecho prácticamente todos los que hemos tenido por lo menos desde mediados del siglo XIX, cuando Mariano Ospina Rodríguez pedía, sin conseguirlo, que Colombia fuera colonizada por el ya entonces llamado «Coloso del Norte».

Basta con echar una ojeada sobre la lista de los más recientes: es una galería de exhibicionistas del servilismo.

Andrés Pastrana, que adoptó como propio el Plan Colombia redactado por la administración Clinton y recibió los primeros centenares de consejeros militares norteamericanos.

Ernesto Samper, que aseguraba combatir el narcotráfico que había financiado su campaña presidencial “por convicción, y no por coacción”.

César Gaviria, que abrió la economía a las imposiciones del Consenso de Washington y llamó a los «marines» para que construyeran, según dijo, una escuelita en la remota playa de Juanchaco, sobre el Océano Pacífico.

Pero en el fondo tenía razón Samper. Si nuestros gobernantes (que escogimos nosotros, dentro de ciertos límites de libertad mitigada por el fraude, la amenaza y el poder del dinero) actúan como cipayos, no es por coacción, sino por convicción: les gusta el sometimiento. Dentro de algunos años los veremos lamiéndoles los pies a los dirigentes del nuevo imperio que ya se ve asomar, que es la China. Y después, a los que vayan viniendo.

No deja de ser tranquilizador, en cierto modo.

Sería mucho peor que los que mandaran de verdad fueran los nuestros.

 

Antonio Caballero

Escritor y periodista colombiano. Líder de opinión pública de ese país. Uno de los más leídos editorialistas de la Revista Semana, autor de varias obras.

Memoria y transacciones: para un debate más íntegro sobre la “para-política” y las alternativas

Carlos Alberto Ruiz

Hace una semana, el 17 y 18 de abril, se realizó en Bruselas, en auditorios del Parlamento Europeo, la II Conferencia Internacional sobre los Derechos Humanos en Colombia. Doce años después de la primera. De 1995 a 2007, ríos de sangre han anegado este país. La primera obedeció a la necesidad de interpelar tanto al propio Estado colombiano, como a la denominada comunidad internacional, a Europa, principalmente, para activar y comprometer los mecanismos que permitieran, entre otras necesidades, desmontar las estructuras paramilitares y el andamiaje de la impunidad. Ya para ese entonces, desde 1987, el gobierno colombiano había hecho gala de una enorme capacidad discursiva y de sucesivas maniobras inteligentes para contrarrestar los más graves efectos que pudieran desprenderse de la denuncia de organismos de derechos humanos, sindicatos, víctimas y organizaciones internacionales. Foros como la Comisión de Derechos Humanos de la ONU se convirtieron en campos de una dialéctica que debía arrojar claridad entre la niebla de la diplomacia.

Eduardo Umaña Mendoza fue uno de los valiosos e inolvidables defensores de derechos humanos que allí en Ginebra y en otros puntos del planeta, durante años y a través de enormes esfuerzos, demostró la responsabilidad del Estado colombiano en crímenes de lesa humanidad y la impunidad reinante para con una sagaz estrategia de guerra sucia. En 1987, tras una gira en Europa, inició un debate sobre las acciones y guías institucionales del paramilitarismo. Este pasado 18 de abril cumplimos nueve años del asesinato de Eduardo. Apenas fue recordado públicamente allí por dos europeos, uno de ellos su amigo, el profesor belga François Houtart. Para la mayoría de la concurrencia, la referencia de este recuerdo se diluyó. La memoria hace lo suyo, lo que puede, no contra el olvido sino contra la indiferencia, y a veces contra las transacciones.

La memoria, entre la materia humana de la que nace, también hace a veces recapitular para exhumar los nacimientos. Quizá por eso no se borra todavía el domingo 19 de abril de 1998, un día después del asesinato de Eduardo, cuando cientos de asistentes a las exequias se congregaron para convertir el hacer en porvenir. La semana que siguió anudó la política y el sueño a un cadáver que ya no estaba allí en la Universidad Nacional, no físicamente, aunque diera lugar a una vertiente de lo que luego se denominó algo así como un Frente social y político, que a su vez legó energías a otras convergencias.

Precisamente, coincidente con la conferencia de Bruselas, uno de los más destacados líderes del Polo Democrático Alternativo, el senador Gustavo Petro, realizó en el Congreso un debate sobre la denominada para-política: la demostración de los nexos de políticos de los círculos tradicionales con la estrategia paramilitar y sus crímenes. Siendo tan grave lo allí expuesto, vuelven a aquietarse ciertas aguas, pasada ya una semana, conocidas las respuestas de Uribe Vélez, cabecilla de aquella, aludido en el debate, además de las reacciones de diversos sectores del país y también fuera, más en los Estados Unidos que en Europa, que sigue callando como sabe hacerlo.

El debate sobre la para-política, que creímos un libro apenas abierto, de sendos capítulos y anexos, parece que ha tenido con esa escenificación una especie de epílogo, que termina lo que levemente comenzaba a descubrirse, de cara al mundo, que es en gran parte lo que desde hace muchos años las víctimas y organismos de derechos humanos ya testificaban y documentaban sin mayor eco.

Si acaba acá esa denuncia en la tribuna del Congreso, quizá otras tribunas, y mejor, otros tribunales, y quizá otras trincheras sociales, deberán acoger lo que no puede o no debe seguirse ocultando más; lo que forcejea como relato en la memoria histórica para la resignificación y dignificación, para procesos de resistencia ante crímenes e inmunidades concedidas a los verdugos y a los beneficiarios de una guerra contra los movimientos populares, que aún no se doblegan del todo.

Es en ese horizonte, de unas resistencias al terror y en las afirmaciones y aspiraciones de lucha, por verdad, justicia y reparación, y más: por construir condiciones para las alternativas, que lo tantas veces puesto de manifiesto, ahora recogido y dicho la semana pasada en Bruselas por Carlos Gaviria, Presidente del Polo, le compromete a él, como dirigente de una fuerza política, como representante decente de un montón de personas que, junto con otras fuera del Polo, en otros campos, apuestan por construir un proceso desde el cual Colombia pueda recobrar esperanzas de justicia. Decía él para referirse al deplorable curso de la anti-democracia que triunfa con respaldos foráneos, que ella es producto de una maquinaria de propaganda, de una “estrategia perversa para fingir democracia”, mientras la violación de los derechos humanos continúa.

Escuchadas esas palabras, acompañadas de la promesa de constituir una fuerza política no contaminada, recordados los esfuerzos de cientos de mujeres y hombres asesinados por hacer frente a ese régimen, viene a la mente la memoria, y a la memoria la pregunta: ¿hay en esto un compromiso serio, que honre a un hombre y a una organización política?

Nos enseñaron que no se pone necesariamente, ni a priori, en el mismo nivel penal, a quienes un día permitieron matar, de los que ordenaron y mataron (se lee hoy en la prensa colombiana, 25 de abril, en El Tiempo, cómo los paramilitares “se entrenaban para matar picando campesinos vivos”). Ya lo sabíamos. Se lee esto y se recuerda aquello. Se hace memoria de palabras, de hace una semana apenas, y de lo vivido hace años, entre muertes, desapariciones y exilios, y se pregunta otra vez: ¿dónde están hoy gran parte de los y las que permitieron cientos de crímenes? ¿dónde están los que desde altos cargos del Estado, confeccionaron, desarrollaron y blindaron tal “estrategia perversa para fingir democracia”?

El senador Petro ofertó una ambigua propuesta de acuerdo nacional por la verdad. No debe pedirse peras al olmo. Los políticos y los empresarios poderosos de hoy, que han servido al paramilitarismo y que se han lucrado con sus crímenes, debieran responder, mejor no en tribunas, sino en tribunales, sería preferible, pero no es a ellos a los que corresponde oír esta derrotada interpelación. Es a otros, que debieran asumir la cuestión de la para-política con mayor autoridad moral, emprendiendo una coherente corrección ética a su interior.

La palabra colusión existe, y tiene entre sus sinónimos: complicidad, connivencia, contubernio, pacto, alianza, componenda. La ética para la política, demanda un debate más a fondo de todas las expresiones de la para-política. La condición sine qua non de la guerra sucia en Colombia, de la democracia genocida, como la llama acertadamente Javier Giraldo, ha sido lo que Carlos Gaviria nos recuerda como “estrategia perversa para fingir democracia”, la cual ha sido hecha no en los puestos de mando militar, sino en cómodos despachos de funcionarios civiles, la mayoría cercanos a la Casa de Nariño, en Bogotá, a metros del oído del presidente.

Por allí decenas de veces cientos y cientos de amenazados por los grupos paramilitares y militares, dejaron sus testimonios y sus días. Anduvieron de oficina en oficina. Muchos fueron asesinados o desaparecidos. Otros lograron salvarse huyendo de su región y los más privilegiados emprendiendo un éxodo que los llevaría, al final, al mismo lugar. Cuando se reventaban y desgarraban el estrellarse contra un sólido muro de silencio y tergiversación levantado en foros internacionales por Gobiernos y poderes cómplices, en Ginebra, Bruselas, Londres o Madrid, donde los exitosos resultados de esa estrategia perversa se hicieron sentir, fruto de la administración de una sofisticada maquinaria que ha logrado, sin cesar, neutralizar cualquier medida contundente contra el régimen de terror que se escuda en la ficción de la democracia.

Por eso se pregunta, a propósito de la para-política, en todas sus formas; a nueve años del asesinato de Eduardo Umaña; a una semana de la declaración de Carlos Gaviria en Bruselas y del debate de Petro en el Congreso en Bogota; y tras más de doce o diez años de eficaces campañas del Gobierno colombiano. Se pregunta: ¿dónde están las palabras que reconocen el error y el horror y con las que se puede pedir perdón a las víctimas por decenas de omisiones eficientes que hicieron posible la entronización del paramilitarismo y de la impunidad? ¿Dónde está la ética que mira al futuro, de personas del Polo Democrático Alternativo que cumplieron altas e importantes gestiones funcionales a la política de un Estado que en el tiempo de sus mandatos consumó una estrategia de genocidio y de impunidad?

Se busca y no se halla por ninguna parte, todavía, declaraciones de contrición, por ejemplo de Carlos Vicente de Roux, nada menos que el Consejero Presidencial de Derechos Humanos de los presidentes Gaviria y Samper, o de María Emma Mejía, Canciller de este último, ambos hoy destacados políticos del Polo. La memoria evoca, desentierra y reconstruye cientos de casos en los que nos correspondió vivir no sólo su desplante, sino el cinismo de sus acciones en el marco de la perversión del sistema de impunidad que los contrataba. Campesinos, sindicalistas, indígenas, activistas sociales, defensores de derechos humanos, que con su digna lucha sobreviven a las consecuencias de ese arrasamiento, no olvidan la infamia del oficio de quienes se emplearon en el encubrimiento de esa política-para.

A la para-política y su complejidad, le hacen falta más capítulos, entre los que deberá escribirse uno ya no sólo sobre el papel de políticos y empresarios, colombianos y extranjeros, sino de periodistas y de algunos pastores o de algunas agencias de la iglesia, que siguieron de retorno hasta Europa la mediación que socializó gran parte de las rentables proposiciones de los paras.

La supuesta buena lección de discreción aprendida, de los tres monos sabios, que con las manos se tapan los ojos, los oídos y la boca, debe ser minada por la lucidez y la honradez de una memoria para las alternativas. “No vieron”, “no oyeron”, “no hablaban”. Pero si hablaron. Tenemos ante sí los discursos del ex consejero presidencial de Roux o de la ex canciller Mejía, y de varios más, y las terribles exculpaciones que beneficiaron al Estado, en una época de crímenes atroces. El silencio de entonces, cuando no su abierta defensa de una lógica de coartadas y evasivas que supieron transmitir desde sus cargos civiles, debe exhortarnos a invertir el valor moral de aquella máxima: “Somos dueños de nuestros silencios y esclavos de nuestras palabras”. Ellos, los que transigieron y agraciaron crímenes desde el Estado, son esclavos de sus silencios. Bertrand Russell se refirió a los “criminalmente ignorantes de las cosas que tienen el deber de saber”. Y también que “es imposible mantener la dignidad sin el coraje para examinar esta perversidad y oponerse a ella”.

Tomamos nota de sus importantes palabras, doctor Gaviria, no para un mañana en ciernes, sino para el deber de un hoy que forja complicidades o rupturas, no medias tintas (cuando en Medellín acaban de matar a una militante del Polo), y del estado de un debate, senador Petro, que sugiere que sí es posible conocer la verdad, enmendar con humildad y aportar al esclarecimiento señalando, los que conocen, por haberlos utilizado, qué mecanismos han hecho posible la barbarie y la impunidad que hoy nos repugnan.

– Carlos Alberto Ruiz es jurista colombiano y defensor de los derechos humanos.

 

La dolorosa búsqueda de las miles de víctimas de los paramilitares

Se han hallado 553 cuerpos, pero sólo 13 han sido plenamente identificados

Luz María Sierra

El Tiempo

El Tiempo se metió en las entrañas de esta búsqueda que empezó hace un año. Se han hallado 533 cuerpos, pero solo 13 han sido plenamente identificados por su ADN y 173 por prendas de vestir. Ahora se conocen datos escalofriantes: ‘paras’ dictaban cursos para descuartizar, las ‘Águilas Negras’ desentierran los cuerpos y los lanzan a los ríos y las víctimas siguen con miedo.

Preguntas sin respuesta

¿De quiénes son esos zapatos? ¿Quién era? ¿Por qué la mataron? ¿La estará buscando una anciana atormentada con el recuerdo de una hija perdida? ¿O no la está buscando nadie?

Esas preguntas que provoca esta fotografía tomada en una fosa en Facatativá (Cundinamarca) son apenas algunas de las que se hacen en Colombia -desde que se levantan hasta que se acuestan- los dolientes de entre 10.000 y 31.000 personas de las que no ha quedado rastro después de los últimos años de guerra (el primera dato es de la Fiscalía, el segundo es de la Comisión Colombiana de Juristas).

Haciendo un corte de cuentas en abril, cuando se cumple el primer año de búsqueda de fosas comunes, la Fiscalía ha recibido 3.710 denuncias de sitios en donde hallarlas; pero la mayoría no se ha podido explorar por falta de recursos: se han encontrado 533 cuerpos y lo más dramático es que solo 13 han sido identificados plenamente, es decir, con ADN. Otros 173 han sido identificados de manera preliminar (por prendas, tatuajes, etc).

Daban clases de descuartizar

Cuando en El Tiempo decidimos hacer un informe especial sobre el fenómeno de las fosas comunes comenzó a repetirse una escena en la sala de redacción: uno a uno, los reporteros que volvían de su labor, llegaban aterrados.

Pocos cubrimientos nos han sacudido de tal manera y pocos son tan difíciles de contar con palabras: por el tamaño del horror del método de muerte de los asesinos, por el dolor de las familias de las víctimas que no se aplaca y -tal vez lo más angustiante- por la sensación de que la magnitud de esta empresa desborda por el momento al país. ¿Se podrá desenterrar un porcentaje significativo de los muertos e identificarlos para aliviar a sus familiares? ¿Se logrará hacer como es debido el duelo para evitar abrir un tercer capítulo de violencia extrema en Colombia?

Los testimonios de paramilitares y los resultados de los equipos forenses permiten concluir que las Autodefensas Unidas de Colombia no solo diseñaron un método de descuartizar a seres humanos sino que llegaron al extremo de dictar cursos utilizando a personas vivas que eran llevadas hasta sus campos de entrenamiento.

Francisco Villalba, el paramilitar que dirigió en terreno la barbarie del Aro (Antioquia), en la que torturaron y masacraron a 15 personas durante 5 días, revela detalles de esos cursos hasta hoy desconocidos. “Eran personas de edad que llevaban en camiones, vivas, amarradas (…) Se repartían entre grupos de a cinco (…) las instrucciones eran quitarles el brazo, la cabeza… descuartizarlas vivas”, dice su expediente.

El uso de la motosierra no se ha visto en los cadáveres hasta ahora desenterrados. “Entre otras, no era práctico porque la motosierra se enreda en la ropa y por eso prefieren el machete”, explica un fiscal especializado en exhumaciones. El 70 por ciento de los que han desentarrado en la Costa están desmembrados con machete y la mayoría de los 106 cadáveres hallados en Putumayo -adonde Carlos Castaño exportó primero su maquinaria de muerte desde Urabá y Córdoba- recibieron un tiro en la cabeza y luego fueron partidos en cada articulación prominente.

¿Por qué descuartizar? Por un pragmatismo macabro: ante la necesidad de correr menos riesgos con jueces de aquí y del mundo por crímenes de lesa humanidad, los tenían que enterrar. Y para no tener que cavar fosas muy profundas -para ahorrar esfuerzo- lo mejor era partirlos en pedazos.

“A la medida del tronco (de la víctima) usted hace el hueco, aunque hondo. Y todas las piezas las mete. Entre cuatro o cinco mujeres hacen ese trabajo en unos diez minutos”, cuenta uno que comandó grupos de ‘paras’ en los Llanos. No parece haber explicación antropológica de querer esconder al otro, es solo una solución práctica.

Salvatore Mancuso por ejemplo confesó que para evitar que hallaran el cuerpo del líder indígena Kimi Pernía, lo sacaron de la fosa y lo echaron al río Sinú. Y fuentes informadas cuentan que antes de comenzar la negociación, el mismo Mancuso, para esconder sus crímenes, mandó a levantar tierra de una finca en Ralito que su grupo había sembrado con cadáveres. Ahora, las Águilas Negras, herederas de los ‘paras’ los están desenterrando y lanzando a los ríos, dicen investigadores.

¿Y de la guerrilla? También se han encontrado fosas, sobre todo en Cundinamarca, pero el 98 por ciento de las denuncias de las que se ocupa hoy la Fiscalía son de ‘paras’.

“A Bogotá le importa un carajo”: especialista

El capítulo de desenterrar los desaparecidos juega un papel vital si se quiere un proceso que de verdad sane heridas en el país.

Y así lo reconoce Eduardo Pizarro, presidente de la Comisión Nacional de Reparación: “Ellos (los paramilitares) buscan borrar la memoria. (…) Hay que desenterrarlos (…porque) lo más importante para la víctima es recuperar el cuerpo de su hijo”.

Uno de los grandes problemas es que este tema no parece tocar nervios críticos del país. “Cada vez como que no pasa nada. Seguimos encontrando fosas y al país como que no le duele”, se queja otro de los fiscales encargado de desenterrar. Y María Victoria Uribe, antropóloga que le ha dado cátedra al país sobre la violencia de los años 50 anota: “A la sociedad bogotana le importa un carajo que descubran 15 cadáveres en Sucre”.

En la antigua Yugoeslavia, por ejemplo, montaron un banco de ADN que les permitió identificar a 10.000 víctimas. En Colombia se están haciendo algunos esfuerzos (se aprobó un Plan de Búsqueda, a finales del 2006 se reforzó el equipo de Fiscalía: aumentó de 1 a 3 fiscales especializados y a 8 fiscales de apoyo), pero no se ha logrado completar el registro unificado de desaparecidos al que obliga la ley desde el 2000 y a los que exhuman les ha tocado hasta protegerse con la fosa como un trinchera por la presencia de grupos armados.

Pizarro asegura que el tema amerita un documento Conpes o estar en el Plan de Desarrollo. Pero por ahora, ni lo uno ni lo otro.

Cada una de las historias de las víctimas es conmovedora. Un abogado que recorrió durante ocho meses el río Magdalena buscando los restos de su hermano o la mujer de Amalfi que perdió a sus cuatro hijos y ha hurgado hasta en camiones de cadáveres tratando de encontrarlos, son apenas unas de ellas.

Hallazgos a punta de recompensas y descuentos

¿Cuántas fosas se podrán encontrar? La ubicación de las fosas las dan informantes que quieren ganarse 500.000 pesos o paramilitares denuncian para lograr una rebaja de hasta un cuarto de su condena.

Los que quieren ganar dinero a costa de los muertos se convirtieron en un escollo, pues de oidas, daban datos que les hicieron perder mucho tiempo a las autoridades. Las que denuncian los ‘paras’ son más acertadas. De hecho se aumentó un 500 por ciento desde que empezó a aplicarse la Ley de Justicia y Paz. Sin embargo, ahora no tienen claro si serán tenidos en cuenta para los beneficios y por eso, mientras en el 2006 fueron 3.214 denuncias (9 por día) en lo corrido del 2007 el promedio ha bajado a 5 por día (496). Y las denuncias de las víctimas son cada vez más escasas por el miedo: “Algunas no quieren ir con nosotros -cuenta un investigador-, pero nos dejan un palito en la noche en el sitio para guiarnos”.

¿Qué va a hacer el país? En este primer intento de la historia de Colombia por buscar la verdad de una época atroz no tendría ninguna justificación que el país urbano que vive en el siglo 21, no haga nada para evitar que el país rural siga siendo arrasado por la barbarie.

El museo de la infamia

Onofre Granados Peña, un campesino de 27 años, vestía una camiseta negra el día en que los paramilitares lo sacaron de su casa de la vereda Sacramento, en el municipio de Fundación (Magdalena). Ese fue el primer indicio para los investigadores que hallaron una prenda similar junto a un esqueleto exhumado el 23 de septiembre del 2006. Hoy está plenamente identificado.

Un escapulario con la imagen de la Virgen fue encontrado en una cueva en Chaguaní (Cundinamarca). Estaba enredado en el cuerpo de su dueño. Habían enterrado junto a él, a uno de sus amigos y a su perro.

Billetera de Winnie The Pooh. Estaba junto a los restos de un niño, cuya identificación aún falta por establecer. La osamenta del cuerpo, hallado en Cundinamarca, está triturada porque le lanzaron rocas para cubrirlo.

El día en que los mataron, Willian Arenas y Alexander Paez llevaban overoles y botas negras de caucho, con líneas rojas, marca Bata. Las Farc los confundieron con agentes de inteligencia y les pegaron un tiro en la cabeza. Era el 24 de mayo de 1999. Las botas, overoles y documentos aparecieron junto a sus restos en una vereda de Viotá (Cundinamarca), el 6 de junio del 2006.

Sandalias de mujer marca ‘Karelis Shoes’. Fueron halladas entre los restos de 34 cuerpos exhumados en junio del 2006 en dos fincas del corregimiento Mingueo, en el municipio de Dibulla (La Guajira).

Un buzo negro, de algodón, marca cotton Wers, talla M y un yin marca Ortfer, talla 32, de color verde hallados en una sepultura sin nombre en el cementerio de Berrugas, en San Onofre (Sucre), hace sospechar que los restos encontrados allí pertenecen a Julio Rafael Navarro Méndez, conocido como ‘Macayepo’. Sin embargo, falta la prueba científica.

Ocho años después de su muerte, los investigadores hallaron casi intacta la camiseta verde, de tres botones, tipo Polo, Main Stream, talla XL que Ovidio Russi vestía el día en que lo secuestraron las Farc, entre Girardot y Nilo. Se lo llevaron el 12 de Noviembre de 1998 y el 19 de septiembre del 2006 la Fiscalía halló sus restos en la vereda Ceilán, corregimiento Palmar, en Viotá.

Un cuerpo que tenía sandalias de mujer, pertenecía al ganadero Manuel Guillermo Montes. Lo encontraron cerca de María La Baja (departamento de Bolívar). La declaración de la viuda, sobre cómo los guerrilleros de las Farc se llevaron a su esposo, coincidía con el hallazgo: “Cómo salió descalzo, yo le entregué mis sandalias”.

¿Busca la prenda de un ser querido?

La Fiscalía General comenzó a publicar en una página web, fotografías de las prendas que acompañaban a algunos de los restos óseos encontrados en fosas comunes. Este museo de la infamia lo encuentra en la dirección electrónica: http://www.fiscalia.gov.co/justiciapaz/index.htm

El final de una era

Las revelaciones sobre la influencia política de los paramilitares confirman la ilegitimidad del Gobierno de Uribe

Mario Amorós

Mundo Obrero

En los últimos meses la sociedad colombiana asiste al resquebrajamiento del régimen que desde hace casi medio siglo impide la democratización del país: la alianza entre la oligarquía y los grupos paramilitares. La reelección hace un año del presidente Álvaro Uribe parecía augurar la perpetuación de una política de terror que cuenta con el aval explícito de Washington y la Unión Europea, pero las revelaciones recientes han dado la razón a la izquierda y al movimiento de derechos humanos, que durante décadas han denunciado la complicidad del ejército y los paras en el exterminio de las organizaciones populares. Frente a la crisis del régimen oligárquico, emerge la alternativa del Polo Democrático para la reconstrucción de un país saqueado por las multinacionales y violentado por el terrorismo de Estado con absoluta impunidad.

En febrero, Uribe no tuvo más remedio que reemplazar a la titular del Ministerio de Relaciones Exteriores, María Consuelo Araújo, por los escandalosos vínculos de su familia con el paramilitarismo y la Corte Suprema de Justicia ordenó la captura de tres parlamentarios afines al presidente, acusados de pertenecer a estos escuadrones y que se encuentran prófugos. Asimismo, las investigaciones judiciales y las declaraciones de los paramilitares procesados confirman que Uribe, su vicepresidente Pacho Santos, sus ministros y la ya depuesta canciller recaudaron dinero del narcotráfico y utilizaron a los paramilitares en las pasadas elecciones presidenciales, según denuncian los promotores de la Campaña Internacional Colombia 2007. Los paramilitares, una suerte de Estado dentro del Estado, cuentan con una financiación millonaria producto del narcotráfico y de las ingentes sumas que muchas empresas transnacionales norteamericanas y europeas les entregan para que asesinen a dirigentes políticos y sindicales y a líderes populares.

En una entrevista concedida a la Agencia de Prensa Rural, Eduardo Carreño, miembro del Colectivo de Abogados “José Alvear Restrepo” (integrante del Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado), señaló: “Lo que aquí se ha denominado como ‘parapolítica’ es un término que no presenta la realidad de los procesos; nosotros hablamos de terrorismo de Estado, hablamos del paramilitarismo como política de Estado, y lo que se ha venido demostrando en diferentes procesos es la vinculación de los políticos con el paramilitarismo”. Carreño recordó que Salvatore Mancuso, uno de los más sanguinarios jefes de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), afirmó en 2002 que “el 35% del Congreso Nacional es nuestro”. El objetivo último de esta alianza es garantizar una impunidad absoluta a los miles de paramilitares, que son la punta de lanza del combate del Estado contra las dos guerrillas: el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y, sobre todo, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

Las revelaciones que han sacudido Colombia tienen repercusión continental, ya que el Gobierno de Bogotá es el principal aliado de Estados Unidos en una Sudamérica que reconquista la esperanza tras la estela de Venezuela, Bolivia y ahora también Ecuador. El embajador saliente de Estados Unidos, William Wodd, dejó muy clara la posición de Washington a mediados de marzo: “La ‘parapolítica’ es la cura, no es la enfermedad; la cura es difícil, la enfermedad era la corrupción que existía antes del gobierno de Uribe”. Precisamente, el 26 de marzo el diario estadounidense Los Angeles Times citó informaciones de la CIA que confirman que el jefe del ejército colombiano, el general Mario Montoya, colaboró “extensamente” con los paramilitares.

Colombia fue uno de los primeros países de América Latina donde Estados Unidos impuso la estrategia de guerra contrainsurgente tras el impactante triunfo de la Revolución Cubana. En febrero de 1962, visitó el país un equipo del Centro de Guerra Especial de Fort Bragga (Carolina del Norte), cuyo director de investigaciones, el general Yarborough, redactó un suplemento secreto al informe en el que expresó: “Debe crearse ahora mismo un equipo en el país acordado para seleccionar el personal civil y militar con miras a un entrenamiento clandestino en operaciones de represión, por si se necesitara después. Esto debe hacerse con miras a desarrollar una estructura cívico militar que se explote en la eventualidad de que el sistema de seguridad interna de Colombia se deteriore más. Esta estructura se usará para presionar los cambios que sabemos que se van a necesitar para poner en acción funciones de contra-agentes y contra-propaganda y, en la medida que sea necesario, impulsar sabotajes y/o actividades terroristas paramilitares contra los conocidos partidarios del comunismo. Los Estados Unidos deben apoyar esto”. En 1964, en la “Operación Marquetalia”, el ejército empleó a 16.000 hombres en una “guerra sucia” contra los grupos campesinos que se resistían a la expulsión de sus tierras en el sur de Tolima y que fue el detonante de la constitución de las FARC.

En las últimas cuatro décadas Colombia ha asistido a un desarrollo creciente de organizaciones obreras, campesinas, estudiantiles, indígenas, políticas, religiosas, de derechos humanos y humanitarias que buscan respuestas alternativas a la crisis del país y son principalmente movimientos sociales y políticos de carácter pacífico, pero han sido masacrados por la alianza de los distintos gobiernos, las Fuerzas Armadas y los paramilitares.

La mejor oportunidad para la paz se dio en los años 80 a partir de la Elección Popular de Alcaldes, fruto de un proceso de diálogo entre la insurgencia y el Ejecutivo de Belisario Betancourt, que abrió un escenario de participación social y política que hasta entonces nunca había permitido la maquinaria oligárquica, con la irrupción pública de la Unión Patriótica, impulsada principalmente por el Partido Comunista Colombiano (PCC). Pero cuando la Unión Patriótica empezó a encarnar las esperanzas de justicia y democracia del pueblo, la respuesta de la oligarquía fue el exterminio de cinco mil militantes y de dos candidatos presidenciales (Jaime Pardo Leal y Bernardo Jaramillo, ambos comunistas), en un genocidio que ya empieza a reconocerse internacionalmente.

Precisamente, centenares de personas de todos los continentes han apoyado una campaña para defender el derecho a la vida y a la acción política de los militantes del Polo Democrático y Alternativo (PDA), la coalición amplia de la izquierda que en las elecciones presidenciales de mayo de 2006 alcanzó un histórico 22% con el profesor Carlos Gaviria como candidato. Uribe calificó de “terroristas de civil” e “instigadores de la violencia” a algunos de los principales dirigentes del PDA, incluido su secretario general, y acusó a su presidente, Gaviria, de simpatizar con los grupos guerrilleros, lo que significó situarles en el punto de mira de los paras.

De hecho, dos días después, un grupo paramilitar denominado Nueva Generación Águilas Negras envió a varias organizaciones sociales, sindicales, universitarias y a medios de comunicación alternativos un texto que rezaba: “Nos identificamos con la política de seguridad del presidente Álvaro Uribe, estamos con él hasta la victoria final sobre los comunistas disfrazados y los camuflados de civil que siguen sirviendo a la insurgencia de las FARC…”. 48 horas después fue asesinada en su domicilio de Apartadó (departamento de Antioquia) Carmen Cecilia Santana (28 años, madre de tres hijos), compañera de Hernán Correa, vicepresidente primero de la Central Única de Trabajadores (CUT), uno de los grandes pilares del PDA.

La realidad actual del país es lacerante: de cada diez sindicalistas asesinados en el mundo, nueve son colombianos; existen tres millones y medio de personas desplazadas dentro de las fronteras nacionales a causa de la guerra civil encubierta y decenas de miles de refugiados en el exterior; el desempleo asciende al 24%; más de la mitad de la población vive en condiciones de pobreza y una ominosa impunidad protege a los responsables de los miles y miles de casos de violaciones de los derechos humanos.

Frente a esta dramática situación, frente al escándalo que amenaza los cimientos de uno de los regímenes oligárquicos más sólidos y despiadados de América Latina, el director del semanario Voz (órgano de expresión del PCC), Carlos Lozano, declaró recientemente: “La responsabilidad política de la crisis la tiene Uribe y es inviable el régimen corrupto e ilegítimo. La única salida realista es la solución democrática y popular de la crisis, que pasa por un acuerdo nacional amplio pero sin Uribe y sin los uribistas. No puede haber acuerdos para la verdad con Uribe. Eso equivale a darle una tabla de salvación y una absurda concesión. La corrupción demostrada hasta la saciedad del Gobierno actual no puede continuar dirigiendo los destinos del país. La solución la debe dar el pueblo con su movilización y lucha. Es la soberanía popular la que sacará al tirano de la Casa de Nariño. La alternativa es un nuevo Gobierno que reconstruya la institucionalidad y cree las bases de un nuevo país en las condiciones de la paz con democracia y justicia social”.

 

Los gamonales en armas (o el fascismo criollo)

Héctor Mondragón

ZNET

Es imposible entender el fenómeno de la “parapólítica” que durante los últimos meses ha salido a la luz pública en Colombia, si no se le analiza como una evolución de las más profundas estructuras de poder de la sociedad colombiana.

Las raíces del poder paramilitar se hunden en el régimen de los gamonales característico de las diversas regiones del país y que imperó desde la disolución del ejercito libertador tras la derrota de la revolución de los artesanos en 1854. Los gamonales lograron entonces la victoria gracias a las armas provenientes de Estados Unidos, Inglaterra, Francia y Prusia. A partir de allí se convirtieron en “señores de guerra” y el país vivió sucesivas guerras civiles en las cuales sus tropas partidistas conservadoras y liberales dominaron los entonces estados federales y se enfrentaron unas con las otras.

El triunfo de los gamonales no solamente tuvo como consecuencia consolidar sus poderes locales y la propiedad de sus haciendas, sino que principalmente significó la imposición de una era de “libre comercio” internacional, que retrasó cincuenta años el surgimiento de la industria nacional, era en la cual no solamente se impuso la doctrina de los economistas liberales ingleses, sino que el país quedó regido por el Tratado de Comercio y Navegación, firmado en 1846 con Estados Unidos por el gobierno del gamonal de gamonales, el gran terrateniente Tomás Cipriano de Mosquera, que no solamente abrió las puertas del libre comercio, sino que supeditó la soberanía del país al megaproyecto del Canal de Panamá y condujo finalmente a que Colombia perdiera a Panamá en 1903.

Mal podrá considerarse entonces al gamonalismo y su régimen como un fenómeno meramente local. Por el contrario, el gamonalismo ha estado entroncado con la economía mundial y el poder internacional. El gamonal es en primer lugar un gran propietario de tierra, calidad que en su origen dependió de la corona española que adjudicó tierras y minas de oro primero a los conquistadores y luego bajo la dinastía borbónica a traficantes de esclavos y otros comerciantes que recibieron las minas y haciendas de los jesuitas, expulsados del imperio por entonces. La riqueza dependiente del gobernante de turno, la articulación al poder económico y político internacional y el entrelazamiento entre el poder local y la gran propiedad territorial, han conformado entonces la esencia del gamonalismo desde sus orígenes hasta hoy.

Lo que pudo haber sido y lo que fue

El proceso de industrialización del país desde comienzos del siglo XX pudo significar la decadencia del gamonalismo. La economía capitalista, centralización del estado, la refundación de un ejército nacional y la mentalidad moderna debían haber debilitado progresivamente hasta extinguir el gamonalismo, pero no fue así.

El gamonalismo se sostuvo a pesar de la industrialización y limitó al extremo la modernización de Colombia. Aunque los movimientos campesinos e indígenas se expandieron y lograron conquistas entre 1914 y 1946, lo cierto está en que los gamonales lograron mantener sus latifundios y finalmente consolidarlos mediante la violencia de 1946 a 1958. La base territorial del poder local de los gamonales se mantuvo y por lo mismo ese poder, de manera que como había ocurrido bajo las dinastías coloniales y luego tras cada guerra civil, el mayor cambio fue el ascenso de algunos nuevos gamonales y la caída en desgracia de algunos antiguos, es decir un recambio entre las mismas castas políticas, como resultado de la violencia o de las elecciones o de la conjunción de ambos.

Una parte importante de la industria surgió como resultado de la protección estatal a los dineros acumulados por terratenientes exportadores y comerciantes importadores, es decir a la conversión en capitales industriales del dinero de los gamonales, ya que una extensa base artesanal para la industrialización había sido liquidada por el “libre comercio” y el territorio para la transformación de los campesinos en granjeros prósperos había sido limitado por el latifundio.

Otra parte de la inversión de capital provino de inversiones extranjeras en forma de enclaves petroleros, mineros o bananeros, que lejos de cuestionar el poder de los gamonales lo estimularon y consideraron como la garantía de sus concesiones y ganancias. El gamonalismo fue el agente político y de policía más eficaz para el capital extranjero.

El Senado y la Cámara de Representantes eran elegidos bajo el predominio del poder departamental de los gamonales. Así se aseguraba que las leyes no pusieran en peligro el poder local de los gamonales ni sus latifundios y aun en pleno auge de las luchas campesinas, indígenas y obreras, en 1936, la ley agraria que buscó limitar al latifundio, contenía también las normas para aplazar indefinidamente ese proceso y finalmente esperar a que llegaran como llegaron, días más favorables para los gamonales.

El ejército fue refundado en 1907 por los autotitulados generales, de las banderías conservadoras que vencieron en la “Guerra de los Mil Días” (1899-1902), verdaderos señores de la guerra triunfantes. El propio general Reyes, presidente de entonces había sido un comerciante de exportación de quina, colonizador de la Amazonia, diseñador de megaproyectos, promotor de inversiones extranjeras, casado con una hija de latifundistas, que en la quiebra comercial se convirtió en general conservador y en gran terrateniente. El Ejercito pudo desde entonces ser controlado cercanamente por los gamonales y sus intereses “civilistas”.

Aunque las guerras civiles cesaron transitoriamente, los gamonales no dejaron de tener sus propias fuerzas armadas, en primer lugar los “celadores” de sus haciendas que seguían teniendo atribuciones territoriales de policía para controlar, reprimir y castigar en las haciendas a campesinos, indígenas y jornaleros. Policías locales y departamentales completaban el cuadro.

La Violencia de 1946 en adelante significó el cierre de las esperanzas democratizadoras. El asesinato de principal líder popular de la historia de Colombia, Jorge Eliécer Gaitán, el 9 de abril de 1948, resumió la decisión del gamonalismo tradicional de mantener a sangre y fuego el statu quo. Dos millones de personas fueron desplazadas forzadamente, doscientos mil asesinadas, los campesinos desplazados o asesinados perdieron 350 mil fincas. Lo que ahora se denomina como “paramilitares” se conocía entonces como “pájaros”, tropas ilegales asesinas que al amparo de la policía del régimen y de su propio ejército, asolaban campos y poblaciones. Para los políticos tener acceso a bandas armadas significó una fuente de poder, en tanto que nuevas fortunas se cocinaron al lado de La Violencia, que permitió controlar los comercios locales y el contrabando internacional de café y licores.

La “paz” posterior a 1958 se hizo a costa de la más original maniobra antidemocrática, decretada mediante plebiscito: los partidos liberal y conservador se repartieron milimétricamente y por mitad todos los cargos públicos y se turnaron en la presidencia de la República por mandato Constitucional. No se hubiera podido diseñar mejor artificio para el ejercicio civilizado de la dominación de los gamonales.

Todo el esfuerzo modernizador de economistas y políticos como Carlos Lleras Restrepo con toda la maraña de instituciones estatales modernizadoras, chocaron como contra una muralla con el reino constitucional de los gamonales, que bajo la asesoría de la Misión Militar de Estados Unidos, consideraron un peligro las pequeñas zonas donde se habían establecido guerrilleros que firmaron la paz en 1958. Como evocando el destino inevitable decidieron que si no se extirpaba semejantes “repúblicas independientes” se convertiría en “focos guerrilleros”. En 1964 atacaron Marquetalia y otras colonizaciones de campesinos ex guerrilleros y los reconvirtieron en guerrilleros.

Otra vez en armas

Provocados los focos guerrilleros y medida que se extendían, los gamonales tenían el pretexto para volver a las armas. La Sociedad de Agricultores de Colombia en nombre de los grandes propietarios rurales había solicitado desde 1963 al gobierno, autorización para organizar “Autodefensas” que los protegieran de las guerrillas. La respuesta llegó tras el ataque a Marquetalia con el decreto 3398 de 1965 que ordenaba crear las “juntas de autodefensa”, norma que se convirtió en ley 48 de 1968. Según un manual militar, cada batallón del ejército debía organizar una de estas juntas, integrándola con las personas notables del lugar, léase los gamonales latifundistas y los capataces de las transnacionales.

Las juntas de autodefensa estaban pues diseñadas para ser el correaje entre el poder local, las empresas extranjeras y el ejército.

Un “nuevo” elemento lo constituyó desde mediados de los años 70, el ingreso de la mafia en las juntas de autodefensa. El gobierno de Misael Pastrana y los dos partidos tradicionales acababan de sepultar el tímido intento de reforma agraria iniciado por Lleras. La colonización se predicó desde el estado como remedio recetado a los campesinos sin tierra y en las tierras lejanas, sin vías de comunicación ni servicios, los campesinos comenzaron a refugiarse en los cultivos ilegales, primero de marihuana y luego de coca. La colonización, de solución contra la reforma agraria se convirtió en el problema: los campesinos allí tenían dinero y ganaban poder, se organizaban y hacían marchas y paros. La guerra se ensañó contra las regiones de colonización, donde bajo el pretexto de la guerra contra las drogas, los gamonales aplastaban la resistencia campesina, se aliaban con los capos de la mafia y controlaban el narcotráfico. Fue el modelo de Puerto Boyacá, Puerto Berrío, Puerto Triunfo y buena parte del sur del Magdalena medio, que se extendió por el país. A la vez que terminaba la repartición constitucional liberal-conservadora, se imponía la guerra en el campo.

¿Era realmente la conjunción de la mafia y los gamonales algo totalmente nuevo? Durante La Violencia de 1946-58 las mafias de contrabandistas, especialmente de café, estuvieron entrelazadas con los grupos armados y convirtieron su dinero en dominio político después de la “paz”. De hecho la tradicional actividad de los gamonales apoderándose de dineros públicos, de la inversión social y los contratos de comisiones por las compras y concesiones del estado, fue siempre una actividad criminal que puso a los políticos tradicionales en calidad de mafia lista a relacionarse con otras actividades mafiosas. La explotación y comercialización ilegal de las esmeraldas fue una actividad que se ligó a la política de las regiones mineras que terminaron gobernadas por los padrinos esmeralderos convertidos en gamonales con tropas propias, a veces legitimadas como empresas de seguridad o juntas de autodefensa. Cuando se discutía la ley de regalías, los esmeralderos lograron que se les fijara apenas una simbólica, tras la declaración clara de que ellos eran en estado en las regiones mineras y ya tenían que gastar bastante en ello.

La junta de autodefensa de Bogotá fue un ejemplo de presencia de la mafia esmeraldera que se codeaba con terratenientes y transnacionales y desde luego con oficiales de la policía y militares. Algunos de los jefes de tropa de los esmeralderos, se convirtieron en narcotraficantes, caso de Gonzalo Rodríguez Gacha y estos cada vez más adinerados mafiosos se convirtieron en los personajes centrales de muchas juntas de autodefensa y llegaron a financiar el entrenamiento de las “Autodefensas” como un ejército, pagando a connotados mercenarios ingleses (como Peter McAllesee), surafricanos e israelíes (como Yair Klein). Estos mercenarios habían sido (en Malasia o Angola) y después siguieron siendo (en Sierra Leona o el Congo) estrellas de las transnacionales en las guerras de otros países. Los Señores de la Guerra entrenados por ellos se sostienen en varios lugares del mundo con el oro, el petróleo y los diamantes, pero también, como en Colombia, con el narcotráfico y otros negocios ilegales, como el robo de combustible de los oleoductos del estado, el robo de los fondos de solidaridad para la salud de los pobres, los contratos para vivienda popular y cualquier fondo público al que el sistema electoral aprisionado les pueda dar “democrático” acceso.

El carácter internacional de la asociación de los Señores de la Guerra con la mafia se extiende también a los ejemplos internacionales de asociación del latifundio, el gamonalismo político y la mafia; Italia ha sido un ejemplo de semejante asociación. Por ejemplo la mafia calabresa denominada ‘ndrangheta, conjuga cuatro aspectos:

I. Expropiación mafiosa: Coacción armada para que los pequeños propietarios vendan tierras en zonas que se van a valorizar.

II. Apropiación de los subsidios de la comunidad europea, en especial los entregados a los productores de oliva y aceite de oliva.

III. Apropiación de áreas para cultivos ilegales o de los cultivos ilegales.

IV. Influencia política para legalizar la apropiación de subsidios y de tierras y preservar sus negocios urbanos.

No por casualidad los paramilitares del departamento colombiano de Córdoba resultaron ligados a la ‘ndrangheta como sus proveedores de cocaína para el mercado italiano y español.

La paz democrática ahogada

Frente a las demandas crecientes de apertura democrática, el surgimiento de nuevas fuerzas políticas y los acuerdos de paz que permitían estos procesos, la consolidación de los Señores de Guerra, región por región, resultó el remedio efectivo de los gamonales contra cualquier cambio estructural. Cualquier movimiento a favor de la reforma agraria era aplastado.

Los procesos de descentralización desatados desde 1986 lograron la democratización en ciertos municipios y regiones, pero las tropas de los gamonales se encargaron en la mayoría de los casos de ahogar las transformaciones locales. En estas condiciones la descentralización se fue convirtiendo cada vez más en una fuente de poder de los gamonales y los recursos locales en una fuente de las arcas de los Señores de Guerra. Los sectores sociales democratizadores no pudieron prevalecer contra el gamonalismo ni en las administraciones municipales ni en las departamentales y fueron avasallados por la fuerza del clientelismo y del paramilitarismo.

Pero hay que reconocer que en algo los Señores de Guerra han accedido a la modernidad: su maquinaria de muerte ha servido al capital para destruir los derechos laborales de los trabajadores, mediante la destrucción de sus sindicatos y el asesinato de miles de sus dirigentes y activistas consecuentes.

El sello moderno del paramilitarismo consiste en su carácter antiobrero neofascista que ha logrado aplastar los derechos de los trabajadores colombianos y servir a los apetitos de transnacionales, como ha quedado demostrado en el caso de Chuiquita Brands y seguramente quedará demostrado en el caso de otras. El hecho de que la Chuiquita sea la misma United Fruit, autora intelectual de la masacre de los obreros huelguistas el 6 de diciembre de 1928, muestra la continuidad entre los esbirros armados y sus amos del gran capital extranjero. Si la Anglo Gold o cualquier otra empresa “surafricana” está detrás de los Señores de Guerra en el Congo, los mercenarios anglo-surafricanos han entrenado a los gamonales en armas en Colombia. La proliferación internacional de Señores de la Guerra es enteramente funcional para el neoliberalismo que requiere a la vez desmantelar cualquier intervención social del estado y fortalecer la capacidad de coacción de violencia para reprimir las movilizaciones popular y para imponer el saqueo de los recursos.

El triunfo de las tropas de asalto

El paramilitarismo ha sido usado como tropa de asalto fascista contra los sindicatos y contra la oposición política y social. Una vez instaurado el reino del terror, la victoria electoral de los fascistas era un hecho y se consolidó con la elección de Alvaro Uribe Vélez, quien como gobernador de Antioquia se había ganado la confianza de los gamonales en armas y aprovechó como ninguno la impopularidad de las tácticas de las guerrillas.

Al momento de la victoria de Uribe, como ahora sale a la luz, los jefes políticos tradicionales habían llegado a acuerdos programáticos con los paramilitares de sus regiones, que les garantizaba su elección como senadores, representantes, gobernadores, diputados o alcaldes, dejando establecida la repartición de los presupuestos locales entre los paramilitares y sus clientelas y definida la lucha por la refundación fascista del país. Los políticos que se quedaban fuera de estos acuerdos eran marginados y si se rebelaban eran secuestrados o simplemente asesinados. Dado que los Señores de Guera tomaban fuerza propia y terminaban como gamonales o rectores de los gamonales, hubo connotados latifundistas o comenrciantes que se convirtieron en jefes paramilitares para dirigir ellos mismos sus tropas y eliminar la deslealtad de sus carniceros.

Los partidos uribistas están llenos de parapolíticos, que en el Congreso votaron la llamada “Ley de Justicia y Paz” que reguló el acuerdo entre paramilitares y gobierno. Hoy en Colombia por virtud de las leyes que han aprobado, la pena de cárcel que puede recibir un paramilitar por cortar en pedazos a centenares de personas es la misma que puede recibir un campesino por sembrar una semilla patentada por Monsanto.

El para-congreso ha aprobado y sigue aprobando leyes que tratan de legalizar sus despojos. Por ejemplo la de prescripción, ley 731 de 2002 que redujo a la mitad los plazos para que una persona despojada de su propiedad pueda reclamarla. Han aprobado una reforma laboral que han despojado a los trabajadores de derechos y dinero y a la vez, leyes que exoneran de impuestos a las plantaciones de palma aceitera y caña de azúcar y a las explotaciones forestales. Ahora se pretende aprobar un Estatuto Rural que legaliza escrituras fabricadas en las notarías, subordina a los planes de “desarrollo” la titulación de tierras a los indígenas o afrocolombianos y permite adjudicar extensiones ilimitadas de selva a grandes empresas que siembren palma de aceite para producir agro-diésel. El presidente de la República ha llegado recientemente a pedir a los para-congresistas que voten rápido las leyes que faltan antes de que los pongan presos.

Si el para-congreso funciona, la para-administración no cesa. Por ejemplo se ha intentado imponer a las comunidades afrocolombianas el arriendo de sus territorios colectivos a las empresas de palma aceitera que ya los han invadido por la fuerza de los paramilitares.

La guerra entre señores

Una característica esencial del triunfo de los Señores de Guerra está en que provoca la guerra entre ellos. Cual asaltantes de banco que se comportan con toda solidaridad durante el atraco, salen después a matarse entre sí a la hora de repartirse el botín.

Una de las razones por las cuales en Colombia los fascistas no han logrado establecer un régimen fascista ha sido el estallido de las contradicciones entre los jefes de las “Autodefensas”. Bogotá estaba a punto de caer bajo el control de los paramilitares, que habían copado todas las actividades mafiosas, controlado el narcotráfico al por menor, la prostitución, el robo. Habían penetrado empresas de seguridad privadas, controlado las ventas ambulantes y cualquier actividad callejera. Controlaban los suburbios como Ciudad Bolívar. Faltaba el golpe final.

Pero la guerra en el Meta y en Bogotá, entre el Bloque Centauros de Carlos Castaño y las Autodefensas del Casanare de Martín Llanos, salvó a Bogotá. Más porque derrotados los del Casanare, del Bloque Centauros se escindieron los Héroes de los Llanos que no dudaron en asesinar en las goteras de Bogotá a los jefes políticos de los Centauros y luego en su propio territorio a su jefe militar.

No han sido estas las únicas guerras entre paramilitares. En el Magdalena Carlos Castaño se enfrentó contra Hernán Giraldo, caído en desgracia por asesinar un agente de la DEA, con la que castaño siempre se llevó bien a pesar de sus negocios. Jorge 40, de una familia de gamonales de Valledupar, emergió como ficha de Castaño contra Giraldo, para luego asumir el mismo la jefatura de sus tropas y dirigirlas contra los Gnecco, gamonales también y competidores de los Araujo por el dominio de la región. Luego Jorge 40 se lanzó a conquistar Sucre y Bolívar en desmedro de los jefes paras locales.

Castaño en Medellín enfrentó al Bloque Nutibara encabezado por el narcotraficante Don Berna, contra el Bloque Metro, que fue aplastado. En Córdoba, Mancuso instauró su propia rosca en los cargos locales y desalojó a la gente de confianza de Castaño. El lugarteniente de Mancuso, el Comandante Andrés salió por su parte a hacerle la competencia y quiso ser candidato a la Cámara de representantes por cuenta de los gamonales competidores de Mancuso, pero terminó asesinado. En Urabá El Alemán y Vicente Castaño disputan cada uno por su lado el poder a Mancuso. La lista de las guerras entre paras no para. No solamente produce muertos en sus filas y cambios en el control de los negocios, la política y las tierras de regiones enteras, sino que resulta en mutuas delaciones y destapes que han avivado los escándalos de la parapolítica, pues cada bando no duda en hacer saber los pecados de sus competidores para eliminar a un futuro adversario electoral.

Aunque la guerra entre sus propios partidarios es la amenaza más grande que conspira contra Uribe, es muy difícil que pueda detenerla. Los Señores de Guerra no tienen un interés general. Los une su odio al movimiento popular, pero una vez se hacen fuertes no pueden resistir la necesidad de expandir sus feudos a costa de los de sus compinches. Carlos Castaño al fundar las Autodefensas Unidas de Colombia aspiraba a que fueran un ejército disciplinado del régimen del capital transnacional, y en ese empeño tenía todo el apoyo de los empresarios y la aristocracia. Pero la mona aunque se vista de seda mona se queda, sus propios intereses y los de los demás paras no podían dejar de chocar. Cualquier para quiere ser el jefe único pero ninguno puede tolerar que otro lo sea.

El programa parapolítico y la resistencia civil

La carta que le queda por jugar al uribismo es el cumplimiento del programa interno e internacional de Bush. Aprobar (antes de que los tomen presos) el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos TLC y sus leyes complementarias y servir de cuña contra los procesos populares en Ecuador, Venezuela, Bolivia y otros países de América latina. Contra estos objetivos existe la resistencia popular que se ha expresado en movilizaciones como la del 15 de mayo de 2006, la consulta popular que realizaron los indígenas contra el TLC, la unidad de todas las organizaciones campesinas, indígenas, afrocolombianas contra el TLC y el Estatuto Rural; las marchas de los maestros, las luchas de los obreros petroleros y el fortalecimiento del Polo Democrático Alternativo como partido de oposición.

La resistencia civil logró en 2003 derrotar en referendo la reforma constitucional de Uribe. La resistencia civil ha detenido el proyecto de imponer una constitución fascista que instaure las detenciones y allanamientos sin orden judicial. Sin embargo la resistencia civil no ha logrado detener la cooptación de los gobiernos locales por los gamonales en armas ni logra aun derrotar el TLC ni la lamentable política internacional de Uribe. Pero la resistencia civil es la única esperanza de que Colombia rompa la hegemonía de los gamonales y sus amos transnacionales y tome el rumbo que está tomando la mayoría de América latina. Sólo la resistencia civil puede impedir que la guerra siga siendo una fábrica de Señores de Guerra.

Por el momento Uribe cuenta en su favor con el auge económico cíclico, llevado al extremo por el lavado de los narcodólares de los paramilitares. Pero una vez el ciclo económico dé la vuelta y la fuerza especulativa del auge se convierta en crisis aguda, el uribismo puede desplomarse, por la movilización popular. La reforma agraria será un elemento esencial del cambio porque quitará la base del poder de los gamonales y creará las condiciones económicas para ampliar y consolidar el mercado interno que el TLC quiere demoler. La gran falla de la Constitución de 1991, que quiso combinar la democracia con el neoliberalismo y el latifundio, debe subsanarse.

Colombia país de éxodos

Rudolfo Adolfo Cuervo

Rebelión

El éxodo interno

Las precarias condiciones de vida y el afán de superación personal han hecho de los habitantes de Colombia un pueblo en constante éxodo.

Cada una de las decenas de guerras civiles durante el S. XIX generó éxodos de poblaciones que se agrupaban en poblados donde les unía la identidad política; muchas familias partieron hacia las selvas para abrirse un espacio vital como colonos en la amplia geografía nacional.

Durante el S. XX las tres guerras -la de los Mil Días, la violencia “del 48” y la guerras en curso desde 1964, presionaron a enormes masas de población a cambiarse de región.

En las dos últimas décadas los grupos paramilitares expulsaron con métodos violentos cerca de 3,5 millones de personas de sus tierras, huyeron dejándolo todo, casas, cultivos, animales, organizaciones… proyectos de vida… todo con tal de salvar lo único que les quedaba, la vida.

El desplazamiento forzado en los últimos años lo originan empresarios de diverso pelambre y procedencias unidos por la ambición de acaparar tierras que tienen perspectivas de valorización por el desarrollo de proyectos viales, mineros, urbanísticos. Muy grave es el desplazamiento actual de campesinos, indígenas y afro colombianos por los empresarios de la palma africana que literalmente masacran poblaciones enteras para abrir espacio a su promisorio agronegocio en las selvas húmedas tropicales del corredor biológico del Pacífico, las fértiles sabanas de Bolívar y ahora también los suelos frágiles, ricos en biodiversidad de los Llanos Orientales.

A punta de bala y terror unas cinco millones de hectáreas de tierra, ¡el equivalente territorial a 2 veces y media Euskal Herria! pasaron a manos de estos “agentes del progreso” que son en realidad captadores de rentas con un proyecto político de extrema derecha y expulsaron unas 3,5 millones de personas, convirtiendo a Colombia en el segundo país del mundo con más refugiados internos según datos del Alto Comisionado de la ONU para los refugiados.

Estas personas esperan, exigen, del Estado la restitución de sus tierras y demás bienes usurpados con violencia, luchan para que el proyecto de Ley de Estatuto Rural, iniciativa del gobierno de Alvaro Uribe, no legalice el despojo, hecho que está a punto de ocurrir porque la mayoría del Congreso bicameral colombiano está en manos de los agentes políticos de los paramilitares y sus jefes, los narco latifundistas y multinacionales, tan cercanas a los proyectos del Presidente Uribe que es difícil distinguir el gobierno, de los narco políticos y de los empresarios.

El uso histórico de la violencia como forma de apropiación del territorio y de exclusión política son causa determinante de la miseria y de la guerra en este hermoso país.

El éxodo externo

Al desplazamiento forzado interno se suma otro menos visible pero también dramático: la de quienes deciden -o se ven obligados- a salir del país. Según datos contenidos en un estudio de la Universidad Nacional de Colombia, en 20 años (1985-2005) se pasó de 1,5 millones de personas que residían en el extranjero, a 3,5 millones (un 9% de la población) de las cuales el 70% son mujeres.

Lo dramático es también que se feminizó el desplazamiento forzado y el éxodo, se feminizó la victimización de la violencia y la pobreza.

A Colombia entraron en remesas durante 2006 la importante cifra de 400 millones de dólares que vienen a resolver los problemas de ingresos de sus familias que las recuerdan tanto como agradecen esos pesos que complementan el miserable salario mínimo legal aprobado por el Congreso opulento y que no llega a 150 euros mensuales.

La gente colombiana se va sobre todo a Ecuador (como estará de chunga la cosa en Colombia que las gentes se van al Ecuador donde reemplazan a los millones que a su vez se marchan a otros países). El segundo destino del éxodo es Venezuela donde la revolución Bolivariana llena de esperanzas a los desposeídos/as de la hermana Colombia; en tercer lugar marchan a Panamá (territorio colombiano hasta hace 100 años) y solo en cuarto lugar a España, tan lejana como improbable que apruebe un visado a quien no tiene más que la angustia de sobrevivir como argumento para pedir la visa. Le siguen como destino México, EUA, Chile, Brasil, Costa Rica y ¡vaya sorpresa¡ Bolivia.

Más que café y petróleo, Colombia exporta mano de obra barata, mejor dicho, mujeres altamente cualificadas que se colocan como empleadas domésticas, cuidadoras de personas, sirvientas en hostelería o en la prostitución. En sus maletas viajan esperanzas, en su corazón se lloran afectos y desarraigos. Huyen de la miseria, de la guerra sucia ensañada contra las mujeres, buscan futuro y tal vez se encuentren si van a Europa o a USA con el racismo, la indolencia de los funcionarios, la persecución policial, el doble discurso de los gobiernos que también alabarán en pocos días a las mujeres trabajadoras.

Rudolfo Adolfo Cuervo refugiado colombiano y miembro de Askapena.

La multinacional vaticana

Albert Recio

Propongo tomar a la Iglesia católica como lo que verdaderamente es. Una enorme multinacional. De hecho es posible que tengamos que considerarla la multinacional primigenia, pues su implantación planetaria se adelantó unos cuantos siglos a las grandes empresas mercantiles. Y sin duda sus pautas organizativas han sido copiadas, o han servido de aprendizaje y reflexión a las grandes mentes de la economía de la empresa (al igual que muchos estrategas militares modernos aprendieron de la experiencia de Julio César o Napoleón).

 

El movimiento antiglobalización tiene a las corporaciones transnacionales como uno de sus enemigos principales. Luchar contra ellas es hacer frente a la desmesurada concentración de poder que atesoran sus dirigentes y a los efectos negativos que genera su búsqueda, a toda costa, del enriquecimiento. La responsabilidad de estas grandes empresas es diversa, en función del tipo de actividad que desarrollan pero, en todo caso, su impacto es importante.

Propongo tomar a la Iglesia católica como lo que verdaderamente es. Una enorme multinacional. De hecho es posible que tengamos que considerarla la multinacional primigenia, pues su implantación planetaria se adelantó unos cuantos siglos a las grandes empresas mercantiles. Y sin duda sus pautas organizativas han sido copiadas, o han servido de aprendizaje y reflexión a las grandes mentes de la economía de la empresa (al igual que muchos estrategas militares modernos aprendieron de la experiencia de Julio César o Napoleón).

Hace pocos días, un experto internacional en márketing entrevistado en las páginas de La Vanguardia [de España] ponía el ejemplo del Vaticano por su capacidad de generar una marca local, con su olor, su música, sus rituales… entrando por los cinco sentidos. ¿Qué otra cosa sino propaganda son los excesos dorados del barroco, claramente opuestos a la austeridad protestante?

Si algo diferencia a la Iglesia del resto de multinacionales no es su organización compleja, su afán de expansión universal, sino el tipo de actividad en la que pretende alcanzar la hegemonía. No es que la iglesia desdeñe la riqueza (aunque su discurso sobre la pobreza pueda parecer lo contrario), sino que esta se sitúa en un plano más accesorio. Su objetivo principal no parece ser otro que conseguir el control de los comportamientos individuales, especialmente en aquellos aspectos más íntimos como el de la sexualidad o el control de la vida.

Su conocida misoginia no resulta baladí. El control de la sexualidad, la reproducción humana y la vida está en el centro de la lógica del patriarcado. Y la Iglesia católica es, al menos en las sociedades donde está implantada, uno de los pilares básicos del patriarcado. Basta comparar la laxitud y benevolencia con que la jerarquía eclesiástica aborda otro tipo de “pecados” (en especial la codicia) con el comportamiento radical con el que actúa cuando se trata de temas como la familia, la homosexualidad, o la eutanasia. Ahí no hay margen para los matices. El anatema suele ser fulminante. Excepto cuando los “pecadores” son los miembros de su propia burocracia, a los que se les toleran pederastias y otros excesos a cambio de mantener el dogma. Porque para la Iglesia lo crucial es mantener una fuerte presencia en los espacios donde se genera ideología, como es la escuela o los medios de comunicación.

El Vaticano está agitado. Son malos tiempos para promover la abstinencia sexual y decirle a la gente cómo debe morir. Hace tiempo que la Iglesia perdió la batalla con la ciencia y ésta ha dotado a la humanidad de medios que permiten un cierto control sobre decisiones vitales. No es casualidad que algunas sectas religiosas vuelvan a la carga con pseudoteorías como el creacionismo para minar la fuerza de un enemigo ancestral. Aunque resulte paradójico, el consumismo capitalista ha jugado también su papel, al promover un modo de vida en el que la busca del placer a corto plazo, la promoción del “todo es posible en el mercado”, y la oferta de que es posible evitar el sufrimiento influyen sobre las percepciones y los comportamientos humanos. Por eso la Iglesia tiene un discurso anticonsumista. Y por ello los críticos al capitalismo debemos hilar fino en este campo, evitando la seducción de un falso aliado. Hay que combatir el despilfarro y la desigualdad inherentes al modo de vida del capitalismo maduro, pero ofreciendo respuestas que verdaderamente permitan a la gente gestionar su propio devenir vital.

Y sin duda han sido las largas luchas emancipatorias de la humanidad, las demandas igualitarias de hombres y mujeres las que más han hecho por minar el insoportable cerco represivo con el que la burocracia eclesial ha intentado moldear el devenir individual. De ahí que todas las ideologías y todos los movimientos que han tratado de articular este esfuerzo emancipador (liberalismo, comunismo, anarquismo, feminismo, movimiento homosexual, etc.) hayan padecido en algún momento la feroz respuesta del aparato católico. No parece que en el largo plazo esta reacción haya tenido éxito, como lo expresa el dato irónico de que es en los países del sur de Europa, los tradicionalmente “católicos”, donde los comportamientos demográficos están más alejados del ideal de la procreación incontrolada que defiende el Vaticano.

Reconocer a la Iglesia católica como una multinacional peligrosa no supone situar a todos los creyentes en el mismo saco. Como toda gran construcción moral, la religión católica permite lecturas muy diversas y bajo la misma se arropan personas de distintos talantes. Y no es por tanto difícil encontrar en ese contexto tanto a personas verdaderamente comprometidas con la libertad y el bienestar humanos como a individuos que buscan un camino personal en, por ejemplo, las experiencias místicas. Muchas de estas personas han sido esenciales en los procesos de emancipación humana. Pero resulta patente que a menudo han sido estas personas las primeras que han experimentado en carne propia las reacciones represivas de su propia curia. Basta leer la historia de algunos de los grandes místicos españoles o analizar lo ocurrido con las figuras más prominentes de la “teología de la liberación”.

Hoy la Iglesia vuelve a estar de cruzada. Éste y no otro es el contenido de los principales discursos de Ratzinger: conseguir que la religión vuelva a estar en el centro de la política. Empezando por introducir la “esencia cristiana” en la constitución europea. Y sobre todo realizando implacables movimientos en aquellos países donde se están adoptando medidas que atentan a sus intereses. La reciente crisis del Gobierno italiano se explica en parte por los movimientos de senadores afines a la Iglesia. Y el principal resultado de la crisis no ha sido otro que eliminar del calendario legislativo un cambio en las leyes sobre matrimonios. En España esta intervención es directamente obscena, con una emisora de radio como la COPE que defiende abiertamente posiciones antidemocráticas un día sí y el otro más.

La insoportable presión antidemocrática del Partido Popular tiene sin duda razones diversas, la principal la recuperación del gobierno. Pero uno de sus componentes más evidentes son los intereses de la Iglesia (que constituye además uno de los medios de enrolamiento al partido) en temas como la regulación del matrimonio, la presencia de la religión (católica por supuesto) en la escuela, su propia financiación o la regulación de la eutanasia. La movilización de la Iglesia ya le ha permitido sacar buenas tajadas, como el nuevo esquema de financiación pública, el generoso mantenimiento de la escuela concertada, o el mantenimiento del control sobre los profesores de religión (sentencia del Tribunal Constitucional incluida). Pero como al resto de multinacionales esto le parece poco y va a más. En el fondo, lo único que frenaría este empuje reaccionario sería la consecución de algún sistema de nacionalcatolicismo en el poder similar al de los clérigos chiís de Irán, o al de cualquier otro país donde la burocracia religiosa controla aspectos esenciales de la vida política.

Hoy la multinacional vaticana se erige como una de las mayores amenazas a las libertades. No sólo por las ideas que propugna. También por pactar interesadamente con quienes dinamitan cualquier avance democrático. Su crédito es en parte posible por la tibieza y el temor de sus oponentes. Al menos desde los años setenta, la izquierda no ha sido abiertamente laica. Quizás porque en los años finales del franquismo todos debíamos gratitud a los muchos curas que a menudo con mucho valor nos prestaban infraestructuras básicas para la acción clandestina. O por el simple hecho de que mucha gente de la izquierda provenía de corrientes cristianas progresistas con las que seguía manteniendo vínculos. O simplemente porque este fue otro de los grandes temas que quedó aparcado en busca de tiempos mejores. Pero hoy, que muchas de las demandas “morales” de la sociedad son básicamente laicas y que la Iglesia católica está jugando un papel de primera línea en el ataque a las libertades, resulta imprescindible recuperar la exigencia de la separación Estado-Iglesia, de defender en todos los terrenos unos derechos que nos protejan del poder de una de las multinacionales más poderosas y persistentes.

TLC, territorio y soberanía

Jorge Enrique Robledo.

Senador Polo Democrático Alternativo.

En el colmo de los colmos, el TLC amenaza de manera directa la propia integridad territorial de Colombia, pues allí se le aceptó a Washington una “definición de territorio” que recorta lo que dice la Constitución nacional al respecto. Según el Tratado, al país se le embolataron nada menos que el subsuelo, el mar territorial, la zona contigua, la plataforma continental, la zona económica exclusiva, el segmento de la órbita geoestacionaria y el espectro electromagnético.

En el anexo 1.3 del TLC se afirma: “Definición de territorio. Con respecto a Colombia, además de su territorio continental, al archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, la Isla de Malpelo y todas las demás islas, islotes, cayos, morros y bancos que le pertenecen, así como su espacio aéreo, las áreas marítimas sobre las que tiene soberanía o derechos soberanos o jurisdicción de conformidad con su legislación interna y el derecho internacional, incluidos los tratados internacionales aplicables”. Por su parte, el Artículo 101 de la Constitución nacional reza: “Forman parte de Colombia, además del territorio continental, el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, la isla de Malpelo, además de las islas, islotes, cayos, morros y bancos que le pertenecen. También son parte de Colombia, el subsuelo, el mar territorial, la zona contigua, la plataforma continental, la zona económica exclusiva, el espacio aéreo, el segmento de la órbita geoestacionaria, el espectro electromagnético y el espacio donde actúa, de conformidad con el Derecho Internacional o con las leyes colombianas a falta de normas internacionales”.

Lo peor es que los textos son diferentes no por un olvido ni porque quieran decir lo mismo, como es probable que se le ocurra a decir al gobierno de Álvaro Uribe, sino porque Colombia y Estados Unidos tienen posiciones diferentes sobre estos aspectos y porque, como es evidente, también aquí la Casa de Nariño se sometió a la Casa Blanca, con lo que, en la interpretación más benévola de ese texto perverso, el TLC abre la puerta para que el país se entrampe en todo tipo de litigios, nada menos que con el mayor imperio de la historia. Para explicar una sola de las amenazas, es sabido que Estados Unidos no reconoce “la zona económica exclusiva”, es decir, las doscientas millas de aguas marinas y submarinas y del suelo y subsuelo de dichas áreas alrededor de las costas nacionales (692 mil kilómetros cuadrados en total, incluidos los bienes públicos que hay allí -Art. 112 CPC), sobre las cuales la Constitución define su soberanía, “de conformidad con el Derecho Internacional o con las leyes colombianas a falta de normas internacionales”.

Y cuando se comprueba que esto y otros daños enormes le provocará a Colombia el TLC, Juan Alfredo Pinto, el Presidente de Acopi, insiste en la fábula de lo “positiva” que fue la negociación para las pymes y ataca “a la izquierda testimonial” porque decimos que ese Tratado es dañino para el conjunto del interés nacional y especialmente para la pequeña y mediana industria que él dice representar. Para completar sus desproporciones, se queja porque no lo acompañamos en el trámite del TLC (!?) y porque la izquierda no ha cerrado filas “con el capitalismo nacional por una real política productiva”, al tiempo que también censura a la “derecha, apoltronada en la ortodoxia económica… (y) en convivencia con la revaluación”.

Con la lógica de los conversos, que suelen pasarse la vida haciéndose perdonar lo que fueron, pero en este caso con la viveza de insinuar que no se cambió de bando, Pinto recurre a la falacia de decir que las pymes, ya arrinconadas por el “libre comercio”, prosperarán si reciben más del mismo veneno que las viene matando desde 1990; oculta que la revaluación, que tanto daño les hace a quienes le pagan el sueldo, es inherente al neoliberalismo y al TLC; posa de contradictor de la derecha mientras respalda la peor política económica del más derechista de los presidentes de Colombia; y ataca a la izquierda porque no le alcahueteamos su falsa defensa del empresariado no monopolista, dado que nosotros sí estamos por defender la producción nacional, pero de verdad.

Coletilla: ante el inmenso desplante de Al Gore, Álvaro Uribe Vélez fue capaz de decir que los que mandan en Estados Unidos opinan sobre Colombia no con base en las miles de fuentes del Imperio, sino por lo que dicen los dirigentes del Polo Democrático Alternativo.

Nexos de gobierno Uribe con narcoparamilitares generan consecuencias internacionales

 

Fernando Arellano

Argenpress

La negativa del ex vicepresidente de Estados Unidos y activista ecológico, Al Gore, de asistir a un foro en la ciudad de Miami para evitar encontrarse con el presidente de Colombia, Alvaro Uribe Vélez por sus nexos con el narcoparamilitarismo, así como la suspensión por parte del Senado norteamericano de una partida del orden de los 55 millones de dólares con destino al Ejército colombiano, hasta tanto no se aclare los nexos de uno de su generales con organizaciones paramilitares, son apenas algunas de las consecuencias políticas derivadas de los bien sustentados debates en el Congreso de la República del principal partido de oposición, el Polo Democrático Alternativo (PDA).

Incluso, el escándalo político-mafioso colombiano ha generado inquietud en Europa, hasta tal punto que varios eurodiputados solicitaron al representante para la Política Exterior de la Unión Europea, Javier Solana suspender el proceso de un acuerdo de asociación con la Comunidad Andina de Naciones (CAN) hasta que se aclare el tema de la incidencia del narcoparamilitarismo en la política y el gobierno de Colombia.

Hasta la conservadora revista The Economist en su edición de la tercera semana de abril hace serios interrogantes respecto de la gobernabilidad de Uribe Vélez, dado que los hechos de los últimos meses comprometen seriamente a más de una veintena de dirigentes de la bancada uribista en el Congreso con el proyecto político-paramilitar que se ha implantado a la fuerza en buena parte de las regiones de Colombia.

Un presidente desencajado

Tras conocer el pasado jueves 19 de abril, durante una reunión con la presidenta de Chile, Michelle Bachelet de visita en Bogotá, que el Departamento de Estado norteamericano le había aconsejado al ex vicepresidente Gore no asistir a un foro en el que participaría Uribe Vélez, dado la crisis ética que enfrenta su gobierno, el mandatario colombiano se desencajó y durante una rueda de prensa conjunta con la mandataria del país austral mostró su irascibilidad, saliéndose de casillas para denigrar de sus opositores.

En la noche de ese mismo jueves convocó a determinados medios de comunicación a una rueda de prensa en vivo y en directo por todas las estaciones de radio y televisión, en horario triple A, para tratar de hacer los descargos a las graves denuncias que hizo el senador del PDA, Gustavo Petro en un debate en el Congreso el pasado 17 de abril.

Uribe en la conferencia de prensa se veía desencajado aunque hacía esfuerzos por mostrar tranquilidad. Tanto él como sus ministros han salido a señalar que los argumentos de Petro son simplemente calumnias, aunque hasta el momento no han procedido a denunciarlo ante la Corte Suprema de Justicia.

 

Lo que dijo Petro

En el debate, Petro hizo graves denuncias contra la familia de Uribe Vélez. Con documentos y fotografías en la mano demostró los estrechos vínculos de algunos de sus integrantes con miembros de las peligrosas bandas paramilitares que han asolado mediante la violencia cruel amplias zonas geográficas del país.

Se refirió a la manera cómo Uribe Vélez cuando fue gobernador del departamento de Antioquia (1995-97) promovió bandas de vigilancia privada conocidas como Convivir, la mayoría de las cuales se convirtieron en grupos de autodefensa que cometieron masacres y causaron desplazamiento de pobladores.

Para Petro tres fueron los pilares que dieron origen al fenómeno paramilitar en Colombia: la alianza de militares ‘de línea dura anticomunista’ con hacendados, la presencia de grupos de justicia privada y el narcotráfico. ‘El invento se volvió funcional al narcotráfico’, aseguró.

Explicó que algunos sectores del Estado han hecho alianzas con el delito ‘para acabar con el crimen’. Afirmó que el mejor ejemplo de ello fue la persecución y muerte del capo del narcotraficante Pablo Escobar Gaviria y jefe del Cartel de Medellín, en la que participaron fuerzas del Estado y la mafia.

En la conjunción política, paramilitarismo y narcotráfico que comenzó en la década de los 80, siempre Uribe Vélez ha estado en el ojo del huracán, pues su pasado como alcalde de Medellín, congresista y gobernador de Antioquia ha estado salpicado por sus vínculos non sanctos.

Durante su gestión como gobernador de Antioquia las muertes en este departamento se incrementaron de 250 a 2800 según cifras oficiales. La violencia arreció como consecuencia del accionar de los grupos de autodefensa que legalizó Uribe gracias a una disposición normativa de carácter nacional.

Parauribismo

Uribe Vélez llega a la Presidencia de Colombia en 2002 gracias a su campaña de desprestigio contra el proceso de paz que había iniciado el gobierno de Andrés Pastrana (1998-200) con el grupo insurgente de las FARC y que terminó en fracaso.

Una vez en el poder, Uribe promovió un simulado ‘proceso de paz’ con los jefes del paramilitarismo. Simulado porque no puede haber proceso de paz entre dos partes amigas. Como es obvio los grupos de autodefensa han servido al Estado colombiano para hacerle la ‘guerra sucia’ y de paso, convertirse en un proyecto político-mafioso que domina una amplia extensión de la geografía colombiana.

El proyecto de Uribe Vélez en ese sentido consiste en legalizar a los paramilitares, bajo una seudo Ley de Justicia y Paz que según sus postulados busca además la verdad y la reparación de las víctimas. Dicha ley en la práctica no es ni de justicia, ni de paz, y menos de verdad y reparación. Simplemente la política del gobierno colombiano busca dejar en completa impunidad los crímenes de lesa humanidad cometidos por las bandas de paramilitares, mediante penas privativas de la libertad mínimas, por un lado, y legalizando las cuantiosas propiedades adquiridas ilícitamente, por otro.

Estas gabelas del gobierno de Uribe a los jefes paramilitares, garantizó de cierta manera su reelección inmediata en 2006, pues su continuidad en el poder les permitirá seguir con el proceso.

Sin embargo, recién comenzado el segundo mandato de Uribe Vélez y gracias a las denuncias políticas y judiciales de dirigentes y parlamentarios del Polo Democrático Alternativo la estructura del uribismo comenzó a desmoronarse.

Alrededor de dos docenas entre funcionarios del propio gobierno, congresistas y dirigentes de la causa gobiernista han terminado en la cárcel comprometidos seriamente por vínculos con el paramilitarismo.

María Consuelo Araújo, ministra de Relaciones Exteriores y el ex jefe de Inteligencia de Uribe, Jorge Noguera, a quien Estados Unidos le quitó la visa, salieron por la puerta de atrás. La primera, dado que su hermano, senador de la República, terminó preso y su padre un hacendado y ex ministro de Estado se encuentra prófugo de la justicia. Y Noguera, porque está seriamente cuestionado por haber convertido la principal agencia de inteligencia del Estado colombiano en una estructura al servicio del paramilitarismo.

Desde hace un año, no hay semana en que las autoridades judiciales no llamen a un político uribista a declarar penalmente. Esta situación llevó al congresista del PDA, Jorge Enrique Robledo a calificar este fenómeno político-mafioso como ‘Parauribismo’.

Respuestas endebles

No obstante, el gobierno de Uribe trata de descalificar a sus opositores y dar explicaciones a todas las denuncias, aunque sus respuestas son endebles frente a las evidencias. El mandatario se sostiene en que no asume ninguna responsabilidad política por todo lo que está aconteciendo en su entorno.

Por el contrario, en la conferencia de prensa del pasado 19 de abril se sostuvo en que gracias a las Convivir se logró ‘pacificar’ Antioquia y ellas han servido como experiencia para que desde la Presidencia de la República se haya podido implementar un programa de ‘cooperantes’, o como se conoce en el argot popular, de ‘soplones’.

Varias de las investigaciones contra dirigentes uribistas comprometidos con acciones criminales terminaron archivadas por el anterior Fiscal General de la Nación, el conservador Luis Camilo Osorio, quien fue premiado por el presidente Uribe primero con la embajada en México, y luego con la legación en Italia.

El ideólogo: El primo de Pablo Escobar

Uribe tampoco acepta que de su entorno hacen parte paramilitares o amigos de paramilitares y narcotraficantes como se lo dijo un periodista de una agencia internacional durante la rueda de prensa. No solo tiene estrechos vínculos con la veintena de congresistas actualmente procesados por la justicia, sino que cuenta con funcionarios de su gobierno con vínculos nada claros como es el caso de su ideólogo José Obdulio Gaviria, primo hermano del capo del cartel de Medellín, Pablo Escobar Gaviria.

Obviamente, Gaviria no tiene la culpa de ser primo de Pablo Escobar, lo grave es que siempre hizo parte del entorno íntimo del capo del narcotráfico. No obstante, José Obdulio ha tratado por todos los medios de esconder sus nexos con su pariente, a quien visitaba en la famosa cárcel La Catedral en Medellín.

Aunque Uribe dice que nunca ha tenido contacto con paramilitares, lo cierto es que su hacienda El Ubérrimo de más de mil hectáreas de extensión, localizada entre los departamentos de Antioquia y Córdoba, está rodeada de encalves de grupos de autodefensa. Vecino suyo, por ejemplo, es el jefe paramilitar Salvatore Mancuso. Y varios de los congresistas de su bancada están vinculados de hacer parte de estas organizaciones criminales.

El gobierno de Uribe insiste en que gracias a su Ley de Justicia y Paz se logró el desmonte del fenómeno paramilitar en Colombia, dado que según cifras que no se han logrado verificar, se han desmovilizado 30 mil combatientes. Sin embargo, ha sido la acción política y jurídica del Polo Democrático Alternativo y algunas voces provenientes del exterior las que han desenmascarado la connivencia entre política, paramilitarismo y narcotráfico.

Persecución a la oposición

Han sido tan contundentes las denuncias de la oposición que el gobierno de Uribe, como lo confirmó el propio Presidente en la rueda de prensa, le ha montado inteligencia a los dirigentes y voceros del Polo Democrático Alternativo y algunos congresistas del Partido Liberal, hasta el punto que son monitoreados cuando salen del país por las agregadurías militares y de policía de las legaciones diplomáticas colombianas.

Las visitas de trabajo que realizan los congresistas de la oposición a los Estados Unidos a denunciar la situación político-mafiosa colombiana o a criticar el leonino Tratado de Libre Comercio, son controladas miniciosamente por inteligencia militar.

Incluso existen denuncias de que desde las embajadas de Colombia en diversos países europeos se hace seguimiento a las actividades de activistas y defensores de derechos humanos.

¿Qué sigue?

El paramilitarismo en Colombia constituye un fenómeno político-mafioso que ha terminado por empoderarse de las administraciones de varias ciudades y departamentos del país. Además, hay un resurgimiento de nuevas células de grupos de autodefensa que continúan en su accionar.

Los interrogantes en torno de lo que pasará con el proceso de desmovilización de buena parte de los jefes paramilitares es una incógnita, pues si ellos revelan toda la verdad de lo que ha sucedido en los últimos 20 años en este país de seguro terminarán desenmascarando no solamente a dirigentes políticos sino empresarios, altos mandos militares y dirigentes gremiales que están comprometidos con este fenómeno criminal.

El reto ahora es de Uribe, quien debe enfrentar los cuestionamientos en el ámbito internacional, pues tendrá que esforzarse para echar por el piso, lo que él califica como ‘simples calumnias de la oposición’, las cuales han terminado por complicarle su vida personal y la gobernabilidad de su administración.

Los paramilitares colombianos se reunieron en la finca de Álvaro Uribe

 

Gerardo Orrego Landazabal

Gara

La clase política colombiana esperaba con ansiedad la difusión de una lista de 2.000 personas vinculadas a los paramilitares en Antioquia. El senador Gustavo Petro amenazó con hacerla pública durante el debate en el Senado sobre la «parapolítica”, que comenzó el martes y en el marco del cual Petro citó, entre otros, al presidente Álvaro Uribe, en cuya finca se albergó a paramilitares, y a su hermano.

El senador Gustavo Petro arrancó el debate con un homenaje a las víctimas de los paramilitares. Recordó a los senadores que el 60% de las 4.000 muertes de miembros del partido de izquierda Unión Patriótica ocurrieron en el departamento de Antioquia y que la mitad de las 42.000 personas que han realizado reclamaciones en el marco de la Ley de Justicia y Paz son de Antioquia. Tras el recuerdo, centró el debate en la realidad de las Convivir y en la responsabilidad del presidente Álvaro Uribe en su constitución y actuación en el citado departamento.

Los principales blancos de sus acusaciones fueron el presidente Uribe y su hermano Santiago. Según el senador, cuando Uribe era gobernador legalizó varias Convivir que fueron dirigidas por reconocidos narcotraficantes y paramilitares. Entre ellos nombró a Salvatore Mancuso actual capo máximo de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), quien siendo jefe paramilitar no tuvo dificultad alguna en fundar legalmente la Convivir Horizonte Ltda y recibió el visto bueno de las autoridades después, según su propio testimonio, de haber cometido una decena de masacres. Además, nombró a Francisco Javier Piedrahita, alias Mocho Cabezas, a Chepe Barrero y a Luis Alberto Villegas, mandos paramilitares e integrantes de las Convivir.

Pero los paramilitares, según denunció Petro, no sólo fundaron Convivir, sino que también se reunieron en las fincas de Uribe, como en el caso de Villegas, quien se mantuvo en contacto permanente con el jefe de finanzas de la AUC, Jacinto Soto. Se celebraron reuniones paramilitares en las fincas Las Guacharacas y La Carolina, ambas propiedad de la familia Uribe. En esta última, permanecía el grupo paramilitar Los Doce Apóstoles con Santiago Uribe Vélez. Según Petro, el hermano del presidente, se encargaba de las comunicaciones y la coordinación del grupo. Como muestra, el senador del Polo Democrático mostró a la Cámara una fotografía de Santiago Uribe en compañía del narcotraficante Fabio Ochoa Vásquez (hoy preso en EEUU) un año después de la ejecución del ministro del Interior Lara Bonilla por narcotraficantes. La imagen data de una época en que Ochoa ya era reconocido como narcotraficante.

 

Resurección de las Convivir

En referencia a las Convivir, el senador Petro preguntó si eran la manera de garantizar la seguridad de los ciudadanos. Los datos son claros y dicen lo contrario, ya que entre 1995 y 1997 el departamento de Antioquia registró la tasa más alta de homicidios en su historia. Y no se trata de una cuestión menor, puesto que Uribe ha resucitado las Convivir bajo la modalidad de los Soldados Campesinos y la Red de Informantes y su actual «Política de Seguridad Democrática» toma como base la época de las Convivir.

El ministro de Justicia e Interior, Carlos Holguín Sardí, respondió a las acusaciones explicando que, a su juicio, los paramilitares surgieron como una respuesta a la violencia guerrillera, particularmente la del M-19, organización ya desmovilizada a la cual perteneció Petro. Evitó responder directamente a las acusaciones contra las Convivir y contra la familia Uribe alegando que, como ministro, no tenía acceso a los mismos expedientes judiciales que el senador y aludió a una supuesta estrategia de las guerrillas de combinar todas las formas de lucha, incluyendo la critica al Estado, acusando de nuevo a los críticos del Gobierno de ser guerrilleros.

Precisamente uno de las acusaciones dirigidas contra las Convivir por las organizaciones de derechos humanos es que perseguían a todo aquello que olía a opositor o crítico con el Gobierno so pretexto de su supuesta vinculación a organizaciones insurgentes.

Nuevas causas

La Corte Suprema de Colombia ha abierto una investigación contra el presidente de la Cámara de Representantes, Alfredo Cuello Baute, y dos congresistas por su posible vinculación con los paramilitares.

Gran Acuerdo

El senador Petro propuso la búsqueda de un «gran acuerdo nacional por la verdad y la reconciliación» y planteó la celebración de constituyentes regionales para recuperar la soberanía y seguridad perdidas por la acción paramilitar.

Convivir: Organizaciones paramilitares legales

En 1994, el Gobierno colombiano decretó la formación de cooperativas de seguridad rural, Convivir, para contrarrestar la influencia del ELN y de las FARC. Eran grupos de civiles armados con pistolas, fusiles e, incluso, armamento pesado como morteros. Se expandieron rápidamente por Antioquia cuando Álvaro Uribe era gobernador de este departamento y su desarrollo fue paralelo al crecimiento de los grupos paramilitares.

Estas organizaciones fueron duramente criticados por las organizaciones de derechos humanos, que les acusaron de ser una fachada legal de los paramilitares y les responsabilizaron de múltiples crímenes y masacres. La empresa Chiquita Brands, quien recientemente pagó una multa por haber financiado a las AUC canalizó el dinero a través de la Convivir de Papagayo en Urabá, en Antioquia.

Posteriormente fueron declaradas ilegales por la Corte Constitucional, bajo la acusación de atentar contra el monopolio del uso de la fuerza por parte de las instituciones estatales, pero no por sus crímenes.

Jornadas por el derecho al trabajo y a la libertad sindical en Coca Cola, Kraft Foods, Nestlé y Lechesán

Del 23 al 27 de abril

Rebelión

En Colombia continua el proceso de precarización laboral a través de la contratación tercerizada con empresas de empleo temporal, cooperativas, out soursing; contratos civiles. Son pocos los trabajadores que aun mantienen una relativa estabilidad laboral con contratos indefinidos y con unos pocos derechos que les permiten acceder a una porción de la canasta familiar.

La gran mayoría de los trabajadores reciben bajos salarios que les impiden la compra de alimentos, salud, educación, vivienda, vestuario, profundizando su miseria y viviendo en la indignidad, la ignorancia y la desnutrición.

Quienes deciden organizarse y exigir unas mejores condiciones de vida y de trabajo son expulsados de las fábricas, engrosando las filas del desempleo y la miseria.

Esta es la política laboral y social de las transnacionales y empresas nacionales, entre ellas, COCA COLA, KRAFT FOODS, NESTLÉ Y LECHESAN y así es como cumplen con su “responsabilidad corporativa” con la población colombiana.

Por lo anterior, SINALTRAINAL realizará la jornada del 23 al 27 de Abril de 2007 y les pedimos su participación, apoyo y solidaridad, enviando notas de protesta a las empresas y al gobierno colombiano y expresando su voz de rechazo frente a las instalaciones de las fábricas en Colombia y las casas matrices en el exterior.

Así esta planificada la jornada:

Abril 23, entre las 6:00 a.m. y 2:00 p.m. plantones y reclamaciones en las porterías de las empresas.

Colocar pancartas en la entrada a las fábricas denunciando el problema.

Durante toda la semana en las horas del día colocar carpas a la entrada de las fábricas donde desarrollamos la jornada y realizar perifoneo.

Abril 24, distribución comunicado nacional en todas las ciudades

Abril 25, pegar en todas las ciudades el afiche y visita a las organizaciones sociales y medios de comunicación para informar en que consiste la violación del derecho al trabajo y la libertad sindical

Abril 26, solicitar al Defensor del Pueblo en Bogotá convocar una reunión al Ministerio de la Protección Social y a la empresa Coca Cola y para el 27 con Kraft Foods con la presencia de SINALTRAINAL para tratar el tema de violación del derecho al trabajo y a la Libertad Sindical.

Abril 27, desde las 6:00 a.m. realizar encadenamientos a la entrada de las empresas.

Les pedimos enviar notas de protesta a Coca Cola, Kraft, Lechesan, Nestlé.

 

Panamco Colombia S.A. y/o FEMSA S.A.

JUAN CARLOS JARAMILLO

Presidente

Juan.jaramillo@kof.com.mx, cocacola@hotmail.com

JUAN MANUEL ARBELAEZ

Vicepresidente

Juan.arbelaez@kof.com.mx

 

Lechesan

DIEGO GUILLERMO ANAYA GONZALEZ

Jefe De Gestión Humana

Floridablanca Fax: 6361123

información@lechesan.com.co

ERNESTO SERRANO PINTO.

Presidente.

Diagonal 61 No 85-35.

Bogotá Fax: (091)2915256

 

Kraft Foods

Transversal 19ª No 100 – 54 piso 5 – Bogotá – fax 6420222

IRENE ROSENFELD

C.E.O. KRAFT FOODS INC.

Irene.Rosenfeld@Kraft.com

BRIAN T JANSEN

VP MFG LA. KRAFT FOODS

Brian.Jansen@Kraft.com

ALBERTO MASCARENAS

DIR MFG PLANTS KRAFT FOOD

Amascarenas@Kraftla.com

GUSTAVO ERNESTO LUQUE

DIRECTOR, HUMAN RESOUCER, WA.

Gustavo.Luque@Kraftla.com

JORGE AVILAN

Gerente General Kraft Foods Colombia

Jorge.Avilan@Kraftla.com

DANIEL FERNANDEZ

Gerente de Planta de Kraft Foods Colombia S.A.

Daniel.Fernandez@Kraftla.com.

SAMIRA LOSADA

Gerente de Recursos Humanos Kraft Foods Colombia S.A.

Samira.Losada@Kraftla.com

 

Nestlé

FELIPE SILVA

Presidente Nestlé Región Bolivariana

TRANSVERSAL 18 No 96 – 41 Bogotá fax 2190890

 

ENRIQUE RUEDA NORIEGA

Director de Recursos Humanos Nestlé de Colombia S.A.

Transversal 18 No 96–41 Bogotá, Fax 091- 2190860

enrique.rueda@co.nestle.com

“El Gobierno debe desmantelar las estructuras militares, políticas y económicas del paramilitarismo”

Declaración final de la Segunda Conferencia Internacional sobre Derechos Humanos en Colombia

 

Se ha celebrado en Bruselas los días 17 y 18 de abril

La Oficina Internacional de Derechos Humanos-Acción Colombia, OIDH-ACO

y la Coordinación Colombia-Europa-Estados Unidos, CCEEU

con el apoyo de los parlamentarios europeos

 

Jens HOLM (Grupo Confederal de la Izquierda Unitaria Europea/Izquierda Verde Nórdica – GUE/NGL),

Raül ROMEVA (Grupo Verdes – Verts/ALE),

Richard HOWITT (Grupo Socialista Europeo – PSE)

Josu ORTUONDO LARREA (Grupo de la Alianza de los Demócratas y Liberales por Europa – ADLE)

declaran:

 

Después de 12 años de haberse celebrado la primera Conferencia Internacional, registramos con enorme preocupación que la crisis de derechos humanos colombiana siga siendo una de las más agudas del mundo. La continua ocurrencia de violaciones graves, masivas y sistemáticas de los derechos humanos y su impunidad no sólo cuestan vidas humanas, sino que obstaculizan la vigencia del Estado social de derecho, impiden seriamente la construcción de un régimen democrático y dificultan la superación de una sociedad desigual y excluyente. Así mismo, la persistencia de un conflicto armado interno cada vez más degradado profundiza la crisis de derechos humanos porque afecta principalmente a la población civil. Además, el paramilitarismo representa una grave amenaza para la democracia en Colombia.

Todos los grupos combatientes son responsables de graves infracciones al derecho humanitario. En particular, los grupos guerrilleros continúan perpetrando secuestros. Es casi absoluta la impunidad en que quedan los graves crímenes perpetrados por agentes estatales, paramilitares y guerrillas. Además, las medidas adoptadas por el Estado colombiano favorecen la impunidad en lugar de combatirla. Así sucede con el proceso entre el Gobierno y los grupos paramilitares, que han sido beneficiados con un marco legal que no cumple con los estándares internacionales que protegen y buscan hacer efectivos los derechos a la verdad, la justicia y la reparación de las víctimas.

Escándalos recientes han dejado al descubierto que es creciente la paramilitarización de la sociedad y las instituciones colombianas. Es cada vez más evidente que los vínculos históricos entre agentes del Estado y paramilitares han intervenido el Estado a muy altos niveles. Las estructuras paramilitares, que han sido responsables directos del desplazamiento forzado de millones de colombianos de sus tierras, mantienen control militar en varias regiones del país, han ampliado su influencia política, ejercen control sobre diversas e importantes actividades económicas, y continúan usufructuando las posesiones usurpadas mediante las armas.

Consideramos que la vigencia de la democracia en Colombia está directamente ligada a la realización de los derechos humanos, a la solución política negociada al conflicto armado interno, al fortalecimiento del Estado social de derecho y a la conquista de la equidad. En ese sentido, exhortamos al Gobierno de Colombia y a la comunidad internacional a atender los siguientes llamados:

1. El Gobierno de Colombia debe adoptar todas las medidas adecuadas para desmantelar efectivamente las estructuras militares, políticas y económicas del paramilitarismo, y depurar sus vínculos con servidores públicos, miembros de la Fuerza Pública y organismos de seguridad. Así mismo, debe dar cabal cumplimiento a la sentencia de la Corte Constitucional en relación con la aplicación de la ley 975 de 2005. La comunidad internacional debe vigilar que el Gobierno de Colombia cumpla con esas obligaciones.

2. La solución política negociada es el mejor camino para resolver el conflicto armado interno. Alentamos al Gobierno de Colombia y al ELN para avanzar efectivamente en la construcción de escenarios de negociación política. Todos los grupos combatientes deben abstenerse de continuar practicando secuestros. Instamos al Gobierno de Colombia y a la guerrilla de las FARC-EP a que sin más dilaciones ni condicionamientos suscriban un acuerdo humanitario. Es fundamental que la comunidad internacional continúe cumpliendo su papel de facilitación respecto a esas iniciativas.

3. El Gobierno de Colombia debe garantizar los derechos de todas las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación. La comunidad internacional debe acompañar y apoyar decididamente las iniciativas de las víctimas orientadas a ejercer sus derechos. También debe apoyar a la sociedad civil colombiana en el proceso de construir y concertar un Plan Nacional de Derechos Humanos y Derecho Humanitario con el Estado colombiano.

4. Durante las próximas elecciones, el Gobierno de Colombia está obligado a ofrecer garantías a la oposición política, a impedir la injerencia del paramilitarismo en el debate electoral. La Unión Europea debe supervisar todo el proceso electoral (campañas y elecciones) mediante la conformación de una Misión de Verificación Electoral y el apoyo que otorgue a la presencia de otras misiones.

5. Dado el incumplimiento de las obligaciones internacionales de derechos humanos del Estado colombiano, la Unión Europea debe evaluar la vigencia del acuerdo arancelario vigente. Otros acuerdos comerciales que la UE celebre con el Gobierno de Colombia deben estar condicionados al respeto y la garantía de la integralidad de los derechos humanos. En todo caso, la sociedad civil podrá participar de las consultas previas para suscribir esos acuerdos

6. El Gobierno de Colombia debe dar cumplimiento a las recomendaciones formuladas durante los últimos años por los organismos intergubernamentales especializados de derechos humanos. La comunidad internacional debe garantizar la continuidad y el cabal cumplimiento del mandato integral de la Oficina en Colombia de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Así mismo, el Consejo de Derechos Humanos, por lo menos una vez al año, debe analizar específicamente la situación colombiana y adoptar un curso de acción que comprometa al Gobierno de Colombia a superar la crisis de derechos humanos.

7. Proclamamos nuestro compromiso con el desarrollo y la consolidación de la democracia en Colombia. En ese sentido, instamos al Gobierno de Colombia para que respete y garantice los derechos de las defensoras y defensores de derechos humanos, otorgue garantías a los integrantes de la oposición política, y asegure la vigencia de las libertades sindicales. La comunidad internacional debe exigir el cumplimiento de esas obligaciones y velar por la vigencia de las cláusulas democráticas.

Bruselas, 18 de abril de 2007

El eurodiputado de Izquierda Unida, Willy Meyer, afirma: “El crimen organizado gobierna Colombia”

En la II Conferencia por los Derechos Humanos en Colombia realizada en Bruselas

 

ANNCOL

 

Afirmó el europarlamentario europeo Willy Meyer ante un numeroso público en la II Conferencia por los DD.HH en Colombia realizada en Bruselas esta semana. Es importante “facilitar el encuentro entre las partes implicadas en el conflicto colombiano”, dijo en su intervención el profesor de la universidad de Lovaina, Francois Houtart. La inclusión de la guerrilla colombiana en la lista europea de ‘grupos terroristas’ del dejó el camino expedito a la sangrienta ‘seguridad democrática’ de Uribe Vélez.

Las intervenciones de los panelistas, las preguntas y cuestionamientos del auditorio constatan la gravedad del conflicto social y armado por la que atravieza Colombia. Temas como el intercambio humanitario, la salida diálogada al conflicto colombiano, la violación persistente a los derechos por parte del Estado colombiano, el paramilitarismo, fueron la nota predominante en el evento. Hace 12 años fue el primer encuentro en Bruselas y según la mayoría de los panelistas, el conflicto interno está peor.

El europarlamentario Willy Meyer definió así el gobierno de Uribe Vélez, “Cuando el crimen organizado se apodera de los tres poderes del Estado, estamos hablando de Estado fallido, y esto ocurre en Guatemala y también ocurre en Colombia. Por tanto las fuerzas políticas no contaminadas por esta corrupción tienen la obligación moral e histórica de refundar el Estado”. Según sus propias palabras acababa de llegar de un visita a Guatemala.

El embajador colombiano, Holmes Trujilllo, en su brevisima intervención no solamente pretendió sacar en ‘limpio’ la ‘seguridad democrática’ del gobierno actual sino los diferentes gobiernos que han pasado después de la primera conferencia del 2005. Con el estilo propio de los caciques colombianos pretendió confundir homenajando la presencia de Carlos Gaviria sino también a los participantes al evento con frases como las siguientes, “hay avances en el tema de los DDHH”, “la voluntad por el intercambio humanitario existe pero las Farc las rechaza”. “En Colombia hay demócracia”.

El profesor de la Universidad de Lovaina, Francois Houtart, destacó la importancia de ‘facilitar los contactos y negociación entre las partes implicadas en el conflicto colombiano’ igualmente en esa dirección el diputado sueco Jens Holm, llamó la atención de los gobiernos europeos con respecto a su ‘lista de terroristas’ que en el año del 2002 incluyeran a la guerrilla colombiana,

“La Unión europea libre de ideas preconcebidas debería evaluar la llamada lista de ‘organizaciones terroristas’ para ser posible los primeros pasos hacia una negociación del conflicto colombiano” dijo Holm.

Al respecto, la Escuela de Cultura y Paz de la Universidad Autónoma de Barcelona en su boletín de 2005, escribió, “la lista de la UE de grupos o personas terroristas podría perjudicar el inicio o el desarrollo de algunos procesos de paz”. Sin lugar a dudas en los seis años de la inclusión de la insurgencia colombiana en esa lista, la violencia estatal se ha desbordado con la ‘seguridad democrática’ de Uribe ocasionándole un inmenso daño al pueblo colombiano.