El naufragio del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos

RECALCA

Argenpress

En medio del desespero y con cotidianas rabietas, el gobierno de Uribe sigue obstinado en convencer al Congreso de EEUU de que tramite el TLC. Han mandado empresarios y sindicalistas seguidores de Uribe. Han acudido a los buenos oficios de las multinacionales que tienen inversiones en Colombia y finalmente, después de su último viaje, el vicepresidente Santos, cuestionado por acuerdos con los paramilitares, ha afirmado que todavía les hace falta viajar cuatro veces más y que conseguir los cuarenta votos demócratas que les faltan es un asunto muy difícil. Hace pocos días el senador Carlos García, presidente del partido de la U, y uribista irreductible afirmó que si no se aprobaba el TLC Colombia se retiraría del Plan Colombia, amenaza risible que ningún uribista está en condiciones de mantener, pero que refleja el tamaño del desespero. El flamante vicepresidente quiere ganarse los votos demócratas tratando de convencerlos de que Colombia es un éxito de la política exterior de Bush, cuando en el partido demócrata, justamente se acrecienta la crítica a esta política exterior. El cabildeo basado en la intransigencia con la oposición en Colombia y los elogios a Bush, muestran que la angustia les hace perder hasta el sentido de la realidad.

El gobierno ha repetido hasta la saciedad que aceptará todos los nuevos condicionamientos colocados por los demócratas y, como siempre, reiteran que dirán sí a todo. Tienen el descaro de, al tiempo que declaran su conformidad con las nuevas provisiones laborales, anunciar represalias contra la Federación Nacional de Educadores por el paro indefinido que ha decretado esta agremiación.

Uribe viajará la semana entrante a EEUU y el 9 de junio hará un Consejo Comunitario en Nueva York, hablará con otros parlamentarios para rogarles que el TLC se tramite, pero todos los días sus actuaciones en la crisis política van en contravía de lo que le exigen, como garantía de que los altos funcionarios del Estado comprometidos en la parapolítica serán castigados. Ahora resulta que propone la excarcelación de sus amigos implicados en los escándalos. ¿Qué dirán de esto los demócratas que ven con sospecha al gobierno colombiano?

No le vale haber contratado empresas de cabildeo, enviar cartas al congreso de EEUU y tampoco le servirá condecorar a Bill Clinton. Los demócratas, aunque suscribieron un comienzo de acuerdo con la administración Bush, no terminan de ponerse de acuerdo entre si y ni siquiera está claro cuando se tramitarán los tratados con Perú y Panamá que al parecer no tienen mayores problemas. Los optimistas dicen que se tramitarán entre agosto y septiembre y el de Colombia está postergado pues el Congreso estadounidense tiene otras prioridades y el gobierno habla de que de pronto se “abrirá una ventana de oportunidades” en junio de 2008.

Muchos de los demócratas que rechazan el TLC argumentan que no están suficientemente protegidos los trabajos y las empresas estadounidenses y el creciente déficit comercial de esa potencia le quita margen a la administración Bush para hacer concesiones en los TLC. No importa que Rangel y Pellosi quieran dar señales a las multinacionales de que ellos también están con el libre comercio. Todo se le complica a Uribe y a Bush y no basta que se gasten millonadas viajando a Washington. La realidad avanza en dirección contraria a los TLC.

En Colombia, el partido liberal, a cambio de prebendas en el Plan Nacional de Desarrollo y de no se sabe cuantas gabelas más, votó aprobando el TLC: 36 votos a favor, 15 en contra y dos abstenciones. La afirmación de que algunos de sus miembros dejarán reservas y que no harían una votación a menos que se les garantice que hay un acuerdo con los demócratas en EEUU, no ocultan el tamaño de la entrega. Gaviria le hizo el favor al gobierno en su peor momento y ni siquiera tuvieron la astucia de esperar el desenlace en EEUU.

El movimiento popular colombiano ha venido luchando contra el TLC y puede decirse que lo ocurrido en EEUU es una consecuencia de esta lucha y de las denuncias que la acompañan. Acaba de realizarse un resonante paro con movilizaciones en todo el país y el ánimo de protesta se acrecienta. Todavía se puede derrotar definitivamente el TLC y su aplazamiento es un innegable revés del gobierno. A las rabietas presidenciales hay que responder con la ira masiva, organizada, civilista y digna del movimiento popular.

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Campaña internacional contra la impunidad del estratega paramilitar Mancuso

Rebelión

Salvatore Mancuso, rico ganadero de Córdoba, nacido en Italia, principal estratega paramilitar y fue el más cercano colaborador de Castaño desde principios de los 90. Viajó a Vietnam para estudiar guerra de guerrillas; jefe del bloque norte de las AUC y responsable de la flota de helicópteros paramilitar.

La verdad que se encierra detrás de todas sus acciones criminales son el asesinato de humildes campesinos para despojarlos de sus tierras, así como a miembros de organizaciones populares a quienes han acusado injustamente de ser integrantes de grupos subversivos.

Entre los Crímenes de Lesa Humanidad que ha cometido él y los paramilitares a su mando, se pueden señalar, entre otros:

 

Diciembre de 1996, masacraron 12 personas en las aldeas cercanas a Morroa, Sucre.

Julio 15 de 1997, Mapiripan, Meta, paramilitares bajo las ordenes de Mancuso y con el apoyo de la Fuerza Aérea, masacran a 49 personas, quienes fueron llevadas al matadero del pueblo y acuchilladas, siendo ésta una de las páginas de violencia política del país que más conmoción ha causado.

Octubre de 1997, corregimientos de La Granja y El Aro del municipio antioqueño de Ituango, paramilitares en colaboración con la IV Brigada del Ejército Nacional, torturan y asesinan a 19 personas. Quemaron el pueblo y desplazaron a más de mil pobladores.

Agosto 21 y 22 de 1999, paramilitares bajo las órdenes de Mancuso dieron muerte a 35 campesinos e hirieron a 5 más en el municipio de La Gabarra, Norte de Santander.

Febrero 16 del 2000, corregimiento El Salado y Macayepo, municipio del Carmen de Bolívar -Montes de María-, paramilitares asesinan con motosierras y machetes a 38 campesinos.

Diciembre del 2000, paramilitares atentan contra la vida del entonces presidente de Fenaltrase, Wilson Borja, así como contra el presidente de la Unión Sindical Obrera (USO) en Cartagena, Auris Sarai Marrugo.

Junio 2 del 2001, desaparición y muerte en manos de paramilitares de Kimy Pernía, líder indígena quien encabezaba la oposición a la construcción de la represa de Urrao en sus territorios ancestrales.

Otras Masacres: La Rula, San Pedro de Urabá; Las Changas, Urabá; Chigorodó y Dabeiba, Antioquia; El Martillo, San Antonio del Palmito, Ovejas,La Bonga, corregimiento de Pajonal, San Onofre (Sucre); Pivijai, Chivolo, Magdalena; Medialuna, San Diego (Cesar); Rioseco y Los Fundadores, Valledupar; San José de Morrocoy, San Pelayo (Córdoba); María La Baja y San Jacinto, Bolívar; entre otros ataques contra la población.

 

En la actualidad pesa en su contra una condena de 40 años de prisión emitida por un Juez de la ciudad de Medellín por la masacre del Aro y La Granja. La Fiscalía ha expedido 8 órdenes de captura por su participación en masacres y asesinatos selectivos y el gobierno de Estados Unidos lo ha pedido en extradición por su participación en el tráfico de drogas hacia ese país.

Por estos hechos,

Exigimos:

¡Verdad!

¡Justicia!

¡Reparación Integral!

Ni Perdón,

Ni Olvido

Para los Crímenes de Estado

 

“Ellos dicen que son más peligrosas las ideas que los fusiles”

Entrevista a Samuel Morales, ex preso y dirigente de la CUT

Gerardo Orrego Landazabal

GaraSamuel Morales es presidente de la central obrera colombiana CUT en Arauca y miembro de la junta directiva nacional de la CUT. En el 2005 fue detenido junto con la docente María Raquel Castro en un operativo del ejército colombiano donde dieron muerte a tres personas más

El 27 de abril de 2007 Samuel Morales recuperó su libertad después de 32 meses en la cárcel acusado de rebelión. Él es testigo clave en una masacre cometida por el Ejército colombiano contra dirigentes sindicales.

¿Cómo se produce su detención?

El 5 de agosto del 2004 me encontraba en el caserío de Caño Seco donde cité a los miembros de la junta directiva de la CUT para valorar la situación jurídica y de persecución que veníamos sufriendo. El caserío fue rodeado por más de 150 soldados, quienes sacaron a tres de los sindicalistas que se encontraban en la misma casa y los fusilaron. Después intentaron asesinar a las dos mujeres que se encontraban allá, entre ellas la docente Raquel Castro, pero la comunidad no los dejó. Con el apoyo de los demás docentes, los alumnos y la comunidad logré evitar que esa patrulla me asesinara, que era su objetivo final, asesinarnos y no detenernos. Quedamos tres personas vivas que fuimos testigos del crimen que se cometió contra los dirigentes sindicales. La patrulla que los asesinó luego nos detuvo a nosotros. Una vez detenidos, el Estado nos acusó de rebelión.

¿La rebelión no es un delito armado?

Sí, pero a los que luchamos de forma legítima y legal a través de las ideas, a través de los derechos constitucionales que tenemos, como es el derecho de asociación, el derecho de protestar, el derecho a disentir de las políticas del Estado, aunque no tengamos armas, nos tratan con el mismo rasero que a quienes puedan encontrar con un fusil. Ellos dicen que son mas peligrosos las ideas que los fusiles.

¿Los soldados fueron acusados?

Sí, los soldados y oficiales que participaron en ese crimen están separados de sus cargos y se encuentran en la cárcel. El proceso ya es público y terminaron las audiencias. Raquel Castro y yo somos los testigos en el marco de este proceso.

¿Por qué les persiguen?

Hay cosas puntuales. Investigamos crímenes, como la masacre de La Cabuya en noviembre 1998, en relación a la cual se encuentran condenados a entre 36 y 40 años de prisión los altos mandos de la Brigada XVI en Casanare y 40 hombres de la patrulla Escorpión, como responsables del asesinato de siete campesinos. Igualmente investigamos la Convivir El Corral, que funcionó frente a la Brigada XVIII. Logramos que se condenara a los miembros de esta Convivir por asesinatos de dirigentes sociales y líderes de izquierda en todo el departamento, como también se condenó al teniente Jhon Estrada, que era quien les pasaba las armas.

¿Hay más compañeros de la CUT detenidos?

En Arauca, en el primer periodo del Gobierno de Álvaro Uribe, crearon zonas de consolidación y rehabilitación, que son zonas de concentración de población. Así, en el año 2001 se llevaron a cabo detenciones de más de 5,000 personas, que fueron concentradas en espacios como canchas de fútbol habilitadas como centros de detención. Seleccionaron los casos y, en 2001, quedaron detenidos más de cien dirigentes sociales y campesinos, que permanecieron arrestados más de 18 meses acusados de rebelión. Entre 2001 y el 2004, fueron detenidos 324 dirigentes sociales, 25 de los cuales aún permanecen encarcelados. Todos están acusados de rebelión.

¿Y ahora que va a hacer?

Seguir la defensa jurídica que sigue en otras instancias de nuestro proceso, demostrar que hay una persecución social y política por parte del Estado colombiano y que nos persigue porque somos testigos de un crimen de Lesa Humanidad.

¿Y que se pide a la comunidad internacional?

El seguimiento y el acompañamiento internacional. Se ha demostrado a nivel internacional que hay una resistencia de las comunidades que legítimamente quieren seguir viviendo y generando procesos alternativos de vida, y que han podido continuar en medio de la represión estatal, paramilitar y de la represión de las multinacionales, petroleras que están en la zona gracias al acompañamiento internacional.

 

Paniaguados y “psyops”

El diario El Tiempo de Colombia se dedica a alabar al ejército estadounidense

Alberto Rojas Andrade

Rebelión

Desde la guerra de Vietnam, hemos ido aprendiendo a fijarnos en las diversas formas mediante las cuales se colocan informaciones favorables a los diferentes niveles del poder imperial del gobierno estadounidense. Observamos como los mismos entes orwellianos gringos han llamado PSYOPS a las Operaciones destinadas a transportar la información seleccionada e indicadores a audiencias extranjeras para influenciar sus emociones, motivos, razonamiento objetivo, y en última instancia el comportamiento de gobiernos, de organizaciones, de grupos, y de individuos extranjeros. El propósito de operaciones psicológicas es inducir o reforzar actitudes extranjeras y el comportamiento favorables a los objetivos del autor (1) .

Valga decir, que el autor de que se habla aquí en verdad lo constituyen todas las formas de control social de aquel gobierno que no emplean la fuerza bruta. Es decir las operaciones sicológicas pretenden favorecer la imagen de un preciso sistema de ideas y valores a través de, por ejemplo, los medios de comunicación de masas.

Cuando se habla de la guerra informativa, aquella que busca ‘los corazones y las mentes’, estamos refiriéndonos a estas formas muy elaboradas de manipulación, procurantes de la exaltación del modelo de vida estadounidense y de los actos de un ente ya tradicional en el control de muchos pueblos: las fuerzas armadas más mortíferas de todos los tiempos. Estas acciones de difusión de muy concretos mensajes se intensifican geométricamente, como es de suponerse, en tiempos de guerras como los actuales, en ejercicio de los quehaceres propios del contraespionaje, y sobre todo en países neurálgicos para lo que el gobierno imperial califica ante sí y para sí, como su seguridad nacional.

Una prueba de la existencia de tales actuaciones que de múltiples formas lavan de todas sus máculas la obviamente deteriorada imagen del aparato militar gringo en América Latina, se dio despreocupadamente hace unos días en una crónica del único diario de circulación nacional de Colombia, El Tiempo. Por la ciudad donde se originó, el compromiso indudable de quien lo ideó y forma en que esta tramposa noticia se difundió merece destacarse.

Es una información situada en la sección de la nación del día 10 de mayo, ubicada de forma relevante, antecediendo a otras como la elección de miembros de la Corte Suprema de Justicia, o una sobre delitos de falsedad en la obtención de visas precisamente para ingresar a los EE.UU., de indudable mayor importancia.

El artículo de marras se titula ‘Militares de E. U. Estuvieron en Cartagena: ‘Lobos de mar’ llegaron armados de brochas’, y se refiere a que cincuenta miembros de aquella fuerza armada pintaron una escuela en una de las muchas zonas pobres (en el artículo definidas con el eufemismo de “clases desfavorecidas”) de aquella ciudad, por cierto declarada patrimonio de la humanidad y cede de pomposos eventos como congresos de la lengua española, juegos deportivos, etc…

Allí no hay límites a la adulación del hecho narrado y sus protagonistas. En una ciudad donde más de las dos terceras partes de la población vive en condiciones de pobreza y miseria (2) y tienen la condición de ser afrodescendientes, el cronista Vicente Arcieri G., dice con desparpajo y un muy en boga estilo literario: “Luis Angel Rodríguez, un mulato de ojos vivaces, sólo había visto marineros estadounidenses en películas. Ayer estaba encantado y sorprendido por que ante sus ojos aparecieron bien temprano, unos 50 marinos de Estados Unidos de carne y hueso. Los mismos hombres cuajos (sic) blancos, de cabellos rubios y ojos gateados que ha visto en la tele, pero con algunas diferencias: no llevaban impecables uniformes blancos o camuflados, sino pantalonetas y camisetas y en vez de armas tenían brochas, rodillos y tarros de pintura, escobas y traperos…”

No omite el corresponsal pelotillero que este acto, que recuerdo a su impresión emocionó a todos los niños presentes sin excepción, estaba patrocinado, al menos parcialmente, por la Agencia para el Desarrollo de EE. UU. (USAID), un organismo bien conocido por sus entrañables vínculos con la CIA.

Al final como para no dejar lugar a duda del mensaje transmitido, el reportero le da la palabra a otro de los niños: “Es un orgullo que estos marineros pinten nuestro colegio “.

No faltó la foto de una mujer de rasgos europeos y ojos claros con una brocha en la mano pintando una pared a la cual se le llama joven. Los niños fascinados ni aparecieron en la imagen. Las estrellas eran otros, los ‘cuajos’, los ‘de carne y hueso’.

Resulta evidente Arcieri G., hace todos los esfuerzos posibles por colocar en las mentes de los lectores del citado monopolio periodístico, a los niños cartageneros como extasiados por la visita de unos personajes descritos casi como seres de otro planeta, sin ahorrar descripciones de su carácter de mujeres y hombres de raza blanca, frente a mulatos o negros estudiantes de las escuelas de una ciudad que tiene unos niveles de pobreza cercanos a los de la mayoría de África. De esto último Arcieri G. nada dice.

Tácitamente enfrenta con desmedro a lo criollo, el pelo rubio y los ojos gateados (de gato suponemos), con el cabello crespo y los ojos redondos de los infantes lugareños, los uniformes impecables oponiéndose a las seguramente raídas y precarias prendas de los alumnos; son ‘cuajos'(también inferimos que quiere decir fornidos o musculosos) los visitantes, en oposición a los escuálidos y pequeños imberbes que deben estar en muchos casos ( y no es una exageración, pues lo puede constatar cualquier visitante de la turística Cartagena de Indias) sin desayunar.

Los estereotipos de la raza blanca admirada por los mestizos y africanos se encuentran presentes con todo su vigor en el artículo. El esquema racista salta a la vista, así como la acentuada alusión del estereotipo del militar gringo propagado por las películas de la industria del entretenimiento holywudense, impuesto como ideal humano, por supuesto inalcanzable para los afrodescendientes cartageneros. El corresponsal Arcieri G. en el colmo de lo estólido y banal afirma que estos militares gringos son como los de la televisión vista en Colombia, haciendo confundir trapaceramente realidad y ficción; una manipulación de la retórica no ocultada La sabida conexión de lo visto en la televisión como prolongación cinematográfica de los PSYOPS, al ser los filmes de guerra estadounidenses aprobados por el mismísimo Pentágono en cuanto a su argumento y libreto (3), con estos actos de magnanimidad tipo USAID, es preocupante muestra de una intención de acondicionamiento de la población a una presencia de personal gringo destinado a la guerra en Colombia, que ya llega oficialmente a unas ochocientas personas desde hace varios años (4), no precisamente dedicadas a tareas de alfabetización en un idioma desconocido para ellas, ni siquiera en el de Shakespeare del cual deben manejar unas trescientas palabras, o a la erradicación del paludismo.

Exponiendo este acto teatral de beneficencia se pasa por alto en este aviso de publicidad de guerra, el carácter de unas fuerzas armadas que han atacado a más de veinte países luego de la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué podrían opinar sobre estos hombres y mujeres saludables y de raza aria los niños cartageneros si supieran lo que ha ocurrido con otros chicos en Faluya en Iraq durante noviembre del 2004, en Nazar i Sharif en Afganistán en el en septiembre de 2001, o para no ir muy lejos de Cartagena, en el barrio El Chorrillo de ciudad de Panamá en diciembre de 1989?

El mensaje descontextualizador es el telón de fondo de está crónica, ubicándola inequívocamente en el campo de la mera propaganda bélica. Una suave, visible y muy empalagosa por parte del corresponsal del poderosísimo diario de la familia Santos de Bogotá, con importantes funcionarios dentro de un gobierno incansable en la sumisión a las órdenes emanadas desde Washington.

Al final, si pensamos con detenimiento en este asunto del periodismo y su deontología, no es posible evitar el intentar escudriñar en los procesos mentales que ocurren en la mente de periodistas paniaguados como Vicente Arcieri G., en si sus comentarios amañados, estereotipados y zalameros no son lo suficientemente evidentes para darle la conciencia de que su obrar lo coloca en el papel de publicista de una causa que ya lleva millones de muertos a cuestas; y me pregunto si llega a saber de ello, como es su deber por ejercer un oficio humanista por excelencia. ¿Qué hace a los periodistas desvirtuar la esencia de su oficio hasta llegar a no advertir el atropello a principios fundamentales como la soberanía de un pueblo o la identidad cultural del mismo, uno desangrado y empobrecido, alabando un ingreso de tropas extranjeras en su territorio, prolongando todos estos los males? ¿La paga puede explicar tal actuar antitético, racista y lisonjero contrario a una mínima dignidad como el descrito? ¿Serán los comunicadores de grandes medios tan desconocedores de la realidad para no presentir al menos, su ubicación en el extremo de una cadena de acciones cuyo origen es una agencia de espionaje foránea? ¿Arcieri no ve la abrumadora pobreza de la mayoría en Cartagena frente a la opulencia de unos pocos que respaldan la presencia armada extranjera? Si observa tal fenómeno ¿que le impide preguntarse racionalmente por la causas de este?

No estimo que un practicante del oficio del periodismo pueda escudarse en la necesidad de un ingreso, para asumir la función de ser una rueda del engranaje de manipulación y desorientación prolongadora del sufrimiento y no pocas veces la muerte de semejantes cercanos, aquellos a los cuales debe dirigirse por definición su trabajo. No me cabe en la cabeza tampoco que un periodista ignore las intenciones de reportajes como el narrado, más bien flota en el aire su identificación con las canalladas, ambiciones e indiferencias de los gobernantes del mundo y sus sátrapas locales, todo un crimen comunicativo.

Contacto: albertorojasandrade@hotmail.com

Notas:

(1) http://www.iwar.org.uk/psyops/

(2) http://www.caracol.com.co/noticias/198973.asp?id=198973

(3) Hijos de la Guerra: La Vida Cuando Callan Las Bombas y Los Micrófonos . Magda Bandera.

(4) http://bogota.usembassy.gov/wwwspc30.shtml

El jefe paramilitar Mancuso asegura que tres generales ayudaron a expandir los escuadrones de la muerte

Altercom

Mancuso dice que los generales Rito Alejo del Río, Martín Carreño e Iván Ramírez ayudaron a expandir el paramilitarismo. Por primera vez, uno de los hombres sindicados de crímenes de lesa humanidad da nombres de oficiales vivos que, según él, contribuyeron en su causa. El desmovilizado líder de las AUC aseguró ante la Fiscalía que los tres altos oficiales del Ejército –ya retirados- fueron vitales para el crecimiento delictivo de su organización en todo el país.

    

El desmovilizado líder paramilitar Salvatore Mancuso hizo dos revelaciones trascendentales durante este martes en el marco de la segunda parte de la versión libre ante la Fiscalía en Medellín. En primer término hizo un diagnóstico conceptual de la razón de ser de estas organizaciones criminales de extrema derecha. Estas surgieron, según él, porque en Colombia hay un “paramilitarismo de Estado”. Entonces tomó ejemplos de los manuales de instrucción del Ejército Nacional para concluir que no sólo él, sino este fenómeno armado, provenían de ahí.

Luego saltó al terreno de los hechos y contó con quiénes trabó una unión para conseguir sus objetivos. Entre estos, soltó tres nombres de generales de la República que han ocupado puestos claves en la cúpula de la institución. Son ellos los generales Rito Alejo del Río, Iván Ramírez y Martín Orlando Carreño.

Sus revelaciones fueron bien recibidas por un auditorio integrado por víctimas del conflicto y que minutos antes –cuando llegó a la sede donde iba a rendir su declaración, fuertemente escoltado y con un chaleco antibalas– le habían gritado: “Asesino, asesino, asesino”. Según las familias de las víctimas del paramilitarismo presentes en la versión libre, éste ahora sí comenzó a revelar lo que había prometido durante la semana pasada.

En esta ocasión, Mancuso suministró detalles inéditos. Después de entregar una documentación ante el Fiscal delegado de Justicia y Paz –incluyendo su carné que lo acreditaba como boy scout cuando era niño–, comenzó con una frase contundente y que tal vez podría resumir lo dicho durante la mañana: “Yo soy la prueba fehaciente del paramilitarismo de Estado en Colombia”.

A partir de esa frase comenzó a explicar cómo desde la década de los 60 y hasta los 90 todos los manuales de contraguerrilla del Ejército Nacional justificaban e invocaban el pensamiento de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). Así relató, cronológicamente, los nombres de algunos comandantes del Ejército que en todo este tiempo propugnaron las AUC. Por ejemplo, mencionó nombres como el de Harold Bedoya cuando era comandante general de la segunda división del Ejército en 1993, con sede en Bucaramanga, o el del comandante del Ejército en 1973, Luis Carlos Camacho Leyva, o del comandante Orlando Zafra en 1985 y el de Fernando Landazábal Reyes en 1988, y también el del comandante Luis Arcesio Bohórquez en 1989. De todos ellos, aseguró ante la Fiscalía, hicieron doctrina paramilitar y los cita textualmente.

“La defensa nacional no es sólo responsabilidad del Ejército”, sentenció en una cita textual del comandante del Ejército en 1973, Luis Carlos Camacho Leyva. En otras palabras, Mancuso dijo que se empezó a enrolar en los paramilitares como “cooperante”.

Luego dijo que en la medida que el proceso fue adquiriendo una dinámica mayor tuvo que pasar a las acciones. Entonces habló de tres reuniones con los generales del Ejército Iván Ramírez Quintero y con Rito Alejo del Río, en las que se planeó la expansión paramilitar por el norte de Colombia.

Aseguró que el general Rito Alejo les indicaba a los escuadrones paramilitares qué terrenos podían tomar y cuáles zonas estaban libres de peligro para concentrar a los hombres reclutados.

Su versión coincide con varias organizaciones de derechos humanos que han señalado al general del Río como uno de los oficiales que ha violado los derechos humanos desde la institución. El CINEP dice que el general (hoy retirado) Rito Alejo del Río Rojas ocupó el cargo de comandante de la brigada 17 del Ejército con sede en Carepa, Antioquia, desde diciembre de 1995 hasta diciembre de 1997.

“En tal período fueron perpetrados centenares de crímenes de lesa humanidad contra las comunidades más vulnerables de la zona cuya responsabilidad, al menos por omisión, se atribuyó a sus tropas, las cuales fueron vistas habitualmente actuando en unidad de acción con las más reconocidas estructuras paramilitares. Muchos miles de campesinos, negros e indígenas fueron desplazados violentamente de sus aldeas y el paramilitarismo tomó el dominio completo de la región. Pero el general del Río no llegó a Urabá sin antecedentes inquietantes que fueron configurando una trayectoria y un perfil fuertemente contrarios a lo que la ética y el derecho demandan de la milicia. Una serie de acusaciones han quedado registradas en numerosos expedientes judiciales y disciplinarios, que si bien la justicia colombiana con sus arraigados métodos de impunidad que la caracterizan ha dejado sin investigar ni sancionar, llegando incluso el Fiscal General de la Nación a precluir el proceso contra él (9 de marzo de 2004), sus sustentos probatorios ineludibles llevan a definir el perfil de este general como uno de los más tozudos impulsores y gestores del paramilitarismo en Colombia y lo hacen responsable de numerosos crímenes de derecho internacional”.

Precisamente, el senador Gustavo Petro ha insistido en que el presidente Álvaro Uribe Vélez le debe una explicación al país de por qué le ofreció un homenaje de desagravio al general del Río cuando precisamente la embajada de Estados Unidos había anunciado el retiro de su visa y las organizaciones de derechos humanos de ese país publicaban detallados informes de su accionar. Incluso Mancuso contó que entre 1996 y 1997 se reunió con el general Rito Alejo en la finca ‘La 21’, en San Pedro de Urabá.

Aseguró que allí estuvieron Carlos Castaño (jefe de las AUC ya muerto), y Freddy Rendón, alias ‘El Alemán’, y que el tema que trataron fue la expansión paramilitar en Urabá. Según Mancuso, este oficial iba en un helicóptero civil, pero él llevaba su uniforme militar. Esta es la primera vez que un ex jefe ‘para’ se refiere al general Del Río.

Luego Salvatore Mancuso señaló al general Martín Orlando Carreño y explicó que cuando estaba en la Brigada 17 enviaba a sus soldados a patrullar en compañía de los comandos paramilitares. “Yo era uno más dentro de esa Brigada”. En otras palabras, Mancuso, dijo que él era un soldado raso al servicio de las decisiones de Carreño, quien con el paso del tiempo fue ascendiendo en su carrera hasta ocupar la comandancia del Ejército.

Mancuso reveló que sus hombres patrullaron con el general Martín Orlando Carreño y que a través de un general de la Brigada 11, al que identificó como Iván Ramírez, conoció al también general Alfonso Manosalva (fallecido) con quien se reunió al menos 10 veces. El general Ramírez comandante de la XI Brigada en Montería y luego llegó a ser jefe de inteligencia del Ejército. De él también las organizaciones de derechos humanos han hecho varios reportes donde lo sindican de varios delitos.

Como se recordará, a Manosalva el ex líder paramilitar ya lo había señalado en anteriores versiones como uno de sus colaboradores en la matanza de El Aro (Antioquia).

Pero las revelaciones de Mancuso no pararon ahí. Contó el episodio con el magistrado Rodrigo Escobar de quien dice acudió a Mancuso por el caso de su novia (no dio el nombre). Quería saber qué había pasado con ella, si aún la tenían retenida o la habían matado. Cuenta que el magistrado “buscó a uno de nuestros congresistas”, a Miguel de la Espriella, para preguntarle eso. Entonces Mancuso llamó a ‘Jorge 40’ y éste le dijo que estaba muerta porque según una información ella manejaba parte de las finanzas de la guerrilla.

Al filo del mediodía, Mancuso terminó diciendo: “El paramilitarismo ha sido orquestado por los gremios económicos, que son los que ponen la plata, plata que favorece a los políticos y el Ejército dispara a quien se oponga a esto, sea guerrilla o no sea” . Dando así pistas de lo que puede venir en las próximas horas.

“El uribismo está profundamente impregnado de paramilitarismo”

Entrevista a Gustavo Petro, senador del izquierdista PDA

Ana Zarzuela

Cambio 16

Elegido como político más relevante de Colombia por la revista Semana, este senador de izquierda es uno de los más afilados y activos arietes de las denuncias de la “parapolítica” y los supuestos vínculos de Uribe y su entorno con el paramilitarismo. Objeto de amenazas de muerte constantes, acaba de dar el campanazo en el Senado aportando un listado con 2.000 personajes públicos vinculados al paramilitarismo, lo que le ha valido las críticas más aceradas por parte del ejecutivo, en un momento en el que la “parapolítica” lo salpica todo y en el que el descubrimiento de fosas comunes ha vuelto a desenterrar los crímenes de las autodefensas.

El debate en el senado fue el culmen de un proceso de denuncias que usted ha encabezado contra el presidente Uribe, el partido en el gobierno por vínculos con el paramilitarismo. ¿Qué espera de ese proceso de denuncia que sobrepasa lo judicial? ¿por qué ese empeño en este momento en Colombia?

Yo espero la verdad y por verdad en Colombia entendemos el hecho de poder develar con nombres propios el conjunto de funcionarios públicos armados y desarmados y de lideres políticos que ayudaron por acción, por omisión, o propiciaron, financiaron y ordenaron en muchas circunstancias crímenes contra la humanidad al lado de muchos narcotraficantes, que es lo que se conoce como paramilitarismo. Me parece imprescindible que la sociedad colombiana encuentre eso que llamamos la verdad porque sin eso no podemos superar el fenómeno. Colombia en términos muy simples, pero también terribles, ha vivido un verdadero genocidio, un holocausto. En todo el continente americano, en las últimas cuatro décadas es el rincón de América Latina que por su intensidad en el número de víctimas, por su salvajismo ha producido los mayores crímenes contra la humanidad, aun comparados con el cono sur y con las dictaduras de Latinoamérica. Y ese genocidio ha sido hecho con ayudas y complicidades estatales desde hace tres décadas y en aumento. Por lo tanto, frenar un proceso de crisis humanitaria como la que se ha presentado aquí y superarlo implica descubrir la verdad. Y ése es el objetivo del debate, suscitar esa discusión pública en Colombia y fuera de Colombia. Y ése es el objetivo final.

Son crímenes de varias décadas que afectan a buena parte de la población como víctimas, pero también como cómplices de silencio, como sujetos comprensivos con el fenómeno del paramilitarismo. ¿por qué usted ha decidido focalizar las denuncias en el presidente Uribe?

Porque siendo el presidente de la República tiene un papel pedagógico insuperable en la sociedad, el presidente enseña para bien o para mal. Y hasta ahora el discurso presidencial ha sido permisivo con el paramilitarismo. Es un formidable combatiente contra la guerrilla y de ahí se deriva su alto nivel de popularidad, pero es permisivo con el mundo paramilitar ahora y lo fue en el pasado. El debate mostraba que en el pasado, siendo gobernador, cómo había crecido el paramilitarismo en el departamento de Antioquia hasta en un 640 por ciento. Esa permisividad es profundamente nociva para la sociedad colombiana, porque permite extender la creencia en sectores muy amplios de que todo tipo de métodos son permisibles si se trata de combatir las FARC. El paramilitarismo no combate las FARC, es un proceso de acumulación ilícito de riquezas de todo tipo, pasando por la cocaína, y hace mucho dejó de ser un proyecto contrainsurgente; sin embargo el discurso que se ha vendido y creído por un amplio espectro de la sociedad es que es un proceso contrainsurgente contra las FARC y, por tanto plausible y con eso lo que este sector aplaude es los crímenes contra la humanidad. El presidente de la República en su actitud durante todos estos años ha permitido que crezca este tipo de discurso en la sociedad colombiana y por eso un debate sobre ese tipo de políticas vinculadas al presidente de la república ahora como presidente y antes como gobernador de Antioquia nos pareció pertinente para abrir la discusión pública sobre el tema.

Sin embargo, el presidente, ente los méritos que se atribuye de cara a la opinión pública nacional e internacional destaca el haber desmovilizado a los paramilitares.

Efectivamente el gobierno habla de 33.000 paramilitares desmovilizados, de los cuales sólo 52 están presos. Los demás están libres. De hecho muchísimos de ellos, en un número no identificado pero centenares, cometieron crímenes contra la humanidad y están libres, lo que significa que en la práctica lo que hizo el presidente es un indulto a criminales de lesa humanidad y narcotraficantes, lo que le ha permitido a estos paramilitares libres reparamilitarizar el país porque el paramilitarismo cuenta con ejércitos privados pero no es sólo un conjunto de ejércitos privados, el paramilitarismo fundamentalmente es una red de poder mafioso. Lo que hemos asistido es la desmovilización de unos ejércitos que se pueden rehacer fácilmente, sin desmantelar el poder mafioso. El paramilitarismo está intacto en cuanto a poder en el territorio nacional y puede movilizar cuando quiera nuevos ejércitos. De hecho, ya lo está haciendo, con las llamadas águilas negras, demostrando la ineficacia de la política de negociación, o más bien la negociación política— con sectores narcotraficantes y genocidas, que debió ser desde un comienzo como rectificó la Corte Constitucional en contravía del proyecto de ley que aprobó el gobierno, un proyecto de sometimiento de la justicia donde la verdad era condición indispensable como confesión plena y veraz para recibir cualquier tipo de beneficio jurídico, no sólo para los 52 que hoy están presos, sino para el conjunto de los que se proclamaron paramilitares en Colombia.

Si la Ley de Justicia y Paz fuera eficiente, ¿no sería suficiente con ella, con ese marco jurídico para atajar el paramilitarismo?

Hay que dar un compás de espera aún porque la ley de justicia y Paz actual n es la que aprobaron el gobierno y el Congreso, la ley de justicia y paz que aprobó el congreso con los congresistas hoy presos y con el gobierno era una ley de impunidad, que desligaba completamente los beneficios jurídicos que recibieron automáticamente 33.000 paramilitares de la necesidad de rendir verdad, en contravía del proyecto de ley que habíamos presentado con el Partido Liberal y un sector del uribismo, que se titulaba verdad, justicia y reparación y que hacía obligatoria la confesión total antes de recibir beneficios jurídicos. La Corte Constitucional, que revisó la ley aprobada por el Congreso, le dio la razón a la oposición y transformó radicalmente el proyecto aprobado convirtiéndolo en un proyecto de impunidad y negociación política para narcotráfico y el genocidio en un proyecto de sometimiento a la justicia y negociación judicial e entre la justicia y no el gobierno y los paramilitares. Por eso esa transformación de esa ley, que se acercó a la que habíamos propuesto nosotros, necesita ser implementada. Tiene enormes dificultades de todo tipo, entre otras la falta de convencimiento de los mismos paramilitares en confesarlo todo porque creen que la política del gobierno les va a permitir indulgencias sin necesidades de confesiones previas, como lo han transcrito en varias de las cartas que le dirigen al presidente Uribe. Nosotros vemos la necesidad de complementar esa ley con algunos hechos que creemos que pueden ser más eficaces en la consecución de ese objetivo que queremos que es la verdad.

¿Como por ejemplo el debate político?

Uno de esos hechos es que Corte Penal Internacional envíe una misión de observación, que puede ser un mensaje contundente en el sentido de llevar a los paramilitares a una confesión plena y veraz, con lo cual la ley colombiana podría tener eficacia. Y estamos trabajando en ese sentido.

Antes, durante y después del debate, las denuncias hacia Uribe y su entorno personal, familiar y político se han centrado sobre todo en la génesis de las Convivir y sus vínculos con el esplendor del paramilitarismo en Antioquia. Tanto el presidente como sus allegados dicen que usted hace todo esto para desencadenar ruido político, para atacar a Uribe y sacar partido político, que no tiene pruebas de lo que dice. ¿hasta dónde tiene usted pruebas de esa supuesta implicación de Uribe en el pasado? ¿tiene usted alguna prueba de que esa supuesta implicación siga existiendo en el presente?

Fueron dos horas y media de debate, que sobre todo consistió en una transcripción leída de numerosas pruebas judiciales y de inteligencia de la época que señalaban que la política de la Convivir, —que no era más que una repetición de una política anterior desde el año 79 de armar particulares dotándolos arbitrariamente dotándolos de funciones de policía y ejército sin control público—, derivaba automáticamente en paramilitarismo y narcotráfico. El debate mostró no sólo que eso ya había acontecido en el 82 con la formación del paramilitarismo en Colombia a través del MAR, sino que sucedió bajo la gobernación del presidente en el departamento de Antioquia con la configuración de las Convivir. Son dos horas y media de presentación de pruebas judiciales que testimonian que en cada subregión del departamento todas las convivir delinquieron al lado de paramilitares en delitos que incluso fueron de lesa humanidad, al punto de que colocaron al mismísimo gobernador en sus propias haciendas como escenarios de la vinculación de convivires y paramilitares, la ejecución de crímenes en sus propias haciendas.

Yo acuso al entonces gobernador de una actitud permisiva y omisiva en relación al paramilitarismo. Es un gran contendiente contra las FARC, pero es permisivo y omisivo con los paramilitares. Y eso sucedió en el pasado, como se mostró en el debate, pero lo que más nos preocupa es que ese mismo tipo de política es la que sustenta la llamada seguridad democrática en el presente, con lo cual lo que estamos afirmando es que en lugar de ser una seguridad democrática es decir, que logre que el ciudadano sea soberano en su territorio y goce de la plenitud de sus derechos y libertades, deriva rápidamente en seguridades mafiosas, donde los territorios a la guerrilla son ocupados no por el estado de derecho sino por otras mafias y a través de la violencia se sustituyen unas tras otras en el mismo territorio intermitentemente. No hay un solo territorio de Antioquia que haya sido liberado de las mafias: al contrario, han sido apoderados por mafias que se sustituyen intermitentemente unas a las otras. Y ese debate, que es el pertinente y es el presente es el que le solicitamos al presidente para que haga una autocrítica sobre la base de lo que sucedió en el pasado. Pero el gobierno no ha querido autocriticarse y su reacción ha sido acusar a la oposición de terrorismo contra el país y asimilar su lucha por la verdad y contra el paramilitarismo y el narcotráfico como si se tratase de una lucha contra los intereses patrios.

Hay una faceta de esa realidad que tiene que ver con los escándalos de parapolítica: hay once representantes del legislativo encarcelados o encausados en este momento y ya ha tocado al gabinete de gobierno (el canciller Araujo renunció). ¿usted tiene argumentos para pensar que ese escándalo salpicará directamente al presidente Uribe?

Ya lo ha salpicado a él, dado que como jefe de estado es responsable del nombramiento y del acompañamiento que recibe tanto en el gobierno como en el Congreso y resulta ser que yodas estas personas ya están en la cárcel y las que van para la cárcel vinculadas a procesos judiciales son cien por cien uribistas, los nombró o permitió que lo acompañaran en las elecciones, fueron sus jefes regionales… El uribismo está, según las investigaciones, profundamente impregnado del paramilitarismo. No son todos los uribistas, la mayoría no lo son, pero el presidente que siendo gobernador bajó la guardia contra el paramilitarismo, también lo había hecho en sus propias estructuras organizativas y gubernamentales, y por eso muchos están presos, pero un fenómeno de treinta años de convivencia entre genocidio, narcotráfico y estado implica que son muchísimos los funcionarios públicos armados y desarmados, civiles y militares que desde todas las ramas del poder público permitieron, convivieron con u ordenaron crímenes contra la humanidad en Colombia. Y de esa manera el tema es mucho más grande. Los escándalos de la parapolítica son simplemente la punta de un iceberg. Nuestro interés no es simplemente que se produzca una crisis de antiuribismo de tipo ético, que ya existe, sino que se conozca toda la verdad, sobre la base de develar todas las relaciones del estado con el genocidio y el narcotráfico a lo largo de tres décadas, que superan en mucho la existencia misma del proyecto político uribista, podamos lograr que se no se repita y que se corten esas relaciones de tal manera que el narcotráfico pierda su principal poder de usar el estado y de tal manera que el estado sea el escenario que tiene que ser del público, de la ciudadanía. Es decir la verdad tal como la concebimos en Colombia es la condición sine qua non para construir un país democrático y ése es el objetivo que se propone la oposición.

Pero en países como Colombia que enfrentan décadas de graves violaciones históricas de los derechos humanos hay fórmulas muy diversas para conciliar la verdad y la justicia con la transición y un pacto con un futuro de reconciliación nacional. ¿dónde está ese punto de equilibrio en Colombia?

Nosotros somos partidarios de que los paramilitares reciban beneficios jurídicos, menos cárcel o incluso ninguna, dependiendo de los casos individuales. Y no sólo ellos, sino los sectores de la sociedad que los apoyaron. Pero a cambio, la verdad.

Uribe sigue siendo un presidente con un apoyo popular muy alto, superior al 70 por ciento. ¿Es que la mayoría de los colombianos no creen las denuncias que ustedes hacen de las implicaciones de Uribe y su entorno, es que no les importa o es que las consideran algo pasado que hay que superar, que hay que dejar de lado para seguir adelante?

No. Al contrario y de manera más grave, lo que significa es que un sector importante de la sociedad colombiana continúa aplaudiendo métodos como los paramilitares creyendo que con eso se destruye la guerrilla. Y eso es más grave porque implica una destrucción a profundidad de valores democráticos dentro de extensos sectores de la sociedad colombiana, lo que le otorga una base social de apoyo a salidas antidemocráticas y totalitarias. Es una fascistización de la conciencia ciudadana que—y es la parte positiva—no es de la mayoría de la población, pero sí de una sector importante. E impide de paso superar el problema paramilitar. El paramilitarismo se puede superar y tiene como primera condición para superar este tipo de proyecto totalitario y genocida y narcotraficante el que el conjunto de la sociedad, como sucedió en Sudáfrica, logre el nivel de conciencia de su complicidad. Eso no existe hoy en Colombia y hace parte un poco del aplauso, pero también hay que admitir que la impopularidad de las mismas FARC permite la popularidad de quien las ataca, por culpa de las mismas FARC. Y hay un ciclo de descenso en la economía que también logra puntualizar ese apoyo popular al presidente. Nosotros lo que nos sentimos es preocupados porque una parte de la sociedad colombiana ha banalizado y hace plausibles los crímenes contra la humanidad en Colombia simplemente por el hecho de que suponen que son el instrumento eficaz para destruir la guerrilla, cosa que además es evidente que no, pero está en el imaginario popular esa construcción política que además es tan nociva para la salud del estado y de la democracia.

En ese contexto, una parte de las reacciones y las críticas a la postura que usted y el Polo Democrático han mantenido tienen que ver con su propia trayectoria personal. Usted fue miembro del M19 y los críticos dicen que usted sólo ve la paja en el ojo ajeno. ¿Para cuándo un debate por la verdad que tenga que ver con los abusos de las guerrillas en Colombia, si le parecen equiparables?

Pero el M19 no es la guerrilla. El tema del M19 es que no se puede comparar genocidas con rebeldes. Y el gobierno con objetivos políticos ha intentado equiparar genocidas con rebeldes, como es el caso del M19. Los rebeldes del M19 dejaron sus armas e hicieron un pacto con el gobierno de aquel momento, con el estado, que consistió en no reconocer el estado contra el cual se rebelaron, el de la constitución de 1986, el estado de la dictadura civil, pero acordar las reglas del juego democráticas que a través del voto popular permitirían la construcción de un nuevo estado, que es el de la Constitución de 1991. El M19 ha cumplido con su acuerdo. Quienes no cumplieron fueron la contraparte, que una vez expedida una constitución democrática muy parecida a la española, entonces empezaron a construir este tipo de proyecto paramilitar para derogar de facto esta constitución del 91 en buena parte del territorio nacional. Nosotros creemos que precisamente la salida a la crisis y la violencia que vive el país desde hace décadas es precisamente aplicar esa constitución, que no es más que construir una república democrática. Hay intereses muy poderosos en la sociedad colombiana que no quieren ese tipo de construcción democrática de la sociedad y del estado y por lo tanto quisieran borrarla del mapa no sólo a la constitución, sino a quienes fueron sus autores y sus protagonistas centrales por mayoría del voto popular, el M19. Por eso hoy construyen un discurso que es de una verdadera impostura histórica, que es equiparar a los rebeldes de antaño con los genocidas de hoy, que más o menos sería lo mismo que comparar a los resistentes franceses contra el fascismo y a los fascistas mismos.

Pero no hablemos sólo del M19, sino de las FARC y el ELN. ¿qué papel tienen ellos que jugar en esa búsqueda que usted reclama de la verdad y la justicia en Colombia?

Pienso que todo proceso de negociación futuro, si es que lo hay, tiene que inscribirse dentro de las tesis de la verdad, la justicia y la reparación de las víctimas. Lo es para los paramilitares, lo es para el ELN, que está en negociaciones, pero creo que el desarrollo político colombiano debe derivar no hacia negociaciones de paz sino a la asfixia democrática del conflicto. Hay tres vías para solucionar el conflicto o creer que se soluciona. Una la propuso Pastrana, derivada de experiencias del pasado, que es la negociación política con grupos armados guerrilleros. Ésa fracasó antes de 2002. Otra la propuso Uribe y gracias a eso ganó las elecciones del 2002, que es la destrucción militar de la guerrilla y ha fracasado también después de cinco años aunque la ha replegado militarmente no la pudo destruir. Y hay una tercera vía que no ha sido implementada en Colombia aún, que es la que defiende el PDA y es que el gobierno tiene que hacer tal tipo de reformas, como la reforma agraria, o la eliminación del sistema clientelista, que le quitaría el oxígeno al conflicto mismo, de tal manera que las actuales y poderosas guerrillas devendrían en bandas que sólo tendrían dos opciones: o ser destruidas militarmente por su propia debilidad o definitivamente dejar las armas e inscribirse en un proceso de democratización. Y cualquiera de las dos vías finalizaría la guerra en Colombia. Pero implican de antemano una salida que no es negociada, sino que es la construcción de la democracia, que debería ser un mandato mismo de la sociedad y una construcción permanente del estado.

¿Qué precio, sobre todo internacional tendrá que pagar el presidente Uribe por los escándalos de la parapolítica? Hay cincuenta millones de dólares de ayuda estadounidense congelados, Al Gore eludió a Uribe y Nancy Pelosi le dio un tirón de orejas al presidente.

Hay un desprestigio internacional de un gobierno que se volvió socio del paramilitarismo tanto para gobernar como para hacer leyes y conseguir votos. Y en esa medida el culpable del desprestigio internacional, que no nacional es el propio presidente. Pero los costos vendrán en el plazo medio y dependerán mucho de la actitud del presidente. Aún puede variar políticas, aún puede escoger otro tipo de aliados, aún puede profundizar de frente el tema de la verdad en Colombia y eso le permitiría sobrepasar la crisis y proyectarse como un reconstructor del estado y de la nación colombiana. Pero como van las cosas por sus trabajos y por sus actitudes, al presidente le cuesta trabajo dejar las relaciones con los sectores sociales y políticos afines al paramilitarismo, además porque le son necesarios para tener la mayoría en el Congreso. Lo que lo va a llevar en el mediano plazo a un desprestigio no sólo internacional sino nacional que finalmente, cuando deje la economía el ciclo ascendente que ya tiene signos de llegar a su fin, en el momento en que la sociedad encuentre que no han sido destruidas las FARC como prometió Uribe y que el paramilitarismo crece y se toma Colombia como está sucediendo, simplemente reaccionará porque a pesar de los problemas que tiene la sociedad colombiana, en sectores muy extensos de ella se conservan valores y principios democráticos.

Usted ha recibido amenazas personales y familiares y en los días que rodearon el debate en el Senado sobre el paramilitarismo su despacho fue objeto de un allanamiento por parte de la fiscalía que ha despertado mucha polémica. Usted ha estado en el ojo del huracán con el Ministro de Defensa, Juan Manuel Santos, que lo acusa de denunciar sin fundamento e intentar manchar el nombre de las instituciones del estado implicándolo en las amenazas contra usted.

En general la oposición colombiana está bajo amenaza que deriva del mismo discurso presidencial, que primero la tilda de terrorista, de guerrilleros vestidos de civil, etc, en una sociedad polarizada donde se ha vuelto costumbre eliminar físicamente al contrincante. Donde es muy fácil en cualquier rincón del país que alguien movido por esas pasiones dispare contra quien considere un terrorista o un guerrillero. Y ése es el calificativo que el presidente le ha asignado al conjunto de la oposición democrática en Colombia. Además ha confesado públicamente que realiza inteligencia militar y policial contra ella quebrantando todo el orden constitucional y legal. Por eso Nixon salió de su cargo de presidente de los EE UU. Y eso genera un ambiente de hostigamiento que se traduce finalmente en una lluvia de amenazas contra la gente del Polo, en asesinatos como los de la dirigente del polo de la Comuna 13 de Medellín, Judith Astrid Vergara, que además era dirigente de las víctimas y amenazas personales sobre mi familia, que empezaron en noviembre en torno al debate del paramiltarismo, que se han repetido constantemente. Y el descubrimiento de un plan de asesinato sobre mí a través de la confesión de un sicario que ubica al responsable de ese asesinato en el jefe de seguridad de la empresa Drummond, el coronel retirado Villate, que ya había sido comprometido en el intento de asesinato de otro senador del Polo siendo contratista del gobierno, lo que hace girar la esfera de la amenaza de círculos paramilitares (como en el pasado) hacia círculos gubernamentales.

Eso ha sido respondido con fiereza por el Ministro de Defensa. De hecho el intento de allanamiento fue ordenado por una fiscal que estaba siguiendo un caso de retaliaciones entre militares y fue ordenado para antes del debate sobre el paramilitarismo en Antioquia, con tan mala fortuna para ella que el oficial de policía que tenía que hacer esa operación decidió no hacerla antes, sino después del debate, en un día que coincidió con la presencia del Fiscal General, que detuvo el operativo. Pero nos muestra que fue de sectores militares de donde surgió la presión para que esa fiscal, que conocía de un caso de denuncias entre militares, tomara esa decisión de “una inspección judicial” a las instalaciones de mi despacho.

¿Que contraviene la inmunidad parlamentaria?

Sí, hay un fueron especial que requiere que esas investigaciones no las haga otra autoridad que la Corte Suprema de Justicia. Pero es que yo veo todo esto como una acción integral, desde el discurso presidencial al intento de allanamiento, pasando por el descubrimiento de un plan de asesinato, el asesinato efectivo de miembros del Polo, la lluvia de amenazas al Polo… es una acción integral de hostigamiento contra las filas de la oposición porque la oposición ha puesto el dedo en la llaga y porque está en la política de exigir toda la verdad de las relaciones entre estado y paramilitarismo.

Sindicalistas y terrorismo de Estado

Domínico Nadal

ANNCOL

Cada día se demuestra quiénes están detrás del Terrorismo de Estado en Colombia. Todos los gobiernos, siguiendo los dictados de Washington, han asesinado sindicalistas. Todos sin excepción. Lo único es que los asesinos ejecutores se atreven a denunciar que las multinacionales les pagan por sus ‘servicios’, cosa que siempre hemos denunciado.

El 8 de enero del 2006 en artículo publicado en ANNCOL preguntábamos por qué asesinan los sindicalistas en Colombia. [ 1 ] .

Nuestras pesquisas nos llevaron a la conclusión de que a los sindicalistas los asesinan desde el Estado. Su asesinato proviene de órdenes impartidas desde el gobierno a las fuerzas militares y de éstos a sus brazos ejecutores, los narco-paramilitares, cuando no eran los mismos militares disfrazados de narco-paramilitares.

Analizábamos allí también que la oligarquía colombiana ‘combina todas las forma de lucha contra el pueblo’ y cuando las otras ‘formas’ le fallan recurre a la eliminación física de los contradictores, sean políticos, comunales, mujeres, estudiantes, o sindicalistas.

El ejercicio de la actividad sindical deviene entonces en actividad castigada por los agentes estatales, la cual se inscribe en la violación sistemática de los derechos humanos de los trabajadores colombianos, desde sus derechos laborales hasta sus derechos fundamentales.

Las estadísticas muestran la crisis

Las frías estadísticas muestran la profunda crisis humanitaria que sufren los trabajadores colombianos, en especial los trabajadores sindicalizados y sus dirigentes.

Entre el 1 de Enero de 1991 y el 31 de diciembre de 2006 –según datos del Banco de Datos de la ENS (Escuela Nacional Sindical) y de la CUT- se han registrado 8.105 casos de violaciones a la vida, la integridad física y la libertad personal de trabajadores afiliados a sindicatos en Colombia, discriminadas así: 2.245 homicidios, 3.400 amenazas, 1.292 casos de desplazamiento, 399 detenciones arbitrarias, 206 hostigamientos, 192 atentados, 159 secuestros, 138 desapariciones, 37 casos de tortura y 34 allanamientos ilegales.

Desde 1991, año en que se comienzan a recopilar las cifras, se demuestra que todos los gobiernos han practicado el Terrorismo de Estado contra los sindicalistas y sus organizaciones sindicales.

Durante la administración de César Gaviria Trujillo fueron asesinados 518 sindicalistas.

Durante la administración de Ernesto Samper Pizano fueron asesinados 795 sindicalistas.

Durante la administración de Andrés Pastrana fueron asesinados 600 sindicalistas.

Durante la administración de Álvaro Uribe Vélez fueron asesinados 282 sindicalistas.

Durante lo que va corrido del 2007, primer año de la segunda administración de Uribe Vélez, han sido asesinados 10 sindicalistas.

La administración de Álvaro Uribe Vélez pretende mostrar que la disminución del asesinato de sindicalistas que muestran las cifras obedece a su política de ‘seguridad democrática’. Nada más falso. El terror desatado contra los trabajadores, que se traduce en una baja tasa de sindicalización, y la sustracción de materia por el asesinato de los sindicalistas, son las causas de la ‘disminución’ de estas cifras.

¿Quiénes están detrás de los asesinatos? Definitivamente detrás de los asesinatos selectivos de los sindicalistas está el estado colombiano. Y detrás de éste, están las manos de las empresas y de los empresarios. Prueba de ello son las denuncias que han hecho desde hace muchos años los mismos sindicalistas, las cuales son echadas en saco roto por los funcionarios del gobierno y el estado, y los artículos publicados por diversos analistas de la situación colombiana.

Recordemos que desde ANNCOL se ha venido denunciando, por ejemplo el papel de las petroleras en el Plan Colombia, en los artículos de Allende La Paz. También se ha denunciado el pago de las multinacionales Chiquita Brands y Drummond a las bandas de narco-paramilitares para que continúen asesinando los sindicalistas de esas empresas. Igual política asesina adelanta la Coca Cola y la Nestlé en Colombia.

El capo narco-paramilitar Salvatore Mancuso, acusado de más de 6.000 asesinatos de sindicalistas, campesinos e indígenas, ha aceptado en entrevista a Natalia Spring que “Se pactó este acuerdo con Chiquita Brands Inc, Dole, Banacol, Uniban, Proban y Del Monte. Nos pagaban 1 centavo de dólar por cada caja que salía del país. El resto de empresas del sector hacían un aporte semestral. La empresa Dole se encargaba de recoger el dinero y finalizar la operación, de la que se tenía pleno conocimiento en las compañías y que se calificaba como una contribución a la convivir Papagayo”. “El producto de esas contribuciones se distribuía proporcionalmente entre la Casa Castaño, el Bloque Bananero, una parte para inversión social y otra para pagar corrupción de instituciones del Estado”.

Por este abrebocas que dio Salvatore Mancuso ahora el ‘establishment’ narco-paramilitar quiere acallarlo y ahora ‘denuncian’ que los capos narco-paramilitares ‘siguen delinquiendo desde las cárceles’. Ahora, que quieren acallarlos sin ‘delinquen’, pero mientras realizaban las masacres y los más de 3.500 asesinatos selectivos que realizaron durante los Sainetes de los Ralito, ahí SÍ no estaban ‘delinquiendo’!!!

Una política de exterminio

Es de resaltar que las empresas multinacionales son las más directamente involucradas en estas políticas de exterminio. El gobierno colombiano, y todo el estado, responde a los intereses de estas empresas imperialistas, ante cuyos deseos criminales se arrodillan los cipayos de la oligarquía tradicional.

No podemos explicarnos los asesinatos de los sindicalistas como algo ligado al conflicto armado. Hay una larga historia de violaciones a los derechos humanos de los sindicalistas que muestran que estas violaciones no son debidas a ‘una violencia difusa e indiscriminada’, como bien dice la CUT, sino que están siempre ligadas a las luchas por sus derechos laborales que adelantan los trabajadores, sean paros, huelgas, negociaciones colectivas o creación de sindicatos.

Los empresarios presionan al gobierno para que adelante el exterminio de los sindicalistas, cuando no son ellas directamente las que financian y les ordenan a las bandas narco-paramilitares el asesinato de los sindicalistas. El exterminio de los sindicalistas le significa a los empresarios pingües ganancias, razón por la cual son ellos los primeros patrocinadores de la guerra en Colombia y sus primarios beneficiarios, buscando con ello la anulación de las conquistas laborales de los trabajadores, sus acciones de lucha por sus reivindicaciones más sentidas y el borramiento de la legislación colombiana los derechos laborales.

Detrás de todo ello, claro está, permanece el imperio estadounidense que adelanta sus planes de guerra contra el pueblo colombiano, Plan Colombia, para imponerles sus tratados comerciales –ALCA, TLC, etc- y continuar chupando nuestros recursos naturales y la sangre de nuestros trabajadores.

Por ello, los cipayos como Alva-raco Uribe Vélez deben renunciar!