El plan mediático gringo-hispano para declarar narcoterrorista a Chávez

José Sant Roz*

Desde hace treinta años, una de las palancas de la economía norteamericana es el narcotráfico. Compra de armas, medios de comunicación, políticos, empresarios… es la abultada caja con que se negocia gran parte de las operaciones terroristas y campañas manipuladoras para derrocar gobiernos no afectos a la política de Washington en gran parte del mundo.

No olvidemos la historia de Manuel Antonio Noriega, el agente de la CIA e hijo predilecto de George Bush padre, quien inundó Centroamérica de armas compradas con el negocio de la droga, para la Contra nicaragüense, en nombre de la libertad. El día que Noriega se negó a obedecerle en sus negocios sucios tomaron a su país como centro de entrenamiento para la guerra que después desatarían contra Irak, y arrasaron al pobre Panamá matándole a miles de civiles.

El procedimiento de Washington para eliminar a un político incómodo es siempre el mismo: primero mediante el uso de los medios desconceptuarlo moral y políticamente ante el mundo, y cuando la comunidad internacional esté suficientemente penetrado de sus “crímenes”, de sus “violaciones a los derechos humanos” y de que su permanencia en el poder es un “peligro para la democracia y la libertad”, entonces proceder a darle el tiro en la nunca.

En estos momentos el blanco de estas acciones es el Presidente venezolano Hugo Chávez, y los países que en este momento llevan la batuta para su exterminio moral y político son Estados Unidos y España. Para esta acción se están movilizando prestamente por Europa los Presidente Álvaro Uribe y Alan García, y en sus agendas por orden de Bush hijo, lo único que cuenta en esta gira es atacar a Chávez.

El rotundo éxito de la operación “Enmanuel” para rescatar a Clara Rojas y a Consuelo González causó pánico y decepción en la Casa Blanca. La prensa mundial recoge que “a regañadientes, Estados Unidos calificó, el jueves 10 de enero, de “bienvenida” la mediación del presidente venezolano, Hugo Chávez, que permitió la liberación de dos políticas colombianas secuestradas por las FARC, pero se abstuvo de felicitar a su mayor crítico en Latinoamérica.”

Con esta fúnebre declaración se pronunciaba ante un hecho profundamente humanitario, la superpotencia del planeta que vive en campaña mortal y feroz contra el terrorismo. Qué importa: podrá caérsele una mil veces su careta de Nación demócrata, humana y pacífica, porque para eso están los poderosos medios que en pocos segundos se la podrán lavar y ponérsela tan limpia, dulce y serena como siempre la han tenido.

La SIP existe primordialmente también para la protección de todos los gordos narcolavadores de dólares en América Latina. La furia de RCN contra Chávez y la FARC evidencia el plan de ese inmenso control. De modo que definitivamente la GUERRA MUNDIAL de Bush al derribar las torres gemelas en Nueva York también se hizo para una mejor manipulación del universo que tiene que ver en parte con este negocio y el del petróleo. Bush lo dijo, “esta guerra se llamará de Justicia Infinita”. Es decir, “tendremos un poder infinito para invadir, para ir donde queramos, para encarcelar sin juicio de ningún tipo a quien nos dé la gana.” Y los primeros efectos de la “Justicia Infinita” se hicieron sentir en Afganistán e Irak, luego tocaron a Venezuela (donde también hay petróleo y gas) derrocando a Chávez. Instituye tribunales militares secretos con viajes igualmente secretos por el planeta llevando centenares de presos: toda una mezcla diabólica de discurso religioso y político. Al mismo tiempo que va reforzando sus garras sobre Colombia, incrementando su poder militar también en Ecuador.

Así como las transnacionales requieren de los medios de comunicación para imponer sus productos, también el narcotráfico los necesita para ocultar a los capos que movilizan esa droga. Existe un acuerdo tácito con la SIP de que jamás se divulgue ningún tipo de información que previamente no haya sido procesada por la DEA en relación con ningún decomiso de droga. No olvidemos que en el caso IRÁN-CONTRA, en el que Oliver North cayó por adquirir armas a cambio de droga, fue producto de ese pavoroso control que el Departamento de Estado tenía sobre los medios del mundo. No fue a través de los medios como esto se supo, sino por intermedio de una comisión independiente del Congreso estadounidense.

Así pues, que el Emperador de Norte, George W. Bush, es el máximo acaparador de casi toda la droga que circula por el mundo. Él, con su política precisamente terrorista necesita inocularle ese sucedáneo a su pueblo para seguir mandando soldados al Oriente Medio; para impulsar guerras, porque evidentemente también los medios de comunicación son la madre de todas las drogas. Van íntimamente unidas medios y drogas. Y este negocio requiere que se acaben todas soberanías de los países y que sea el Departamento de Estado a través de la DEA quien controle este negocio y los mismos gobiernos donde funciona. Con medios independientes sería muchísimo más complicado el negocio de la droga, y eso lo sabe muy bien Washington.

Por eso desde el mismo momento en que Chávez ordenó eliminar el funcionamiento de la DEA en Venezuela, el canal de televisión venezolano Globovisión y el diario “El Nacional” comenzaron a pegar el grito en el cielo. Ya hemos sido testigo de cómo el 21 de enero de 2008, Globovisión recrudeció sus ataques contra Chávez mostrándolo como consumidor de droga tergiversando unas palabras en la presentación anual de su mensaje a la Asamblea Nacional. Colocaron imágenes de Chávez con polvo de una lecha que el derramaba en un intento de identificar subliminalmente este producto con el polvo de coca.

Washington sabe que si se llegara a un acuerdo de paz con las FARC, perderían sus contactos con los narcos y perderían las bases de control del narcotráfico y del negocio inmenso que reporta esta droga. Por eso están desesperados difundiendo por el mundo que Chávez está envuelto en el asunto de la droga para entonces así matar dos pájaros de un solo tiro. Nunca como antes se ha desvelado los vínculos entre la CIA, los medios poderosos y la droga. Son la misma cosa.

Los grandes medios de comunicación españoles también han estado de luto, y reciben centenares de miles de mensajes de América Latina en los que les dicen: “Veis ahora por qué no se calla”. Han sido días aciagos y cargados de tensión para el grupo PRISA, para Pedro J. Ramírez y la Oficina de Prensa Real que han instalado toda una sala estratégica para definir con sumo cuidado cuantos titulares de prensa tengan que ver con el “macaco venezolano”.

Estos medio habían estado confeccionando matrices para colocar en todas las encuestas a su rey Juan Carlos y a Zarkozy como los hombres mejor valorados del año 2007, al tiempo que colocar a Chávez en el foso de lo más villano. Estados Unidos cantó victoria el 31 de diciembre cuando había fracasado la operación producto de los bombardeos que Uribe, por orden del Departamento de Estado, lanzó los días 29 y 30 de diciembre en la zona de San José del Guaviare. Entonces, todos los titulares de la prensa española, “El País”, “ABC” y “El Mundo” hablaban con júbilo del enorme show montado por Chávez.

Habiendo transcurrido más de una semana de la exitosa operación, corren los dólares y los premios por entre la elite de los más distinguido de la intelectualidad española y latinoamericana, para que se pronuncien contra Chávez. El Juez Baltasar Garzón consideró, en declaraciones a la Cadena Ser, que “la fanfarria o el espectáculo circense que ha dado Chávez para conseguir esta liberación (Clara y Consuelo) es no ya un exceso sino algo absolutamente reprochable”.

Garzón habló también de la petición de Chávez de que no se considere terrorista a las FARC: “Pedir que se deje de reconocer a las FARC como un grupo terrorista me parece o de un cinismo absoluto o de tener muy poca idea de qué hacen y como lo hacen las fuerzas revolucionarias colombianas desde hace más de 30 años”. Para Garzón lo importante es que se encuentre un camino para finalizar con esa situación que “rompe” Colombia. “Ahí sí que tenemos que colaborar todos, en vez de hacer tanto espectáculo“, dijo.

Baltasar Garzón es Juez de la Audiencia Nacional española y se ha destacado por sus constantes actividades judiciales contra ETA y el entorno que le ha dado soporte político.

El 31 de diciembre, el diario español “El Mundo” criticaba con dureza, la capitalización que estaba haciendo Chávez de la liberación de los rehenes. En su editorial lo título “Chávez, en la peor dirección”, y justificaba por qué este mismo periódico le había designado como el “Enemigo del año 2007.”

Quizá lo más horrible fue el editorial del diario español ABC que lo tituló: “Chávez EL MERCADER DE REHENES”. Ante este editorial, la oposición venezolana batió palmas, y lo colocó en todos sus portales por Internet; Decían con orgullo; “un soberano varapalo, en su editorial de este sábado, le dan al Presidente venezolano: “la utilización de los sentimientos humanitarios para objetivos desestabilizadores es sencillamente un acto rastrero e intolerable“. Para el diario, la “liberación de los rehenes”, no es más que “una obscena operación de propaganda”. Expresaba ABC: “NADA convenía más al caudillo venezolano Hugo Chávez que encontrar un hecho para explotar como filón propagandístico de forma que pudiera eclipsar el estruendoso fracaso de sus intentos por imponer una dictadura socialista perpetua a los venezolanos.

Después de haber perdido un referéndum plebiscitario, necesitaba distraer la atención hacia un asunto con el que poder recuperar la iniciativa, borrar la estampa de un golpista derrotado por un movimiento estudiantil y volver a ser el líder continental que quiere recuperar el apoyo de sus decepcionados seguidores. Y puesto que después de la histórica frase de Don Juan Carlos, en la Cumbre Iberoamericana de Chile los insultos atrabiliarios contra los gobiernos que no se acomodan a sus excentricidades ya no le son rentables, Chávez ha encontrado el perfecto parapeto en una operación pretendidamente humanitaria para aprovecharse de la puesta en libertad de tres rehenes que estaban en manos de la narcoguerrilla colombiana.”

Agregaba: “Pero en realidad, lo que han planeado Chávez y el jefe guerrillero «Tirofijo», según parece con la asesoría de la dictadura cubana, tiene poco de humanitario. Se trata de una obscena operación de propaganda en la que los criminales que mantienen secuestrados a ciudadanos inocentes durante largos años han pactado la escenificación de un acto que sería de clemencia si hubiera algo de justicia en su origen. Chávez ha logrado aparecer como un «facilitador» de la liberación de los rehenes, a cambio de ofrecer una justificación política internacional a sus carceleros. …tratándose de Chávez no se puede descartar ni siquiera que pudiera intentar una operación con implicaciones militares que en sus ensueños terminaría con la victoria de la narcoguerrilla. El venezolano no ha ocultado que sus simpatías están más cerca de «Tirofijo» que del presidente Uribe y, si esta operación le sale bien, seguramente ya ha calculado que puede cambiar la correlación de fuerzas en la propia Colombia.

Miles de familiares de secuestrados (la guerrilla tiene más de tres mil cautivos en su poder) pueden alzarse pidiendo la intervención de Chávez en la liberación de los suyos y es evidente que los narcoguerrilleros apoyarán cualquier objetivo que pueda debilitar el sistema institucional de Colombia. El presidente colombiano tiene pocas opciones para oponerse a esta ofensiva. Ha detectado intentos de Chávez de infiltrar su doctrina «bolivariana» entre los generales colombianos y es el primero en darse cuenta de que si permitiese que Chávez campe a sus anchas en Colombia y mantenga una relación abierta con la guerrilla (el apoyo clandestino de Venezuela a los grupos insurgentes es algo que nadie pone en duda), se complicaría enormemente la situación en Colombia. La utilización de los sentimientos humanitarios para objetivos desestabilizadores es sencillamente un acto rastrero e intolerable.”

El 1º de enero de 2008, Diariocrítico/Agencias. Español titulaba: “Chávez fracasa en su show para rescatar a los rehenes” En Estados Unidos, el socio predilecto del rey Juan Carlos diario como el “America’s Daily”, tituló el 1º de enero de 2008: “Mientras Alvaro Uribe Vélez de Colombia afirma que las FARC son terroristas, Chávez se proclama “guerrillero. Chávez explota el dolor de familiares de rehenes”.

Simultáneamente, como se quiere involucrar a Venezuela con el negocio del narcotráfico y tratar de aplicarle a Chávez lo mismo que le hicieron a Antonio Noriega, la “Agencia federal de noticias”, titulaba por esos días: “El país venezolano sería el proveedor de drogas de España”. Las mismas fuentes aseguran que la droga procedente de Venezuela hacia Europa y México había aumentado un 500% bajo el mandato de Chávez. Según la versión del matutino español “La Razón”, que cita fuentes de Inteligencia de Colombia, en Venezuela hay ya 117 pistas clandestinas en el delta del Orinoco en las que aterrizan aviones con coca para cargarla en barcos.

Los analistas de Estados Unidos le envían a los comentaristas de Latinoamérica que insistan en la matriz de que Chávez pretende “recuperar su imagen”, tanto dentro como fuera del territorio venezolano. “Él sale de esa derrota y pasa a tener status democrático”. “La credencial que busca ahora es con grupos subversivos”. “El Emmanuel fue un “espectáculo muy mal montado”, que desnudó las verdaderas intenciones de Chávez, quien no ha sido sino todo un verdadero payaso mediático.” “Chávez y el circo de los rehenes o cuando las gracias se convierten en morisquetas”. “Sus gracias se le convierten en morisquetas. Con el circo de los rehenes estará agradando a la izquierda extrema colombiana: se está distanciando dramáticamente de sus propios seguidores venezolanos. Y a nivel internacional se profundiza la sensación de que él y las FARC constituyen una y la misma cosa: narcoterrorismo”.

Uno de los articulistas estrella de Noticias24, Pedro Lastra, proclamaba “Qué misteriosa razón ha llevado a Hugo Chávez a empeñarse tan a fondo en el tema de los rehenes? “¿Por qué no están en la parada Michelle Bachelet o Felipe Calderón, Alan García u Oscar Arias? Muy sencillo: porque son presidentes serios y no forman parte de la trouppe circense… Por qué tanto apuro en rescatar tres rehenes de las FARC mientras en la ciudad donde habita mueren asesinados entre el 24 y el 25 de diciembre 88 venezolanos, casi 300 fallecen asesinados por el hampa desbordada en las principales ciudades del país y, por si fuera poco, escapando de la isla que tanto venera naufragan y mueren 25 balseros que prefieren morir antes que calarse el infierno castrista?

Muy sencillo: porque son presidentes serios y no forman parte de la trouppe circense que corre a darle un espaldarazo al compañero en desgracia. Júrenlo: ninguno de los que vienen tiene las manos limpias. Todos, sin excepción alguna, recibieron su billetón verde para financiar sus campañas. Comenzando por Lula y el mensajero del Zar – Marco Aurelio García – hasta Cristina Fernández y el doctor de Vido. Sabiéndolo gravemente afectado por el Maletinazo y a punto de recibir fétidas noticias judiciales desde La Florida – que podrían salpicarlos a todos ellos, pues todos ellos tienen las manos sucias – hacen frente común.

En eso termina la lucha contra el imperialismo yanqui: protegiendo al teniente coronel de seguir las huellas de Manuel Antonio Noriega. De allí también el favor de Insulza, coordinador de la mafia regional. Pues en eso ha terminado la OEA: en el club de los becarios de la Fundación “Chávez te financia en tu carrera a la presidencia”.

José Sant Roz
Profesor de matemáticas en la Universidad de Los Andes (Venezuela), con un doctorado en Teoría Combinatoria. Es autor de más de veinte libros que abordan el tema de los conflictos políticos en Venezuela y Colombia desde el siglo XVIII, entre ellos: Conjura Constitucional, ediciones Ministerio de Educación, Caracas, 1986; Colombia en un Soplo, Consejo de Publicaciones de la ULA, 1987; Toque de Queja. Episodios de la vida del General Francisco de Paula Santander, (novela), Ediciones Centauro, de José Agustín Catalá, 1990; Maldito Descubrimiento, Kariña Editores, 1993; Los Verdaderos Golpistas, Kariña Editores, 1998; Obispos o Demonios, (Co-autor junto con Giandomenico Puliti), Kariña Editores, 2000; Capos de Toga y Birrete, Kariña Editores, 2001; El Jackson Granadino – Biografía del General José María Obando – el asesino de Sucre, Kariña Editores, 2001; Las Putas de los medios, Kariña Editores, 2002; Bolívar y Chávez- Dos posiciones en conflicto, Kariña Editores, 2003, Gustavo Cisneros – Un Falacia Global, Kariña Editores, 2004.

Anuncios

Estado policial EE.UU., una mirada retrospectiva y hacia el futuro

Stephen Lendman
Global Research
Traducido del inglés para Rebelión por Germán Leyens
El fin de año es una buena época para mirar hacia atrás y pensar en lo que nos espera. Si el pasado es un prólogo, sin embargo, la perspectiva no es buena, y nada en el horizonte sugiere algo diferente. Los votantes quisieron un cambio en noviembre pasado, pero fueron traicionados por la clase criminal bipartidaria en Washington. Su actitud se refleja en un sondeo de opinión de Reuters/Zogby (RZ) de octubre que da a George Bush un 24% de aprobación, peor que el peor resultado de Richard Nixon de 25% en su punto más bajo durante Watergate en 1974. Y si eso parece malo, consideremos al Congreso con la información de “The Hill” del mismo índice de RZ en el que nuestros legisladores obtuvieron un “asombroso 11%, la valuación (parlamentaria) más baja de la historia,” pero todavía queda sitio para llegar al fondo y queda un año para que eso suceda. ¿Por qué no va a ser así con la permanente traición a los votantes por parte de los legisladores y su historial de fracasos cada vez peor?

Ha sido siempre así desde el 11-S con la complicidad con el gobierno de ambos lados del pasillo de la sala. Este artículo es una retrospectiva de los antecedentes, y el fin de año es una buena época para hacerlo. Es difícil imaginar otro año tan malo, en el que un presidente violó la ley y una vez dijo a colegas republicanos que la Constitución “no es otra cosa que un maldito trozo de papel.”

No sólo lo dijo. Gobierna basándose en esa idea, se sale con la suya, y el ex analista del Departamento de Defensa, Daniel Ellsberg, famoso por los papeles del Pentágono, dice: “ha ocurrido un golpe resultante del 11-S… (y vendrá otro cuando ocurra el próximo) que complete el primero (que es) visto como un permanente ataque contra todo (aspecto) fundamental de nuestra Constitución (para crear) un gobierno ejecutivo que gobierna por decreto” lo que no difiere de un Estado policial.

La autora Naomi Wolf lo explica en detalle en su artículo de abril de 2007 en el Guardian; “”Fascist America, In 10 Easy Steps” [EE.UU. fascista en 10 pasos fáciles]. Argumenta que el gobierno de Bush sigue el mismo guión que “debe adoptar cualquier dictador potencial para destruir las libertades constituciones,” y enumera los pasos. Van desde “invocar un enemigo interno y externo aterrador,” hasta “crear un gulag,” hasta espiar a cualquiera, hasta acosar a la oposición, hasta controlar los medios, hasta llamar traición al disenso, hasta “suspender el imperio de la ley.” También señala que es más “simple” clausurar la democracia que “crear y sustentarla,” y que ésa es la amenaza actual.

No es mediante botas militares en las calles sino a través de un “proceso de erosión” constante y un público en su mayor parte desprevenido y distraído por los manipuladores de la mente de los medios. Está sucediendo ahora mismo, y Wolf hace sonar la alarma con las palabras de James Madison: “La acumulación de todos los poderes, legislativo, ejecutivo y judicial, en las mismas manos… es la definición de la tiranía,” y ésa es la condición actual en EE.UU. Este artículo considera el historial de los últimos siete años. No es nada bonito.

Hasta el Arzobispo de Canterbury, Rowan Williams, (a diferencia de cualquier Papa en la historia) lo condenó en una amplia entrevista con una revista musulmana británica. Fue citado en una columna del Sunday Times del 25 de noviembre, intitulada “EE.UU. es el ‘peor’ imperialista” y esgrime su poder de un modo más reprensible que lo haya hecho alguna vez Gran Bretaña en su apogeo. Explicó que el aventurerismo estadounidense en ultramar llevó al “peor de todos los mundos” y expresó pesimismo por el actual estado de la civilización occidental y el propio sentido equivocado de misión de Washington.

Criticó la “guerra contra el terror” y declaró que EE.UU. perdió la autoridad moral después del 11-S y necesita lanzar un “generoso e inteligente programa de ayuda a las naciones que desoló… dejar de explotar económicamente los territorios derrotados” y desmilitarizarlos. Calificó a Occidente de fundamentalmente a la deriva y que nuestra “definición de humanidad (no) funciona.” Denunció la violencia de EE.UU. y su creencia en que puede solucionar los problemas dejando a “otros (la tarea de hacer la limpieza y) volver a reconstituir – Iraq, por ejemplo.) Otra cosa es la situación en casa.

Desde que llegó al poder en enero de 2001, George Bush firmó un diluvio de Ordenes Ejecutivas y agregó docenas de “”signing statements” [Interpretaciones de la ley] a cientos de cláusulas legales a pesar de que nada en la Constitución autoriza esta práctica, y de que la Corte Suprema prohibió los vetos por partidas separadas. Sigue haciéndolo mientras el Congreso y los tribunales condonan su reivindicación de autoridad inconstitucional de “ejecutivo unitario” para ignorar la ley y hacer lo que quiere un nombre de la “seguridad nacional”, basándose sólo en su propia palabra.

Comenzó el 11-S cuando George Bush se dirigió a la nación y declaró una “guerra contra el terrorismo,” solicitó el apoyo del mundo para ganarla, y comenzó lo que se convirtió en “los planes de reacción de emergencia de nuestro gobierno (la estrategia de la guerra preventiva).” El truco era ignorar la ley, ir a la guerra, destruir nuestras libertades civiles para mantenernos a salvo de “estados canallas, ‘tipos malos,’ y malvados” en todo un ‘arco de inestabilidad’ de la región andina sudamericana (especialmente Colombia) al Norte de África, pasando por Oriente Próximo hasta las Filipinas, Indonesia y otros sitios en Asia. El Congreso también actuó típicamente con dos audaces resoluciones que entregaban su autoridad al ejecutivo, le permitían proceder, y anunciaban lo que iba a venir.

La primera fue el 18 de septiembre de 2001, en una “Autorización [conjunta] de la Cámara y el Senado para Utilizar la Fuerza Militar (AUMF)” que autorizó “el uso de las Fuerzas Armadas de EE.UU. contra los responsables por los recientes ataques lanzados contra EE.UU.” Una segunda vino en octubre de 2003 en la “Resolución Conjunta para Autorizar el Uso de las Fuerzas Armadas de EE.UU. contra Iraq,” y el resto es historia. Este artículo considera otra legislación clave del Congreso hasta la actualidad junto con el abuso flagrante del poder presidencial por George Bush.

Su primera acción tuvo lugar el 13 de noviembre de 2001, cuando expidió la Orden Militar Número 1 que un analista calificó de “golpe de Estado,” y “momento crucial en el país,” un indicio de lo que vendría. Esta orden violó el espíritu y la letra de una sociedad civil bajo el derecho constitucional con un cortafuego que la separa de los militares. Ya no, y se puso peor cuando sus provisiones volvieron a aparecer por ley del Congreso. Lo discutimos a continuación. Primero, la Orden Militar Número 1, y lo que contiene:

– permite que el presidente usurpe autoridad para capturar, secuestrar o arrestar de otra manera a todo no-ciudadano (y posteriormente también a ciudadanos) en cualquier parte del mundo si afirma que están involucrados en el terrorismo internacional y detenerlos indefinidamente sin acusación, evidencia y sin permitirles un debido proceso ante un tribunal legal.

– sin embargo, SI se permiten los juicios, serán por “comisiones militares” especiales, no tribunales civiles, y en secreto, permitiendo evidencia obtenida por la tortura, sin que los declarados culpables tengan derecho de apelación, y pueden ser ejecutados en secreto.

– ningún tribunal civil tiene autoridad en estos casos incluso si las víctimas son identificadas y un abogado legal desea representarlas.

Pocos sabían en aquel entonces que los ciudadanos de EE.UU. perdieron sus libertades civiles desde el 13 de noviembre de 2001, pero eso salió a la luz posteriormente. La situación continúa con la complicidad del Congreso y de los tribunales en la destrucción intencional de nuestra democracia que ya estaba moribunda. Hoy, expiró.

Uso de las Directivas Presidenciales de Seguridad Nacional (NSPDs) y de las Directivas Presidenciales de Seguridad Interior (HSPDs)

En el gobierno de Bush, las NSPDs reemplazaron las Directivas de Decisión Presidencial que bajo Bill Clinton, y con otras de diferentes nombres desde el gobierno de Kennedy iniciaron la práctica. Otras anteriores siguen manteniendo su validez cuando no han sido sustituidas.

Tienen mucho en común con las Ordenes Ejecutiva (EOs) con “la plena fuerza y efecto de la ley,” relacionadas con la seguridad nacional, y por ese motivo siguen siendo confidenciales a menos o hasta que sean publicadas. En siete años, George Bush emitió docenas de NSPDs, demasiadas como para detallarlas, así como más de 20 HSPDs. A continuación discutimos varias que son fundamentales.

La NSPD 9 del 25 de octubre de 2001 merece atención especial y fue intitulada “Derrotando la amenaza terrorista contra EE.UU.” El 23 de marzo de 2004, Donald Rumsfeld dio su explicación de su contenido clasificado a la Comisión del 11-S:

– “Eliminar la red de al Qaeda;

– Utilizar todos los elementos del poder nacional para hacerlo – diplomáticos, militares, económicos, inteligencia, información y mantenimiento del orden;

– Eliminar santuarios para al Qaeda y redes terroristas relacionadas – y si fallan los esfuerzos diplomáticos para hacerlo, considerar medidas adicionales.”

El 1 de abril de 2004, la Casa Blanca publicó la siguiente declaración sobre la directiva:

La NSPD solicitó al Secretario de Defensa que planificara opciones militares “contra objetivos de los talibán en Afganistán, incluyendo su dirigencia, control de mandos, defensas aéreas y antiaéreas, fuerzas terrestres, y logística (junto con esfuerzos similares) contra al Qaeda y instalaciones terroristas asociadas en Afganistán.”

Ahí está el problema. El gobierno adoptó esas medidas el 4 de septiembre de 2001, siete días antes del 11-S. George Bush las convirtió en una ley vinculante en la NSPD-9 el 25 de octubre de 2001 para ocultar cuándo fueron originadas.

Otras importantes NSPDs tienen que ver con:

– el combate contra armas de destrucción masiva (ADM)

– el desarrollo y despliegue de una defensa de misiles antibalísticas, que es para la ofensiva, no para la defensa;

– la biodefensa;

– el despliegue de armas nucleares y detección nuclear interior;

– la guerra de Iraq;

– una política espacial nacional como parte del objetivo para la “dominación a pleno espectro” sobre toda la tierra, el mar en la superficie y bajo ella, el aire, el espacio, el espectro electromagnético y los sistemas de información para disuadir toda amenaza interior o exterior o desafío a nuestra hegemonía global; y:

Hay otras NSPD-HSDO combinadas crucialmente importantes:

NSPD-51/HSPD-20 del 4 de abril de 2007 – Directiva Presidencial de Seguridad Nacional y de Seguridad Interior

Se trata de una directiva combinada de la Casa Blanca y del Departamento de Seguridad Interior (DHS) para establecer procedimientos de “Continuidad del Gobierno (COG)” bajo una “Emergencia Catastrófica” definida como sigue:

“todo incidente (como ser ataque terrorista), no importa cuál sea su lugar, que resulte en niveles extraordinarios de víctimas masivas, daños, o trastornos que afecten severamente a la población, la infraestructura, el medio ambiente, la economía o las funciones gubernamentales de EE.UU.”

COG es luego definida como:

“Un esfuerzo coordinado dentro de la rama ejecutiva del Gobierno Federal para asegurar que las Funciones Esenciales Nacionales sigan siendo realizadas durante una Emergencia Catastrófica.”

Es crucial comprender que esta directiva combinada da al presidente y al Departamento de Seguridad Interior poderes sin precedentes, libres de limitaciones constitucionales. Bajo NSPD-51, el presidente puede declarar una “emergencia nacional” y declarar la ley marcial sin aprobación del Congreso. Le permite crear un Estado policial militarizado de facto con él como dictador y el DHS como la Gestapo nacional en un grado aún mayor que en la actualidad. También da poderes al vicepresidente para implementar las provisiones de la directiva como parte del plan de “Continuidad del Gobierno” que en el caso de Dick Cheney le da aún más poder que a George Bush considerando como opera este gobierno. Esta directiva combinada es por sí sola la cara del “Estado policial EE.UU.” en tiempo real si es implementada, y no es probable que haya sido promulgada como simple decoración.

Otras HSPDs tienen que ver con:

– el combate contra el “terrorismo inmigrante;”

– un plan de reacción nacional ante incidentes interiores;

– identificación, priorización y protección de la infraestructura crítica;

– estado de preparación nacional;

– procedimientos exhaustivos de filtración relacionada con terroristas;

– detección nuclear interior; y otros.

Legislación del Congreso después del 11-S

Después del 11-S, el Congreso actuó hombro con hombro con el presidente y sigue aprobando leyes que serían adoradas por cualquier déspota. Escrita, guardada, y lista para su uso antes del 11-S, la Ley Patriota EE.UU. fue aprobada y firmada por el presidente 45 días después, el 26 de octubre de 2001. El progreso legislativo sacó provecho de un período de histeria para otorgar poderes incontrolados al ejecutivo pero creó, al hacerlo, tres graves amenazas para las libertades civiles:

– la erosión de la Quinta y Catorce Enmiendas de debido proceso al permitir detenciones indefinidas de inmigrantes indocumentados que ahora se pueden aplicar a cualquiera en cualquier sitio del mundo; más a continuación;

– la pérdida de la libertad de asociación de la Primera Enmienda que la Corte Suprema considera una parte esencial de la libertad de expresión; ahora cualquiera puede ser acusado y procesado por su supuesta asociación con un “grupo indeseable;” y

– la pérdida del derecho según la Cuarta Enmienda de ser libre de pesquisas y confiscaciones desatinadas, y como consecuencia, la pérdida de la privacidad; la Ley otorga al gobierno poderes incontrolados de vigilancia para acceder a registros personales; controlar transacciones financieras; antecedentes estudiantiles; la realización de allanamientos “sneak and peak” [investigaciones a hurtadillas sin notificación a la persona afectada, en la que se pueden colocar micrófonos espías, etc.] mediante mandatos “de aviso suspendido;” autorizar escuchas ambulantes; rastrear correos electrónicos, el uso de Internet y de teléfonos móviles; utilizar evidencia secreta en procesamientos; negar a inmigrantes el derecho a un abogado si no pueden tener uno propio; y termina con la inclusión de salvaguardas para permitir que operaciones criminales interiores y operaciones de inteligencia en el extranjero compartan informaciones, así que la CIA ahora puede espiar en el interior.

La Ley también crea el crimen federal del “terrorismo interior” que amplía la definición y se aplica a ciudadanos de EE.UU. así como a extranjeros. Declara que las violaciones penales de la ley son consideradas actos de terrorismo interior si apuntan a “influencias (la política gubernamental) mediante la intimidación o la coerción (o) intimidan o coercen a una población civil.” Mediante esta definición, manifestaciones contra la guerra o por la justicia global, el activismo ecologista, la desobediencia civil y el disenso de todo tipo pueden ser llamados “terrorismo interior.” La Ley Patriota sólo fue el comienzo. Vendría mucho más después con un Congreso bipartidario que hace permanentes regalos y es adorado por el presidente.

Después siguió la Ley de Seguridad Interior (HSA) del 25 de noviembre de 2002, una arrolladora ley antiterrorista, y que, como la Ley Patriota, fue planificada mucho antes del 11-S. Creó el Departamento de Seguridad Interior (DHS) combinando bajo esta nueva autoridad a agencias gubernamentales previamente separadas para prepararse para, prevenir y reaccionar ante emergencias interiores y dar al gobierno federales amplios poderes nuevos para proteger a la nación dentro y fuera de nuestras fronteras. En marzo de 2003, se estableció su mayor brazo de investigación y ejecución: el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE.UU. (U.S. Immigration and Customs Enforcement o ICE). Fue encargado de la protección de la seguridad pública mediante la identificación y la persecución de amenazas “criminales” y “terroristas” que en su mayoría son víctimas del NAFTA y del comercio globalizado que se encuentran en el país por necesidad, no por gusto, y que no son terroristas.

El DHS forma parte del plan del gobierno de centralizar en el poder ejecutivo un poder militar y de mantenimiento del orden sin precedentes que apunta a una mayor dominación global – para gobernar el mundo sin cuestionamiento, incluyendo la represión en el interior mediante la supresión de las libertades civiles en nombre de la “seguridad nacional.” El DHS y la Ley Patriota EE.UU. son dos medidas temibles para lograrlo.

El DHS es insidioso. Abusa de la autoridad local “autorizando la supervisión, el financiamiento y la coordinación de ‘primeros encargados locales de una reacción.’” Esto se refiere a personal de policía y “emergencia” incluyendo el mantenimiento del orden local. La Ley de Seguridad Interior (HSA) no autoriza el control local. En su lugar, provee coordinación y orientación como una primera medida, con más por venir. Por eso fue establecido en octubre de 2002 el Comando Norte de EE.UU. (USNORTHCOM), como una iniciativa sin precedentes para militarizar el continente más Alaska, Canadá, México, el Golfo de México y los estrechos de Florida y, por primera vez en la historia, permite que se desplieguen tropas en las calles de EE.UU. para combatir la droga, una “insurrección” vagamente definida, y crímenes con armas nucleares, químicas o biológicas. En otras palabras, ahora el presidente puede desplegar fuerzas militares en las calles de EE.UU. en función del interés de la “seguridad nacional.” Este poder no tiene precedentes y es peligroso.

Es otra cosa que afecta a todos. En su mayor parte no es visible ya que fue planeado para que fuera plenamente operativo a fines de septiembre de 2006. Es el Plan de Nuevo Ataque Ofensivo del Pentágono llamado Comando Funcional Conjunto Componente para Ataque e Integración Global – o simplemente Comando de Ataque Global. Se originó en la Revisión de la Postura Global de 2002 (NPR) que fue puesta al día de modo más beligerante a inicios de 2006. NPR es una declaración de guerra preventiva contra toda nación, grupo o fuerza en cualquier parte de la Tierra que el gobierno califique de ser una amenaza para la “seguridad nacional” y podría ser utilizada por NORTHCOM contra objetivos basados en EE.UU., junto con medidas de fuerza de la HSA si se declara la ley marcial.

La HSA va aún más lejos al crear una amplia agencia de inteligencia interior llamada Directorado de Análisis de la Información y Protección de la Infraestructura. Debe crear y mantener una base de datos intrusiva, que incluya todos los aspectos, públicos y privados sobre todo el mundo. Puede incluir virtualmente todo – transacciones y registros financieros, antecedentes médicos, correos electrónicos, llamadas telefónicas, compras, libros y publicaciones leídos, membresía en organizaciones, y todo otro hábito o característica personal.

La Ley Patriota EE.UU. y la HSA terminan con la distinción entre la recolección de información de inteligencia exterior e interior y, hasta ahora, el sacrosanto cortafuegos entre ellas. Ya no permite tampoco que se revele “información crítica de infraestructura” de una agencia federal mediante una solicitud según la Ley de Libertad de la Información como parte de una política oficial de secreto característica de Estados policiales. En ambas leyes hay mucho más que atemoriza, que es peligroso y desconocido por el público. En suma, terminan con las protecciones constitucionales cada vez que el ejecutivo suspenda la ley en nombre de la “seguridad nacional.” Así se oculta al público como funciona el “Estado policial EE.UU.”

La ley de tratamiento de detenidos de 2005

La tortura es política oficial de Estado del gobierno de Bush como su medio predilecto de intimidación, retribución y control social. La Enmienda McCain de Detenidos (contra la tortura) en octubre de 2005, fue un fútil esfuerzo por impedirlo. Fue aprobada y debilitada por la Enmienda Graham-Levin, se convirtió en la Ley de Tratamiento de Detenidos de 2005, y fue agregada a la Ley de Apropiaciones del Departamento de Defensa de 2006. George Bush firmó la legislación y luego pasó a vaciar de contenido sus provisiones respecto a los detenidos en una de sus tristemente notorias “interpretaciones de la ley.” Su lenguaje se otorgó el derecho (sin importarle la ley) de “proteger al pueblo estadounidense de más ataques terroristas” utilizando todos los poderes auto-otorgados como un “ejecutivo unitario” que se coloca por sobre la ley, el Congreso, los tribunales, el pueblo, y la opinión pública mundial.

La forma final de la legislación también fue más lejos. Negó a los detenidos los derechos de habeas, permitió que las fuerzas de EE.UU. utilicen un tratamiento cruel, abusivo, inhumano o degradante en función de los intereses de la “seguridad nacional,” prohibió que los detenidos presentaran demandas como resultado, y permitió que declaraciones obtenidas mediante la coerción sean utilizadas como evidencia contra ellos. También siguió políticas previas al 17 de septiembre de 2001, cuando George Bush firmó un “resultado” secreto autorizando a la CIA a matar, capturar y detener a miembros de al Qaeda en cualquier parte del mundo, entregarlos a prisiones de tortura en lugares negros para ser interrogados, y hacerlo por todos los medios. Desde entonces hasta ahora, la tortura y el abuso han sido procedimientos operativos normales para el gobierno de Bush con la complicidad del Congreso y de los tribunales.

Otra legislación represiva y más

Los Congresos 107, 108, 109 y 110 serán recordados igualmente por haber hecho más que todos los anteriores por adulterar el vigor de la ley y nuestras protecciones constitucionales. Conspiraron con un gobierno ilegal, arruinaron la república, y en el Congreso 109, el 17 de octubre de 2006 se destaca desvergonzadamente como un día que vivirá en la infamia.

La Ley de Comisiones Militares

En una ceremonia en la Casa Blanca, George Bush firmó la Ley de Comisiones Militares (MCA) conocida ahora como “la ley de autorización de la tortura,” pero va más lejos. Otorga al gobierno facultades inconstitucionales extraordinarias para detener, interrogar y procesar a presuntos sospechosos de terrorismo y a cualquiera del que se afirme que lo apoya. También permite que el presidente califique a cualquier persona en cualquier parte del mundo de “combatiente enemigo ilegal” y lo autoriza para arrestar y encarcelar a los acusados indefinidamente en prisiones militares sin requerir evidencia corroborante que pruebe su culpa. La ley estipula respecto a las personas detenidas que “ningún tribunal, juez, jurista, tendrá jurisdicción para oír o considerar alguna demanda o causa para acción que se sea… relacionada con la acusación, el proceso, o el juicio de una comisión militar… incluyendo cuestionamientos respecto a la legalidad de procedimientos de comisiones militares.”

MCA elimina aún más lejos la protección de habeas (que data de 1215 en la Magna Carta) para enemigos interiores y exteriores del Estado, ciudadanos y no-ciudadanos por igual, y dice que “Toda persona es punible… quien… ayude, apoye, asesore, mande, o procure” y al hacerlo ayude a un enemigo extranjero, suministre “apoyo material” a presuntos grupos terroristas, se involucre en espionaje, o cometa otras ofensas previamente tratadas en tribunales civiles.

Otros elementos clave en la ley incluyen:

– la legalización de la tortura contra cualquiera y permite que el presidente decida qué procedimientos serán utilizados, por su propia autoridad;

– niega a los detenidos la protección por el derecho internacional y permite que el ejecutivo lo interprete:

– autoriza al presidente a convocar “comisiones militares” para juzgar a cualquiera que designe como “combatiente enemigo ilegal,” y a mantenerlo indefinidamente en detención secreta;

– niega juicios acelerados o cualquier tipo de juicio;

– permite que evidencia obtenida mediante la tortura o testimonio coaccionado sea utilizada contra los detenidos en procedimientos judiciales;

– permite que se utilice evidencia basada en rumores o secreta; y

– niega el debido proceso, destruyendo la dignidad humana, burlándose del imperio de la ley, establece el principio de la justicia mediante tribunales irregulares y arbitrarios para cualquiera que constituya un objetivo del ejecutivo.

Modificando la Ley de Insurrección de 1807 y terminando con la Protección Posse Comitatus de 1878

El presidente también firmó en privado el 17 de octubre de 2006, la conversión en ley de una provisión oculta en las Secciones 1076 y 333 de la Ley John Warner de Autorización de Defensa Nacional para el Año Fiscal 2007. Modificó la Ley de Insurrección de 1807 y la Ley Posse Comitatus de 1878 que prohíbe el uso de tropas federales y de la Guardia Nacional para el mantenimiento del orden dentro del país, excepto como es permitido constitucionalmente o autorizado expresamente por el Congreso en tiempos de una emergencia nacional como ser una insurrección. El ejecutivo puede ahora afirmar que existe una emergencia nacional, declarar efectivamente la ley marcial, suspender la Constitución por motivos de “seguridad nacional,” y desplegar tropas federales y de la Guardia Nacional en las calles de la nación para reprimir cualquier cosa que llame desorden. Significa que manifestaciones públicas pacíficas garantizadas por la Primera Enmienda y todos los actos organizados de disenso ya no están protegidos constitucionalmente. Tampoco lo está la república en el “Estado policial EE.UU.”

La nueva ley también autoriza al Pentágono para transferir armas y tecnologías avanzadas de control de multitudes a encargados estatales y locales. Es militarizarlos y borrar la distinción entre las agencias federales y locales de mantenimiento del orden como táctica operacional de un Estado policial.

La Ley sobre el Documento de Identidad (Real ID Act) de 2005

El Congreso aprobó la Ley que amenaza la privacidad personal, que se planea que entre en vigor en mayo de 2008, y requerirá que los Estados cumplan con estándares federales de identificación si entra en efecto en la próxima primavera. Actualmente es puesta en duda ya que dos docenas o más Estados aprobaron leyes prohibiendo su uso y se negaron a financiarla.

La ley federal prescribe que cada ciudadano y residente legal de EE.UU. tenga una tarjeta nacional de identidad que en la mayoría de los casos será una licencia de conducir. Requiere que contenga una información personal individual y significa que esta identificación será requerida para abrir una cuenta bancaria, subir a un avión, votar, o realizar virtualmente cualquier otro tipo esencial de actividad.

En el futuro, la ley podría requerir asimismo que la tarjeta contenga un chip informático con tecnología de identificación de frecuencia de radio (RFID) capaz de rastrear todos los movimientos, actividades y transacciones de todo el mundo, en todos los sitios, en todo momento. En otras palabras, con la inclusión de esta tecnología, la tarjeta se convertirá en el sueño de un Estado policial al que se ha conferido poderes (y en una pesadilla orwelliana) para poder controlar todo el tiempo, dondequiera se encuentre, a todo el que la posea.

Sin embargo, la creciente oposición estatal a la ley pone en duda su estado legal. Es porque es costoso establecerla y administrarla, y además creará una pesadilla burocrática. Por lo tanto es probable que no sea adoptada en su forma actual, pero podría ser revisada y reintroducida, así que no hay que contar conque así sea, como algunos están dispuestos a hacer. Ahora mismo, se han presentado medidas en la Cámara y en el Senado para revocarla adoptando estándares nacionales de identificación en otra legislación y aumentar el financiamiento federal correspondiente. De modo que, mirando hacia adelante, el tema de que se otorgue mandato para medidas nacionales de identificación es algo muy actual. Parece que algo aparezca al respecto, como ser una futura ley federal, pero la cura puede ser peor que la enfermedad si los Estados la adoptan para ofrecer al “Estado policial EE.UU.” otro instrumento represivo.

Espionaje omnipresente de los estadounidenses

Bajo George Bush, el espionaje es un pasatiempo nacional, pero no es un chiste. El New York Times informó el 16 de diciembre de 2005 que su gobierno ha estado espiando en secreto a los estadounidenses, sin mandato para hacerlo, desde fines de 2001. Autorizó a la Agencia Nacional de Seguridad (NSA) para que intercepte comunicaciones internacionales de ciudadanos de EE.UU. con vínculos conocidos con al Qaeda, organizaciones “terroristas” relacionadas, o por cualquier otro motivo a su discreción. La operación fue llamada “Programa de Vigilancia del Terrorismo.”

No le importó al gobierno que las escuchas sin causa probable o supervisión judicial violen las protecciones de la Cuarta Enmienda y la Ley de Vigilancia de la Inteligencia Extranjera de 1978 (FISA). En la actual atmósfera, el imperio de la ley ya voló por la ventana, el Congreso y los tribunales condonan esta situación, y ése es el problema.

Volvió a aparecer cuando el Congreso aprobó la Ley Protege EE.UU. de 2007 que modifica FISA con un lenguaje de doble moralidad que Orwell adoraría. Supuestamente apunta a cerrar “brechas de comunicación” pero permitirá un monitoreo virtualmente irrestricto de una masiva minería de datos y la intercepción de Internet interior y extranjero, teléfonos móviles y otra tecnología nueva así como el tránsito del tráfico de llamados telefónicos y correos electrónicos internacionales. La Ley pretende limitar la vigilancia a nacionales extranjeros “de los que se cree razonablemente que se encuentran fuera de EE.UU” y que debe ser renovada. De hecho, la ley apunta a todos, incluyendo a ciudadanos de EE.UU. dentro del país, si el Fiscal General [Ministro de Justicia, N. del T.] o el Director de Inteligencia Nacional afirman que suponen una potencial amenaza terrorista o a la “seguridad nacional,” pero no se requiere evidencia alguna para probarlo.

Esta ley permite el espionaje virtualmente irrestricto, sin mandato legal, de cualquiera por cualquier supuesto motivo de “seguridad nacional.” Por lo tanto deja sin ninguna fuerza legal la noción de pesquisas ilegales y de derechos a la privacidad. Pero eso ya sucedió antes, después del 11-S mediante otras actividades inconstitucionales relacionadas con el control de la libertad de palabra. Una fue la Operación TIPS, de corta vida, que fue abandonada cuando los informantes civiles se negaron a ser espías. Luego, hubo el programa Total Information Awareness (TIA, Conocimiento Total de la Información), rebautizado posteriormente como Conocimiento de Información del Terrorismo, que también terminó bajo presión pero resurgió en una nueva forma, así que continúa el espionaje militar ilegal. El programa TALON formaba parte, para recolectar inteligencia interior mediante una inmensa base de datos concentrada en el “terrorismo” lo que significa que su objetivo es todo el que se oponga legalmente a las prácticas del gobierno de Bush.

MATRIX, sigla en inglés de Programa de Intercambio Multiestatal contra el Terrorismo, es otro nuevo instrumento de minería de datos. Viola nuestra privacidad controlando masivamente las vidas y actividades de la gente de a pie con el pretexto de saber si podría estar involucrada en algún tipo de actividad terrorista o criminal.

La privacidad no es mencionada en la Constitución, pero decisiones de la Corte Suprema la afirmaron como un derecho humano fundamental. Además, está protegida por la Novena Enmienda, y la Tercera Enmienda prohíbe alojar tropas en hogares, la Cuarta prohíbe pesquisas y confiscaciones injustificadas, y la Quinta salvaguarda contra la auto-incriminación. MATRIX y otras leyes intrusivas violan la letra y el espíritu de la ley y permiten la justicia de la Ley Patriota y de la HSA en el “Estado policial EE.UU.”

Ordenes ejecutivas emitidas por George Bush

A George Bush le encanta la cantidad. Lo muestra en presupuestos y gastos, en su cantidad de firmas de explicaciones de la legislación del Congreso, y en más de 250 Órdenes Ejecutivas (EOs) en casi siete años. Una fundamental es considerada a continuación.

17 de julio de 2007 – Orden Ejecutiva (EO): Bloqueando la propiedad de ciertas personas que amenazan los esfuerzos de estabilización en Iraq

La Constitución de EE.UU. no contiene una provisión que otorgue poder a un presidente para crear nuevas leyes mediante decretos unipersonales de orden ejecutiva. Esto nunca que otros las emitieran en el pasado, pero nadie ha abusado de esta práctica más que George Bush quien hasta ahora ha expedido más de 250, y es seguro que habrá más.

Ésta, del 17 de julio es especialmente atroz pero corresponde por su carácter a un presidente que desprecia el derecho y lo demuestra. Comienza diciendo: El poder del presidente proviene de la “la autoridad con la que he sido investido como presidente por la Constitución y las leyes de EE.UU.” así como por la Ley de Poderes Económicos Internacionales, la que también invoca.

La orden sigue diciendo: “… debido a la amenaza poco usual y extraordinaria a la seguridad nacional y a la política exterior de EE.UU. posada por actos de violencia que amenazan la paz y la estabilidad de Iraq y el sabotaje de esfuerzos por promover la reconstrucción económica y la reforma política en Iraq y por suministrar ayuda humanitaria al pueblo iraquí,” George Bush usurpó, de hecho, inconstitucionalmente la autoridad para criminalizar el movimiento contra la guerra, ilegalizar el derecho a protestar según la Primera Enmienda, y se otorgó el poder para confiscar los activos de personas que violen este decreto.

Mediante esta acción, el presidente violó una vez más, por su propia autoridad, la Constitución, criminalizó el disenso, y acercó un paso más la nación a la tiranía en el “Estado policial EE.UU.”

El secreto como política bajo George Bush

En noviembre de 2001, George Bush firmó la Orden Ejecutiva 13233: Ley de Implementación Ulterior de los Archivos Presidenciales. Al hacerlo, estableció una política oficial de secreto gubernamental en violación de la Ley de Archivos Presidenciales de 1978, de la Ley de Libertad de la Información de 1974, y de la advertencia en 1822 de James Madison de que “Un gobierno popular, sin información popular, o los medios de obtenerla, no es más que un Prólogo para una Farsa o una Tragedia, o tal vez las dos cosas.” También violó la decisión en 1977 de la Corte Suprema en “Nixon contra el Administrador de Servicios Generales” que dictaminó que el “privilegio ejecutivo” está sujeto a “erosión con el pasar del tiempo” después de que un presidente deja el poder, y el Congreso decidió que pocas o ninguna de las comunicaciones de un ejecutivo con sus asesores debiera permanecer secretas después de 12 años.

El secreto amenaza la democracia porque evita la responsabilización y otorga poder para un presidente imperial mucho más allá de aspectos de seguridad nacional justificables. Por su propia autoridad, George Bush fijó límites a los archivos presidenciales, la Ley de Libertad de la Información, y a una sociedad libre y abierta, otorgándose el poder de clasificar información para la seguridad nacional y crear toda una nueva serie de categorías llamadas información “confidencial” que incluye todo lo que él determine. El resultado es que la cantidad de información confidencial se duplicó desde 2001 y que los esfuerzos por desclasificar material fueron detenidos invocando el privilegio de “Secretos de Estado” para evitar cuestionamiento en los tribunales. Esas acciones caracterizan a los Estados policiales y representan otra amenaza para una sociedad libre y abierta bajo un gobierno que desprecia el derecho y opera libremente, sin limitaciones.

La Ley de Actos de Terrorismo contra Empresas de Animales (AETA)

El 27 de noviembre de 2006, George Bush promulgó AETA para modificar la Ley de Protección de Empresas de Animales de 1992. La nueva Ley tiene un lenguaje amplio y vago para criminalizar actividades según la Primera Enmienda que propugnan los derechos animales como ser protestas pacíficas, panfletos, investigaciones encubiertas, denuncias y boicots. El que la propugnación de la protección de animales se convierta en un crimen muestra el extremo al que han llegado las cosas.

Bajo la antigua ley, todo el que era declarado culpable de una alteración física que cause 10.000 dólares en daños a una empresa de animales era objeto de una multa de 10.000 dólares o encarcelamiento desde 10 años a cadena perpetua. La nueva AETA es aún más dura con penas que exceden de lejos ofensas comparables bajo otras leyes. Expande la Ley original cambiando la actividad “con el propósito de causar alteración física” a acciones “con el propósito de dañar o alterar” una empresa de animales. En este caso, “alteración” significa cualquier actividad que resulte en “pérdidas y pérdidas aumentadas” por sobre 10.000 dólares debido a protestas pacíficas, a boicots de consumidores, a la propugnación de reformas de prácticas dañinas, o que un denunciante haga lo mismo.

La Ley también va más lejos. Permite una más amplia vigilancia de organizaciones de derechos animales que incluya escuchas telefónicas y hace más fácil que un tribunal encuentre causas probables para el vago crimen de daño económico o alteración que evidencia concreta de que una persona o grupo planeen cometer esos actos.

La ley exceptúa “la reacción legal pública, gubernamental, o empresarial a la revelación de información sobre una empresa de animales,” pero esa provisión sólo se aplica a las afirmaciones de alteración económica, no al daño y dificulta la distinción entre las dos. Además, AETA:

– expande el tipo de instalaciones comprendidas, agregando las que usan o venden animales o productos animales;

– cubre a toda persona, entidad u organización que tengan una conexión con una empresa de animales;

– se aplica a toda forma de propugnación;

– criminaliza la conducta amenazante y el lenguaje protegido así como la comunicación con individuos que se involucren en estas prácticas; e

– incluye potencialmente toda forma de comunicación como ser el envío de correos electrónicos a través de las fronteras de Estados para boicotear actividades abusivas con animales;

– Protege a abusadores corporativos de animales con interés creado en el silenciamiento del disenso; y

– efectivamente identifica toda forma de desobediencia civil o actividad de protesta y estigmatiza a defensores de los animales como terroristas aunque nada de lo que hagan cause daño físico; aún peor, el lenguaje de la ley es tan amplio y vago que es difícil conocer la diferencia entre una conducta legal y otra ilegal; esta Ley es otro clavo en el ataúd de la libre expresión, del imperio de la ley en una sociedad libre, y del derecho de todos de ser protegidos por la ley, no de convertirse en sus víctimas.

La Ley para la Prevención del Radicalismo Violento y el Terrorismo Autóctono de 2007 (HR 1955)

La Cámara aprobó por abrumadora mayoría el 23 de octubre esta medida que algunos observadores llaman “la ley de prevención del crimen de pensar.” Ahora está en el Senado (S 1959) y si es aprobada y firmada por George Bush establecerá una comisión y un Centro de Excelencia para estudiar y actuar contra “criminales del pensamiento.” La comisión tendrá poder para citar legalmente e investigar a cualquiera, lo que creará automáticamente una percepción de culpa que podrá ser destacada en los medios para aumentar su énfasis.

Esta Ley constituye un ataque directo contra las libertades democráticas en la actual atmósfera, en la que ambos partidos y el Presidente están determinado a terminar con ellas. El lenguaje de la ley oculta su posible propósito ya que “radicalismo violento” y “terrorismo autóctono” pueden ser todo lo que el gobierno diga que representan. El “radicalismo violento” es definido como “la adopción o promoción de un sistema extremista de creencias (para facilitar) la violencia basada ideológicamente, para hacer prosperar el cambio político, religioso o social.” El “terrorismo autóctono” es utilizado para que signifique “el uso, la planificación del uso, o la amenaza del uso, de fuerza o violencia por un grupo o individuo nacido, criado, o basado y operando primordialmente dentro de EE.UU. o en cualquiera posesión (de EE.UU.) para intimidar o coercer al gobierno (de EE.UU.), a la población civil… o a cualquier segmento de ella (para impulsar) objetivos políticos o sociales.”

Ésta y otras leyes represivas pueden ser utilizadas contra cualquier individuo o grupo con puntos de vista impopulares – los que difieren en la política establecida del Estado, incluso ilegales, y el historiador Howard Zinn está preocupado. Dice: “Es la más reciente en una larga serie de leyes aprobadas en tiempos de tensiones de política exterior, comenzando con las Leyes de Extranjeros y Sedición de 1798, que envió a gente a la cárcel por criticar al gobierno de Adams.” Bajo Woodrow Wilson en la Primera Guerra Mundial, las Leyes de Espionaje y Sedición encarcelaron a cerca de mil personas que se pronunciaron contra la guerra.” Desde HR1955 y otras leyes posteriores al 11-S, las autoridades tienen ahora el mismo poder para atacar a manifestantes contra la guerra o a todo el que exprese puntos de vista que sólo esta Ley llama “propaganda relacionada con el terrorismo.” Personas acusadas y declaradas culpables enfrentan duros castigos en un esfuerzo por disuadir a otros. Esta medida es otro paso más hacia una tiranía hecha y derecha en el “Estado policial EE.UU.”

Secciones 1615 y 1622 de la Ley de Autorización de la Defensa 2008

Estas provisiones autorizan al Departamento de Defensa para militarizar el país bajo la ley marcial fusionando a los militares con el mantenimiento del orden estatal y local durante una emergencia nacional descrita como “un incidente de importancia nacional o un incidente catastrófico.” También otorga al Secretario de Defensa poder extraordinario para determinar qué capacidades militares son necesarias, para suministrarlas a “componentes activos y de la reserva de las fuerzas armadas para misiones de defensa del interior, reacciones interiores de emergencia, y (suministrar) apoyo militar a autoridades civiles (durante) por lo menos cinco años.”

La Ley designa al presidente del Estado Mayor Conjunto para que revise las posiciones civiles, reservistas y militares de NORTHCOM y aumente su cantidad en preparación para un potencial evento catastrófico que requiera “misiones de defensa del interior, reacción interior de emergencia, (y la necesidad de) apoyo militar a autoridades civiles.”

La Sección 1622 establece luego un Consejo de Gobernadores para que asesore a los Secretarios de Defensa y de Seguridad Interior y a la Casa Blanca “en asuntos relacionados con la Guardia Nacional y misiones de apoyo civil.”

La Ley es una prueba más del “Estado policial EE.UU.” Establece un aparato de ley marcial a ser utilizado en caso de un “evento catastrófico” de cualquier tipo y otorga poder al presidente o al vicepresidente bajo NSPD-51 para implementarla en una “emergencia nacional” sin aprobación del Congreso.

Operación FALCON – el Estado policial EE.UU. en tiempo real

Mike Whitney ganó un Premio del Project Censored en 2008 por su artículo de febrero de 2007 intitulado “La Operación FALCON y el Estado policial que se avecina.”

En él, informa de que el gobierno de Bush “realizó tres masivas redadas en los últimos dos años, arrestando a más de 30.000 pequeños delincuentes y criminales” que califica de “anteproyecto para remover a disidentes y rivales políticos” recordatorio de Alemania nazi o de cualquier otro Estado policial represivo. Gran parte del público lo ignora y no se preocupa. Todos debiéramos preocuparnos. Whitney alza una “bandera roja para todo el que se interese por los derechos humanos, las libertades civiles, o simplemente por salvar su propia piel.”

La sigla FALCON de la operación quiere decir “Polis federales y locales organizados a nivel nacional” y provino de los think tanks derechistas y del Departamento de Justicia de Bush “donde fantasías de gobierno autocrático tienen una larga historia” y ahora tienen lugar en tiempo real. El plan centraliza el poder en Washington y utiliza recursos de autoridades locales para sus propias intenciones.

Whitney traza su breve historia comenzando en la semana del 4 al 10 de abril de 2005, cuando más de 10.000 presuntos criminales fueron arrestados en “la mayor redada criminal en la historia de la nación” en una “sola iniciativa.” Su objetivo era la “cantidad,” no la “calidad,” pero Whitney se pregunta por qué involucró a los Federales en el trabajo policial local y sugirió que tenía que ver con algo más siniestro “que la simple seguridad pública.” Su respuesta es que “refuerza los poderes del ejecutivo ‘unitario’” dando a Washington poder sobre el mantenimiento del orden local, y eso tiene perfecto sentido bajo un gobierno obsesionado por el deseo de tener un control indisputable.

La Operación FALCON II siguió una semana después, desde el 17 al 23 de abril y arrestó a otros 9.037 “presuntos fugitivos.” La última, FALCON III, fue del 22 al 28 de octubre de 2006, con otros 10.773 arrestos. Cada redada fue igual y se concentró en presuntos tipos criminales que no eran típicos para una operación federal, así que es obvio que había otro motivo. Además, ninguno de los arrestados fue acusado de un crimen relacionado con el terrorismo, y eso sólo ya es sospechoso. Whitney lo pensó y calificó a FALCON de “nuevos ejercicios para un nuevo orden mundial” que libra una guerra permanente, profana la ley, ignora los controles y equilibrios, revoca el habeas, y espía ilegalmente a todos.

Los musulmanes y las redadas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE.UU. (ICE)

Mientras FALCON apuntaba a pillos y criminales banales, los musulmanes son las principales víctimas de la “guerra contra el terrorismo” del gobierno. Después del 11-S, miles fueron implacablemente acosados y perseguidos mediante la caza de brujas en redadas masivas, detenciones, procesamientos y deportaciones. Sus activos fueron congelados, e inmigrantes legales entre ellos fueron sometidos a audiencias sobre su condición en tribunales federales secretos de inmigración, y los que fueron considerados culpables de menores infracciones en el pasado fueron detenidos ilegalmente o devueltos a sus países de origen donde enfrentaban la posibilidad de arresto y tortura.

A otros les fue aún peor y se convirtieron en prisioneros políticos. El profesor Sami Al-Arian fue uno de ellos por su fe, creencias y activismo. Refugiado palestino, erudito, académico, líder comunitario, activista cívico, y defensor de la libertad y la justicia para su pueblo, se convirtió en un objetivo del gobierno de Bush. Su vía crucis comenzó cuando fue arrestado en febrero de 2003, y acusado injustamente de apoyo al terrorismo, conspiración para cometer asesinato, crimen organizado, apoyo material a un grupo ilegalizado, extorsión, perjurio y otras ofensas que resultaron ser falsas en su juicio subsiguiente en el que fue absuelto. Pero sigue encarcelado bajo duras condiciones, mientras el Departamento de Justicia de Bush busca medios de retenerlo.

Otra víctima fue el doctor Rafil Dhafir, musulmán-estadounidense de ascendencia iraquí y oncólogo practicante hasta que suspendieron su licencia. Fue declarado culpable en un desvergonzado juicio por un tribunal arbitrario de 59 de 60 acusaciones amañadas de violación de la Regulaciones de Sanciones Iraquíes (IEEPA) por utilizar sus propios fondos y los que pudo reunir a través de su obra benéfica Help the Needy para llevar ayuda humanitaria esencial para la vida a iraquíes bajo las sanciones. Ahora sirve una sentencia de 22 años en una “Unidad de Administración de Comunicaciones” especial en Terre Haute, Indiana, para musulmanes y árabes, por su “crimen de compasión” (vea dhafirtrial.net, Katherine Hughes) donde, como Sami Al-Arian, es un prisionero “trofeo” del gobierno de Bush en la “guerra contra el terrorismo.”

Inmigrantes latinos indocumentados también han sido el objetivo de tropas de asalto del ICE con mandato para hacerlo. La agencia fue establecida en marzo de 2003, como el mayor brazo investigador y de seguridad del Departamento de Seguridad Interior, encargado de proteger la seguridad pública identificando y apuntando a amenazas “criminales” y “terroristas” contra el país. En la mayoría de los casos, son víctimas inocentes del NAFTA y del comercio globalizado que llegan al norte para sobrevivir. El ICE les corta el paso en la frontera, los persigue implacablemente cuando llegan al país, y se jacta de lo bien que su presupuesto multimillonario le permite realizar un reino de terror contra gente vulnerable.

Los ataques contra los sitios de trabajo continúan, y el 3 de octubre, el ICE dice que juntó y deportó (o deportará) a más de 1.300 “extranjeros criminales, fugitivos de la Inmigración y violadores de la Inmigración” en la “mayor operación” de su tipo “de todos los tiempos” en el área de Los Ángeles. En su mayoría eran mexicanos, pero algunos provenían de otros 30 países, y el ICE los calificó de “violadores de la Inmigración.” Son objetivos del gobierno de Bush en su “guerra contra el terrorismo” que pronto podría venir a buscarnos a nosotros, estadounidenses.

Preparativos del Estado policial EE.UU.

En la actualidad, el disenso es una especie en peligro, y se realizan preparativos para detenciones masivas en la “guerra contra el terrorismo” que apuntan a cualquiera que sea considerado como amenaza. Halliburton es el beneficiario de un contrato de contingencia del DHS por un valor de casi 400 millones de dólares para construir campos de “detención y procesamiento” basados en EE.UU. en caso de una “emergencia por el influjo de inmigrantes… o para apoyar el rápido desarrollo de nuevos programas para instalaciones de expansión (planificadas) para (cualquiera con una capacidad de 5.000 o más personas).”

Este lenguaje es la tapadera para campos de concentración planificados basados en EE.UU. para todo el que sea marcado como enemigo del Estado o amenaza para la “seguridad nacional.” El plan es evidente: tener instalaciones preparadas si se declara la ley marcial, y hay numerosas razones para temer que suceda. ¿Por qué otro motivo preparan estos campos, y por qué aprueban todas las leyes represivas, EOs, NSPDs, y HSPDs si no hubiera una intención?

El Pentágono ya está listo con un plan de acción del Departamento de Defensa llamado “Estrategia para la Defensa Interior y el Apoyo Civil.” Prevé una “defensa activa, estratificada” dentro y fuera del país que promete “transformar las fuerzas militares de EE.UU. para ejecutar misiones de defensa en el interior en el… interior de EE.UU.” Plantea una estrategia para más rastreo y vigilancia para “derrotar a potenciales contrincantes antes de que amenacen a EE.UU. También “maximiza la conciencia de la amenaza y arrebata la iniciativa a los que nos amenazarían.”

Son sucesos aciagos que sugieren un ataque terrorista interior probablemente real o fraguado suficientemente severo como para justificar la suspensión de la Constitución y la declaración de la ley marcial con la aprobación del público por temor. Si ocurre, cualquiera podrá ser un objetivo como amenaza para la “seguridad nacional,” ser detenido indefinidamente en un campo, sin que se requiera evidencia alguna como prueba. El Estado y los militares tendrán el poder legal para actuar preventivamente mediante redadas y detenciones masivas, lo que parece ser el motivo para las tres operaciones de ensayo FALCON.

La militarización generalizada del país ya es legal bajo la “emergencia nacional de seguridad” de 1988 del gobierno de Reagan, EO 12656. Estaba hecha para “toda ocurrencia, incluyendo desastre natural, ataque militar, emergencia tecnológica u otra, que degrade o seriamente amenace la seguridad nacional de EE.UU.” El “Estado policial EE.UU.” ha estado en preparación desde hace mucho tiempo, y ahora podría estar cerca del punto de ebullición.

El papel de Blackwater USA en el Estado policial EE.UU.

La mayor parte de la gente sabe de Blackwater pero no como opera. Más vale que lo sepamos porque viene a un vecindario cerca de cada cual, y eso significa problemas. El autor Jeremy Scahill escribió el libro sobre la compañía que llama “el ejército mercenario más poderoso del mundo” y la describe como “una tenebrosa compañía mercenaria (que emplea) a algunos de los más temidos asesinos profesionales del mundo, acostumbrados a operar sin preocupación por las consecuencias legales (y) muy fuera del radar del Congreso.” Tiene amigos en los puestos importantes que le dan “notable poder y protección dentro del aparato bélico de EE.UU.” con una licencia de impunidad para practicar la violencia callejera, incluyendo asesinatos a sangre fría dondequiera despliega a sus paramilitares.

Por ahora, es sobre todo en el extranjero, y la controversia sobre la compañía se hizo pública después de que sus mercenarios mataron a una docena o más de iraquíes e hirieron a docenas más en al-Nisour el 16 de septiembre. Fue el último incidente que involucró a una compañía con una historia inquietante de violencia no provocada y que luego pretende que lo hizo en autodefensa. Blackwater es contratada para suministrar servicios de seguridad para diplomáticos, funcionarios, y otros de EE.UU., que solían ser asignados a los militares a un coste de un sexto o menos de lo que la compañía cobra bajo un gobierno que cree que todo lo que pueda hacer el gobierno lo pueden hacer mejor las empresas privadas, cueste lo que cueste.

La utilización de Blackwater y de otras paramilitares forma parte del plan para militarizar EE.UU., y Nueva Orleans fue sólo el primer ensayo. Scahill escribe que “unos 150 soldados de Blackwater fuertemente armados y totalmente vestidos con ropa de combate” llegaron a “The Crescent City” inmediatamente después del huracán Katrina y se esparcieron por el caos ciudadano. Otros llegaron más tarde. Su tapadera era proveer ayuda por el huracán, pero era una treta como descubrieron pronto los residentes locales que permanecían en los lugares equivocados. Patrullaron, como la Gestapo, en vehículos todo terreno sin identificación, y su tarea no era prestar ayuda. Iban a apoderarse de los vecindarios a costas de sus residentes legales y a tratar a los que trataban de volver como criminales. Llevaban chalecos antibalas, armas automáticas y tenían pistolas adicionales atadas a sus piernas. No iban para darse tono.

En lugar de ayudar a las víctimas del huracán, llegaron como vigilantes para aterrorizarlas, y las autoridades federales, estatales y locales les habían dado el poder para hacerlo. Blackwater USA es la cara del paramilitarismo en las calles de EE.UU. mientras la “guerra contra el terrorismo” llega a un vecindario cercano, y Nueva Orleans fue el primer ensayo para ver si la compañía puede operar allí del modo como lo hace en Iraq y salirse con la suya. Lo está logrando.

Más de un año después de Katrina, Nueva Orleans sigue siendo una zona de desastre, y muchos miles de sus residentes siguen sin casas. En lugar de ayudarles a reconstruir y restaurar sus vidas, los fondos federales van a mercenarios privados para proteger a los privilegiados contra gente desesperada que necesita ayuda. Blackwater es otro elemento establecido en el “Estado policial EE.UU.” donde las calles de Boston, Boise o Buffalo pueden parecerse un día a Bagdad y llevar la “guerra contra el terror” al interior con escalofriantes implicaciones de lo que significa.

Una mirada hacia el futuro en el Estado policial EE.UU.

Este artículo comenzó y terminará con el mismo pensamiento escalofriante. Su pasado es el prólogo, y la perspectiva no es buena en el “Estado policial EE.UU.” bajo el régimen neoconservador que no cambiará apreciablemente cuando la Casa Blanca tenga un nuevo ocupante en 2009. La nación está en guerra y hay leyes que terminan con las protecciones constitucionales, militarizan el país, reprimen el disenso, y nuestro gobierno ha recibido el poder necesario para aplastar la libertad y defender los privilegios contra cambios sociales beneficiosos que no tolerará. Es el precio de la arrogancia imperial que nosotros, el pueblo, estamos pagando, y que no terminará hasta que el espíritu de resistencia se despierte suficientemente para detenerla en nuestra propia autodefensa. Más vale que esperemos que suceda a tiempo, ya que potencialmente queda poco.

———-
Stephen Lendman es Asociado Investigativo del Centro de Investigación sobre la Globalización. Vive en Chicago. Para contactos, escriba a: lendmanstephen@sbcglobal.net.

También visite su sitio de blog en http://www.sjlendman.blogspot.com y escuche “The Steve Lendman News and Information Hour” en http://www.TheMicroEffect.com los días lunes a mediodía hora central de EE.UU.

© Copyright Stephen Lendman, Global Research, 2007

http://www.globalresearch.ca/index.php?context=va&aid=7622

Crónica de una agresión: la derecha fascista contra América Latina y el Caribe

http://www.voltairenet.org/article153151.html

Denuncian financiamiento de Blackwater a grupos radicales antiinmigrantes en EEUU

Telesur

Una denuncia del diario La Tribuna Hispana asegura que el fundador de la empresa de seguridad Blackwater, Erick Prince, ha financiado grupos religiosos radicales antiinmigrantes y que su compañía, involucrada en la matanza de civiles en Irak, adiestra al personal de agencias policíacas estadounidenses fronterizas.

La compañía de seguridad estadounidense Blackwater, involucrada en el escándalo de la matanza de civiles a sangre fría en Irak, se ha aliado con grupos radicales antiimmigrantes de Estados Unidos para impulsar actividades contra los indocumentados extranjeros.Así lo alertó este miércoles el diario La Tribuna Hispana, que aseguró que los mercenarios de Blackwater adiestran al personal de agencias policíacas estadounidenses y que sus funciones privatizadas se están vinculando con grupos de vigilantes antiinmigrantes por todo el país.

El objetivo, según el diario, es promover el odio contra extranjeros ilegales asentados en territorio estadounidenses.

Señaló que los mercenarios pagados por el gobierno federal planean actuar principalmente en departamentos sureños como Arizona, Nuevo Mexico, Texas, y California, entre otros.

El rotativo recuerda que en 2006 se sometió un proyecto de ley a consideración de la Cámara de Representantes para que el Gobierno contrate de 5 mil a 8 mil mercenarios para que patrullen la frontera con México, y para que contratistas privados como Blackwater USA se encarguen de adiestrar a la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos.

Entre los impulsores del proyecto están los representantes Tancredo, Eric Cantor (republicano, de Virginia) y Roy Blunt (republicano, de Misurí). El principal promotor de la ley, el republicano Mike Rogers (de Alabama), ya había invitado al Congreso al presidente de Blackwater, Gary Jackson, para que explicara cómo su empresa podía privatizar las funciones de la Patrulla Fronteriza.

Nexos con grupos religiosos radicales

Además, grupos cívicos han descubierto nexos de los directivos de Blackwater con agentes supremacistas blancos y con las bandas xenófobas relacionadas con Minutemen (hombres al minuto), controvertido grupo estadounidense, creado en abril de 2005, que vigilan la frontera para impedir el paso de inmigrantes a EEUU por la frontera mexicana y que realizan protestas políticas y a otras formas de activismo contra las expresiones cívicas de hispanos estadounidenses en las calles.

El fundador de Blackwater, el multibillonario de Michigan Erik Prince, ha financiado grupos radicales teocráticos antiinmigrantes, conformados especialmente por evangélicos y católicos ultraderechistas, como el de su pastor político-religioso Charles Colson, cuya Hermandad de Ministerios de Prisiones recibió hace seis años 500 mil dólares de manos de la Fundación Freiheit, propiedad de Prince, según comenta La Tribuna Hispana.

El director de operaciones y asesor general de Blackwater, Joseph Schmitz, es un ex inspector general del Pentágono a las órdenes del secretario de Defensa Donald Rumsfeld y agente destacado del movimiento teocrático clandestino.

Su padre, el finado congresista ultraderechista de California John G. Schmitz, convirtió, según el diario, a su asistente Warren Carroll al catolicismo y lo mandó a España a involucrarse con las redes franquistas. Esto llevó a Carroll y a la familia de William F. Buckley a fundar la universidad Christendom, un centro de agitación aintiimmigrante, patrocinado por los Schmitz y bajo el financiamiento de Erik Prince de Blackwater, asegura el rotativo.

El diario asegura que el objetivo de los grupos teocráticos antiinmigrantes es crear “una noche de los cristales rotos” (Kristalnacht) en el estado de Virginia (este), que evoca la Alemania de los 1930; la noche en que las fuerzas nazis de Adolfo Hitler rompieron las ventanas de los judíos.

Precisamente Virginia, es uno de los estados de EEUu donde más acciones contra los inmigrantes se han impulsado, como la del condado de Prince William, donde el pasado 17 de octubre la Junta de Supervisores aprobó de manera unánime crear una Unidad de Delitos Extranjeros de la policía del condado, así como una ley en la que se le niegan ciertos servicios públicos a los extranjeros indocumentados.

Y es que el movimiento de Charles Colson, pastor del fundador de Blackwater, tiene relación con la iglesia de la Hermandad Cristiana en Ashburn, una congregación que creció con su pastor James (Jay) Ahlemann, padre de Greg Ahlemann, candidato a alguacil del condado de Loudoun, en Virginia y quien ha hecho toda una campaña para sembrar el odio contra los inmigrantes.

El viejo Ahlemann es discípulo del administrador político-religioso James Dobson, cuyo Consejo de Investigación Familiar nació en parte gracias al financiamiento del padre de Erik Prince.

Mercenaios en la mira

Cabe recordar el escándalo por el que atraviesa la compañía de seguridad de prince, Blackwater, cuyos efectivos asesinaron a 17 civiles inocentes iraquíes el pasado 16 de septiembre “sin razón alguna”, según concluyó un informe del gobierno de Irak.

El pasado 2 de octubre Prince insistió ante una comisión especial del Congreso de EEUU, que investiga con preocupación el caso , en la inocencia de su personal que, según sostuvo, actuó en “defensa propia” cuando un supuesto grupo de insurgentes atacó un convoy diplomático bajo su custodia.

Pero el informe del suceso, dado a conocer en un comunicado el pasado 8 de octubre por el portavoz del gobierno iraquí Ali al Dabbagh, la investigación determinó que los mercenarios estadounidense no fueron provocados o atacados antes de abrir fuego en una plaza de Bagdad contra los civiles, lo que desmiente versiones de la empresa de que sus funcionarios habían actuado en “defensa propia”.

“No existe indicio alguno de que Blackwater haya sido blanco de tiros directos o indirectos. Ni siquiera una piedra fue arrojada contra el convoy” que estaba bajo la custodia de la empresa, señala el comunicado.

La compañía que dirige Erick Prince, que ahora parece estar relacionada con grupos radicales antiinmigrantes, está involucrada en unos 200 casos de tiroteos a sangre fría en Irak y ha recibido alrededor de mil millones de dólares en contratos del Departamento de Estado estadounidense, desde la invasión a Irak en 2003.


El fantasma de Pinochet ronda la campaña contra Chávez

John Pilger
ZnetTraducido para Rebelión por Chelo Ramos

Entré al estadio nacional de Santiago de Chile en compañía de Roberto Navarrete. El viento del invierno del sur que bajaba de los Andes hacía que estuviese vacío y se viese fantasmal. Poco había cambiado, me dijo: la alambrada, los asientos rotos, el túnel hacia los camerinos por donde subía el eco de los gritos. Nos detuvimos en el número 28: “Aquí estaba yo, de cara a la pizarra. Aquí estaba cuando me llamaron para torturarme.”

Después del golpe de Estado apoyado por Washington que el general Pinochet dio a la democracia de Salvador Allende el 11 de septiembre de 1973, miles de “detenidos y desaparecidos” estuvieron presos en el estadio. La mayoría de los latinoamericanos, los abandonados, no han olvidado la infamia y la lección histórica del primer “11 de septiembre.” “Durante los años de Allende tuvimos la esperanza de que triunfaría el espíritu humano,” dijo Roberto. “Pero en América Latina, los que creen que han nacido para mandar se comportan con tal brutalidad para defender sus “derechos”, sus bienes, su poder sobre la sociedad, que parecen verdaderos fascistas. Gente bien vestida, cuyas casas están llenas de comida, golpean cacerolas en las calles para protestar como si no tuviesen nada. Eso es lo que teníamos en Chile hace 36 años. Eso es lo que vemos en Venezuela hoy. Parece que Chávez fuese Allende. Para mí es muy evocador.”

Para hacer mi película, La guerra a la democracia, busqué la ayuda de chilenos como Roberto y su familia, y Sara de Witt, quien con mucha valentía volvió conmigo a las cámaras de tortura de Villa Grimaldi, a las que de alguna forma sobrevivió. Junto con otros latinoamericanos que conocieron tiranías, son testigos del patrón y el significado de la propaganda y las mentiras que ahora están dirigidas a socavar otra apuesta épica para renovar la democracia y la libertad en el continente. Irónicamente, en Chile, la llamada “democracia modelo” de Washington, la democracia espera. La constitución, el sistema de control electoral y la desigualdad, son todos regalos de Pinochet desde la tumba.

La desinformación que ayudó a destruir a Allende y dio origen a los horrores de Pinochet, hizo lo mismo en Nicaragua, donde los sandinistas tuvieron la temeridad de poner en práctica modestas reformas populares basadas principalmente en el movimiento cooperativo inglés. En ambos países, la CIA financió a los principales medios de oposición, aunque en realidad no era necesario. En Nicaragua, el falso martirio del periódico de “oposición” La Prensa se convirtió en una causa para los principales periodistas liberales de USA, quienes debatían seriamente si un país de tres millones de campesinos acosados por la pobreza representaba una “amenaza” para USA. Ronald Reagan consideró que sí lo era y declaró el estado de emergencia para combatir el monstruo que se encontraba a sus puertas. En Gran Bretaña, donde el gobierno de Thatcher “dio su apoyo total” a la política de USA, se aplicó la típica censura por omisión. Al examinar 500 artículos relacionados con Nicaragua de principios de la década de los 80, el historiador Mark Curtis encontró que en casi todos ellos se ignoraban los logros del gobierno sandinista –“impresionantes por donde se mire”- para favorecer la mentira de la “amenaza del comunismo.”

Las semejanzas con la campaña en contra del extraordinario surgimiento de movimientos populares hoy en día son sorprendentes. Dirigidos principalmente contra Venezuela y particularmente contra Hugo Chávez, la virulencia de los ataques sugiere que algo especial está sucediendo, y así es. Miles de venezolanos pobres están recibiendo atención médica por primera vez en sus vidas, sus hijos están siendo vacunados y toman agua limpia. El 26 de julio Chávez anunció la construcción de 15 nuevos hospitales. Más de 60 hospitales públicos están en proceso de modernización y equipamiento. Nuevas universidades han abierto sus puertas a los pobres, rompiendo así el privilegio de instituciones efectivamente controladas por la “clase media”, en un país donde el medio no existe. En el barrio La Línea, Beatriz Balazo me contó que sus hijos pertenecían a la primera generación de pobres que iban todo el día a la escuela, recibían una comida caliente y aprendían música, arte y danza. “He visto florecer su confianza,” me dijo. Una noche en el barrio La Vega, en un cuarto desnudo iluminado por un solo bombillo, pude ver como Mavis Méndez, a sus 94 años, escribía su nombre por primera vez. Se han creado más de 25.000 consejos comunales en paralelo a las antiguas y corruptas burocracias locales. Muchos de ellos son ejemplos de democracia de base. Se eligen voceros, pero todas las decisiones, ideas y gastos tienen que ser aprobados por la asamblea de ciudadanos. En lugares que durante muchos años habían estado controlados por la oligarquía y sus medios de comunicación serviles, esta explosión del poder popular ha comenzado a cambiar vidas de la forma descrita por Beatriz. Es esta nueva confianza de los venezolanos “invisibles” lo que tanto enfurece a los que viven en urbanizaciones con nombres como “Country Club”. Detrás de sus muros y sus perros, me recuerdan a los sudafricanos blancos. La mayoría de los brutales medios de comunicación venezolanos les pertenecen; el 80 por ciento de las televisoras y casi todas las 118 empresas periodísticas son propiedad privada. Hasta hace poco, un cómico de televisión se refería a Chávez, que es mestizo, como “mono”. Las primeras planas de los diarios muestran imágenes del presidente como Hitler o como Stalin (según ellos, porque a todos les gustan los niños). Entre los que más se quejan por la censura están los financiados por el Fondo Nacional para la Democracia (National Endowment for Democracy), la CIA con otro nombre. “Nuestras armas fueron los medios de comunicación”, dijo un vicealmirante golpista en 2002. La televisora RCTV, que nunca fue juzgada por su participación en el intento de derrocar el gobierno elegido democráticamente, solamente perdió su licencia para transmitir por señal abierta y sigue transmitiendo por satélite y cable.

Como en Nicaragua, sin embargo, el “tratamiento” dado a RCTV ha sido motivo de escándalo para quienes en Gran Bretaña y USA se sienten agraviados por la audacia y la popularidad de Chávez, a quien tildan de “tirano” y “sediento de poder”. Lo que no dicen es que es un producto auténtico del despertar del pueblo. Incluso cuando se le describe como “socialista radical”, por lo general de forma peyorativa, voluntariamente se ignora que en verdad es un nacionalista y un socialista democrático, etiqueta que en el pasado enorgullecía a muchos miembros del Partido Laborista británico. En Washington, el antiguo escuadrón de la muerte Irán-Contra, de vuelta al poder con Bush, teme a los puentes económicos que Chávez está construyendo en la región, como por ejemplo el uso de los ingresos petroleros venezolanos para poner fin al sometimiento al FMI. Lo que casi nunca se dice, y que sería una crítica válida a sus reformas limitadas, es que todavía mantiene una economía neoliberal con una tasa de crecimiento del 10 por ciento, gracias a la cual los ricos se están haciendo más ricos, y que ha sido descrita por la revista American Banker como “la envidia de los banqueros del mundo”. En estos días las verdaderas reformas son difíciles de encontrar. Y esas élites liberales que en los gobiernos de Blair y Bush dejaron de defender sus propias democracias y sus libertades básicas, ven que su concepto de democracia como un privilegio liberal que va de arriba hacia abajo es desafiado por un continente que, según dijo Richard Nixon en una oportunidad, “no le importa a nadie”. Por mucho que traten, su arrogancia no les permite aceptar que la semilla de la idea de Rousseau sobre la soberanía popular directa ha sido sembrada entre los más pobres nuevamente y que “la esperanza de que triunfe el espíritu humano” de la que habló Roberto en el estadio ha vuelto.

Fuente: http://www.zmag.org/sustainers/content/2007-08/19pilger.cfm

Sobre el autor:

John Pilger es periodista, escritor y documentalista reconocido mundialmente, que comenzó su carrera en Australia, su país de origen, en 1958. Ha sido corresponsal extranjero y corresponsal de guerra desde 1967, durante la Guerra de Vietnam. La guerra a la democracia, actualmente en cartelera en Gran Bretaña y pronto en Australia, es su película más reciente.

Chelo Ramos es miembro de Cubadebate , Rebelión y Tlaxcala , la red de traductores por la diversidad lingüística. Esta traducción se puede reproducir libremente a condición de respetar su integridad y mencionar al autor, a la traductora y la fuente.

Al Qaeda aparece cuando le necesitan

Amenazan a México con acciones terroristas en sitios petroleros

por Gaston Pardo*

La retórica terrorista sirve en México para ocultar las verdaderas tramas del poder mexicano en su estrategia derechista de alinearse y someterse a los objetivos imperialistas estadounidenses. Un análisis de cómo se controla la soberanía de un país con el apoyo de elites gobernantes sin proyecto nacional autónomo.

Daniel Ganser, profesor de historia contemporánea en la Universidad de Basilea (Suiza), publicó en fecha reciente su libro NATO’s Secret Armies, Los ejércitos secretos de la OTAN, de acuerdo con el cual en los últimos cincuenta años Estados Unidos ha organizado ataques a la bomba en distintos puntos de Europa occidental, cuya responsabilidad ha sido atribuida a la izquierda y la extrema izquierda primero, y luego al terrorismo, con el objeto de desacreditarlos ante los electores. La estrategia aún se encuentra activa inspirando temor por el Islam para justificar las guerras por el control del petróleo.

Ganser expresó sus ideas sobre la versión actual de la operación Gladio, editada por los servicios de inteligencia anglosajones hacia el fin de la II Guerra Mundial para detener, a toda costa y sin importar los medios, el avance electoral de los comunistas en Europa occidental, a la brillante periodista suiza Silvia Cattori, de la Red Voltaire (abril de 2007).

La visión contenida en el libro de Ganser embona perfectamente con los atentados de Nueva York, Casablanca y por último con los de Madrid, porque en ambos casos hay una secuela de manejo de opinión pública que consiste en sacar de la manga a los supuestos responsables que son invariablemente nacionales del Medio Oriente cuya militancia se confunde con la de personal originario del norte de Africa. Todos unidos en una alianza para combatir a los cruzados modernos que serían los invasorles de las zonas petroleras que ahora amenazan a Irán y a México. La parafernalia publicitaria va invariablemente precedida por un despliegue publicitario sobre supuestas amenazas de AlQaeda.

El viernes 16 de mayo de 2003, a eso de las 22 horas, hubo cinco atentados a la bomba en Casablanca, segunda ciudad de Marruecos. Las explosiones golpearon el centro de la ciudad, sucesivamente en la plaza de Sahat Al-arsa situada en la antigua medina; en el Club de la Alianza Israelita, el restaurant el Positano, la Casa de España y el hotel Farah (ex-Safir). Marruecos, país seleccionado para la perpetración de los tentados, ha sido el último en asumir una posiciópn activa de cara al panorama antislámico que domina en Europa y Estados Unidos. Sin embargo ha vivido un despertar en patriminio coránico que se difunde sin cesar en el Magreb y el Medio Oriente, lo que al parecer inquieta a los promotores del choque de civilizaciones.

¿Por qué hasta la fecha no ha sido Ben Laden detenido como una de los autores confesos de los atentados del 11 de septembre? De esos autores materiales sabemos ya que forman parte del poder americano, como lo demuestran numerosas publicaciones como L’effroyable imposture, de Thierry Meysan, obra que ha sido traducida a varios idiomas, así como numerosos sitios de Internet y luego varias investigaciones serias realizadas en España y Casabalanca. Es curioso que a pesar de las conclusiones alcanzadas, Washington jamás ha perseguido a nadie por difusión de informaciones “falsas”.

A partir de estas evidencias, podríamos de manera verosímil concluir que los atentados de Casablanca son una prolongación de los atentados del 11 de septiembre; que estamos por lo tanto en presencia de una amplia y peligrosa conspiración contra Marruecos, y que esa conspiración tiende a propagar el compló occidental contra los árabes y los musulmanes.

En España ha sido Bruno Cerdeñosa (Año Cero, número 5, 2007) autor del libro revelador 11S: Historia de una infamia, quien ha dado luz sobre los atentados madrileños del 11M; Bruno señala la existencia de un servicio de inteligencia paralelo, coordinado por el antiguo secretario de Defensa Donal Rumsfeld y denominado Grupo de operaciones proactivas preventivas, que sería el encargado de emplazar a los mejores espías de EU en grupos terroristas (de factura norteamericana, por supuesto) que promovieran actos violentos que estimulen reacciones militares de Washington. Esta sería la versión moderna de la operación Gladio, que en 1994 fue analizada por el escritor español Pepe Rei en su libro El Jesuita, en el que señaló al PSOE y al Partido nacionalista vasco como los operadores de Gladio en España. Estas fuerzas públicas son precisamente las que han hecho el montaje de la opereta de los juicios antiterroristas.

Dice Cardeñosa “Es cierto que casi todos los presuntos terroristas que están bajo proceso están relacionados con grupos islámicos que se podría calificar de radicales. Pero si nos referimos a las pruebas que los vinculan con el 11M “estas son dos: el teléfono móvil que la policía halló en una mochila bomba que no estalló y algunos testigos que aseguran que lo vieron en los trenes la mañana del atentado. Sin embargo, los testigos se contradicen entre ellos…Otro elemento curioso (que asemeja los antentados de Madrid a los de Casablanca) es que ninguno se adapta al perfil de un terrorista islámico y otro más es que la sincronía en el atentado fue tremenda; todas las bombas estallaron cuando los trenes estaban detenidos. No es descabellado pensar que las explosiones fueron accionadas a distancia”.

En efecto, la mochila que no explotó sirve perfectamente para que el observador común y corriente razones:” ésta no explotó, pero las otras sí”. con lo cual se eleva a principio rector que en todas las explosiones extrañamente sincronizadas por activistas que antes eran jornaleros, se emplearon mochilas bomba semejantes, que apuntan a la responsabilidad islamita, lo cual está por demostrarse. Cerdeñosa termina dicendo “El 11M supuso un mensaje claro para toda Europa: existe un juevo enemigo y no sólo ataca a Estados Unidos. Tras las explosiones de Atocha tuvo lugar una aproximación estratégica entre EU y europa, sobre todo con aquellos países que habían sido más críticos con la guerra de Irak”. Por ejemplo, Francia, donde acaba de triunfar electoralmente la derecha pro anglosajona.

AlQaeda “en México”

Sobre México pesan las acechanzas de los intereses imperialistas. Y como en Casablanca, esas supuestas amenazas provienen de un centro rector del terrorismo mundial que no puede ser de ninguna manera islámico. ¿Qué hará Estados Unidos para trasladar al continente americano la amenaza terrorista disfrazada de islámica? Muy sencillo, AlQaeda resuelve el problema

¡Qué casualidad! En cuanto el presidente George W. Bush ha comenzado una gira por México, América Central y América del Sur, el 8 y el 14 de marzo, a cinco países para promover una “agenda común” y para subrayar el “compromiso de Estados Unidos en el continente”, y como por artilugio mágico apareció el 14 de febrero en el Internet un cable de Reuters en el que se lee: «una rama saudi de AlQaeda ha llamado a efectuar ataques sobre los recursos petroleros en todo el mundo, que no deberán limitarse a El Medio Oriente sino a una lista de países que incluye a Canadá, Venezuela y México».

Dijo Reuters que la “amenaza” aparece en la revista Sawt al-Jihad (la voz de la guerra santa), perteneciente a la organización de AlQaeda en la península arábiga, que fue reproducida en un site de los militantes islámicos.

El mensaje agrega que “es necesario golpear los intereses petroleros en todas las regiones que sirven a Estados Unidos. El objetivo es cortar el suministro petrolero, o al menos recortarlo, con todos los medios necesarios”. Reuters informa de que el grupo firmante fue el que intentó en febrero de 2006 un ataque suicida a la planta procesadora de petróleo más grande del mundo situada en Arabia Saudita. Es el mismo tipo de amenaza que como se ha visto desde el 11S, precede a verdaderas injerencias anglosajonas en los países a los que apunta la imaginaria y bien programada amenaza del “terrorismo islamita”.

Este golpe teatral firmado por Adib al Basam dice asimismo que los que recibirán el mayor daño serán los países industriales encabezados por Estados Unidos, portadores de la Cruz.

El gobierno mexicano respondió con suma cautela ante las informaciones cuidadosamente implantadas en la opinión pública internacional por Reuters. Los portavoces gubernamentales informaron que no tienen evidencia de la veracidad de esos datos. Pero anunciaron que “nos mantenemos atentos al curso de la información aportada”. Incluso el ex ministro mexicano del Interior, Carlos Abascal lanzó el desafío poco calculado de que México está preparado para rechazar un ataque terrorista.

El 16 de febrero la agencia española «EFE» se sumó a las voces de alarma con un cable en que detalla con ejemplos la gravedad de la amenaza. Dice la agencia: “Las autoridades de los estados de Campeche, Veracruz y Tabasco, en el Golfo de México, informaron hoy de que han reforzado las medidas de seguridad en las instalaciones de la empresa Petróleos Mexicanos (Pemex), tras la amenaza lanzada por Al Qaeda”. Y sigue:

Fuentes del gobierno estatal de Campeche dijeron a Efe que las acciones se adoptaron después de la advertencia anunciada el miércoles por la rama saudí de la red terrorista AlQaeda contra México y otros países que abastecen de petróleo a Estados Unidos.

El gobernador Jorge Carlos Hurtado Valdez declaró a la prensa que “se han tomado las medidas pertinentes para reforzar la seguridad en el estado, principalmente en el área de la Sonda de Campeche, donde están las plataformas” petrolíferas.

“Se está trabajando de manera coordinada con las instancias a quienes corresponden estas actividades, que son la Secretaría de Marina, la Secretaría de la Defensa Nacional y la Secretaría de Seguridad Pública (SSP)”, añadió.

Hurtado Valdez señaló que “existe una buena coordinación” entre las autoridades del estado y las federales para reforzar “la vigilancia en aeropuertos, en terminales y la vigilancia por vía marítima, terrestre y aérea”.

En Veracruz, donde se halla la mayoría de complejos petroquímicos y refinerías y por donde pasa el mayor número de oleoductos, fuerzas militares y navales mexicanas reforzaron también la seguridad de las instalaciones petroleras.

El subsecretario de Protección Civil, Ranulfo Márquez Hernández, explicó que el incremento de la vigilancia incluyó a la planta nucleoléctrica de Laguna Verde.

Un consorcio liderado por la empresa española Iberdrola se adjudicó esta semana un contrato para modernizar esa planta, con una inversión de 467 millones de euros (605,04 millones de dólares).

Márquez explicó que los controles se incrementaron en 140 de los 212 municipios de Veracruz por donde pasan los tubos de Pemex que transportan petróleo crudo, gas natural amargo o dulce, gasolinas, diesel y otros productos refinados. Los efectivos militares resguardan el complejo petroquímico Escolin, el complejo procesador de gas y la terminal de Cobos, todos en la zona norte del estado.

También los complejos petroquímicos de Cosoleacaque, Pajaritos y Morelos, en el sur, donde también se asienta la refinería Lázaro Cárdenas de Minatitlán, una de las más importantes de Latinoamérica.

En Tabasco, efectivos de Marina y de Defensa, vigilan los pozos petroleros de los municipios costeros de Cárdenas, Paraíso, Comalcalco y Centla. Pese al silencio de las autoridades del estado, los gobiernos municipales informaron en declaraciones a la radio local que sí existe preocupación por la amenaza terrorista.

“Hay que estar pendientes y tomar las medidas precautorias”, dijo Nicolás Bellizia, alcalde del municipio de Centla.

Paraíso es uno de los municipios más vigilados porque allí se encuentra uno de los puertos petrolero más importante del Golfo de México: Dos Bocas. El gobierno mexicano dijo en la noche del miércoles desconocer la veracidad de la amenaza de AlQaeda, pero aseguró que su industria petrolera se encuentra “resguardada permanentemente”.

Portavoces de Pemex evitaron hoy confirmar o desmentir las acciones de protección, tras alegar que la cuestión era tratada como “un asunto de seguridad nacional” que compete a la Secretaría de Gobernación (Interior).

Por otra parte, en un acto celebrado en la capital mexicana, el director general de la Cancillería mexicana para la ONU, Ulises Canchola, aseguró que México está comprometido con el combate al terrorismo dentro del esfuerzo multilateral. “México forma parte de 13 convenciones en materia de terrorismo. Lo que explica que se haya desplegado una estrategia a nivel nacional”, señaló «EFE».

En una muestra de atinado desdén ante el alarmismo con el que« EFE» intenta secundar a Reuters, el presidente Felipe Calderón pidió (el 15 de febrero) a la población estar unida ante “cualquier amenaza”, pero sobre todo, ante quienes envenenan no sólo el cuerpo sino también el alma de los jóvenes. Es decir, la opinión presidencial se refirió al narcotráfico y no a las supuestas amenazas terroristas.

En Veracruz la clase política pierde tiempo en rencillas y se aparta de las responsabilidades estratégicas. La supuesta amenaza de los yihadistas lo que sí consigue es poner en estado de alerta a los gobiernos estatales de las regiones petroleras de cara a amenazas exteriores, no necesariamente musulmanas, que se han estado manifestando por la vía de las intromisiones geopolíticas en las que se mueven las piezas del ajedrez etnicista, migratorio y religioso.

Las amenazas contra la riqueza del subsuelo mexicano son particularmente elocuentes en el sur del país donde hay presencia india notable, pluralidad religiosa y un intenso tráfico de migrantes denominados ilegales. Allí se tendría que poner la atención institucional.

Una parte de la extraña casualidad de la amenaza atribuida a AlQaeda con las visitas definitorias de Bush a varios países latinoamericanos (México, Guatemala, Colombia, Brasil y Uruguay) es la visita a México de Michael Chertoff, secretario de Seguridad Interior, de Estados Unidos, quien expresó ante el ministro mexicano del Interior Francisco Ramírez Acuña que “entre las naciones de Norteamérica yace la promoción de la seguridad mutua, pero también la de seguridad económica” e indicó que su país continuará mejorando la relación con sus vecinos México y Canadá, dos de los tres países supuestamente amenazados por AlQaeda.

El viaje del presidente Bush se inicia en Brasil, continua en Uruguay, Colombia y Guatemala y culmina en México, que es evidentemente el centro de sus preocupaciones estratégicas. A pesar de la sorpresa de un viaje mantenido en bastante sigilo, no se ve un cambio sustantivo – sólo un cambio de actitud que abandona el tono altanero y agresivo- para abrir paso a una política efectiva que restablezca sus relaciones con Iberoamérica. Estas han sido dejadas en segundo plano a lo largo del gobierno Bush, porque el esfuerzo diplomático norteamericano se concentró en establecer una política unilateral de guerras agresivas en Irak y Afganistán.

Después del 11 de septiembre, dentro de sus elucubraciones geopolíticas hegemónicas, restaba al continente manifestar su solidaridad con EU, endosando la política de guerra al terror y retirar las resistencias al Acuerdo de Libre Comercio de las Américas (ALCA).

De cierta forma, el renovado interés del Departamento de Estado para desarrollar una nueva aproximación con Sudamérica está vinculado al desastre estratégico de toda la diplomacia neoconservadora que lanzó a Estados Unidos a una crisis sólo comparada a la Guerra de Secesión, pero esta vez sin un Abraham Lincoln que los saque del pantano. Es evidente que se trata de un intento para recobrar la hegemonía en una región históricamente considerada su zona de influencia, su traspatio.

Publican acuerdo que crea el Comité en Desarme y Terrorismo

La Secretaría de Gobernación (Interior) publicó el acuerdo por el que se crea el Comité Especializado de Alto Nivel en materia de Desarme, Terrorismo y Seguridad Internacional, que será la autoridad nacional responsable del enlace con otros países.

México, 28 Mayo (Notimex).- La Secretaría de Gobernación (Segob) publicó el acuerdo por el que se crea el Comité Especializado de Alto Nivel en materia de Desarme, Terrorismo y Seguridad Internacional, que será la autoridad nacional responsable del enlace con otros países.

El Comité Especializado, señaló el documento, actuará como órgano auxiliar del Consejo de Seguridad Nacional y contará con el órgano ejecutivo denominado Secretaría General del Comité Especializado de Alto Nivel que recaerá en el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen).

La nueva instancia será presidida por la Segob y estará integrada por representantes de las secretarías de Relaciones Exteriores, Defensa, Marina, Seguridad, Hacienda, Comunicaciones, la Procuraduría General de la República (PGR) y el Cisen; todos ellos tendrán el grado de subsecretarios de Estado.

Algunas de las funciones que deberá cubrir este comité son: procurar el cumplimiento de las obligaciones del Estado mexicano con respecto a los tratados e instrumentos internacionales en materia de desarme, terrorismo y/o seguridad internacionales.

También, señaló el escrito, propondrá medidas legislativas necesarias para adecuar el marco jurídico mexicano con los instrumentos internacionales de los que el Estado mexicano es parte; además de coordinarse, en materia de comercio exterior, con respecto a las importaciones y exportaciones de bienes.

El Comité Especializado establecerá, para sus funciones, seis grupos operativos: Armas Nucleares; Armas Químicas y Biológicas; Armas Convencionales; Lucha contra el Terrorismo; Armonización Legal y Administrativa; y de Seguridad Internacional.

Este acuerdo entrará en vigor a partir de este martes y empleará los recursos materiales, humanos y financieros asignados a los entes públicos federales que lo componen.    Gaston Pardo

Periodista mexicano. Es corresponsal de la Red Voltaire en México.

Hambre para el Sur, derroche en el Norte

La trampa de los agrocombustibles

Por Víctor Ego Ducrot | Desde Buenos Aires Sería letal para nuestros pueblos.

Si el proyecto de Bush y las corporaciones se impone, una vez más los países en desarrollo financiarán la abundancia de las potencias capitalistas – imperialistas.

Europa aspira a que los agrocombustibles satisfagan algo menos del 6 por ciento de la energía que necesitarán los transportes terrestres en 2010, y un 20 por ciento en 2020. Por su parte, Estados Unidos se propone una producción de 35.000 millones de barriles por año. Para alcanzar esas metas, Europa debería comprometer el 70 por ciento de su superficie cultivable y, en Estados Unidos, la totalidad de las cosechas de maíz y soja tendrían que ser utilizadas para la elaboración de biodiésel o etanol, lo que provocaría una hecatombe alimentaria en el opulento mundo del Norte.

“Es por eso que los países de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) miran al hemisferio Sur para cubrir sus necesidades”, sentenció Eric Holtz-Giménez, director general de “Food First, Institute for Food and Development Policy” (Estados Unidos), en un notable artículo publicado esta semana por la edición local de la revista Le Monde Diplomatique.

Idénticas advertencias vienen formulando integrantes de la Cátedra Libre Soberanía Alimentaria de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), de la cual quien esto escribe forma parte.

Fue el presidente de Cuba, Fidel Castro, el primero de los líderes políticos que puso el dedo sobre la llaga, cuando en marzo pasado, su homólogo de Estados Unidos, George W. Bush, lanzó la iniciativa estratégica a favor de los agrocombustibles, en una alianza peligrosa para los procesos de integración latinoamericana con el jefe de estado brasileño, Luiz Inacio Lula Da Silva.

“El 28 de marzo (…), cuando Bush, después de una reunión con los principales fabricantes norteamericanos de automóviles, proclamó su diabólica idea de producir combustible a partir de los alimentos, escribí la primera reflexión. El jefe del imperio se jactó de que Estados Unidos, usando el maíz como materia prima, era ya el primer productor mundial de etanol. Cientos de fábricas se construían o ampliaban en su territorio con tal propósito. Por esos días los países industrializados y ricos estaban acariciando ya la misma idea, mediante el empleo de todo tipo de cereales y semillas oleaginosas, incluidas las de girasol y soja, fuentes de excelentes proteínas y aceites. Por ello escogí el título de aquella reflexión: Condenados a muerte prematura por hambre y sed más de 3 mil millones de personas en el mundo”, escribió Fidel Castro el 22 de mayo último según la revista electrónica Cubadebate.

En el mismo artículo, el líder cubano recordaba que el 3 de abril pasado, después de la visita de Bush a Brasil, él mismo había calificado al proyecto agrocombustibles de “internacionalización del genocidio”.

Advirtió entonces el jefe de Estado caribeño que “las mortíferas y sofisticadas armas que se estaban produciendo en Estados Unidos y otros países podían poner fin a la vida de la especie humana en cuestión de días. Si se fuera a buscar un respiro para la humanidad y darles una oportunidad a la ciencia y a la dudosa cordura de los que toman decisiones, no era necesario privar de alimentos a las dos terceras partes de los habitantes del planeta”.

En esta estrategia encabezada por Bush, y en la cual se inscribe casi la totalidad de los gobierno de la Unión Europea (UE) –además de Brasil y en buena medida también Argentina, porque aquí rige una ley de fomento a la misma – los más entusiastas son, por supuesto, los que ganarían miles de millones dólares: las corporaciones petroleras, asociadas con las del sector agroalimentario.

“La rapidez con que se opera la movilización de capitales y la concentración de poder en la industria de los agrocombustibles es asombrosa. En los últimos tres años, se multiplicaron por ocho las inversiones de capital de riesgo en el sector. Los financiamientos privados inundan las instituciones públicas de investigación, como lo comprueban los 500 millones de dólares en subvenciones otorgadas por British Petroleum (BP) a la Universidad de California. Los grandes grupos petroleros, cerealeros, automotores y de ingeniería genética firman poderosos acuerdos societarios: Archer Daniela Midland Company (ADM) y Monsanto; Chevron y Volkswagen; BP, Dupont y Toyota”, afirmó el ya citado Holtz-Giménez en la el mensuario Le Monde Diplomatique.

La Organización de Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) reconoce que, como consecuencia de la pobreza, 824 millones de personas en el mundo sufren hambre, pese a que en el planeta se producen alimentos suficientes como para que cada uno de sus habitantes cuente con una ración diaria de 2.200 calorías.

En tanto, el “Internacional Food Policy Research Institute”, de Washington, estimó que, si se pone en ejecución la estrategia agrocombustibles, el precio de los alimentos básicos aumentará entre un 20 y un 33 por ciento en 2010 y entre un 26 y un 135 por ciento en 2020.

“Con cada aumento del 1 por ciento en el precio de los alimentos, 16 millones de personas caen en inseguridad alimentaria. Si la tendencia actual continúa, 1.200 millones de habitantes podrían sufrir hambre de manera crónica para 2025”, recordó Holtz-Giménez.

En el artículo publicado por Le Monde Diplomatique, ese especialista asegura, con argumentos precisos, que los cinco mitos del proyecto agrocombustibles se basan en un cuerpo sistemático de mentiras.

Los agrocombustibles NO son limpios NI protegen al medio ambiente: por ejemplo, “cada tonelada de aceite de palma que fundamentalmente se produce en Indonesia y Malasia, emite tanto o más gas carbónico que el petróleo. El etanol producido a partir de la caña de azúcar cultivada en selvas tropicales desmontadas emite un 50 por ciento más gases con efecto invernadero que la producción y la utilización de la cantidad equivalente de nafta. Los cultivos industriales destinados a los combustibles necesitan enormes esparcimientos de abonos producidos a partir de petróleo”.

Los agrocombustibles PROVOCAN graves deforestaciones: “el gobierno de Brasil clasificó 200 millones de hectáreas de selvas tropófilas, praderas y pantanos como tierras degradadas (…), cuando en realidad se trataba de ecosistemas de una gran biodiversidad en la regiones de la Mata Atlántica, del Cerrado y del Pantanal, ocupadas por poblaciones indígenas, campesinos pobres y grandes explotaciones de pastoreo extensivo de bovinos”.

Los agrocombustibles IMPEDIRAN el desarrollo rural: “en los trópicos, 100 hectáreas dedicadas a la agricultura familiar crean 35 empleos. La palma aceitera y la caña de azúcar crean 10, los eucaliptos dos, la soja apenas uno y medio (…) Los grupos petroleros, cerealeros y de cultivos transgénicos refuerzan su presencia en toda la cadena de valor agregado de los agrocombustibles. Cargill y ADM controlan el 65 por ciento del mercado mundial de cereales, Monsanto y Syngenta dominan el mercado de los productos genéticamente modificados (…). Resulta verosímil que los pequeños productores agrícolas sean expulsados del mercado y de sus tierras”.

Los agrocombustibles ACARREARAN hambre: por ejemplo, “México importa hoy el 30 por ciento de su maíz de Estados Unidos. La creciente demanda de etanol en este último país provocó una enorme presión en el precio del cereal, que en febrero de 2007 subió a su nivel más alto de los últimos 10 años y provocó un aumento dramático en el precio de la tortilla, el alimento básico de los mexicanos (…). A escala planetaria, la gente más pobre ya gasta entre un 50 y un 80 por ciento de sus ingresos familiares en alimentación”.

En ese mismo sentido, en mayo pasado la agencia de noticias AIN, de Cuba, sostuvo lo siguiente. “Las cifras son escalofriantes: llenar el tanque de un vehículo 4×4 con 94,5 litros de etanol puro requiere 204 kilogramos de maíz, lo que representa suficientes calorías para alimentar a una persona durante un año. Tal comparación está entre las conclusiones de dos científicos de la Universidad de Minnesota, para quienes ampararse en los biocombustibles debe exacerbar el hambre mundial”.

Los llamados agrocombustibles de “segunda generación” NO están al alcance de la mano: saber cuáles son los cultivos que serán transformados en combustibles no es pertinente. Las plantas salvajes no tendrán una menor impronta ambiental, pues su comercialización transformará su ecología. Cultivadas de manera intensiva, rápidamente migrarán de los setos de arbustos y terrenos arbolados hacia tierras cultivables, con las consecuencias ambientales asociadas a ello”.

Asimismo, el proyecto agrocombustibles ya estimula una feroz ola especulativa por parte de las corporaciones financieras transnacionalizadas. Según acaban de difundir la agencia Reuters y el diario La Jornada, de México, el multimillonario George Soros reconoció que su fuerte inversión en la producción de etanol en Brasil fue especulativa, porque “aún ve barreras comerciales que restringen el potencial total del productor más barato del mundo del combustible”.

“Sé que el término especulador en portugués tiene connotaciones negativas, pero tengo que admitir que soy un especulador”, dijo Soros a la primera Cumbre del Etanol en San Pablo.

“Brasil tiene capacidad para aumentar su producción 10 veces, pero el ambiente regulatorio no lo permite”, agregó el magnate nacido en Hungría, que apunta a un proyecto político desde el cual la estrategia agrocombustibles va de la mano de las llamadas propuestas de libre comercio, conforme opera la Organización Mundial de Comercio (OMC) y postula Estados Unidos, a través de los TLC.

Soros ha invertido en los últimos años unos 900 millones de dólares en un proyecto de producción de etanol de 150 mil hectáreas en el estado brasileño de Mato Grosso del Sur, que será uno de los mayores complejos de molienda del país.

El magnate dijo que cree que las cuotas internacionales y aranceles de Estados Unidos y Europa favorecerán eventualmente a Brasil, lo que motivó en parte su fuerte inversión.

Es en este marco que debería ser interpretada la manifiesta vocación del gobierno de Lula de alcanzar un “acuerdo estratégico” con la UE y de auspiciar el ingreso de México al Mercado Común del Sur (MERCOSUR), pese – mejor dicho debido a que – ese país tiene vigente, en el NAFTA, un TLC con Estados Unidos.

La estrategia agrocombustibles opera así como verdadero caballo de Troya del diseño TLC de Estados Unidos dentro del MERCOSUR, siendo ese riesgo aun más inminente toda vez que los gobiernos de los otros tres miembros plenos del bloque (Argentina, Uruguay y Paraguay) también ven con buenos ojos y apoyan –cada uno a su estilo- la iniciativa de Bush y del complejo corporativo transnacionalizado.

Por supuesto que los interesados en tender la trampa de los biocombustibles nada dicen sobre las investigaciones que se están realizando en procura de energía realmente sustentable.

A fines de mayo pasado, la agencia Prensa Latina informó desde La Habana que la utilización de fuentes de energía renovable, como la eólica, hidráulica, solar y la biomasa adecuada a las características de los diferentes países, ocupó la atención en las sesiones de la V Conferencia Internacional de Energía Renovable, Ahorro de Energía y Educación Energética (CIER-2007), desarrollado por eso días en la capital cubana.

El diseño de aerogeneradores y palas eólicas, junto a la selección de turbinas para aprovechar la fuerza del viento de acuerdo a las características de la zonas escogidas, estuvieron entre las propuestas de ese evento.

Otras reflexiones de primer orden mundial alertan sobre lo macabro del proyecto agrocombustibles. Según la revista electrónica Rebelión, también en mayo último el científico estadounidense Noam Chomsky escribió que “el caos que deriva del llamado orden internacional puede ser doloroso si uno es el blanco o la víctima del poder que determina la estructura de ese orden. Hasta las tortillas (mexicanas) comienzan a jugar en este esquema”.

“También en Estados Unidos el efecto etanol ha aumentado el precio de la comida en una amplia gama, incluyendo otras cosechas, la ganadería y las aves de corral. La conexión entre la inestabilidad en el Medio Oriente y el costo de alimentar a una familia en Estados Unidos no es directa, por supuesto. Pero como en todo comercio internacional, el poder inclina la balanza. Una meta principal de la política exterior de Estados Unidos por largo tiempo ha sido crear un orden global en el cual las corporaciones norteamericanas tengan libre acceso a los mercados, recursos y oportunidades de inversiones. El objetivo es comúnmente llamado “libre comercio”, una posición que cuando se la examina, colapsa rápidamente”, subrayó el destacado lingüista.

Los interesados en imponer esta estrategia de hambre para los pueblos del Sur cuentan por cierto con la complicidad de las grandes corporaciones mediáticas que operan en forma global. Es frecuente, por ejemplo, que la cadena CNN y los grades periódicos insistan en que, como afirman los “informes” del Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP), difundidos por la agencia ALAI, de Quito, en mayo de este año, “la salida de la crisis (por el aumento de los precios de los alimentos en México) pasa por la producción de maíz para agrocombustibles”.

Las manipulaciones en torno a este tema forman parte del compendio de “mentiras y medios” con el que los principales animadores corporativos y gubernamentales de las potencias hegemónicas buscan disciplinar la conducta social. Por eso, bienvenidas sea todas las voces de alerta y contrarias a una estrategia que sólo procura hambre para el Sur y derroche de riquezas para el Norte.